SANTO DOMINGO,R.D.- El sistema de
seguridad social es el instrumento más importante con que cuenta un Estado para
la protección de la población frente a enfermedades, al desempleo y la pérdida
de ingresos, la vejez, los accidentes laborales, y la discapacidad; es decir,
frente a algunas de las situaciones más difíciles por la que puede pasar una
persona y su familia.
Más aún, la seguridad social es una pieza importantísima en el esfuerzo por la
construcción de un proyecto colectivo de Nación porque su efectividad y
cobertura miden qué tan lejos llega el compromiso de toda la sociedad con cada
uno de sus miembros. En otras palabras, es la medida de la solidaridad
sistémica, lo cual influye a su vez en el compromiso que cada uno tiene con el
resto.
Es por eso que es de una enorme importancia encarar con el mayor sentido
crítico el decepcionante desempeño que ha tenido la seguridad social en el país
a lo largo de más de una década. Eso es lo que empieza a hacer Bernardo Matías
en su nuevo libro “El pecado original del Sistema Dominicano de la Seguridad
Social en salud” y que tuve el honor de presentar esta misma semana.
La corta y directa publicación parte de reconocer que la creación del sistema
ha significado un avance respecto a lo que existía antes porque incrementó de
manera significativa y en corto tiempo la cobertura, y porque superó la odiosa
exclusión que antes existía por razones de edad, género, condición de salud o
nivel de riqueza.
Sin embargo, Matías advierte que el sistema se dirige hacia una crisis
irreversible y sitúa sus causas en el hecho de que la lógica del lucro se ha
superpuesto sobre la misión central del sistema que es garantizar derechos
fundamentales. El “pecado original” fue la construcción de un híbrido
contradictorio en el marco de un Estado débil e incapaz para regular e imponer
el interés colectivo sobre el corporativo, que ha terminado creando una
situación de inviabilidad financiera, y en donde la protección efectiva sólo es
disfrutada por unos pocos.
Las evidencias más claras, dice Matías, es el derecho a veto efectivo que tiene
el sector privado en las decisiones de Estado más fundamentales en materia
regulatoria. Esto ha lesionado la autonomía del Estado para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de cada parte y la sostenibilidad financiera.
Esa insostenibilidad se debe básicamente a que los costos de SENASA superan sus
ingresos, por cuatro razones. Primero, el aporte per cápita para el régimen
subsidiado no ha sido ajustado en más de una década y hoy es apenas una quinta
parte del per cápita del régimen contributivo. Segundo, violando la ley, se le
ha desprovisto del aporte obligatorio de la empleomanía pública, incluyendo los
de la burocracia de altos salarios de ciertas instituciones, lo que hubiese
dado más espacio financiero para cumplir con su misión solidaria. Tercero, los
bajos salarios prevalecientes afectan seriamente las recaudaciones. Cuarto, el
número de dependientes que atiende es mucho más elevado que en las otras ARS,
la edad promedio es más alta y las afecciones de salud más frecuentes, y recibe
a afiliados con afecciones de salud más costosas que, por diversos mecanismos,
el sector privado descarta.
Junto a ello, como consecuencia de un pobre compromiso político, la red de
centros del Estado no mejora ni se descentraliza y no se fortalece el nivel
primario de atención lo que ahorraría muchos recursos y haría más efectiva la
atención. A la vez, no hay regulaciones y protocolos de prestación que mejoren
la calidad de la atención.
Y detrás de todo eso hay un mercado de trabajo que no genera empleos formales y
de calidad que permitan la entrada de mucho más personas a la seguridad social.
Bernardo Matías no se queda en la denuncia y apunta algunos de los cambios más
urgentes: una nueva representación con más peso del Estado; incrementar el
aporte per cápita del régimen subsidiado; eliminar los regímenes privilegiados
de instituciones públicas; encontrar mecanismos simplificados y de bajo costo
para integrar a las pymes; avanzar en la reforma de la gestión de red pública
e invertir en el primer nivel de atención, en salud colectiva y en hacer
cumplir los protocolos; y traspasar definitivamente a los pensionados y
jubilados al régimen contributivo.
www.elcaribe.com.do/2013/12/11/pecado-original-seguridad-social
El
sistema de seguridad social es el instrumento más importante con que
cuenta un Estado para la protección de la población frente a
enfermedades, al desempleo y la pérdida de ingresos, la vejez, los
accidentes laborales, y la discapacidad; es decir, frente a algunas de
las situaciones más difíciles por la que puede pasar una persona y su
familia.
Más aún, la seguridad social es una pieza
importantísima en el esfuerzo por la construcción de un proyecto
colectivo de Nación porque su efectividad y cobertura miden qué tan
lejos llega el compromiso de toda la sociedad con cada uno de sus
miembros. En otras palabras, es la medida de la solidaridad sistémica,
lo cual influye a su vez en el compromiso que cada uno tiene con el
resto.
Es por eso que es de una enorme importancia encarar con
el mayor sentido crítico el decepcionante desempeño que ha tenido la
seguridad social en el país a lo largo de más de una década. Eso es lo
que empieza a hacer Bernardo Matías en su nuevo libro “El pecado
original del Sistema Dominicano de la Seguridad Social en salud” y que
tuve el honor de presentar esta misma semana.
La corta y directa
publicación parte de reconocer que la creación del sistema ha
significado un avance respecto a lo que existía antes porque incrementó
de manera significativa y en corto tiempo la cobertura, y porque superó
la odiosa exclusión que antes existía por razones de edad, género,
condición de salud o nivel de riqueza.
Sin embargo, Matías
advierte que el sistema se dirige hacia una crisis irreversible y sitúa
sus causas en el hecho de que la lógica del lucro se ha superpuesto
sobre la misión central del sistema que es garantizar derechos
fundamentales. El “pecado original” fue la construcción de un híbrido
contradictorio en el marco de un Estado débil e incapaz para regular e
imponer el interés colectivo sobre el corporativo, que ha terminado
creando una situación de inviabilidad financiera, y en donde la
protección efectiva sólo es disfrutada por unos pocos.
Las
evidencias más claras, dice Matías, es el derecho a veto efectivo que
tiene el sector privado en las decisiones de Estado más fundamentales en
materia regulatoria. Esto ha lesionado la autonomía del Estado para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada parte y la
sostenibilidad financiera.
Esa insostenibilidad se debe
básicamente a que los costos de SENASA superan sus ingresos, por cuatro
razones. Primero, el aporte per cápita para el régimen subsidiado no ha
sido ajustado en más de una década y hoy es apenas una quinta parte del
per cápita del régimen contributivo. Segundo, violando la ley, se le ha
desprovisto del aporte obligatorio de la empleomanía pública, incluyendo
los de la burocracia de altos salarios de ciertas instituciones, lo que
hubiese dado más espacio financiero para cumplir con su misión
solidaria. Tercero, los bajos salarios prevalecientes afectan seriamente
las recaudaciones. Cuarto, el número de dependientes que atiende es
mucho más elevado que en las otras ARS, la edad promedio es más alta y
las afecciones de salud más frecuentes, y recibe a afiliados con
afecciones de salud más costosas que, por diversos mecanismos, el sector
privado descarta.
Junto a ello, como consecuencia de un pobre
compromiso político, la red de centros del Estado no mejora ni se
descentraliza y no se fortalece el nivel primario de atención lo que
ahorraría muchos recursos y haría más efectiva la atención. A la vez, no
hay regulaciones y protocolos de prestación que mejoren la calidad de
la atención.
Y detrás de todo eso hay un mercado de trabajo que
no genera empleos formales y de calidad que permitan la entrada de mucho
más personas a la seguridad social.
Bernardo Matías no se queda
en la denuncia y apunta algunos de los cambios más urgentes: una nueva
representación con más peso del Estado; incrementar el aporte per cápita
del régimen subsidiado; eliminar los regímenes privilegiados de
instituciones públicas; encontrar mecanismos simplificados y de bajo
costo para integrar a las pymes; avanzar en la reforma de la gestión de
red pública e invertir en el primer nivel de atención, en salud
colectiva y en hacer cumplir los protocolos; y traspasar definitivamente
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