Estado recibiría 70% de las ganancias EGE Haina y EGE Itabo

POR ESTEBAN DELGADO

15 junio, 2015

Las empresas de generación eléctrica EGE-Itabo y EGE-Haina registraron ganancias brutas por RD$10,190.4 millones durante el 2014, de las cuales en utilidades netas alcanzaron RD$2,041.3 millones y RD$5,336.1 millones, respectivamente. Esos montos son mucho más favorables que los del año 2013, pues en el caso de EGE-Itabo sus utilidades crecieron 74.8% y las de EGE-Haina se incrementaron en 40.1%.

La buena rentabilidad de esas dos empresas tiene implicaciones que benefician más al Estado que al sector privado, debido a la participación accionaria que mantiene a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y de otras fuentes que también conducen más de dos tercios de sus ganancias al sector público.

De acuerdo con los informes de estados financieros de EGE-Haina y EGE-Itabo correspondientes al 2014, la remisión de dividendos para el Fonper por concepto de ganancias del año pasado podría sumar los RD$3,688.6 millones, recursos sobre los que la institución Estatal no acostumbra a rendir cuentas detalladas de su ejecución.

Ese monto corresponde a la participación accionaria del Estado de un 49.9% en esas dos empresas, como fruto del proceso de capitalización que se realizó en septiembre de 1999, cuando el 50% de acciones pasó a manos del sector privado.

Pero en forma adicional, el Estado recibió de esas dos empresas montos ascendentes a RD$2,812.4 millones por concepto del 28% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), a los cuales se agregan otros RD$640 millones que van a las arcas del Banco Central, en su condición de dueño de aproximadamente el 12% de las acciones que tiene el socio privado en EGE-Haina y que pasaron a control estatal a raíz de la crisis financiera del año 2003.

Todo lo anterior indica que de los RD$10,190.3 millones que registraron EGE-Haina y EGE-Itabo como ganancias brutas en el año 2014, el Estado tuvo que haber recibido RD$7,135.4 millones por participación accionaria e ISR, es decir, el 70%.

EGE-ITABO
La Empresa de Generación Eléctrica EGE-Itabo es una filial de la Corporación AES, a través de Coastal Itabo, que posee el 50% de participación accionaria como socio privado mayoritario.

Otro 49.97% es propiedad del Estado, representado por el Fonper, y el restante 0.03% está en manos de exempleados de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, hoy CDEEE.

En su informe de gestión 2014, EGE-Itabo indica que sus utilidades antes de Impuesto Sobre la Renta, al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a RD$2,797.8 millones, de las cuales destinó al Estado RD$756.4 millones por concepto de ISR.

Entonces, sus ganancias netas quedaron en RD$2,041.3 millones, de las que el 50% (RD$1,020.6 millones) es para el socio privado, un 49.97% (RD$1,020 millones van también al Estado con destino en el Fonper) y el restante 0.03% para los accionistas minoritarios.

En este caso, el Estado estaría recibiendo un total de RD$1,776.4 millones (63.5% de todas las ganancias de la empresa generadora que el año pasado tuvo una participación de 13.7% como principal suplidor de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

EGE-HAINA
Al igual que EGE-Itabo, la Empresa de Generación Eléctrica EGE-Haina fue fundada en 1999 como fruto del proceso de capitalización de las empresas del Estado mediante la Ley 141-97.

Los accionistas de EGE-Haina son la empresa Haina Investment Co. Ltd (HIC), poseedora del 50% de acciones; el Estado, a través del Fonper, con el 49.994% de acciones, y otros accionistas minoritarios que tienen el 0.006%.

Pero del 50% de acciones en manos del socio privado HIC, hay aproximadamente un 12% que era propiedad de accionistas privados afectados por la crisis financiera de 2003, por lo que su participación pasó al control del Banco Central. Esto quiere decir, que en términos globales, el Estado es dueño de alrededor del 62% de acciones de EGE-Haina.

La Memoria Anual 2014 de EGE-Haina presenta sus estados financieros, en los cuales se indica que al 31 de diciembre de ese año sus ganancias brutas ascendieron a RD$7,392.5 millones, de donde fue preciso descontar RD$2,056 (28%) por concepto de ISR a ser pagados al Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entonces, de las ganancias netas, ascendentes a RD$5,336.1 millones, el 50% (RD$2,668 millones) se queda en manos del socio privado HIC. Pero de ahí es preciso sacar alrededor del 12% que también es del Estado por un monto de RD$640.3 millones.

También pasan al Estado, a través del Fonper, RD$2,662.7 millones por el 49.994% de acciones, y el restante 0.006% para los socios minoritarios.

El sentido general, el Estado ha de recibir de EGE-Haina RD$5,359 millones, equivalentes al 72.5% de las ganancias totales registradas al cierre del año 2014.

EGE-Haina suplió el año pasado el 20.3% de la energía que se consumió en el país.

Demanda
El pasado presidente del Fonper, Ernesto Izquierdo, remitió a la Justicia una demanda contra EGE-Haina y EGE-Itabo por supuesto abuso de confianza y presentación de reporte de utilidades por debajo de lo devengado en realidad.

La demanda no ha sido retirada de parte del Fonper, aunque el actual presidente de la institución, Fernando Rosa, tampoco le ha dado seguimiento. Las empresa generadoras han solicitado que el caso se conozca en arbitraje internacional.

Poca transparencia
Los recursos que recibe el Estado por su participación accionaria en las empresas públicas privatizadas son administrados por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

La ley que crea el Fonper establece que esos fondos han de ser invertidos en iniciativas sociales en las áreas más impactadas por el proceso de privatización.

Sin embargo, la costumbre hasta ahora ha sido que cada titular que ha tenido esa institución le da prioridad a las inversiones en las zonas de su preferencia de manera discrecional, sin presentar informes detallados periódicos sobre los montos recibidos de cada empresa asociada.

Los últimos presidentes que ha tenido el Fonper son oriundos de Santiago de los Caballeros.

El jugoso negocio de la generación eléctrica en R.D.

POR ESTEBAN DELGADO

15 junio, 2015

Uno de los sectores económicos que mueve mayor cantidad de recursos es el de la electricidad y los mayores niveles de rentabilidad se registran en la generación eléctrica.

Las empresas de generación, que en su mayoría son de inversión privada, tienen también un importante componente estatal, ya sea por la participación accionaria del Gobierno en algunas de las empresas generadoras, como por su posición dominante en la producción hidroeléctrica. Es un mercado en el cual las empresas de distribución Edenorte, Edesur y EdeEste le compran a las generadoras energía por un valor global que el año pasado superó los US$2,100 millones.

Pero aunque la capacidad instalada de generación en República Dominicana supera los 3,000 megavatios, la realidad es que el consumo promedio ronda los 2,000 megavatios. Esa cantidad de energía fue abastecida el pasado año 2014 por 14 grandes empresas generadoras, entre las que se destacan con posición dominante dos grupos empresariales: la generadora de electricidad EGE-Haina y AES Dominicana con sus tres filiales EGE-Itabo, Dominican Power Partner (DPP) y AES Andrés.

Esas empresas suplieron en 2014 el 60% de la energía que se consumió en el país.

EGE Haina

Semi estatal. La empresa generadora de electricidad EGE-Haina es el mayor generador eléctrico del país como empresa individual, ya que posee una capacidad instalada de 905.6 megavatios, con una disponibilidad de generación de 698.9 megavatios al cierre de 2014 a través de sus unidades Sultana del Este, Quisqueya II, Haina y Barahona, Pedernales y Los Cocos, que operan en distintas proporciones con fuel oil, carbón mineral y además tienen generadores eólicos.

Esta empresa es una sociedad mixta compuesta por Haina Investment Co. Ltd (HIC), que posee el 50% de acciones, mientras que el Estado, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) tiene el 49.9% y otros accionistas minoritarios poseen el 0.01%.
Pero dentro del Haina Investment el Estado también tiene una participación, ya que posee 12 de los 50 puntos porcentuales de acciones de HIC.

Las cifras oficiales indican que el pasado año 2014 EGE-Haina suplió al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) un total de 2,729.7 gigavatios/hora (GWh) equivalentes al 20.3% de la energía abastecida en ese período.

AES Dominicana

Consorcio. Este emporio empresarial opera en el área de generación a la planta AES Andrés, con una capacidad de 300 megavatios, además de la Dominican Power Poartner (DPP) con 210 megavatios y las plantas que integran a la generadora EGE-Itabo. En ésta última tiene sociedad con el Estado en proporción de 50% de su propiedad, 49.9% de Fonper y 0.03% de otros accionistas.

En términos individuales, AES Andrés aportó al sistema el 15.9% de la energía demandada por las distribuidoras en 2014, mientras que EGE-Itabo aportó 12.7% y DPP despachó 10.7%. Al sumar la cantidad total de energía suministrada el pasado año por las generadoras de AES Dominicana se llega a 5,343.6 GWh, equivalentes al 39.7% del abastecimiento total en ese período.

AES Dominicana llegó al país en 1997 y su crecimiento se extiende también al área de combustibles con una terminal de gas natural licuado en Punta Caucedo, así como el puerto internacional Itabo, con capacidad para descargar hasta 1,100 toneladas de carbón por hora. Las inversiones de AES en República Dominicana rondan los US$800 millones.

Las hidroeléctricas aportaron el 9.3% de la energía en 2014

El Estado dominicano es propietario del sistema de generación hidroeléctrica del país, con una capacidad instalada de 559 megavatios.

Sin embargo, esas generadoras no operan a toda capacidad, pues dependen de la disponibilidad de agua en los embalses de las presas, la cual se torna escasa en tiempos de sequía y es preciso abastecer primero la demanda humana y agrícola antes que al energética.

Aun así, el año pasado las hidroeléctricas de EGE-Hid representaron el 9.3% de la energía abastecida al sistema energético nacional, con lo que se convierte en el tercer mayor suplidor eléctrico como grupo y el quinto de manera individual, en el SENI.

La composición del pastel de las generadoras en el abastecimiento de energía durante lo que va de este año es distinta a la del 2014, ya que la reducción en los precios del petróleo ha permitido la entrada al sistema de generadoras que permanecieron apagadas.

Es el caso de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (Cogentrix), con capacidad de 300 megavatios, que ha estado aportando energía al sistema este año, porque sus costos de generación bajaron con la caída del precio del petróleo.

El año pasado fueron 14 las empresas de generación que abastecieron el sistema, entre las que se encuentra la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que programa la entrada de los generados privados independientes (IPP) y que en 2014 representaron el 3.04% del abastecimiento energético total.

¿Cambió su plan telefónico? Eso no implica renovación de contrato

POR JAIRON SEVERINO

15 junio, 2015

Carmen Altagracia Ventura cambió de domicilio. Pidió a la empresa telefónica que le hiciera el traslado de su línea residencial que contrató en 1997. Tenía 18 años como cliente y jamás le cortaron el servicio por falta de pago.

El técnico de la empresa la puso a firmar “el traslado” del teléfono, pero resultó ser una renovación de contrato. Ella, igual que la mayoría de los dominicanos, no leyó lo que firmó porque “son muchas letras” y además son pequeñas.

A menos de un año y medio de residir en su nuevo domicilio decidió cambiarse de prestadora a través de la portabilidad numérica. Ahí fue cuando se dio cuenta que debía pagar una penalidad porque “no había cumplido los 18 meses de contrato mínimo”. ¿Cómo es posible que pague penalidad por un servicio que tiene contratado hace tantos años?

No reclamó y pagó lo que le solicitaron. Su caso es sólo uno de tantos que el ciudadano deja pasar porque prefiere evitar la fatiga del reclamo, especialmente por lo tedioso que resulta el proceso.

El Reglamento General del Servicio Telefónico de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones es explícito: El período mínimo de duración para cancelar un contrato no podrá ser reiniciado por la prestadora a consecuencia de la solicitud de servicios adicionales, su reducción o traslado de dirección o residencia por parte del usuario.

La normativa, dictada mediante resolución 110-12 del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), y modificado por la resolución 003-13, establece que los contratos de servicio sólo podrán estar sujetos a un período mínimo de vigencia en aquellos casos en que las prestadoras proporcionen al usuario: (a) subsidio de equipos terminales, o (b) descuentos, rebajas o exoneraciones en las tarifas vigentes del servicio. “Debe quedar indicado expresamente en el contrato el valor total de cualquier subsidio o descuento”, indica.

En cualquier caso, según el reglamento, la prestadora deberá ofrecer la opción de contratar el servicio sin sujeción a un período mínimo de vigencia, para que el usuario pueda comparar las condiciones y tarifas y decidir libremente.

De manera explícita establece que el valor total de descuento o subsidio referido en el presente numeral (14.4) se calculará como la diferencia entre el valor del contrato sujeto a período mínimo de vigencia y el valor del contrato sin período mínimo de vigencia.

En reglamento, en su inciso 14.6, que trata sobre las condiciones y tiempo de duración, establece que los contratos de servicio deberán especificar el mecanismo utilizado para determinar el cargo de penalidad por cancelación antes del tiempo indicado en el contrato, cuyo cargo de penalidad deberá ser prorrateado y amortizado mes tras mes y en ningún caso podrá ser mayor al saldo de descuento o subsidio referido en el artículo 14.4.

Para evitar que los usuarios sean sorprendidos por la ignorancia de sus derechos, el reglamento dicta que en todo caso las disposiciones del contrato de servicio en el que apliquen plazos mínimos, deberán ser resaltadas ante los demás términos y condiciones e informadas al cliente de manera expresa previo a su ejecución.

Contexto
En noviembre de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo efectuó una tercera audiencia por un recurso de amparo de cumplimiento incoado por la Fundación Prensa y Derecho contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El tribunal, presidido por el magistrado Federico Fernández, había aplazado la audiencia en dos fechas por incidentes generados por los abogados intervinientes en representación de las compañías Claro, Tricom, Viva, Wind y Orange.

La fundación, que preside el abogado Namphi Rodríguez, buscaba que Indotel regule los contratos de adhesión de las empresas telefónicas y elimine las cláusulas que resultan abusivas para los derechos de los usuarios dominicanos.

En declaraciones hechas para elDinero, Rodríguez responsabilizó a Indotel de los supuestos abusos que se cometen contra los usuarios de los servicios que ofrecen las empresas que venden telefonía, TV e internet.

A su entender, los consumidores están a merced de las empresas de telecomunicaciones y entiende que ya es hora de que la población entienda lo importante que es reclamar sus derechos.

Rodríguez considera abusiva la cláusula de sujeción mínima de 18 meses, ya que fija un plazo igual para todos los servicios contratos, sin discriminar el plan ni valor de los equipos que instale o entregue la empresa a los clientes.

ProConsumidor
La Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor en su artículo 81 se refiere a los contratos de adhesión o formularios, que son aquellos que fueron redactados previa y unilateralmente por los proveedores de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio.

En su artículo 82, la legislación también establece que las cláusulas de los contratos de venta de productos y prestación de servicios serán interpretadas siempre del modo más favorable para el consumidor.

Sobre las cláusulas y prácticas abusivas en contratos de adhesión, la legislación las considera nula y sin efecto cuando permitan al proveedor la modificación sin previo aviso de los términos y condiciones del contrato, lo que, en ningún caso, podrá hacerse en forma discriminatoria y sin criterios objetivos para los consumidores o usuarios.

Para Namphi Rodríguez constituye una violación de los artículos 53 de la Constitución y 2 de la Ley 358-05 de Derechos del Consumidor o Usuario, aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad por daños sufridos por los usuarios debido a causa de las telefónicas.

Medio Ambiente califica como dañinas las marañas de cables de empresas telefónicas

Aspecto de la avenida Tiradentes, en la parte central del ensanche Naco.

POR ANDREÍNA GERMÁN

8 junio, 2015

La competencia que mantienen las empresas de telecomunicaciones en República Dominicana hace que se les olvide la importancia de mantener la belleza del entorno y el respeto al medio ambiente.

La colocación indiscriminada de cables, en algunos casos amontonados en postes sin una utilidad aparente, se vuelve una agresión visual que afecta la armonía que debe presentar la ciudad.

El desorden excesivo de los cables es notable en calles y avenidas de todo el país. La agresión visual es notoria en grado superlativo en la capital y otras ciudades principales. La procuradora de Medio Ambiente, Francia Calderón Collado, no está ajena a esta realidad, por lo que consideró que la desorganización que presenta el cableado de las empresas telefónicas daña el paisaje. A su entender, su colocación debería ser soterrada.

Calderón Collado manifestó que para mitigar este inconveniente que hace mal al medio ambiente, la Procuraduría General Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo un llamado a las empresas para hacer un estudio que sirva para mejorar las condiciones de colocación del cableado. La entidad no ha recibido respuesta.

Francia Calderon Collado, procuradora de Medio Ambiente en cabeza misa por el Día Mundial del Medio Ambiente./ Lésther Alvarez

“La belleza del paisaje está protegido como derecho fundamental en la Constitución de la República; por eso actualmente tenemos varias reuniones pautadas con las compañías telefónicas, además de coordinar entre ambas partes un programa que sirva de herramienta para tomar cartas en el asunto”, agregó la funcionaria.

Explicó que existen sanciones y sometimientos ante la justicia que se les aplica a compañías telefónicas y de electricidad por entorpecer la belleza del paisaje urbano. “Estamos esperando reunirnos con las empresas y llegar a un acuerdo para que coloquen los cables debajo de la tierra, que es lo mejor; y de no llegar a ninguna conclusión se aplicarán las sanciones correspondientes”, dijo.

Un simple recorrido por las calles y avenidas de sectores de clase alta residencial y empresarial de la ciudad permite observar lo desorganizado y visualmente contaminante que resulta el cableado de las empresas de telecomunicaciones en los postes del tendido eléctrico.

Se podría pensar que son cables de las empresas de distribución eléctrica, pero en realidad la mayoría de las enredaderas en los postes de vías en zonas de clase alta son de telefónicas y empresas de servicios de televisión por cable que, incluso, ya no están en uso, pero han sido dejados cargando peso a los postes y al mismo tiempo afectando la belleza que debería caracterizar a una ciudad que se llena de modernos edificios y buenas avenidas, pero que a la vez se torna incómoda a la vista por el excesivo cableado que cuelga de calle en calle, en las esquinas y hasta en áreas que impiden el buen movimiento de los peatones y conductores de vehículos.

Una frontera eléctrica para el desarrollo binacional

Santo domingo,R.D.- Está demostrado que electricidad es desarrollo. No es casual que en el ranking de los países de más alto Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran aquellos que tienen mayor consumo de energía eléctrica per cápita.

El Banco Mundial muestra una evaluación del consumo eléctrico per cápita de 164 países, donde República Dominicana ocupa el lugar 121 y Haití el 164. El cálculo para medir el consumo eléctrico per cápita se realiza tomando en cuenta la oferta (capacidad instalada de generación y cogeneración) menos las pérdidas de energía producidas en distribución, transmisión y generación, y luego dividido todo entre la población del país. Resulta obvio que los países que tienen infraestructuras energéticas insuficientes se encuentran en las posiciones más altas de la clasificación, y son los que tienen menor desarrollo económico.

Cabe mencionar que si nuestra realidad eléctrica es preocupante, aún lo es más el caso de Haití. De acuerdo a datos oficiales, La nación vecina tiene una capacidad instalada de generación de 270 MW, en su mayoría dependiente del petróleo (HFO y LFO) e hidroeléctricas diseminados en las centrales de Carrefour y Varreux y la hidroeléctrica (Peligre Hydro), y se estima una demanda que no supera los 350 MW.

Un muro económico en la frontera 
Las políticas migratorias y los muros físicos han resultado ser insuficientes ante el drama humano de pobreza y hacinamiento que generan las migraciones económicas humanas (falta de oportunidades, empleos, etc). La realidad dominico-haitiana obliga a buscar alternativas ingeniosas que sean ganar-ganar, y contribuyan con el desarrollo de ambas naciones.

Una forma de contribuir a ese propósito es construyendo una frontera eléctrica, donde la electricidad sea un insumo básico que obligue a una ampliación de la oferta de generación en el lado este de la isla y una satisfacción e incremento de la demanda en el oeste. De esa manera se garantizaría la electricidad suficiente para sustentar las iniciativas productivas e industriales que requiere Haití para su desarrollo, lo que por ende repercutiría en un aumento del comercio binacional, aumento de fuentes de empleos, y la reducción de las presiones migratorias.

Los empresarios Juan Vicini y Marc Antoine Accra, junto a muchos otros empresarios, se han convertido en bujías inspiradoras e impulsoras del Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ) que pretende desarrollar proyectos en toda la frontera a los fines de garantizar el desarrollo económico de ambas naciones. Los proyectos a desarrollarse en toda la franja fronteriza usarán como plataforma las fuentes renovables de energía (viento, agua y sol); a sabiendas de la intermitencia de dichos recursos, pero a la vez conscientes de la competitividad que en términos ambientales y de costos representan las mismas.

Es conocida la limitación de almacenamiento a gran escala de la energía solar y eólica. En tal sentido, se prevé el uso de grandes bancos de energía usando sistemas de bombeos impulsados por la energía solar y eólica que permitan almacenar agua en grandes embalses hidroeléctricos, lo que las convertiría en potencia con capacidad previsible para su despacho. Se plantea la instalación de alrededor de 1,000 MW bajo esta iniciativa.

Experiencia del SIEPAC en el contexto binacional
La posible interconexión eléctrica entre ambos países debe nutrirse de lo positivo de otras experiencias. Cabe citar el caso del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) que consiste en una red de transmisión eléctrica de 1,800 kilómetros con una capacidad de transporte de 300 Megavatios (MW) que conecta toda Centroamérica desde Guatemala hasta Panamá, integrando a México y con planes de llegar hasta Colombia.

Uno de los aportes más significativos del SIEPAC sucedió hace dos años cuando la sequía en Panamá redujo los niveles de los embalses de las presas hidroeléctricas a niveles mínimos reduciendo la posibilidad de cubrir su demanda eléctrica, y gracias a la energía transportada desde El Salvador, Nicaragua y Honduras hacia Panamá garantizaron el suministro de electricidad a cientos de miles de familias.

Dentro de los objetivos claves al concebir el SIEPAC estaban el reducir los costos de electricidad y aumentar los niveles de seguridad eléctrica de dicha región. En el caso dominico-haitiano se podría obtener beneficios en ambas naciones, ya que Haití se beneficiaria de una oferta que ayudaría a cubrir su demanda, y República Dominicana exportaría electricidad como resultado del aumento de su capacidad instalada y de su reserva rotativa.

Ventajas competitivas y comparativas
Existen múltiples ventajas comparativas y competitivas con interconectar. En el caso de Haití queda bastante claro que sus costos de energía se reducirían en comparación con lo que tienen actualmente. De igual manera, grandes consumidores y parques industriales podrían instalarse aprovechando las ventajas de un suministro suficiente y estable de electricidad para sus procesos productivos.

Por razones obvias de riesgo país los primeros bloques de generación a instalarse deberían ser del lado dominicano. Una de las múltiples ventajas para RD es que la sobrecapacidad que se tendría de generación se convertiría en nuestro margen de reserva cuyo costo por capacidad podría verse compensado por la energía vendida al lado oeste de la isla. Esto podría analizarse desde un punto de vista estratégico, que permita invertir en una mayor capacidad de reserva en el presente que al pasar el tiempo termine supliendo la demanda creciente nacional dominicana.

Indudablemente, la electricidad es el componente fundamental en la frontera económica que ha de construirse para el desarrollo económico de ambas naciones. Esta es una apuesta que debe asumirse al más alto nivel de ambos países, porque lo único que augura es beneficios para todos y la solución a un problema del pasado, del presente y del futuro.

http://www.eldinero.com.do/13356/una-frontera-electrica-para-el-desarrollo-binacional/

“La Ley de seguridad social es un instrumento de última generación” -

SANTO DOMINGO,R.D.- El economista Arismendi Díaz Santana, quien lideró el equipo técnico que redactó el proyecto que dio lugar la Ley 87-01, de Seguridad Social, está firmemente convencido de que esa legislación es buena, moderna “de última generación”, aunque considera que ha faltado voluntad política para su aplicación completa. Con tres décadas dedicado a trabajar e investigar acerca de la Seguridad Social,  Díaz Santana afirma que las reformas previstas en la ley para garantizar la universalidad todavía están pendientes de aprobación. El economista, primer gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) respondió un cuestionario que le sometió la sección Dinero de elCaribe. Las preguntas y sus correspondientes respuestas son las siguientes:

l ¿Transcurridos los primeros 14 años de aprobada la Ley 87-01 de la Seguridad Social, cuáles son las fortalezas y debilidades principales de esa legislación?
l La principal fortaleza ha sido elevar la cobertura de un 20% a septiembre del 2007, incluyendo a las igualas médicas y al IDSS, al 64% que tenemos ahora, pasando de uno de los últimos lugares a una posición intermedia superior, en la región. 

Sin embargo, las reformas previstas en la Ley para garantizar la universalidad y su sostenibilidad todavía están pendientes, lo que implica un alto riesgo. En el campo previsional, los fondos de pensiones ya llegan al 12% del PIB, la inmensa mayoría en cuentas individuales donde cada trabajador es dueño absoluto de sus ahorros para el retiro. Esos recursos son intocables y están invertidos en actividades económicas que generan más riqueza social y más empleos productivos. 

¿Cuándo los trabajadores dominicanos habían soñado constituirse en “accionistas” del desarrollo nacional? No obstante, las AFP han creado distorsiones millonarias que frenan el crecimiento de los fondos de pensiones y afectan la tasa de retorno de más de un millón y medio de trabajadores, sin que los senadores aprueben un proyecto de Ley aprobado dos veces por los diputados que reduce el tope de la comisión al 15%, y sin que el Senado valore las graves consecuencias sociales de este retardo injustificable. 

l Al acercarse los tres primeros lustros de aprobación, ¿se puede considerar la Ley de la Seguridad Social dominicana como un instrumento moderno?
l La Ley de seguridad social es un instrumento de última generación. 

Entre otras razones,  porque tardó cuatro décadas en sustituir al viejo Seguro Social, lo cual nos permitió conocer las más recientes avances y las mejores experiencias de América Latina y del mundo. Y fuimos tan creativos que, por lo menos superamos a las demás leyes, en cuatro puntos: 1) una TSS pública, centralizada con un sistema único de información y recaudo que reduce su costo e impide cualquier duplicidad de afiliación; 2) una DIDA para informar, orientar y defender los derechos de los afiliados; 3) participación igualitaria de la mujer en el CNSS; y 4) establecimiento de un régimen contributivo subsidiado para los trabajadores autónomos que tienen capacidad contributiva, como los profesionales y técnicos y los trabajadores por cuenta propia. Los primeros tres puntos están en ejecución y sus resultados son visibles. El último, todavía, lo que nos lleva a la última pregunta. 

l ¿Cuáles han sido las causas o razones por las que ha habido un comportamiento mixto en términos financieros en la aplicación de la Ley 87-01, con relativo éxito en la parte previsional y muchos inconvenientes en el aspecto de salud?
l Las deficiencias crónicas del sector público de salud, tanto del IDSS como de Salud Pública, determinaron desde hace medio siglo el crecimiento de una medicina privada con mayor aceptación, horarios más flexibles, mejores equipos e instalaciones, continua, pero  sin control y supervisión oficial, lo que ha encarecido considerablemente el cuidado de la salud de las personas. Precisamente, por tratar de ignorar esta realidad fue que fracasaron todos los intentos de reforma anteriores, desde el 1969. La confluencia  de tantos poderosos intereses mercantiles y deshumanizados, unidos a la incapacidad de las autoridades para mejorar los servicios públicos, explican el alto costo de la salud, incluyendo de los medicamentos. Eso mismo ha ocurrido en el campo de la educación. Basta con señalar la falta de voluntad para poner en marcha el primer nivel de atención, algo elemental en cualquier reforma del sistema de salud.

l ¿Qué aspectos enumerativos o mandatorios de aplicaciones posteriores han quedado o están pendientes de aplicación?
l Si bien ha habido avances importantes en el ámbito cuantitativo, todavía están pendientes importantes reformas:
1. Atención primaria de salud.
2. Transformación del IDSS.
3. Creación de la red única de proveedores públicos (pendiente en el Congreso)
4. Separación de la rectoría del MSP de la red hospitalaria.
5. Creación y revisión del Plan Básico 
de Salud (lo que existe es el PDSS, no 
previsto por la Ley 87-01)
6. Inicio del Régimen Contributivo 
Subsidiado.
7. Reducción de los copagos.
8. Reajuste del límite de 3,000 pesos de los medicamentos ambulatorios.
9. Revisión y actualización del catálogo de prestaciones del PBS.
10. Revisión y actualización del catálogo de medicamentos.
11. Reducción de la evasión y la elusión.

Todos estos temas han sido tratados por mí y puedes consultarlos en mi página web. http://www.seguridadsocialparatodos.net/ 

l Alguien definió en una ocasión a la Seguridad Social como la Ley más importante del país, después de la Constitución. ¿Comparte ese criterio?
l Claro que lo comparto. Esa expresión es mía y de muchos senadores y diputados de entonces. Nuestro país duró cuatro décadas demandando una mayor protección social con grandes frustraciones por los diversos intentos fallidos. 

Teníamos el Seguro Social más atrasado de Latinoamérica. Una verdadera vergüenza nacional por sus limitaciones y exclusiones. Todavía hoy ocupamos el último lugar en política social, a pesar de estar en la vanguardia en crecimiento económico. De modo que vencer todas esas resistencias, dejar atrás tantas frustraciones y lograr una reforma moderna, integral y solidaria, puede calificarse de una hazaña sin precedentes. ¿Qué otro cambio de tanta trascendencia ha tenido el país en su historia, en escenarios y políticas sociales tan mezquinas?  En materia social el SDSS es una especie de oasis en el enorme desierto que significa tanta inequidad social. Por eso ha dado tanto trabajo implementarlo, y por eso están todavía pendientes tantas reformas importantes.   

l ¿Por qué la Seguridad Social no ha cumplido a cabalidad su papel de mecanismo de protección social y se le ve todavía como una carga económica, principalmente para el Estado?
l Por la falta de voluntad política. Porque el modelo de crecimiento económico no depende de fuerza de trabajo calificada, debidamente entrenada, y con seguridad laboral y social. Porque los gobiernos prefieren la dádiva discrecional clientelista, a la concesión de derechos. 

Porque el gasto social no resulta tan deslumbrante, ni redituable, como la política de varilla y cemento. Porque la pobreza extrema obliga a aceptar cualquier migaja hoy, sin pensar en las consecuencias en el mañana y en el futuro. 

www.elcaribe.com.do/2015/06/15/ldquo-ley-seguridad-social-instrumento-ultima-generacionrdquo

Las calles de R.D.sin autoridad

Peatones deben tirarse a la vía para caminar ya que los comerciantes toman las aceras para estacionar los vehículos de sus clientes

SANTO DOMINGO,R.D.- ¿Y las autoridades, dónde están que no dan respuesta al caos existentes en las calles del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo? El irrespeto de conductores, dueños de negocios y establecimientos, vendedores ambulantes, “padres de familia”, policías y militares, han convertido las calles en un caos eterno para desdicha de quienes tienen que moverse en el denso tráfico capitalino.

Ante la falta de autoridad, es notorio observar el desorden en avenidas provocado por propietarios de restaurantes, tiendas, plazas comerciales, tiendas de repuestos, talleres, colmadones, drinks, fondas, y otros negocios, razón por lo que la gente hace lo que le venga en ganas y actúa como chivo sin ley.

Los dueños de establecimientos comerciales, ante la falta de área para estacionar vehículos, colocan conos, letreros, tubos con cadenas, tanques llenos de concretos, blocks o cualquier otro objeto, para evitar que vehículos o visitantes que no vayan para sus negocios se estacionen en su frente.

Usan conos, letreros de metales y latas llenas de concretos con un tubo, tiendas, entre otros establecimientos, para evitar que se estacionen frente a sus negocios, sin contar estos con el permiso correspondiente.

Ante el desborde de violaciones, producto de la negligencia e inoperancia, la gente cuestiona el papel de los ayuntamientos del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo, instituciones como la Autoridad Metropolitana del Transporte, la Policía, y otros organismos competentes, como la OTTT, Tránsito Terrestre y Obras Públicas, que se hacen cómplices de inconductas y actuaciones por parte un segmento de la población.

Uno de los desórdenes que se ve en las calles a diario, y que los agentes de AMET no actúan haciendo cumplir la ley, es el de los conductores de carros y guaguas voladores, que frenan de repente a mitad de las vías para montar un pasajero, sin importar que puedan provocar una accidente entre los vehículos que puedan estar atrás, agregado a las competencias que estos hacen para llegar a tiempo a las paradas o controles para tomar primeros turnos.

Otra inconducta de esos conductores, es que cuando ven un pasajero, el cobrador saca un brazo como señal al chofer para que tome otro carril, sin importar quien esté a su lado derecho, y sin tomar en cuenta a quienes puedan atropellar.

Un español amigo me expresó que en su país conduce hace más de 25 años, “pero ha sido en República Dominicana que he aprendido a guiar, aquí tengo que defenderme y cuidar cuidar al otro vehículo y los peatones no respetan las señales de tránsito ni mucho menos semáforo”.

El caos es mayúsculo en el centro de la capital, donde restaurantes, discotecas, colmadones y dueños de apartamentos, colocan conos, tanques llenos de concretos, letreros, y tubos con cadenas para evitar se estacionen frente a sus negocios o apartamentos.

Silencio

Actuando en una aparente complicidad, ninguna autoridad competente da la cara tendente a frenar el desorden que se acrecienta cada día más.

Muchos agentes de la AMET ven chofers de “guaguas voladoras”, o carros del “concho”, violando la ley 214 de Tránsito Terrestre y las ordenanzas municipales, pero nda hacen, “para no buscarse problemas” con los choferes del transporte de pasajeros.

Otros se hacen de la vista gorda, cuando ven a los choferes del transporte abordando pasajeros en zonas prohibidas, o parándose en medio de la vía, o cuando se estacionan obstaculizando el tránsito.

Son muchos los vehículos parqueados en lugares donde se han colocado letreros de “no estacione”, otros los estacionados en las aceras, en tanto, personas inescrupulosas obstaculizan las aceras al instalar talleres de mecánica improvisados, con neumáticos, o con otros tipos de negocios, y ninguna autoridad interviene.

Los negocios de dealer, colmados, restaurantes, vendedores de aros para vehículos y neumáticos, así como almacenes de provisiones, han tomado las aceras y los peatones tienen que tomar las calzadas para caminar.

En la calle Rafael J. Castillo con Américo Lugo del ensanche La Fe, en la Mauricio Báez con Gómez, y la Francisco Villa Espesa, el desorden es mayúsculos.

También en la esquina de la avenida San Martín con Alejandro Ibarra del ensanche Kennedy, donde está la Clínica Mercedes, los vehículos son estaciones en las aceras y los peatones deben tirarse a la vía en un inminente peligro para caminar.

Igualmente en la calle Dr. Heriberto Pieter casi esquina Del Carmen, el taller Garpe auto pintura, los vehículos ocupan las vías y las aceras, en tanto la administración del hospital central de las Fuerzas Armadas ha colocado pilotillos en el frente para que no estacionen vehículos a pesar de que el Ayuntamiento ha instalado letreros.

“Paradas”

Los taxistas y los carros del concho así como las guaguas voladoras, han instalado paradas improvisadas en las principales avenidas y calles de la capital, y en residenciales, donde la paz que disfrutaban ya es cosa del pasado.

Las inmundicias, el olor nauseabundo, escándalos, palabras malsonantes e inmoralidad, allí predominan, y personas residentes en esos edificios y viviendas han optado por vender, otros alquilaron o se fueron de sus apartamentos por la situación creada por conductores del transporte de pasajeros, a pesar de las quejas expuestas a las autoridades que nada hacen por poner fin al problema.

Los taxistas es otro sector que ha convertido las esquinas de plazas comerciales, supermercados, residenciales y calles de muchos sectores, en zonas invivibles, y a igual que los choferes del concho, cuando los llaman a la atención, estos les responden con palabras ofensivas o amenazan con armas de fuego o blancas a los dueños de las residencias o apartamentos.

UN APUNTE

Promesas y allantes

Las autoridades del ayuntamiento del Distrito Nacional en ocasiones ayantan y relegan en la AMET, la cual dicen es la que tiene que evitar que choferes del concho o taxistas instalen paradas improvisadas de carros y guaguas en avenidas y calles, próximo a urbanizaciones y residenciales.
Además, no actúa el cabildo en contra de los establecimientos comerciales que colocan conos, barricas en calles y avenidas, y espacios públicos, para tomarlas de parqueo, o talleres de mecánica, los cuales suben a las aceras a realizar sus trabajos o parar sus vehículos.

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