El potencial de la energía solar ya sea para uso fotovoltaico o térmico es amplio. Se estima una radiación solar promedio anual de 5.5 kWh/m2/día, esto es suficiente para desarrollar cualquier proyecto a pequeña o gran escala.
En el caso del viento, el mapa eólico indica que existen cerca de 1,500 kilómetros cuadrados (cerca del 3% del territorio nacional) clasificados como buenos y excelentes para producir electricidad. Por lo que se estima un potencial de capacidad instalada de 10,000 MW, y una producción anual de energía de 24,000 GWh. Ambas cifras muy optimistas, pero aun asumiendo el peor de los escenarios es un gran potencial eléctrico para una isla como la nuestra.
Desde el año 2007, y luego de varios años de esfuerzos y discusiones, se lograron aprobar una ley de incentivos a las energías renovables (57-07) y su reglamento, que establecieron los incentivos y normativas que garantizaban la dinamización de las renovables.
Cinco años más tarde de la promulgación de la ley 57-07, es decir, en noviembre del 2012 se produjo una reforma fiscal a través de la ley 253-12 cuyo artículo 32 dice: “se eliminan las exenciones de Impuesto sobre la Renta previstas en los artículos 10 y 23; se reduce a cuarenta (40%) el crédito previsto en el artículo 12, de la Ley No.57-07, de Incentivo las Energías Renovables Regímenes Especiales, de fecha de Mayo de 2007”. E
se artículo 32 de la ley 253-12, desarticuló de una vez por todas el corazón de la ley 57-07, ya que redujo de 75% a 40% el crédito fiscal otorgado a los autoproductores a través del impuesto sobre la renta; y de igual manera eliminó las exenciones de impuestos estipuladas en el artículo 10, 12 y 23 de la ley que incluía impuestos sobre la renta, tasas, contribuciones, arbitrios, aranceles, recargos cambiarios y cualquier otro gravamen establecidos hasta el 2020, eso incluyó las energías renovables y la producción de bioetanol y de biodiesel y de cualquier combustible sintético de origen renovable.
Evidentemente, las modificaciones realizadas con esa reforma fiscal redujeron en gran parte la dinámica de inversión y expectativas de retorno que se crearon con la promulgación de la ley de incentivos a las energías renovables.
Cabe destacar que el efecto del recorte de incentivos a las renovables no fue más grave debido a la existencia del Reglamento de Medición Neta emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en julio de ese mismo año 2012.
En términos sencillos, este reglamento faculta a que los clientes puedan generar electricidad usando energías renovables en sus propiedades, y vendan los excedentes de la energía producida a la distribuidora al mismo precio del kWh que las EDEs les venden.
Gracias a esta normativa se ha logrado que en los últimos tres años se hayan instalado un poco más de 18 MW de potencia con energía solar fundamentalmente. Este esquema lo han aprovechado los clientes residenciales, comerciales e industriales en toda la geografía del país.
El problema en este sentido, es que existen los aprestos para modificar el reglamento de medición neta para ponerle una especie de “impuesto al sol y al viento”.
Es decir, se procura lograr que la energía producida por el cliente con fuentes renovables la venda a un precio más bajo que la energía que le compra de las distribuidoras de electricidad, y no como lo que estipula el art. 20 de la ley 57-07 a los precios regulados por la Superintendencia de Electricidad (SIE). De producirse esta modificación al reglamento y la ley estaríamos presenciando la estocada mortal para desincentivar el desarrollo de las energías renovables en el país.
En los últimos 15 años los gobiernos se han pronunciado en foros internacionales estableciendo ciertas metas en cuanto al desarrollo de las renovables. En el año 2004, se comprometió en la Conferencia Mundial de Energías Renovables celebrada en Bonn, Alemania con que en el 2015 debíamos tener instalados 500 MW de energía eólica y abastecer con bio etanol al menos el 10% de la gasolina consumida en el país.
Pasaron diez años, y gracias a las inversiones realizadas por EGEHAINA podemos exhibir los parques Eólico Los Cocos, Quilvio Cabrera y Larimar que será inaugurado próximamente para sumar una capacidad instalada total de 127 MW. Evidentemente esta meta no se cumplió.
Más recientemente, en la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP 21) celebrada en París a principios de diciembre 2015, el presidente en su discurso dijo que la República Dominicana para el 2025 contará con “un 32% de la matriz de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables y, para lograrlo, ya estamos implementando mecanismos de estímulo a la inversión en estas áreas”.
Es bueno señalar que en lo que va del año 2015 la producción hidroeléctrica ha representado un 6% y la energía eólica un 1.9%. Es decir, que dentro de 10 años, en el 2025 tendremos que haber dado un salto de una producción promedio de 8%-10% actualmente, a 32%, a sabiendas que se desarrollan en el país proyectos de generación no renovables que coparán gran parte del crecimiento de la demanda eléctrica presente y futura.
El sector eléctrico nacional amerita que convirtamos palabras en hechos. Es difícil alcanzar las metas que nos proponemos en cuanto a las energías renovables, cuando el marco legal y regulatorio es objeto de modificaciones que trastocan la estabilidad del mercado o las proyecciones de inversión que hacen los consumidores o grandes inversionistas.
Ojalá sea el pacto eléctrico el escenario para frenar las maniobras que para nada ayudan a lograr las metas propuestas, sino más bien a contabilizar años más tarde el saldo negativo de nuestros incumplimientos.
http://www.eldinero.com.do/18503/el-triste-vaiven-de-las-energias-renovables/
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