SANTO DOMINGO,R.D.- El sistema de pensiones de la República Dominicana a 17 años de su inicio presenta problemas fundamentales que han llevado a parte de la población a alzar su voz por entender que el mismo no les favorece.
A juicio de Diego Valero, experto en materia de pensiones, en el país las personas no conocen el sistema, no se les explica adecuadamente el funcionamiento, y se crean unas expectativas sobredimensionadas que nadie, seguramente al calor del aprecio por tener un sistema de seguridad social genuino, trata de balancear.
Precisa que el sistema se fundamenta en la cotización y la rentabilidad de los aportes. Entiende que la rentabilidad funciona bien (de las más altas de América Latina y Caribe), pero la cotización no.
“Unos niveles de informalidad en el mercado laboral superiores al 60% destrozan los récords de cotización de los trabajadores, que transitan entre la formalidad y la informalidad, y al final hacen menos de la mitad de los aportes previstos”, indica a Diario Libre Diego Valero, presidente de Novaster, doctor en Economía y Actuario.
El también director Académico del London School of Economics- Global Pensions Programme, dijo que hay más elementos de carácter intrínseco a la ley, y que tienen que ver con su cumplimiento.
Señala que no se honra el bono de reconocimiento a los trabajadores que cotizaron al IDSS, no se desarrollan las pensiones mínimas, no se permite a los independientes entrar al sistema, se tolera el fraude, no es hasta este año 2020 cuando se refuerzan los poderes fiscalizadores de la Tesorería de la Seguridad Social.
Indica que todo ello, unido a una corriente planetaria de descontento con los sistemas de pensiones, que tanto afecta a Chile como a España, al Perú como a Francia, a sistemas de capitalización y de reparto, lleva a una sensación de frustración en parte de la población”, apunta el profesional.
Diego Valero explica que en la República Dominicana, además, se le une una serie de mensajes de descrédito a las AFP basados en unas aparentes ganancias desorbitadas, supuestamente mucho mayores que las de los afiliados, que a base de ser repetidas han pasado a considerarse verdades inapelables.
“Una AFP cobra aproximadamente un 10% del beneficio que le da al afiliado. Pero en cualquier caso, es un tema menor cuantitativamente que el efecto que tienen los otros problemas descritos, aunque se ha querido poner arriba del top ten de fallas del sistema”, dice el también profesor de la Universidad de Barcelona.
Argumenta que lo que sí es indudablemente cierto es que el sistema, aun siendo claramente mejor que el anterior, no está logrando los objetivos que se reputan necesarios para la población.
“La ley 13-20 ya planteaba la necesidad de una revisión en profundidad de la ley 87-01 que permita resolver las carencias o incumplimientos, y que logre lo que debe ser el objetivo prioritario, que todos los trabajadores dominicanos tengan derecho a una pensión que les permita vivir con suficiencia y dignidad, y que se luche contra la pobreza en la vejez de forma general”, dijo.
El también asesor de organismos multilaterales y del Parlamento español en materia de pensiones, entiende que sería bueno un proceso amplio de debate, sosegado, con estudios técnicos solventes y de garantía, con diálogo social, que logre una mejora consensuada del sistema de Seguridad Social.
El las declaraciones a Diario Libre dijo que algunos puntos que sin duda deberán analizarse son: desarrollo de un verdadero sistema de pensiones mínimas, tanto contributivas como universales, que no se constituyan en incentivos a la informalidad, pero den coberturas básicas a la población.
Además, se debe analizar de la constitución de fondos de cesantía para situaciones de desempleo, incorporar a todos los independientes al sistema, establecer mecanismos para el ahorro voluntario, garantizar tasas de reemplazo suficientes y revalorizables.
Asimismo, Valeto indica que se debe extender la educación financiera a la población, fortalecer la capacidad institucional para luchar contra el fraude, desincentivar la informalidad en el mercado laboral, revisar y eliminar burocracia administrativa, en especial en la otorgación de pensiones de supervivientes.
Diego Valero, conocedor del sistema dominicano de pensiones, añade que se debe garantizar pensiones de discapacidad vitalicias, ajustar las edades de retiro a la evolución de la esperanza de vida (y a la penosidad de los trabajos), fomentar inversiones en desarrollo de la economía productiva del país y generación de más puestos de trabajo, hacer transparentes todos los gastos, en especial de los sistemas de reparto privilegiados que existen en el país, y otros aspectos de carácter técnico.
“De un diálogo sensato, profesional, con datos, transparente y focalizado en el bienestar de la población dominicana puede surgir un compendio de mejoras al sistema actual. No se trata de destruir, o de volver a fracasos del pasado, se trata de construir y mejorar. Ojalá esta vez se logre”, apunta el experto.
Explica que para el año 2020 en la República Dominicana, el sistema dominicano de pensiones, tras 17 años de funcionamiento, tiene afiliado al 80% de la población económicamente activa.
Hay fondos constituidos por valor de casi 800,000 millones de pesos, lo que dividido por los afiliados daría 200,000 pesos o 400,000 si es entre los cotizantes, de dinero que es para su pensión. No hay pensionados todavía prácticamente porque se afiliaron los menores de 45 años en el 2003, que están ahora empezando a llegar a la edad de retiro.
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