Pensionados/Jubilados: La hipocrecía y la mezquindad de la clase política

Desde la creación del régimen de jubilaciones hasta el presente, todos los gobiernos, especialmente aquellos que se dicen “progresistas o populistas”, usurparon los recursos del sistema previsional mediante el uso indiscriminado para distintos fines (préstamos al Tesoro para financiar gastos corrientes, un sinnúmero de planes con miras al clientelismo político, entre otros), menos para mejorar a los beneficiarios del régimen de jubilaciones y pensiones.

Para comprender lo descripto precedentemente, al tema previsional lo podemos estudiar desde distintas ópticas, a través de la narración (como si fuera una novela) en varios capítulos, de la odisea de los fondos.

http://danielsalmoral.com/2017/12/16/jubilados-la-hipocrecia-la-mezquindad-la-clase-politica-j-valeriano-colque/

Hoy encontramos un articulo periodistico :Nueva mezquindad oficial por Arismendi Díaz Santana  donde dice: La recientemente promulgada ley 13-20 que modifica el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) elimina la mora de decenas de miles de empresas y de más de un centenar de los ayuntamientos, lo cual era necesario. Pero también, de facto, libera al oficialismo de la obligación presupuestaria con la DIDA y la TSS. 

Soy el primero en reconocer la necesidad de fortalecer a la TSS, dotándola de personería jurídica para perseguir una evasión y elusión que atenta contra la sostenibilidad financiera del SDSS y le niega el derecho a la protección social de 175,000 trabajadores. También es necesario fortalecer a la DIDA, ante las crecientes críticas, denuncias e inconformidad de los afiliados.

Hasta ahí todo va de lo más bien. Pero lo que no se le ha dicho a los cotizantes y a la opinión pública es que a partir de ahora ese costo saldrá del sudor y las lágrimas de los trabajadores liberando, otra vez más, al Gobierno Nacional de esa responsabilidad, en una nueva versión de la mezquindad gubernamental frente a la seguridad social.

Y HEPEJCODEEE dice que en esa modificacion los pensionados y jubilados como sector de esta sociedad siguen siendo los olvidados y gran ausente y mas en este carnaval electoral.

https://acento.com.do/2020/opinion/8784862-nueva-mezquindad-oficial/

EL DERECHO A LA VEJEZ DIGNA

  Entendámonos: la marginación de los viejos en una época en la que el curso histórico es cada vez más acelerado, resulta un dato de hecho, imposible de ignorar. Norberto Bobbio1 La vejez constituye una de las mayores preguntas que el ser humano puede llegar a formularse acerca de sí mismo y de sus circunstancias. Y, digo mayores, en el sentido de que importa todo un desafío hacerla. Significa ni más ni menos que preguntarse, desde el presente, acerca del final de la vida, con toda la carga de un pasado que ya es mayoritario. Significa interrogarse acerca del tiempo que podemos llegar a vivir, en último término. Significa, en suma, proyectar el cierre en base a un balance de conclusión vital. Al Derecho le interesa muy especialmente el desafío que la vejez plantea puesto que, en gran medida, a él le corresponde encontrar una respuesta. A él le corresponde establecer normativamente las condiciones sociales y valorativas que deben ser respetadas en relación con los ancianos. A él le cabe reconocer al viejo en tanto sujeto. Y a él le cabe situar al anciano en un espacio y en un tiempo, comunitarios, fortaleciendo su posición frente al gobernante, frente a los demás ciudadanos, frente a lo demás y aún frente a sí mismo2. Sin embargo, en el Derecho actual el lugar de las personas mayores aparece bastante desdibujado, sobre todo, por el profundo y contradictorio silencio en el que están inmersos. Se dice, por ejemplo, que las personas -en general- cuentan con un importante caudal de derechos que todos los Estados democráticos deben garantizar si quieren ser tales, puesto que son básicos. Se habla de derechos humanos civiles y políticos; de derechos económicos, sociales y culturales; de derechos relativos al medio ambiente, a la paz y al desarrollo; y hasta de derechos de las generaciones futuras. Pero, de otro, ocurre también que todos los días se nos informa impávidamente acerca de la muerte de ancianos en espera de una plaza para ingresar en algún geriátrico. Se nos informa acerca de situaciones de abandono a las que los exponen sus propios familiares o algunos profesionales de la salud. O bien, simplemente, tenemos la "suerte" de ser testigos cotidianos de sus magros salarios, de los abusos y maltratos que reciben las personas mayores en la calle, en sus casas, en su ciudad, y hasta en las instituciones que supuestamente deberían proteger su posición. Por desgracia, estas contradicciones no son fruto de la falta de garantías eficaces o de planteos económicos únicamente. Por desgracia, como veremos, estas contradicciones aparecen también invadiendo lo cotidiano por cuestiones jurídicas de fondo. El principal problema que se presenta en este sentido, al parecer, parte de una tensión cultural, provocada 1 Vid BOBBIO, N.; De senectute, trad. Esther Benítez, Madrid, Taurus, 1997, pág. 27. 2 Vid GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción Filosófica al Derecho, 6º ed., 5º reimp., Buenos Aires, Depalma, 1987, págs. 446 y ss.; Justicia y Verdad, Buenos Aires, La Ley, 1978. 

   fundamentalmente por la progresiva desintegración de la idea de comunidad en la consciencia de la vida postmoderna3. En esta tensión, dos son los factores jurídicos en juego: la igualdad y la especificidad de la vejez. La igualdad, en tanto exigencia de homogeneidad, o estandarización, necesaria para el desarrollo de la vida social4 y para el sostenimiento de un sistema jurídico coherente. Mas, de otro, aparece en juego la “especificidad de la vejez”, en cuanto reclamo de diferenciación valiosa y de respeto por la identidad de la persona en esta última etapa de la vida5. En el marco de la cultura globalizada actual, el reto jurídico y social se desprende, precisamente, de este lugar marginal al que se ven relegados los viejos, debido a nuestra incapacidad para resolver una clara contradicción: la posibilidad cierta de vivir más años y el rechazo sistemático –y ancestral– de la vejez. Así, pues, los derechos de las personas mayores se desarrollan y se sostienen en estrecha vinculación con las diversas maneras –sociales, políticas, económicas, afectivas- en que cada cultura comprende, define y asume, finalmente, la vejez. De modo tal que si nuestra cultura admite el fenómeno del envejecimiento global en términos positivos, seguramente podremos asumir que la vejez es una etapa “de vida”. Es, en suma, una nueva oportunidad para proyectarnos y desarrollar nuestra humanidad, en comunicación con los demás y nuestras circunstancias. El Derecho es, sin dudas, una valiosa herramienta para fortalecer esta necesaria mudanza de perspectiva. Sobre todo, cuando brinda instrumentos de fortalecimiento a los sujetos débiles del sistema, entre los cuales, todavía se encuentran las personas de edad avanzada. Este libro se propone mostrar cuáles son, precisamente, las instituciones, derechos y garantías que el Derecho pone a disposición de las personas mayores, para lograr su empoderamiento. Busca desentrañar cuál es la condición jurídica de las personas que están situadas en el último ciclo de la vida, para poder pensar y diseñar sobre esta base, estrategias de integración social en la vejez. Pretende contribuir, en suma, con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento del año 2002, cuando destaca que: …la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, es esencial para la creación de una sociedad incluyente para todas las edades, en que las personas de edad participen plenamente y sin discriminación y en condiciones de igualdad. La lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las personas de edad es fundamental para asegurar el respeto que esas personas merecen. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, es importante para lograr una sociedad para todas las edades...6 Ahora bien, este libro no hubiese podido concretarse sin el estímulo constante del profesor Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani, de la Universidad Nacional de Rosario, claro precursor del estudio de esta nueva frontera del mundo jurídico. También han sido importantes los aportes doctrinarios de la Dra. María Josefa Méndez Costa, profesora de la Universidad Nacional del Litoral y miembro honoraria de nuestro Centro de Investigaciones. Sin embargo, este texto no hubiese prosperado, sin el valiente compromiso de quienes integran el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez (CideA) desde el año 1995. Así como tampoco hubiese sido posible, sin el desarrollo de la Cátedra de Derecho de la Vejez, que funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sin interrupción desde marzo de 2005. Quiero ampliar este agradecimiento, además, al Instituto de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad y Derecho de la Discapacidad de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), que funciona desde el año 2007; a las Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde también se desarrollan Cátedras de Derecho de la Vejez, desde el año 2012, y a la Universidad de Morón, por el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas Mayores, desde marzo de 2012. Vaya entonces, mi más cálido reconocimiento para todos y cada una de estas Casas de Estudio y sus integrantes. Por último me gustaría destacar que este texto da cuenta del trabajo interdisciplinario que venimos desarrollando desde el año 1995, tanto como del pluralismo ideológico propio del trabajo con tres Universidades distintas del país. Por ello, en este texto se encuentran representadas variadas concepciones filosóficas, al tiempo que también están presentes, las miradas de las distintas disciplinas a las que pertenecen todos los integrantes del Centro. Por eso, cada capítulo ha sido desarrollado ateniendo a los aportes de la Medicina, la Psicología, la Terapia Ocupacional, el Trabajo Social, la Arquitectura, la Economía, la Historia, la Antropología, la Ingeniería, la Comunicación Social, el Género y el Derecho. Sin embargo, por consenso, en conjunto hemos confluido en el paradigma tridimensional del Derecho y la Política, para la concreción de nuestra empresa. Estas teorías, pues, nos han permitido analizar la problemática de la vejez desde su complejidad7 . Razón por la cual, la obra de cuenta sistemáticamente, de los aspectos normativos, sociológicos y valorativos que integran el Derecho de la Vejez y la Política Gerontológica. Esperamos fervientemente entonces, que este texto sirva para reforzar la posición de las personas mayores de manera integral, a través de la promoción de la investigación, de la docencia y de la legítima defensa cotidiana, de sus derechos.

https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/Gerontolog--a-Comunitaria-Modulo-101.pdf  

Presa Pinalito: su futuro y capacidad para producir electricidad dependen del rescate ambiental del Río Tireo

CONSTANZA,LA VEGA,R.D.-Los constanceros esperaban que entre sus bondades, la Presa Pinalito regalara a las montañas un gran lago de agua color azul. Se imaginaban que todos los habitantes de la zona, y sobre todo los turistas, podrían venir para disfrutar del paisaje, navegar en botes y, por supuesto, pescar por distracción y hasta con fines comerciales.

Pero, aunque desde 2009 la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) coloca energía en línea con agua captada en Pinalito y otros afluentes de más abajo, ya pocos constanceros esperan el milagro del gran estanque azul.

Hasta el final del año pasado, Félix Suriel, quien trabajó en la presa construida por la firma brasileña Odebrecht, acudía varias veces a la semana –excepto en los meses vedados a la pesca debido a la temporada de desove– a distraerse de su trajín de camionero mientras trataba de atraer los peces al anzuelo. Lanzaba su sedal sin grandes éxitos a un embalse que siempre se mostró sediento, como un pozo costoso condenado a almacenar un agua verdosa y contaminada.

Johnny Tactuk, director municipal de Turismo en Constanza desde hace varios años, plantea que durante su planificación y construcción se pensó que la Presa Pinalito se podía utilizar como un atractivo para visitantes nacionales e internacionales. “Incluso se tiraron (en el embalse) algunas especies de peces y dieron resultados”.

Pero más que en un criadero de peces, el estanque sirve de tumba al agonizante y escaso caudal del Río Tireo. Solo en tiempos de lluvias se despabila y aumenta la cantidad de sedimentos y desperdicios que arrastra, los cuales incluyen miles y miles de potes y fundas de plástico utilizados por las agroquímicas para envasar venenos, pesticidas y fungicidas.

La contaminación y la deforestación de las montañas matan al río y anuncian el fin de la utilidad de la costosa presa. Al inaugurarla, en agosto de 2009, el entonces presidente Leonel Fernández anunció que costó US$300 millones, financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil.

El agua del Presa Pinalito permanece de un color verde oscuro.

La Egehid afirma que el proyecto costó US$320.4 millones, de los que US$20.2 millones se destinaron a la presa (compuertas, pórtico grúa de la obra de toma, caseta de operación, caseta y planta de emergencia). El proyecto incluye un túnel de 11 kilómetros que conduce el agua a la central ubicada en Blanco, Monseñor Nouel, así como otras cuatro presas secundarias con sus estructuras de toma y obras de decantación para captaciones ubicadas en Río Blanco y los arroyos Sonador, Caña Amarga y Arroyón.

Pero para la Procuraduría General de la República costó US$361,222,243.49, según la acusación que formuló contra los implicados en el caso de corrupción abierto a raíz de que la firma Odebrecht confesara el pago de sobornos para lograr la adjudicación obras.

El proyecto, ejecutado en los dos períodos de gobierno de Fernández (2004-2012), fue contratado por César Sánchez desde la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) durante la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004), por US$229.5 millones menos del monto que aporta la Procuraduría.

El libro “Presas y centrales hidroeléctrica en República Dominicana”, publicado por la propia CDEEE, la Egehid y el Indrhi (Amigo del Hogar, 2004), bajo la firma de Ramón Isidro Rodríguez Taveras, experto en construcción de presas y recursos hidráulicos, plantea que el costo del proyecto de la Presa Pinalito sería “US$131,721,080” e incluía: obras civiles, electromecánicas, suministro e instalación de equipos, subestación, línea de transmisión, ingeniería, supervisión, gastos financieros, repuestos y obras de mitigación.

Consultado sobre la actual operación de Pinalito, Rodríguez Taveras, quien acumula experiencia en la construcción de presas, asegura que “se trató de un proyecto muy mal enfocado”. “La hidroeléctrica que colocaron de 50 megas pudo ser de la tercera parte de esa capacidad, pero la sobredimensionaron; porque no hay agua para abastecerla, ya que la poca agua que se consigue en el trayecto no alcanza para el caudal que se necesita para producir energía a esa capacidad”.

Plantea que la cuenca de Tireo podría aportar a la presa 1.74 metros cúbicos por segundo, “pero no creo que haya el agua suficiente porque se consume en el camino”, dice. La presa necesita 3.72 metros cúbicos por segundo (m3/s) y, en los momentos en que está en operación, requiere del agua de dos arroyos de la provincia Monseñor Nouel que se suman al túnel, dice.

Rodríguez Taveras afirma, en el libro “El agua: recurso que necesita urgente atención” (Editora de Revista, noviembre 2013), que República Dominicana debe parar de ejecutar proyectos sin tomar en cuenta el espacio ambiental donde los desarrolla. En este contexto, plantea que Pinalito, aunque con la mayor caída del país, tiene “problemas importantes por resolver”.

“El caudal total medio a turbinar de 3.72 m3/s no será posible conseguirlo en las condiciones actuales, debido a que el caudal de Tireo (1.74 m3/s) supuesto a extraerse del embalse de la presa es consumido en la explotación de 25,000 tareas de vegetales en la parte de la cuenca del río Tireo aguas arriba a la presa de Pinalito, con la tendencia de que se aumente el área cultivada”.

Plantea que las tierras de los valles Tireo y Constanza, por su calidad y clima carecen de competencia para la producción de hortalizas y otros cultivos que garantizan ingresos por encima de los RD$20,000 por tarea al año, con un mercado nacional e internacional cada vez más atractivo.

“En tiempo de crisis de agua lo que llega al embalse es el agua de retorno, reducida en más de un 50%, después de haber sido usada en el riego agrícola”.

Advierte que no existe garantía de que los aportes de la parte alta del río Blanco y sus afluente Caña Amarga y Arroyón, con sus pequeños caudales sin regulación de 1 m3/s permanezcan estable en un futuro próximo, debido a la fragilidad de sus cuentas impactadas por la deforestación.

Rodríguez Taveras advierte que los sedimentos que arrastra el Río Tireo tienen además un impacto negativo en los embalses de río Blanco y Hatillo.

El ingeniero civil Fabio Herrera Miniño se queja, en su artículo “Engaño con electricidad de Pinalito” (Hoy, octubre 2019), de que la presa, “no ha llenado las expectativas de producción de energía como se vendió para hacerla factible”. Deplora que todavía no se logra generar, con las dos turbinas, 50 mil kilos de energía eléctrica en base a un caudal regulado de 3.5 m3/s. “Si hubiese agua suficiente sería un proyecto muy atractivo y económico”, dice.

Uno de los expertos en energía eléctrica que participó en la planificación del proyecto desde la Egehid, reaccionó al artículo de Herrera Miniño y se quejó de que Pinalito “no está siendo operada como fue diseñada” para operar a máxima capacidad, con una producción de 50 MW, durante cuatro horas al día y utilizando las otras 20 para recibir y acumular agua en el embalse.

Sostiene que el criterio del diseño era maximizar la potencia en las horas picos de demanda de energía, siguiendo el mismo concepto que las centrales de Río Blanco, Jigüey, Valdesia o Tavera. También, que “el ingreso anual promedio en Pinalito está en alrededor de los 15 millones de dólares” y atribuye su falta de rentabilidad al hecho de que “sus costos de construcción se multiplicaron, y la energía no, pues el río (Tireo) no pare agua”.

Un valle que muere de sed

Para el geólogo Osiris de León, quien participó en los estudios de factibilidad de Pinalito, el problema básico de la obra se relaciona con la falta de lluvias. “Es una presa para operar en cuenca alta, bajo condiciones de un régimen pluviométrico histórico medido a 30 años. Sin embargo, en los últimos ocho años ha tenido largos períodos de sequía”.

“La pluviometría promedio en República Dominicana –agrega– es del orden de los 1,500 milímetros por cada metro cuadrado, pero en el año 2019 fue de apenas 700 milímetros de lluvia por metro cuadrado, la mitad de lo normal que debe caer”.

El también asesor científico del Poder Ejecutivo en materia de recursos hídricos plantea que, a partir de datos recabados por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) en diferentes estaciones pluviométricas de todo el territorio nacional, “queda claro que las precipitaciones bajaron de 1,741.6 milímetros por metro cuadrado en 2018, a menos de la mitad en 2019, cuando sólo se registraron 717.4 milímetros por metro cuadrado”.

Añade que 2019 se convirtió en un año casi tan seco como 2015, cuando las lluvias caídas en el país totalizaron apenas 953.5 milímetros por metro cuadrado, “valores muy inferiores a la media anual de 1,489 milímetros por metro cuadrado, siendo esos dos años, junto a 2013 y 2014, los más secos que hemos tenido en la última década”.

La Presa Pinalito tiene capacidad para almacenar 3,144,000 metros cúbicos de agua y su nivel máximo histórico llegó a 1,180.50 metros sobre el nivel del mar, según la Egehid, cuyos técnicos recuerdan que la obra llegó a verter después de los aguaceros del 7 y 11 de septiembre de 2019.

Pero el breve milagro de las lluvias sobrepasó las plegarias de los sedientos agricultores del valle de Tireo. De repente, vieron inundadas muchas de sus casas y sus parcelas por torrenciales ríos de un agua lodosa cargada de todo tipo de desperdicios que apresuraban su marcha hacia el estanque.

Para noviembre, cuando cesaron los grandes aguaceros que interrumpieron la sequía de Constanza entre septiembre y octubre, los constanceros notaron que el Gobierno cerró otra vez el acceso a la presa. Un ciclista que penetró al área hizo circular, por las redes sociales, imágenes dramáticas en las que se observaban algunos puntos erosionados por las lluvias.

“En la actualidad Pinalito está cerrada al público, por problemas ocasionados por las lluvias del año pasado hubo un deslizamiento de parte de una de las montañas, la cual provocó que se sedimentara gran parte del lago de la presa”, dice Johnny Tactuk, un funcionario muy activo en la vida política y social de Constanza.

“Aquí el año pasado hubo tanta agua… cayó tanta agua que en un solo día equivalía al agua caída en un año”, dice. Descarta que el Ministerio de Turismo se involucre en un plan de rescate de la cuenca de Tireo para conservar los ríos que alimentan a la presa, ya que, según recuerda, se trata de funciones de Medio Ambiente o Agricultura. “No hemos pensado en ningún proyecto que traiga como consecuencia la limpieza del río, pero sí hemos hablado con las asociaciones (de productores de Tireo) para que ellos (sus integrantes) preserven su río”.

https://www.eldinero.com.do/98688/presa-pinalito-su-futuro-y-capacidad-para-producir-electricidad-dependen-del-rescate-ambiental-del-rio-tireo/

Seguridad social: un derecho humano de los envejecientes

SANTO DOMINGO,R.D.- Los medios de comunicación tienen un papel protagónico para dar los mensajes y contribuir al proceso de toma de conciencia de derechos. Sin embargo, no es suficiente con que existan situaciones que afecten la vida de las personas, para que en una sociedad esos hechos sean reconocidos como un problema social.
Analizar la situación actual de las comunidades permite visualizar el vacío teórico que existe en problemáticas, tales como la Seguridad Social y la falta de implementación de políticas sociales destinadas a la población de envejeciente con un real conocimiento de las condiciones socioculturales de los pueblos originarios.
A partir del año 2001 entra en vigencia el Convenio 169 de OIT y la LEY 87-01, única norma de carácter internacional vinculante que reconoce la especificidad de derechos del  pueblo  y prescribe la obligatoriedad de la consulta a los Pueblos sobre las políticas que los afecten.

Sin embargo, a CASI  20 años de la promulgación de la ley, el tema no ha sido presentado para su tratamiento parlamentario como debe ser sino superficialmente que solo dedienden la parte financiera. A partir del año 2001 entra en vigencia del Convenio 169 de OIT, única norma de carácter internacional vinculante que reconoce la especificidad de derechos de los pueblos  y prescribe la obligatoriedad de la consulta a los Pueblos sobre las políticas que los afecten.

La desprotección que sufren los pueblos originarios incluye más el plano fáctico que el normativo. Consideramos que no es un problema exclusivo del derecho y debe abordarse en una acción conjunta de diversas disciplinas que contribuyan a buscar una respuesta y una solución a tanta discriminación y necesidad que sufren el sector de los envejecientes.

El objetivo de la Seguridad Social es la mejora de las condiciones de vida de la población, su implementación no queda fuera del uso político que le otorga quienes controlan el Estado pues refuerzan las desigualdades existentes en la sociedad cuando, en vez de ser el vehículo de socorro en las contingencias de la vida, es la correa de transmisión de prebendas para los grupos con mayor poder de negociación.

La Seguridad Social es una política social sin características de interculturalidad aplicada, partiendo de un universo teórico uniforme no legisla particularidades culturales. Su filosofía o esencia pertenece al mundo capitalista en el que se desarrolla como política de Estado. Los derechos de los pueblos son por definición derechos que pertenecen a colectividades, no simplemente a individuos.

El Estado tiene un rol claro en la reducción de la pobreza. Su estructura y sus agentes, los gobiernos, tienen la potestad de obtener y redistribuir recursos para amortiguar el impacto de las desventajas sociales. La Seguridad Social como política social básicamente redistributiva debe ser un eje central a la hora de construir una sociedad más justa y para que ello sea posible es necesario trabajar sobre las formas de difusión de los derechos que aún siguen desconocidos por gran parte de la población.

La aplicación de la política de difusión de los derechos de la seguridad social que asisten a los pueblos originarios, tiene las dificultades burocráticas propias de una política social participativa que intenta romper circuitos clientelares de los organismos del Estado y sobre la que necesariamente hay que seguir interviniendo. 

Pensamos que hoy la relación entre seguridad social, derechos humanos y comunicación se centra en la disputa entre los diferentes proyectos sociales. Reiteramos se trata fundamentalmente del debate entre la inclusión y la exclusión. Como pasa actualmente en el sector de los envejecientes pensionados y jubilados.

El desafío que coloca la relación entre seguridad social, derechos humanos y comunicación puede argumentarse a través de varias figuras sociales que hoy condensan los desequilibrios sociales. 

La marginalidad y la exclusión son condiciones que se aprenden, se hacen piel, se hacen conducta y es violación de los derechos humanos. Nos parece imposible plantear el tema de la seguridad social, los derechos humanos y la comunicación, si no se lo acompaña de un previo trabajo que derrumbe los mecanismos legitimadores de la exclusión. Violando la Ley sectorial de esa clase.

Las EDE perdieron más de RD$3,000 millones en 2019

SANTO DOMINGO,R.D.- Las tres compañías públicas encargadas de distribuir y cobrar la electricidad en una parte impor- tante del país continúan registrando números rojos. La energía que compran sigue siendo superior a la que les cobran a los usuarios del servicio, y genera un déficit en sus cuentas.

La empresa distribuidora de electricidad del Sur (EDESur), la del Norte (EDENorte) y la del Este (EDEEste) acumularon deuda durante el año pasado por RD$3,061.9 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Durante el año pasado las EDE facturaron la suma de RD$87,667.3 millones en venta de energía, de la cual cobraron RD$84,605.4 millones, con un déficit de RD$3,061.9 millones para esas empresas estatales.

EDESur tuvo pérdidas en 2019 por RD$1,809.3 millones, al facturar venta de energía por RD$35,546 millones y cobrar RD$33,736.7 millones, un 5.09% del total. En tanto, EDENorte facturó energía por RD$27,320.2 millones en 2019 de los cuales cobró RD$26,610.5 millones, con lo que registró pérdidas por un valor de RD$709.7 millones, equivalentes a un 2.59% del total.

Perdió menos

Mientras, EDEEste registró una factura de venta de energía por RD$24,801.1 millones de los cuales cobró RD$24,258.2 millones, lo que generó un déficit de RD$542.9 millones, con un 2.18% del total de deuda de las tres empresas.

Al pasado mes de octubre de 2019, las EDE y la CDEEE acumulaban una deuda por un monto de US$584 millones (más de RD$30,898 millones) con los generadores miembros de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).

Más empleados

Aunque las tres empresas distribuidoras de energía estatales registraron pérdidas económicas durante el año pasado, en la cantidad de empleados ocurrió lo contrario.

En 2019 EDESur, EDEEste y EDENorte emplearon a 8,612 personas, cifra superior a los 8,301 que tenían en 2018, de acuerdo con las estadísticas de la CDEEE, lo que significa un aumento neto de 311 empleados, equivalente a un incremento de un 3.6%. EDEEste fue la institución que más incrementó su personal en términos porcentuales al pasar de 2,323 en 2018 a 2,483 en 2019, un total de 160 nuevos trabajadores, un alza de un 6.44%.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur pasó de 3,075 empleados en 2018 a 3,219 el año pasado, un total de 144 nuevos trabajadores, equivalente a un 4.47% más. Mientras EDENorte pasó de 2,903 empleados en 2018 a 2,910 el año pasado, para un porcentaje de 0.24%.

https://www.diariolibre.com/economia/las-ede-perdieron-mas-de-rd-3000-millones-en-2019-BH17016227

84.9% usuarios que pagan la luz reciben 24 horas

SANTO DOMINGO,R.D.- Los apagones parecen ser cosa del pasado, al menos en las estadísticas oficiales, para una parte considerable de los usuarios que pagan por el servicio de energía eléctrica en República Dominicana.

De los 2,208,952 clientes a los cuales las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) les cobraron por el servicio, durante el trimestre octubre-diciembre del año pasado, 1,875,336 recibieron 24 horas de energía.

Las cifras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) reflejan que el 84.9% de los clientes de EDESUR, EDEESTE y EDENORTE reciben el servicio de forma ininterrumpida.

En tanto, solo 336,616 de los clientes que pagaron su factura eléctrica no reciben el servicio 24 horas, equivalente a 15.1% del total.

EDENORTE es la que mayor cantidad de clientes 24 horas registra. Entre octubre y diciembre pasado la distribuidora tenía 831,085 usuarios que recibían el servicio ininterrumpido, equivalente a un 44.3% del total. La empresa tenía una cartera de 923,058 clientes cobrados.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur es la segunda con mayor número de clientes 24 horas, un 35.4%, equivalente a 664,899, según la CDEEE. De los 727,227 clientes a los cuales EDESUR le cobró por el servicio en el último trimestre de 2019, el 91.4% recibía la energía de forma ininterrumpida.

En tanto, solo un 20.2% de los clientes de EDEEste reciben 24 horas de energía eléctrica, equivalente a 379,352 usuarios.

Los que no pagan

La deficiencia en las cobranzas continúa siendo una barrera que las finanzas de las tres empresas públicas aún no superan, según reflejan las estadísticas de la CDEEE.

Al cierre del año pasado, 369,194 usuarios del servicio eléctrico no pagaron por este, con pérdidas para el Estado por US$240.7 millones.

EDESUR, EDEESTE y EDENORTE le facturaron el servicio a 2,527,237 de los cuales 2,158,043 pagaron por la energía servida.

https://www.diariolibre.com/economia/849-usuarios-que-pagan-la-luz-reciben-24-horas-EG16989904

Gobierno estudia otro proyecto para modificar el sistema de pensiones

SANTO DOMINGO,R.D..-El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista informó ayer que el Gobierno prepara un nuevo proyecto de modificación de pensiones para garantizar pensiones dignas a los dominicanos.

Ley actual y nueva

Del Río explicó que esas informaciones se la ofreció el Ministro de Economía y el de Trabajo en una reunión donde explicaron a los sindicalistas cómo la reciente aprobada Ley 13-20 reduce las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en RD$53 mil millones en los próximos 10 años.

Juan Ariel Jiménez explicó a EL DÍA que el esquema actual establecido en la Ley 87-01 de Seguridad establece que las AFP actualmente obtienen dos tipos de comisiones: la comisión administrativa y la comisión complementaria.

La primera es de una deducción del 0.5% del salario del trabajador, y la segunda es una comisión complementaria de “máximo treinta por ciento (30%) de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de depósitos de la banca comercial”.

Esto ha llevado a que las AFPs tengan ingresos por comisiones que han oscilado entre RD$5,000 y 9,000 millones cada año.

Sin embargo, aclaró que la la ley 13-20 promulgada por el presidente Danilo Medina el 7 de febrero del año en curso, elimina la comisión administrativa, y modifica la comisión complementaria de 30% a una única comisión sobre saldo administrado, cuyo porcentaje inicia en 1.2% y decrece cada ano hasta llegar a 0.75% en el 2029.

“Esto cambió completamente la forma de calcular las comisiones de las AFPs. En lugar de crecer de forma exponencial por la combinación de las dos comisiones, pasa a un crecimiento lineal por el efecto de una única comisión decreciente”, apuntó.

A modo de ejemplo, señaló que, en el año 2019, las AFP obtuvieron 9,780 mil millones de pesos en ingresos por comisión debido al esquema de dos comisiones que ha estado en vigencia durante todos estos años.

Explicó que sin ese período hubiera estado vigente el nuevo esquema creado mediante la Ley 13-20, los ingresos de esas entidad hubiesen sido de RS$6,222 millones, “o sea, hubieran ganado 3,557 millones de pesos menos, equivalente a una reducción de 36% de sus ingresos”, dijo.

Proyección a 10 años
Destacó que al comparar las comisiones que habrían tenido las AFPs con el esquema anterior y el actual, en los próximos 10 años los ingresos futuros de las AFPs se reducen RD$53 mil millones.

Respaldo

— ADFP
La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones confía en que con la nueva ley se pueda avanzar en el debate de otros temas que son de mayor relevancia.

https://eldia.com.do/el-gobierno-estudia-otro-proyecto-para-modificar-el-sistema-de-pensiones/

Limitaciones de Edesur EN las energías renovables

SANTO DOMINGO,R.D.- El director del Proyecto Transición Energética de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Clemens Findeisen, y el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable (Aseefeer), Carlos Janáriz, afirman que el reglamento de interconexión de la generación distribuida, que depende de la Ley 57-07, también debe ser actualizado, debido a la capacidad de producción de energía que tiene el país en la actualidad.

“En muchos países se han actualizado las leyes, adaptándose a las nuevas circunstancias, porque ahora existen nuevas soluciones tecnológicas que hacen posible una mayor penetración de las energías renovables, ya que son el futuro”, dice Findeisen.

Explica que el país tiene objetivos muy ambiciosos en cuanto al cambio climático, buscando aumentar a un 25% la participación de las energías renovables en la generación de energía eléctrica.

Afirma que la radiación solar y el viento son algunas de las ventajas que tiene República Dominicana. Señala que el país permite un máximo de generación de un 15% por circuito en la red troncal y el reglamento establece que si sobrepasa esa cantidad se debe hacer un estudio complementario, pero en otros países no existe ese límite, porque iría en contra de las políticas de descarbonización de la economía, es decir, bajar la producción con combustibles fósiles.

Findeisen asegura que para que el país pueda lograr los objetivos climáticos, es esencial la transición energética mediante una penetración máxima de las energías renovables variables en su matriz de generación.

El presidente de Aseefeer entiende que el reglamento debe ser modificado para que el 15% que establece sea amplíe y deje de ser un obstáculo para seguir produciendo energía.

Janáriz explica que hay muchos clientes que quieren poner paneles solares, pero que al momento de solicitar la estación, la distribuidora Edesur les niega la instalación alegando que el 15% de la demanda pico anual de la red troncal ya está en su máxima capacidad.

“Las distribuidoras han estado funcionando bien, menos Edesur, porque está devolviendo los proyectos de energía renovable, negando los proyectos a más de 180 empresas y residencias”, dice.

“Además, está impidiendo que se haga un estudio complementario como lo establece el artículo 18 del reglamento de interconexión de generación distribuida, el cual determinará si es necesario realizar mejoras al sistema de distribución eléctrica o cambios al diseño del sistema de generación del cliente, con el objetivo de lograr una interconexión segura y confiable”, añade Janáriz.

El informe de Irena también plantea la necesidad de abordar retos técnicos asociados con la integración de grandes cantidades de energía renovable variable en el sistema interconectado.

“Han de adoptarse un marco institucional y normativo robustos para proporcionar un entorno estable y atractivo y, por ende, conseguir las inversiones requeridas. Es necesario que el marco regulatorio permita que se pongan en funcionamiento los cambios requeridos en los procedimientos de planificación y operación del sistema eléctrico, incluyendo el mercado de electricidad. La finalidad de estos cambios debería ser la integración de un alto porcentaje de energías renovables variables”, establece el informe.

Desafíos

Findeisen afirma que la variabilidad del sol y el viento es uno de los desafíos que tienen las energías renovables en República Dominicana. Resalta que el país ha tenido éxito en los sistemas de pronósticos, ya que a su entender es muy importante hacer pronósticos para saber cuánta electricidad producen las generadoras de energía renovable.

Señala que la única forma de lograr una estabilidad en el sector eléctrico, es si se aprovechan los insumos que genera la electricidad de forma gratuita, como es el caso del sol y el viento.

“Para aprovechar esas fuentes de energía renovable variable, la GIZ quiere apoyar mediante un estudio concreto que establezca las medidas que hay que tomar para que se pueda incorporar la mayor cantidad de energías renovables, es especial la eólica y la fotovoltaica, porque son el futuro”, dice.

Explica que para vencer esos desafíos la Agencia de Cooperación Alemana desde un ente neutral, está apoyando a las instituciones y el sector privado mediante estudios que permitan tomar las decisiones adecuadas.

Proceso para Interconexión Simple

1. La capacidad agregada de todos los sistemas de generación renovable conectados en la misma red troncal, incluyendo el sistema de generación propuesto, no excederá el quince por ciento (15%) de la demanda pico anual de dicha red troncal. Esta demanda pico se determinará a la salida del alimentador en la subestación y corresponderá a la demanda máxima registrada en el alimentador durante los 12 meses previos a la fecha en que se recibe la solicitud de evaluación. El porcentaje de capacidad agregada mencionado en este literal, podrá ser modificado previo acuerdo entre los clientes y las empresas distribuidoras, siempre y cuando este acuerdo sea sustentado técnicamente.
2. El equipo estará aprobado por el distribuidor según el artículo 22, certificación y aprobación de equipos.
3. Estará basado en tecnologías de inversores, monofásicos con capacidad no mayor de 25 KW o trifásico con capacidad no mayor de 200 KW.
4. La capacidad agregada de los sistema de generación conectados a un transformador, incluyendo el sistema de generación propuesto, será menor o igual a la capacidad del mismo.
5. La capacidad agregada conectada al sistema de distribución eléctrica, incluyendo el sistema de generación propuesto, será menor o igual al uno por ciento (1%) de la demanda pico del sistema eléctrico del distribuidor en el que se interconectara el sistema de generación renovable. El porcentaje de capacidad agregada mencionado en este literal, podrá ser modificado previo acuerdo entre los clientes y las empresas distribuidoras, siempre y cuando este acuerdo sea sustentado técnicamente.
6. https://www.eldinero.com.do/98296/expertos-cuestionan-marco-regulatorio-de-las-energias-renovables-en-rd/

Expertos cuestionan marco regulatorio de las energías renovables en RD

SANTO DOMINGO,R.D.- Las energías renovables, en especial la solar y la eólica, ganan terreno dentro del sistema eléctrico de República Dominicana. Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), el país ocupa el primer lugar en la zona del Caribe en capacidad instalada para generar energía renovable de 1,184 MV a inicios de 2020, unos 167 MV (un 16%) más que en 2018.

Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a 2019 la inversión en proyectos de fuentes de energías renovables a gran escala ascendió a un monto superior a los US$530 millones. El año pasado la generación a base de fuentes primarias de energía renovables no convencionales, registró un incremento de 257.3 MV (un 85%) en la capacidad instalada, al pasar de 301 MV instalados a 2018 a 558.3 MV a 2019

Pese al crecimiento que han registrado las renovables dentro del sistema de generación, algunos expertos cuestionan el actual marco institucional y regulatorio.

Ángel Canó, director de la CNE, entiende que la Ley 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables data de 2007, requiere adaptar el marco regulatorio en aras de crear los escenarios regulatorios para la inserción de las nuevas tecnologías emergentes.

“En el país existe una política clara para impulsar nuevas inversiones en proyectos de fuentes renovables amigables con el medio ambiente. No obstante, se deben crear los escenarios regulatorios para la infraestructura de medición avanzada, movilidad eléctrica, generación flexible, entre otros”, dice.

El exdirector y actual vicepresidente de Irena, Adnan Z. Amin, plantea en el informe “Perspectivas de energías renovables: República Dominicana”, publicado en 2017, que el país debe establecer un marco regulatorio e institucional propicio para las renovables, así como incentivos financieros adecuados para atraer la inversión.

Afirma que con las medidas apropiadas, los recursos variables, como el sol y el viento, pueden ser integrados armónicamente a la red y el país puede aprovechar su vasto potencial de renovables.

“El despliegue acelerado de las renovables en el país, disminuiría los costos de la energía para los consumidores, estimularía la actividad económica y ayudaría a cumplir los compromisos climáticos internacionales alineados con el Acuerdo de París y fortalecería la seguridad energética”, asegura Amin.

https://www.eldinero.com.do/98296/expertos-cuestionan-marco-regulatorio-de-las-energias-renovables-en-rd/

Advierten “trampa” en nueva Ley de Seguridad Social en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Lejos de reducir las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como planteó el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Social, las AFP han visto solucionado el problema de la incertidumbre de los mercados financieros para obtener utilidades, ya que de ahora en adelante estas estarán aseguradas por el crecimiento que los fondos de pensiones experimentan cada año. Así lo interpreta Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, y autor del libro “Del negocio seguro a la seguridad social”.

La explicación de esta estrategia es muy sencilla: antes las AFP ganaban una comisión de 30% de lo que generaban los fondos de pensiones en los certificados de depósito de la banca privada, más un 0.5% del salario mensual cotizable del empleado. Con la nueva Ley 13-20, las ganancias de las AFP no dependerán de si los fondos generen o no ganancias, ya que serán de un 1.2% de los fondos administrados.

Estos fondos aumentan de manera sostenible cada año, alrededor de un 18% entre 2016 y 2019. El vicepresidente de la Fundación Juan Bosch estima que en igual medida aumentarán las ganancias anuales de las AFP a pesar de que el porcentaje bajará en diez años desde el 1.2% hasta un 0.75% según establece la ley.

De acuerdo a estos pronósticos, de RD$ 2,759.0 millones que ganaron en 2018, para 2029 estarían ganando RD$ 6,750 millones.

La buena noticia para las AFP es que el estancamiento en el aumento de sus ganancias anuales que pasaron de ganar RD$ 3,397.3 millones en 2014 a tan sólo RD$ 2,759.0 millones en 2018, ya no será un problema porque tendrán utilidades seguras según el crecimiento de los fondos de pensiones, en juicio del nieto del expresidente Juan Bosch.

En un simple cálculo vamos a comparar lo que ganaron las AFP en 2018 y lo que hubiesen ganado con el nuevo sistema. Como ya indicamos arriba, las ganancias en ese año fueron de RD$ 2,759.0 millones, pero si en vez de eso hubiesen ganado un 1.2% de los RD$ 471,048.91 millones de los fondos de los trabajadores, estas ganancias ascenderían a RD$ 5,652.5 millones de pesos. Esto representa  más del doble de ganancias.

Mientras esta nueva pieza legislativa fue elogiada por Gustavo Montalvo por supuestamente reducir las ganancias de las AFP, no se respondió al reclamo de las centrales sindicales de aumentar los montos de las pensiones que actualmente augura montos de RD$ 5,000 pesos para un empleado que devengue RD$20,000, según ellos mismos han denunciado.

Matías Bosch es experto en el tema de la Seguridad Social, tema sobre el que publicó el libro “Del negocio seguro a la seguridad social” en el que aborda en detalle el futuro de los trabajadores dominicanos bajo el régimen vigente de manejo de los fondos de pensiones.

Los datos presentados corresponden a su investigación en base a datos de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

https://hoy.com.do/advierten-trampa-en-nueva-ley-de-seguridad-social/