La reducción de los recursos hídricos disponibles conllevará períodos de sequía más frecuentes y duraderos. La obtención de agua potable y para saneamiento será más complicada. También escaseará el agua para la agricultura y la ganadería, así como para la generación de energía eléctrica y otros usos productivos.
El 12 de diciembre pasado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a todas las naciones declarar el Estado de Emergencia Climática hasta que se alcance la neutralidad de las emisiones de carbono.
Explicó que tras cinco años de la aprobación del Acuerdo de París el mundo no va en la dirección correcta, ya que no se están cumpliendo sus compromisos y los niveles de dióxido de carbono están alcanzando niveles récord.
La crisis climática, al expresar un proceso mundial y continuo de destrucción de las condiciones naturales y sociales de la producción y de la vida, se ha constituido en el aspecto principal de una crisis sistémica que arropa el planeta.
Los impactos de esta crisis son particularmente severos en los Pequeños Estados Insulares como la República Dominicana, cuyas vulnerabilidades frente a los eventos climáticos extremos se han acentuado en las últimas décadas.
Nuestra situación es grave si se considera el creciente deterioro ecológico, consecuencia de un modelo de crecimiento basado en la sobrexplotación de los recursos naturales y en la concentración de la riqueza, que profundiza la desigualdad social y la pobreza, con un impacto sobre recursos y hábitats naturales.
Uno de los sectores más afectados es el hídrico. El aumento de la temperatura global modifica el comportamiento de océanos y ciclos de agua. Al alterarse este toda la vida se ve afectada. Los mayores desastres producidos en el mundo en los últimos años fueron el resultado de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos atmosféricos extremos relacionados con el agua.
La reducción de los recursos hídricos disponibles conllevará períodos de sequía más frecuentes y duraderos. La obtención de agua potable y para saneamiento será más complicada. También escaseará el agua para la agricultura y la ganadería, así como para la generación de energía eléctrica y otros usos productivos. La penuria de agua afectará la sostenibilidad y supervivencia de numerosas especies y ecosistemas.
Se impone la adopción de medidas decididas para mitigar el cambio climático. En primer lugar, la descarbonización de las economías eliminando el uso de los combustibles fósiles y optar de manera clara y definida por las energías renovables.
También se hace imprescindible la adaptación efectiva al cambio climático. Esta pasa por una gestión de los recursos hídricos que permita asegurar la resiliencia climática y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En República Dominicana hay 17 zonas productoras de agua, localizadas en los principales sistemas montañosos: la Cordillera Central concentra la mayor cantidad de ellas; allí nacen alrededor de 709 cauces de ríos y arroyos. El país posee unas 118 cuencas hidrográficas y el mayor número de lagos y lagunas de las Antillas.
En mayo de 2015 el Observatorio Nacional del Agua decidió racionalizar el uso del agua ante la sequía extrema que mantenía la mayoría de las presas en rojo. La escasez de agua potable venía afectando al país desde 2013 y provocó una disminución de un 80 % del agua que se utiliza para el sistema de riego.
Entre los impactos adversos se debe destacar el incremento de la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos con el riesgo de inundaciones, deslizamientos y erosión; presión sobre los sistemas de drenaje; sedimentación en zonas propensas, así como la ampliación de las sequías.
Se ha observado que el comportamiento de la lluvia ha influido en la ocurrencia de huracanes o tormentas tropicales más frecuentes, potentes, destructivos e imprevisibles.
A estos fenómenos se suman aquellos provocados más directamente por la acción humana como la deforestación y destrucción de hábitats naturales, la extracción de materiales de construcción de los cauces de los ríos y su contaminación, la explotación indebida de acuíferos subterráneos, la destrucción de manglares y corales.
De acuerdo a las previsiones la temporada de secas (de diciembre a abril), se intensificará hacia los años 2050 y 2070. Los modelos coinciden en que se producirá una disminución en la lluvia total de hasta 50 % respecto a los valores históricos en las provincias Independencia, Puerto Plata, San Juan y Santiago. Habrá disminuciones de entre 10 y 30 % en Samaná, La Altagracia, Barahona, Hato Mayor y el Distrito Nacional.
Al mismo tiempo podría producirse un aumento súbito en la lluvia total acumulada tanto hacia 2050 como a 2070. Se prevé incrementos de más del 100 %, principalmente en Barahona y San Juan.
La precipitación total anual hacia 2050 disminuirá un 15 % al promediarla en todo el territorio nacional, agravándose a valores de 17% hacia 2070, en comparación con los valores históricos de 1961-1990.
Con el agravamiento de la situación climática será necesario tomar medidas de adaptación de hondo calado y su preparación no espera. La sensibilización y la movilización consciente de la ciudadanía son insoslayables dentro de este contexto.
La preservación de las cuencas hidrográficas, el pago por servicios ambientales, el tratamiento adecuado de los desechos sólidos en todos los municipios es imperioso para la salvaguarda del agua y de la vida.
De la misma manera, la protección de las aguas blancas es esencial para la conservación de las aguas azules. La contaminación de los ríos destruye las playas y las costas. Los corales y los manglares son fundamentales para la preservación de nuestras aguas costeras.
Ante la disminución significativa de las precipitaciones habrá que establecer sistemas de ahorro y eficiencia en el uso del agua en todos los ámbitos.
Las agencias prestadoras de servicios de agua potable se enfrentan a retos en la planificación y operación de los servicios, como son la incertidumbre de los niveles de oferta y demanda, la satisfacción de los sectores no servidos actualmente, el incremento en la población urbana, el envejecimiento de la infraestructura y la creciente competencia por los recursos hídricos.
Se impone el establecimiento de un plan de ahorro y eficiencia en el ciclo urbano del agua, lo que implica mejorar las captaciones; optimizar las líneas de tratamiento, mejorar la red de distribución, eliminar fugas, establecer sistemas de ahorro en los hogares, regular el riego de jardines.
En el campo del saneamiento y estaciones depuradoras deberán realizarse esfuerzos en materia de optimización, teniendo en cuenta que la disminución del abasto de agua obligará al incremento del rendimiento para lograr la mayor reutilización de agua posible.
El cambio climático obligará a tomar medidas con relación al uso del agua en la agricultura. Con el aumento de las temperaturas se producirá un incremento en las necesidades hídricas de las plantas.
Se deberá promover políticas de uso conjunto de agua y suelo impulsando una agricultura de conservación y adaptación basada en ecosistemas. Se tendrá que revisar y reforzar las políticas forestales, la inversión en investigación, impulsar la agricultura orgánica, aumentar el apoyo técnico y financiero a los productores.
Será fundamental, además, trabajar en la diversificación de los cultivos, el fomento de la agricultura urbana, la protección de hábitats de polinizadores, y el pago por servicios ambientales.
Con el cambio climático, la humanidad se encuentra en un trance crucial, por lo que el desafío es inmenso. Las formas de organización social y productiva que han prevalecido están llamadas a ser transformadas. Ello es esencial para preservar el agua y la vida.
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