sábado, 25 de julio de 2020

La laguna de Cabral agoniza


BARAHONA,R.D.- La laguna de Cabral o del Rincón está a punto de secarse por completo. El 12 de julio pasado apenas le quedaba el 1% de los 28 km2 de superficie que tenía en 1967, la medida más antigua que hemos encontrado. Este tamaño la hacía el mayor ecosistema de agua dulce de nuestra isla.
La Dra. Yolanda León es bióloga y profesora universitaria en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Hace investigaciones y realiza acciones de conservación de especies y ecosistemas amenazados. Es la actual presidente del consejo directivo de la ONG Grupo Jaragua.
Empezamos a trabajar en el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral hacia el año 2013 con BirdlLife International. Esta laguna dominicana ha sido reconocida internacionalmente como un “Humedal de Importancia Internacional” bajo la convención Ramsar, como un “Área Importante para las Aves y la Biodiversidad” por BirdLife International y como un “Sitio Clave para la Biodiversidad” del Caribe por Conservación Internacional. También, un estudio de Ducks Unlimited (2007) la colocó en tercer lugar a nivel de América Latina y Caribe en cuanto a su importancia como hábitat para patos migratorios que se reproducen en Norteamérica. Conteos hechos en los años 2000s por el Grupo Tinglar registraron más de 100 mil individuos en un sólo día de varias especies de patos durante la temporada invernal (patos de orilla, de la Florida y espinosos sobre todo). Y, hasta hace poco, se consideraba que esta laguna tenía la población más importante de nuestra única tortuga endémica, la jicotea sureña (Trachemys decorata), muy amenazada de extinción y confinada a muy pocos espacios del suroeste de RD. Los flamencos, rey congos, garzas diversas, ibis (negros y blancos) y otras vistosas aves acuáticas también la utilizaban como hábitat.

jueves, 23 de julio de 2020

Sisalril regula pensiones y jubilaciones; Reduce salario con sus RESOLUCIONES


SANTO DOMINGO.-La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) emitió la resolución 221-2019, que regula varios aspectos sobre los Planes Especiales de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados del sector salud, Fuerzas Armadas y del Estado, creados por medio de los decretos 371-16, 159-17 y 18-19, respectivamente, así como el plan creado mediante la normativa de esa entidad 207-2016, del 1 de noviembre de 2016, para pensionados y jubilados de la Policía.
Se establece en la primera resolución que únicamente cotizará el cónyuge o compañero de vida que perciba el monto más alto de pensión, en caso de que ambos sean pensionados, y se encuentren unidos como núcleo familiar en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que administra el plan que les corresponde.
En el caso de que ambos cónyuges o compañeros de vida sean pensionados y no se encuentren unidos como núcleo familiar en la ARS que administra el Plan de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados, aplicará esta excepción cuando realicen el proceso de unificación de su núcleo familiar.
En el caso de que el pensionado o jubilado tenga un plan de seguro de salud voluntario, vigente al momento de la promulgación de dichos decretos y la fecha de emisión de la resolución 207-2016, tendrá la opción de renunciar a ser beneficiario del Plan Especial Transitorio de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados correspondiente.

martes, 21 de julio de 2020

BM daría asistencia técnica a nuevo gobierno en SECTOR ELECTRICO

El BM daría asistencia técnica a nuevo gobierno
SANTO DOMINGO,R.D.- El sector eléctrico, que años atrás siempre fue el “Talón de Aquiles” en los acuerdos negociados por el país con organismos internacionales, por el peso de las transferen­cias en las finanzas públicas, sigue siendo una actividad de gran importancia para el desarrollo de la economía.
A pesar del gran avance de inversiones en energías re­novables en el sistema ener­gético dominicano, de una mayor diversificación de la matriz y de la mejora en el servicio a la población, toda­vía el programa de proyectos para completar la reducción de pérdidas en el sector de la distribución no ha culmina­do, porque se hacen por eta­pas, al igual que otros que abarcan la construcción y re­moción de subestaciones y que se realizarán con finan­ciamiento internacional.
Frente a ese panorama, las nuevas autoridades del Go­bierno que se instalará a par­tir del próximo 16 de agosto se reunieron el viernes con representantes del Banco Mundial, donde uno de los puntos tratados fue la ne­cesidad de evitar la duplici­dad de funciones y el forta­lecimiento de la gobernanza en el sector eléctrico, así co­mo ampliar los esfuerzos en mecanismos de mayor trans­parencia, “que brinden con­fianza a todos los actores in­volucrados y promuevan un clima de confianza para la inversión”.
Reunión
Durante la reunión con el equipo del Presidente elec­to Luis Abinader y represen­tantes del Banco Mundial en el país, el tema central fue la importancia del sector eléc­trico como uno de los moto­res principales del desarrollo y la economía.
También, los instrumen­tos financieros que el Gru­po Banco Mundial puede poner a disposición del Go­bierno, incluyendo recursos para inversiones en proyec­tos específicos y el diseño e implementación de refor­mas estructurales. Además, se conversó sobre la posibi­lidad de contar asistencia técnica en materia de refor­mas sectoriales, combina­ción que es necesaria para la modernización y transfor­mación del sector eléctri­co del país. Actualmente, el Banco Mundial apoya al país con un préstamo de US$120 millones para contribuir con la reducción de pérdi­das y modernización de la red de distribución, el cual se suman a financiamientos de otros organismos mul­tilaterales (BID, OFID, en­tre otros). Además de estos financiamientos en ejecu­ción, estimaciones del Go­bierno indican que se necesi­tan recursos adicionales por aproximadamente US$600 millones para completar la modernización de las redes de distribución y para contri­buir con una solución soste­nible al problema de reduc­ción de pérdidas eléctricas. Se recuerda que con esos propósitos el Gobierno bus­có un financiamiento con el Exim Bank de China por US$656.13 millones
 Programa estatal
En un programa de reduc­ción de pérdidas que com­prende tres etapas, comen­zando por la rehabilitación de redes de distribución, entre otros factores no me­nos importantes como la gestión social, en el período 2012-218 el Gobierno inter­vino 87 circuitos, rehabilitó 1,701 redes de distribución, con un soporte financiero del BID, por US$149.8 mi­llones; US$113.4 millones del OFID (Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional) y US$42.8 millones del Banco Mundial.
Entre 2019-2023, el progra­ma comprende un segundo fi­nanciamiento de US$119.35 millones del Banco Mundial, de los cuales a junio de este año 2020 se habían ejecutado US$69.92 millones. Una se­gunda fase envuelve un mon­to de US$262.75 millones por medio del Banco Euro­peo de Inversiones, el OFID y la CAF.

lunes, 20 de julio de 2020

Alianzas público-privada contribuirían a solucionar problemas en el sector eléctrico


SANTO DOMINGO,R.D.- Las alianzas público-privadas tienen una gran oportunidad en el sector eléctrico para contribuir con la solución de problemas que causan rezagos, específicamente en las áreas de distribución y transmisión.
El planteamiento fue hecho por Roberto Herrera, director ejecutivo del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), al exponer en un conversatorio organizado por Multivalores Puesto de Bolsa, donde definió como esperanzador el hecho de que los nuevos planes de gobierno plantean soluciones al área de distribución de energía en conjunto con el sector privado.
A su juicio, sería interesante que las empresas de distribución puedan abrirse en algún momento al mercado de capitales o a financiarse a través de los fondos de pensiones, aunque previamente requieren de un liderazgo que las haga desandar el camino de las pérdidas y sus desequilibrios financieros.
Reconoció que esa tarea es “titánica” pero posible, sobre todo si se aprovecha la actual coyuntura de precios bajos en los combustibles y si se sinceriza la estructura tarifaria para conectarla con la realidad del mercado.
Herrera, quien también es presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), explicó que en el caso de la transmisión de energía -un área que demanda capitales en forma intensiva- es posible apelar también a las alianzas público-privadas, sobre todo ahora con una legislación en la materia que solo necesita un reglamento para aplicarse.
El ejecutivo definió como inadmisible que en una economía pujante como la dominicana, con desarrollo tecnológico, industrial, comercial y en los servicios, todavía existan grandes segmentos de la población sin recibir energía eléctrica confiable y de calidad.
Dijo que la gente -sin importar el nivel social- está en disposición de pagar la energía que consume cuando esta representa un suministro confiable y de calidad e indicó que el ejemplo más elocuente es lo que existe en la zona de concesión de la empresa CEPM.
Por otro lado, ponderó los avances que ha logrado el país en materia de energías renovables que, sin embargo, necesitan hacerse competitivas, apoyándose en tecnologías de almacenamiento para garantizar el suministro continuo “en las horas en que no contamos con sol o viento.”
Aparte de las inversiones en transmisión, distribución y el mejoramiento de la gestión comercial, el sector eléctrico necesita una consolidación a nivel de las instituciones del Estado, con un liderazgo claro que debe ser asumido por el Ministerio de Energía y Minas, manifestó.
En la actualidad -subrayó- son múltiples los interlocutores del sector, debido a la dispersión institucional que debe ser corregida. Indicó que con esto y el cumplimiento de la Ley General Electricidad, el país estaría contando con el mejor pacto Eléctrico.
“Un café en Multivalores”, actividad coordinada por el gerente general del puesto de bolsa, Erick Jerez, contó con la presencia virtual de empresarios, profesionales y técnicos con intereses en el sector eléctrico.

domingo, 19 de julio de 2020

Eres un adulto mayor ¿Cómo calculas el riesgo del coronavirus?

Eres un adulto mayor ¿Cómo calculas el riesgo del coronavirus?

Aunque no sufran de enfermedades que podrían generar grandes complicaciones con el COVID-19, hay que ser cautelosos.

The New York Times
Nueva York, Estados Unidos
¿Qué hacer con el viaje a Lake Placid?
Durante semanas, Dave y Nancy Nathan discutieron sobre la posibilidad de finalmente realizar un viaje familiar que planearon durante mucho tiempo. Querían celebrar el cumpleaños 80 de Dave en una posada ubicada en esa zona, el próximo mes.
“Nos parecía un paisaje de ensueño, con montañas y lagos”, dijo Nancy, de 74 años. Además, en el último año no habían reunido a su clan, conformado por sus tres hijas y sus familias. Se trata de una docena de personas en total. Nancy pensaba que podía manejar con Dave desde su casa en Bethesda, Maryland, hasta el norte del estado de Nueva York.
Pero Dave no estaba tan seguro.
Ambos están jubilados y han sido cautelosos durante la pandemia porque, aunque no sufren de enfermedades que podrían generar grandes complicaciones con el COVID-19, debido a su edad están entre la población de mayor riesgo. Han evitado las visitas a los supermercados optando por los servicios de entrega de víveres y comida para llevar. Dave incluso usaba guantes en la cancha de tenis.
“He tenido dudas sobre el viaje”, dijo. “No me gustaría arriesgarme”. También le preocupan los miembros de su familia que planean volar desde Oregon y Florida para su cumpleaños, por lo que comenzó a decir que era el “Dr. No”.
“No es divertido para él, ni para nadie, si siempre está mirando por encima del hombro”, dijo Nancy, con simpatía. Sin embargo, ella espera que puedan viajar.
Al principio de la pandemia, la mayoría de los funcionarios de salud les advirtieron a los adultos mayores que se quedaran en casa, excepto para comprar alimentos, medicamentos o hacer ejercicio al aire libre, siempre manteniendo la distancia con otras personas. Ahora, con la reapertura de estados y ciudades (aunque algunas zonas han vuelto a cerrarse) a ritmos diferentes, los cálculos se vuelven cada vez más complicados.
“Muchas personas están realmente angustiadas acerca de qué es lo que deben hacer y en quién confiar”, dijo William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt.
Según datos de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reportado que las hospitalizaciones por COVID-19 aumentan con la edad pasando de unas 12 por cada 100.000 casos entre los 65 y 74 años a 17 por 100.000 casos para los mayores de 85. Asimismo, un extenso estudio realizado en Inglaterra informó que los pacientes mayores de 80 años tienen al menos 20 veces más probabilidades de morir que los de 50 años.
Aunque el riesgo de contraer el nuevo coronavirus no parece más grande para las personas mayores de 65 años, “una vez que se contrae una infección, el virus es mucho más intenso”, dijo Schaffner, quien también es un adulto mayor.
“Aunque nos recuperemos, existe la posibilidad de que nunca volvamos a gozar del mismo nivel físico y mental que teníamos”, agregó.
Ante esa perspectiva, ¿te cortarías el pelo? Schaffner ha decidido que lo hará, pero usará una máscara quirúrgica y confía en que su estilista de toda la vida tomará precauciones “meticulosas”.
El grupo de lectura de los Nathan se ha estado reuniendo por Zoom. Pero, debido a las actuales circunstancias ¿es posible que cuatro parejas se reúnan en un patio trasero? Los miembros del grupo acordaron que lo harían, siempre y cuando todos mantuvieran una sana distancia.
“Lo menos arriesgado es quedarse en casa, cerrar la puerta y envolverse en plástico”, dijo Schaffner.
Aunque el médico lo decía de broma, los economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts estuvieron a punto de respaldar esa estrategia (menos la envoltura de plástico) en un estudio reciente que sugiere medidas de contención específicas según las edades. Propusieron proteger a las personas mayores de 65 años aislándolas durante unos 18 meses hasta que una vacuna esté disponible; mientras tanto las personas más jóvenes, que enfrentan menos riesgos para la salud, volverían a trabajar.
“Así tendríamos menos muertes y menos problemas económicos”, dijo Michael Whinston, uno de los autores de la investigación. En marzo, él y tres colegas desarrollaron su investigación que buscaba evitar dos perspectivas extremas: una proyección de dos millones de muertes de estadounidenses si el país no se cerraba, y una devastación económica si lo hacía.
Pero su enfoque supone que lo único que le interesa a los adultos mayores es no morir.
“Tenemos que encontrar un equilibrio entre preservar la seguridad y vivir”, dijo Linda Fried, geriatra y decana de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia. “Todos debemos hacer algunas cosas para mantener nuestra salud mental y nuestro bienestar”.
Fried afirma que normalmente el proceso de toma de decisiones sería menos complicado para las personas mayores porque los CDC suelen proporcionar orientación detallada y basada en la ciencia para los grupos en riesgo, y esa información se actualiza cada semana.
“Esto es tremendamente atípico, creo que no tiene precedentes, y eso no lo estamos viendo”, dijo. Sin ese liderazgo, los adultos mayores se enfrentan a una serie de cambios dispares en las políticas estatales y locales, y “todos sienten que están por su cuenta”.
Eso significa que las personas mayores deben considerar su estado de salud individual al decidir cuáles riesgos quieren correr. Sus sistemas inmunes son menos robustos, lo cual hace que sea más difícil que se recuperen de una infección grave. También son más propensos a sufrir afecciones subyacentes (como diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares o renales graves) que aumentan las enfermedades graves y las hospitalizaciones. Las personas de color, las personas obesas y los hombres corren un riesgo mayor.
“Si eres una persona mayor con mucha vitalidad y no sufres enfermedades crónicas, probablemente seas un poco más resistente”, dijo Fried, pero agregó rápidamente que “no hay garantías”.
En el enlace riskcalc.org/COVID19/ se puede consultar una calculadora desarrollada por investigadores de la Clínica Cleveland que puede proporcionar una idea más clara de los riesgos de cada uno.
La geografía también importa. Las personas mayores que viven en New Hampshire o Maine, donde se registró un declive en los casos nuevos durante la semana pasada, pueden optar por un comportamiento menos restrictivo que quienes están en Florida y Arizona, donde el COVID-19 ha estado aumentando. Hay que prestarle atención a los condados que presentan un aumento de los casos y cuáles están haciendo un buen trabajo con las medidas de contención.
“Lo que hagas dependerá de dónde estás”, dijo Nathaniel Hupert, codirector del Instituto de Preparación para las Enfermedades y los Desastres de Weill Cornell Medicine, quien asesora al grupo de trabajo del COVID en el estado de Nueva York.

sábado, 18 de julio de 2020

Ley de Protección del Consumidor y las normas sectoriales


SANTO DOMINGO,R.D.- A juicio de una parte de la doctrina jurídica dominicana, la Ley 358-05, de Protección de los Derechos del Consumidor y del Usuario, es una norma de carácter general que tiene una escasa eficacia frente a leyes especiales o cuando se agotan procedimientos ante los entes reguladores sectoriales.
Para ese sector doctrinario se impone el principio de especialidad de la competencia (lex specialis deorogat generali), conjuntamente con los criterios de especialidad normativa jerárquica (lex superior derogat legi inferiori) y de temporalidad de la norma (lex posterior derogat legi priori).
Esta es una interpretación errónea, pues cuando se trata de derechos fundamentales, la solución a esa clase de conflictos entre normas generales y sectoriales no está guiada por las reglas tradicionales de las antinomias legales.
La fuente constitucional de los derechos del consumidor (artículo 53 de la Constitución) le otorga un carácter de jus fundamental, por lo que, al decir del prominente jurista argentino Ricardo Luis Lorenzetti,“no es lícito fundar la prevalencia de una ley en la circunstancia de que sea anterior, o especial (…). Por el contrario, se aplican las reglas que guían la solución de colisiones jus fundamentales”.
Es decir, en esta materia es imperativo que el principio de interpretación favorable a los derechos de los consumidores y los usuarios, como prevé el artículo 74.4 de la Constitución al proclamar que, “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes jurídicos e intereses protegidos por la Constitución”.
En ese tenor, el artículo 135 de la LGDPCU dispone que, “en caso de contradicción entre disposiciones de la presente ley con las disposiciones contenidas en las leyes sectoriales y sus reglamentos, se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las disposiciones de la presente ley (No. 358-05)”.
Esto no implica una negación de las normas sectoriales, pues el derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que combina normas de Derecho Administrativo, Derecho Privado y Derecho Constitucional. En principio, las soluciones a los conflictos normativos que se presenten se deben buscar en ese microsistema, “y no (como ha dicho Lorenzetti) por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo…”.
Pero, de ninguna manera se puede pretender hacer una interpretación de los derechos de los usuarios de servicios públicos o de interés general al margen de la Ley 358-05, que instituye a Pro-Consumidor; ni anteponerle normativas reglamentarias a la ley general, pues es un aspecto que afectaría el sistema de fuentes de los derechos de los consumidores y usuarios y desconocería los principios de legalidad y jerarquía normativa. 
Si el mismo artículo 135 de la Ley 358-05 prescribe en su enunciado general que, “cuando se trate de casos que sean materia de las leyes sectoriales, el consumidor o usuario reclamará sus derechos con apego a los procedimientos establecidos en dichas leyes y sus reglamentos”, este procedimiento tiene prelación en tanto y en cuanto no viole los derechos que la ley general consagra a favor de los consumidores.
Si hay insatisfacción por inobservancia de esos derechos, Pro-Consumidor puede hacer las correcciones que sean cónsonas con su ley. Ese es el espíritu del artículo 1 de la Ley 358-05 cuando expresa que la misma “tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores de bienes y servicios, en armonía con las disposiciones que al efecto contengan las leyes sectoriales y que, en caso de duda, las disposiciones de la LGPDCU serán siempre interpretadas de la forma más favorable al consumidor”.
Incluso, en el artículo 39 del Reglamento para la aplicación de dicha ley se lee que las reclamaciones originadas de actividades reguladas por entidades sectoriales serán dirigidas a la autoridad reguladora competente. Empero, cuando las inobservancias a los derechos de los consumidores y usuarios no hayan sido satisfactoriamente resueltas, Pro-Consumidor podrá intervenir y dispondrá las medidas que correspondan.
La norma prevé que en el ámbito de sus atribuciones legales, Pro-Consumidor promoverá que los entes reguladores sectoriales armonicen los procedimientos mediante los cuales se diriman las controversias con los consumidores y usuarios (Art. 40 del Reglamento de Aplicación de la Ley 358-05).
Asimismo, el artículo 26 de la Ley 358-05 estipula que cuando las visitas de inspección recaigan sobre empresas reguladas por leyes especiales deberán coordinarse previamente con los organismos reguladores sectoriales competentes, a fin de sean conjuntas. Del mismo modo, cuando dichas visitas sean realizadas por los organismos reguladores sectoriales deberán coordinarse con Pro-Consumidor para que se efectúen conjuntamente. Para facilitar las labores de inspección y supervisión, Pro-Consumidor y los organismos reguladores sectoriales mantendrán un intercambio permanente y fluido de información.
En estas disposiciones se ve claramente que el principio que debe imperar entre los órganos sectoriales de regulación económica y el ente general de inspección y vigilancia es el de coordinación (art. 138 de la Constitución).
La relevancia de la Ley 358-05 se fundamenta en el criterio de que las normativas sectoriales no suelen tener su acento en los derechos de los usuarios, sino en la obtención de utilidades por parte de las prestadoras de servicio.
Ahora, lo que sí es cierto es que la regla de interpretación de mayor favorabilidad se debe utilizar cuando existen dudas o cuando hay conflictos normativos, porque si no se produce tal presupuesto “se aplica la norma aplicable”, al decir de Lorenzetti. Ello es lógico, pues, si no fuera así, se estará resolviendo contra legem.
Por NAMPHI RODRÍGUEZ 

viernes, 17 de julio de 2020

Las EDE perdieron más de RD$3,000 millones en 2019.A propósito de reducción de perdidas



SantoDomingo,R.D.-. Las tres compañías públicas encargadas de distribuir y cobrar la electricidad en una parte impor- tante del país continúan registrando números rojos. La energía que compran sigue siendo superior a la que les cobran a los usuarios del servicio, y genera un déficit en sus cuentas.
La empresa distribuidora de electricidad del Sur (EDESur), la del Norte (EDENorte) y la del Este (EDEEste) acumularon deuda durante el año pasado por RD$3,061.9 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Durante el año pasado las EDE facturaron la suma de RD$87,667.3 millones en venta de energía, de la cual cobraron RD$84,605.4 millones, con un déficit de RD$3,061.9 millones para esas empresas estatales.

EDESur tuvo pérdidas en 2019 por RD$1,809.3 millones, al facturar venta de energía por RD$35,546 millones y cobrar RD$33,736.7 millones, un 5.09% del total. En tanto, EDENorte facturó energía por RD$27,320.2 millones en 2019 de los cuales cobró RD$26,610.5 millones, con lo que registró pérdidas por un valor de RD$709.7 millones, equivalentes a un 2.59% del total.
Perdió menos
Mientras, EDEEste registró una factura de venta de energía por RD$24,801.1 millones de los cuales cobró RD$24,258.2 millones, lo que generó un déficit de RD$542.9 millones, con un 2.18% del total de deuda de las tres empresas.
Al pasado mes de octubre de 2019, las EDE y la CDEEE acumulaban una deuda por un monto de US$584 millones (más de RD$30,898 millones) con los generadores miembros de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).
Más empleados
Aunque las tres empresas distribuidoras de energía estatales registraron pérdidas económicas durante el año pasado, en la cantidad de empleados ocurrió lo contrario.
En 2019 EDESur, EDEEste y EDENorte emplearon a 8,612 personas, cifra superior a los 8,301 que tenían en 2018, de acuerdo con las estadísticas de la CDEEE, lo que significa un aumento neto de 311 empleados, equivalente a un incremento de un 3.6%. EDEEste fue la institución que más incrementó su personal en términos porcentuales al pasar de 2,323 en 2018 a 2,483 en 2019, un total de 160 nuevos trabajadores, un alza de un 6.44%.
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur pasó de 3,075 empleados en 2018 a 3,219 el año pasado, un total de 144 nuevos trabajadores, equivalente a un 4.47% más. Mientras EDENorte pasó de 2,903 empleados en 2018 a 2,910 el año pasado, para un porcentaje de 0.24%. 

jueves, 16 de julio de 2020

Experto señala puntos a mejorar en el sistema de pensiones dominicano


SANTO DOMINGO,R.D.- El sistema de pensiones de la República Dominicana a 17 años de su inicio presenta problemas fundamentales que han llevado a parte de la población a alzar su voz por entender que el mismo no les favorece.
A juicio de Diego Valero, experto en materia de pensiones, en el país las personas no conocen el sistema, no se les explica adecuadamente el funcionamiento, y se crean unas expectativas sobredimensionadas que nadie, seguramente al calor del aprecio por tener un sistema de seguridad social genuino, trata de balancear.
Precisa que el sistema se fundamenta en la cotización y la rentabilidad de los aportes. Entiende que la rentabilidad funciona bien (de las más altas de América Latina y Caribe), pero la cotización no.
“Unos niveles de informalidad en el mercado laboral superiores al 60% destrozan los récords de cotización de los trabajadores, que transitan entre la formalidad y la informalidad, y al final hacen menos de la mitad de los aportes previstos”, indica a Diario Libre Diego Valero, presidente de Novaster, doctor en Economía y Actuario.
El también director Académico del London School of Economics- Global Pensions Programme, dijo que hay más elementos de carácter intrínseco a la ley, y que tienen que ver con su cumplimiento.
Señala que no se honra el bono de reconocimiento a los trabajadores que cotizaron al IDSS, no se desarrollan las pensiones mínimas, no se permite a los independientes entrar al sistema, se tolera el fraude, no es hasta este año 2020 cuando se refuerzan los poderes fiscalizadores de la Tesorería de la Seguridad Social.
Indica que todo ello, unido a una corriente planetaria de descontento con los sistemas de pensiones, que tanto afecta a Chile como a España, al Perú como a Francia, a sistemas de capitalización y de reparto, lleva a una sensación de frustración en parte de la población”, apunta el profesional.

Diego Valero explica que en la República Dominicana, además, se le une una serie de mensajes de descrédito a las AFP basados en unas aparentes ganancias desorbitadas, supuestamente mucho mayores que las de los afiliados, que a base de ser repetidas han pasado a considerarse verdades inapelables.
“Una AFP cobra aproximadamente un 10% del beneficio que le da al afiliado. Pero en cualquier caso, es un tema menor cuantitativamente que el efecto que tienen los otros problemas descritos, aunque se ha querido poner arriba del top ten de fallas del sistema”, dice el también profesor de la Universidad de Barcelona.
Argumenta que lo que sí es indudablemente cierto es que el sistema, aun siendo claramente mejor que el anterior, no está logrando los objetivos que se reputan necesarios para la población.
“La ley 13-20 ya planteaba la necesidad de una revisión en profundidad de la ley 87-01 que permita resolver las carencias o incumplimientos, y que logre lo que debe ser el objetivo prioritario, que todos los trabajadores dominicanos tengan derecho a una pensión que les permita vivir con suficiencia y dignidad, y que se luche contra la pobreza en la vejez de forma general”, dijo.
El también asesor de organismos multilaterales y del Parlamento español en materia de pensiones, entiende que sería bueno un proceso amplio de debate, sosegado, con estudios técnicos solventes y de garantía, con diálogo social, que logre una mejora consensuada del sistema de Seguridad Social.
El las declaraciones a Diario Libre dijo que algunos puntos que sin duda deberán analizarse son: desarrollo de un verdadero sistema de pensiones mínimas, tanto contributivas como universales, que no se constituyan en incentivos a la informalidad, pero den coberturas básicas a la población.
Además, se debe analizar de la constitución de fondos de cesantía para situaciones de desempleo, incorporar a todos los independientes al sistema, establecer mecanismos para el ahorro voluntario, garantizar tasas de reemplazo suficientes y revalorizables.
Asimismo, Valeto indica que se debe extender la educación financiera a la población, fortalecer la capacidad institucional para luchar contra el fraude, desincentivar la informalidad en el mercado laboral, revisar y eliminar burocracia administrativa, en especial en la otorgación de pensiones de supervivientes.
Diego Valero, conocedor del sistema dominicano de pensiones, añade que se debe garantizar pensiones de discapacidad vitalicias, ajustar las edades de retiro a la evolución de la esperanza de vida (y a la penosidad de los trabajos), fomentar inversiones en desarrollo de la economía productiva del país y generación de más puestos de trabajo, hacer transparentes todos los gastos, en especial de los sistemas de reparto privilegiados que existen en el país, y otros aspectos de carácter técnico.
“De un diálogo sensato, profesional, con datos, transparente y focalizado en el bienestar de la población dominicana puede surgir un compendio de mejoras al sistema actual. No se trata de destruir, o de volver a fracasos del pasado, se trata de construir y mejorar. Ojalá esta vez se logre”, apunta el experto.
Explica que para el año 2020 en la República Dominicana, el sistema dominicano de pensiones, tras 17 años de funcionamiento, tiene afiliado al 80% de la población económicamente activa.
Hay fondos constituidos por valor de casi 800,000 millones de pesos, lo que dividido por los afiliados daría 200,000 pesos o 400,000 si es entre los cotizantes, de dinero que es para su pensión. No hay pensionados todavía prácticamente porque se afiliaron los menores de 45 años en el 2003, que están ahora empezando a llegar a la edad de retiro.

miércoles, 15 de julio de 2020

Generadores eléctricos piden un rescate financiero de las EDES-2013



SANTO DOMINGO,R.D.-La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) planteó lo que a su modo de ver serían los principales aspectos a tomar en cuenta con miras a un pacto eléctrico. Los generadores privados de energía entienden que para la lograr la sostenibilidad y del desarrollo del sector eléctrico se requiere la firma un acuerdo que sea el resultado de un diálogo franco, abierto y multisectorial.
La ADIE, que hace estos planteamientos a través de un espacio pagado publicado en los medios escritos ayer, destaca que en términos financieros el sector se caracteriza por un subsector de distribución que no recauda flujos de caja suficientes para sostener sus operaciones y que requiere la permanente ayuda estatal.
Las líneas de acción definidas por la propuesta de la ADIE incluyen el financiamiento del sector eléctrico, rescate financiero de las distribuidoras de electricidad (EDES), revisión y aplicación de una estructura tarifaria que refleje los costos reales del servicio energético, así como expansión del parque de generación.
En cuanto la reducción intersectorial de la deuda acumulada, incluida en la primera línea de acción, la ADIE considera de suprema importancia liberar el flujo de caja de las EDES a través de un traspaso de las cuentas pignoradas al gobierno.
Al liberar el flujo de las EDES, los generadores esperan que se produzca una reducción de los costos operativos del sector por un aumento de disponibilidad de las unidades de generación, así como una disminución de los costos financieros de las distribuidoras.
Los generadores consideran factible reducir un 20% las pérdidas de distribución en los próximos cinco años e incrementar las cobranzas. Para lograrlo, proponen la aplicación de medidas efectivas para combatir el hurto mediante la aplicación de penalidades y reducción de la burocracia para la detección y certificación de los fraudes, para lo cual habrá de efectuar una revisión del reglamento.
La ADIE considera que en el pacto debe incluirse la implementación de un sistema de gestión técnica de la red que garantice una reducción de las pérdidas de al menos 4% anual, pero también un reordenamiento de la oficina de Protecom de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Procuraduría Contra el Fraude Eléctrico (Pgase).
La focalización del subsidio eléctrico es una las prioridades que plantean los generadores. En este orden, consideran prioritario aplicar una tarifa social a costo medio de generación para todos los consumidores de hasta 150 kilovatios, diseñando y ejecutando un plan de gestión comercial adaptado a la realidad dominicana.
En cuanto al ajuste de la tarifa eléctrica a los costos reales del servicio, los generadores entienden que se debe unificar el criterio de cargos fijos en la tarifa al costo real y llevar el valor que refleje los costos reales del cargo por consumo de energía y potencia para todos los clientes con consumo mayor 150 kilovatios.
Con estas medidas, según la ADIE, se estaría enviando señales de precios que incentiven el uso eficiente de la energía en el lado de los consumidores y las recaudaciones adicionales para las EDES superarían los US$300 millones por mes.
Para los generadores, es urgente promover la ampliación de la capacidad de generación mediante licitaciones abiertas, acorde con la Ley de Generación. Lo que se busca, según la entidad, es un plan de expansión de la generación de mínimo costo, con indicativos de ubicación geográfica; acoplamiento de los planes de expansión de la transmisión y la generación, dar cumplimiento fiel en cuanto a la realización de licitaciones para la adquisición de energía mediante contratos de largo plazo y el incentivo de la diversificación de la matriz energética.

martes, 14 de julio de 2020

Gobierno RD anuncia plan para bajar de 32% a 15% pérdidas por distribución eléctrica.2017


SANTO DOMINGO,R.D.- El Superintendente de Electricidad (SIE), César Prieto Santamaría, anunció aquí que el Gobierno dominicano puso en marcha un plan para reducir de 32% a 15% las pérdidas totales en la distribución de la energía eléctrica que se genera en el país, con miras a alcanzar la autosuficiencia financiera del sector en el año 2022.
“Como resultado de la capitalización de la industria, en estos momentos contamos con suficiente capacidad de generación, pero las pérdidas en distribución todavía son del orden del 32%”, expresó Prieto Santamaría.
Dijo que las empresas de distribución, reestatizadas en el 2003, aún necesitan mantener un programa de administración de la demanda, además de que requieren subsidios e inversiones por parte del Gobierno para financiar sus operaciones y planes de expansión.
Prieto Santamaría hizo sus señalamientos al exponer sobre “Los retos del sector eléctrico dominicano” en la XXI Reunión Anual de Reguladores de la Energía (ARIAE) que se inició este martes 18 en la ciudad de Panamá, con la participación de 20 países y 26 instituciones del sector energético.
Expuso que, no obstante, “me satisface informar que el plan elaborado por el Gobierno del presidente Danilo Medina busca reducir las pérdidas totales al 15%, y alcanzar la autosuficiencia financiera en el año 2022”.
Manifestó que aunque la reforma del sector atrajo inversiones privadas en diferentes tecnologías y para la construcción y operación de una terminal de gas natural, “persiste aún el reto de continuar modificando la canasta de combustibles para disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, que aún aportan un poco más del 40% de la oferta total”.
Explicó que el resto de la energía que consume el país es suplido por gas natural, carbón, hidroelectricidad, energía eólica y fotovoltaica, así como también a partir de biomasa.
Prieto Santamaría destacó que con el propósito de acelerar la autosuficiencia del sector, y respondiendo a uno de los mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se convirtió en una demanda de la sociedad, el Gobierno del Presidente Medina decidió convocar a un diálogo constructivo entre las fuerzas vivas de la nación, al que se ha denominado Pacto Nacional, para la reforma del Sector Eléctrico.
Abogó por que dicho Pacto Eléctrico logre acuerdos y recomendaciones que permitan “relanzar el sector eléctrico en su conjunto y, de manera puntual, conviertan las empresas distribuidoras estatales, en empresas eficientes y autosostenibles, con capacidad de aportar recursos fiscales al Gobierno, de manera que con su aporte contribuyan al financiamiento de otros renglones de la economía nacional, como lo son la Educación, la Salud, la Infraestructura, etc.”.
Manifestó que “otro de los retos que tenemos como País, y en particular la SIE como ente regulador, es alcanzar una calidad en el servicio eléctrico que satisfaga los estándares internacionales”.
En ese sentido, Prieto Santamaría anunció que el inicio este año 2017 de una serie de proyectos que cuentan con el apoyo financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Citó entre estos un estudio complementario para la determinación de la tarifa técnica, el cual en su primera etapa fue concluido en el 2016.
Indicó que además se diseñará un plan de transición para desmontar los subsidios cruzados hasta un nivel que se considere moderado, “y de manera consensuada con los grupos de interés, focalizar los subsidios para favorecer sólo a las familias que lo necesiten realmente.
También, implementar gradualmente la tarifa técnica, evaluar las implicaciones económicas y sociales de la implementación e identificar las medidas para mitigar posibles impactos negativos. Estas iniciativas contemplan contratar un consultor que tomará en cuenta las conclusiones que surjan de las negociaciones del Pacto Eléctrico.
“El Sector Eléctrico de La República Dominicana enfrenta aún retos que ya fueron superados en muchos de los Países de la Región, que ahora avanzan esfuerzos en el planeamiento a largo plazo y en el establecimiento de Redes Inteligentes”, precisó el Superintendente de Electricidad.
Declaró que “aunque la situación del Sector Eléctrico en República Dominicana ha mejorado notablemente desde que se realizó la Reforma e inició el proceso de capitalización en 1998, “todavía no alcanzamos la meta que representa contar con un Sistema Eléctrico operando eficientemente y que financieramente sea auto sostenible”.
Destacó, sin embargo, que en la primera gestión gubernamental del Presidente Danilo Medina, en el Período 2012-2016, se adoptó la decisión de superar las debilidades del Sector Eléctrico.
“Para dimensionar el reto que enfrentamos en República Dominicana, debo señalar que en el momento que se inició la capitalización, las pérdidas físicas totales del Sector eran del 48%; y debido a un déficit de generación, la empresa, integrada verticalmente hasta ese momento, estaba obligaba a interrumpir el servicio por zona y por varias horas al día”, enfatizó Prieto Santamaría que garantizó reducir las pérdidas de 32% que está ahora, a solo 15%.
Significó que “otro de los retos que tenemos como País, y en particular la SIE como Ente Regulador, es alcanzar una calidad en el servicio eléctrico que satisfaga los estándares internacionales.
Prieto Santamaría destacó en la zona Este del país, donde dijo el turismo ha experimentado el mayor desarrollo en el Caribe, se ha logrado la prestación de un servicio eléctrico acorde con los estándares de calidad internacionales.
Atribuyó esto a la eficiencia de varias empresas privadas que operan como sistemas aislados y que han logrado pérdidas totales por el orden del 6%, citando específicamente a la compañía eléctrica Punta Cana-Macao, conocida por sus siglas como CEPM, la cual dijo ha recibido el reconocimiento de la CIER en varias ocasiones.
Sostuvo que para enfrentar los retos que tiene el sector la SIE ejecuta una serie de proyectos de las metas presidenciales para el período 2016-2020, que definen un mapa de ruta para el sector eléctrico. Estableció que ese esquema “debe conducir gradualmente a las Empresas Distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, de una situación deficitaria a una de régimen estable, auto sostenible , con capacidad para generar beneficios y contribuir al fisco para el financiamiento de la educación , la salud y otras obras de desarrollo”.
Por otra parte, Prieto Santamaría mostró que los diagnósticos realizados para definir la estrategia nacional de desarrollo destacan que, más allá de las soluciones de corto plazo, el sector eléctrico requiere la disponibilidad de recursos para Llevar a cabo un plan de inversión a largo plazo, el cual se concentraría de en diversificar la matriz energética para disminuir la dependencia del petróleo y sus derivados.
“Para enfrentar los retos del sector, los esfuerzos regulatorios de la SIE en la Republica Dominicana, están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo y las metas presidenciales para el período 2016-2020, y están dirigidos a crear las condiciones para que el país pueda alcanzar la meta específica 3.2.1. definida en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo”, subrayó Prieto Santamaría.
Indicó que esta estrategia también establece que las energías renovables deben representar un aporte del 25 % de la demanda de energía eléctrica en el 2030.
Expresó su confianza de que la Ley 57-07 de Incentivos a Las Energías Renovables y Regímenes Especiales, contribuirá también a alcanzar las Metas De La Estrategia y a superar los retos que enfrenta el sector, teniendo en cuenta el número de proyectos en operación y aprobados a la fecha. Actualmente están en desarrollo 630 Mw adicionales en Parques Eólicos y Fotovoltaicos que estarán en operación en el año 2020.
“Los retos que enfrenta el sector eléctrico en la República Dominicana son enormes y podrían verse afectados de permanecer los niveles de volatilidad, asociados a los precios de los combustibles, y debido a los posibles problemas de tipo geopolítico que puedan presentarse en el futuro”, resaltó el Superintendente de Electricidad de República Dominicana.
Consideró que con éstas metas definidas por el presidente Medina, la SIE con el apoyo de los organismos de cooperación financiera, “se propone trabajar arduamente para superar, en el presente período gubernamental, los principales obstáculos que ha experimentado el sector en las últimas 6 décadas”.
Además, se plantea “preparar las condiciones regulatorias para un desarrollo estable y productivo del sector que contribuya a mantener el clima de inversiones en el país, y a mejorar el nivel de crecimiento de la economía, que pese al pobre desempeño del sector se ha mantenido entre los más altos de la región”