SANTO DOMINGO,R.D.- La entrada en vigencia del primer nivel de atención, y con ella, la eliminación del copago por consultas; el aumento del monto de los subsidios por enfermedad y lactancia; la reducción de las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones, así como el fortalecimiento de las entidades supervisoras y fiscalizadoras del sistema, son algunas de las bondades del proyecto de reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, que redundarán en beneficio de los afiliados.
Así lo considera el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Mateo Rosa, quien afirma que la actualización de la normativa ha seguido un proceso de socialización con todos los sectores involucrados (empresarial, sindical y gremial), cuyos representantes han presentado sus recomendaciones a la espera de que en una próxima reunión, bajo la coordinación del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se decida cuáles se incorporarán al proyecto que se someterá al Congreso.
El funcionario revela que la gobernabilidad del sistema de Seguridad Social, especialmente lo relativo a la eliminación del veto, ha sido uno de los puntos más críticos de las discusiones, por la oposición tajante del sector empresarial.
En ese sentido, Chanel Rosa rebate el argumento de los empresarios, quienes alegan que si ellos pagan la Seguridad Social deben preservar el derecho a los mecanismos de selección. “Frente a ese argumento hay que decir dos cosas importantes: primero, ellos no pagan la seguridad social, la seguridad social la paga el consumidor (...) ellos son agentes de retención de ese costo, si fuese así, igual tendrían entonces ellos que tener representación en el Gobierno porque pagan impuestos”.
Asimismo, agrega que es poco ético que los empresarios pretendan incidir en el órgano regulador, como es el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para proponer y seleccionar a los superintendentes, tanto de Salud como de Pensiones, que los van a supervisar y regular.
También deplora que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se opongan a que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) supervisen los planes voluntarios de salud. “Hay que supervisarlos, porque son planes de salud en un mercado donde la gente casi no tiene información, o muy poca información y alguien tiene que regularlo, y alguien tiene que mirarle la letra pequeña a los contratos para decirle al ciudadano, mire, usted lo puede comprar, pero recuerde que si usted tiene un problema preexistente no se lo va a cubrir, entonces eso le corresponde a la Sisalril”.
Sostiene que actualmente el afiliado se encuentra atrapado entre las ARS y los prestadores de servicio de salud, lo que justifica que la Sisalril regule la relación entre prestadores y aseguradores.
“Si se leen las distintas posiciones de los sectores, cada quien está reivindicando su sector, no ha habido de ninguno de los sectores una visión integral del tema, sino que cada quien ve donde presumiblemente la reforma puede afectarle, y ahí es que tiene que entrar el Estado como garante de los derechos fundamentales del ciudadano, porque un sistema de seguridad social no es un sistema que debe tomar en cuenta solo los agentes, sino y fundamentalmente a la población”.
Atención primaria reduciría gastos
Al conversar con elCaribe, el director de Senasa también defendió la entrada en vigencia de la Atención Primaria a la que se opone el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), argumentando que no hay un sistema de Seguridad Social en el mundo que no esté basado en el primer nivel de atención.
“Cuando el doctor Waldo Suero refiere que perderían el 80% de las consultas que no irían a los especialistas, está diciendo dos cosas: primero, que ese 80% se puede resolver en un primer nivel de atención y segundo, que su interés está en los médicos y no en los afiliados”.
Asegura que en este nivel, los afiliados no tendrían que pagar copago en las consultas y que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, tendrían garantizado su medicamento completo todos los meses de acuerdo a la dosis prescrita.
Asimismo, dijo que esos centros para ser habilitados por la Sisalril y el Ministerio de Salud deberán contar con un médico familiar, un internista, un ginecoobstetra y un pediatra. “Lo que no se resuelva ahí, iría a un segundo nivel, eso no quita el tema de la libre elección, porque si tu quieres ir a tu médico, vas y simplemente pagas la diferencia”, dice.
El funcionario revela que según estudios, el 25% de los afiliados del régimen contributivo están yendo a los hospitales públicos porque no pueden hacer el copago. “Entonces, ese proyecto está pensado en esa parte de la población que es la inmensa mayoría de los afiliados”. La ley también dispone la creación del Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que prevé incrementar las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aumenta la capacidad recaudatoria y de supervisión de la Tesorería de la Seguridad Social e integra a la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) al CNSS con derecho a voz.
Así lo considera el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Mateo Rosa, quien afirma que la actualización de la normativa ha seguido un proceso de socialización con todos los sectores involucrados (empresarial, sindical y gremial), cuyos representantes han presentado sus recomendaciones a la espera de que en una próxima reunión, bajo la coordinación del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se decida cuáles se incorporarán al proyecto que se someterá al Congreso.
El funcionario revela que la gobernabilidad del sistema de Seguridad Social, especialmente lo relativo a la eliminación del veto, ha sido uno de los puntos más críticos de las discusiones, por la oposición tajante del sector empresarial.
En ese sentido, Chanel Rosa rebate el argumento de los empresarios, quienes alegan que si ellos pagan la Seguridad Social deben preservar el derecho a los mecanismos de selección. “Frente a ese argumento hay que decir dos cosas importantes: primero, ellos no pagan la seguridad social, la seguridad social la paga el consumidor (...) ellos son agentes de retención de ese costo, si fuese así, igual tendrían entonces ellos que tener representación en el Gobierno porque pagan impuestos”.
Asimismo, agrega que es poco ético que los empresarios pretendan incidir en el órgano regulador, como es el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para proponer y seleccionar a los superintendentes, tanto de Salud como de Pensiones, que los van a supervisar y regular.
También deplora que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se opongan a que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) supervisen los planes voluntarios de salud. “Hay que supervisarlos, porque son planes de salud en un mercado donde la gente casi no tiene información, o muy poca información y alguien tiene que regularlo, y alguien tiene que mirarle la letra pequeña a los contratos para decirle al ciudadano, mire, usted lo puede comprar, pero recuerde que si usted tiene un problema preexistente no se lo va a cubrir, entonces eso le corresponde a la Sisalril”.
Sostiene que actualmente el afiliado se encuentra atrapado entre las ARS y los prestadores de servicio de salud, lo que justifica que la Sisalril regule la relación entre prestadores y aseguradores.
“Si se leen las distintas posiciones de los sectores, cada quien está reivindicando su sector, no ha habido de ninguno de los sectores una visión integral del tema, sino que cada quien ve donde presumiblemente la reforma puede afectarle, y ahí es que tiene que entrar el Estado como garante de los derechos fundamentales del ciudadano, porque un sistema de seguridad social no es un sistema que debe tomar en cuenta solo los agentes, sino y fundamentalmente a la población”.
Atención primaria reduciría gastos
Al conversar con elCaribe, el director de Senasa también defendió la entrada en vigencia de la Atención Primaria a la que se opone el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), argumentando que no hay un sistema de Seguridad Social en el mundo que no esté basado en el primer nivel de atención.
“Cuando el doctor Waldo Suero refiere que perderían el 80% de las consultas que no irían a los especialistas, está diciendo dos cosas: primero, que ese 80% se puede resolver en un primer nivel de atención y segundo, que su interés está en los médicos y no en los afiliados”.
Asegura que en este nivel, los afiliados no tendrían que pagar copago en las consultas y que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, tendrían garantizado su medicamento completo todos los meses de acuerdo a la dosis prescrita.
Asimismo, dijo que esos centros para ser habilitados por la Sisalril y el Ministerio de Salud deberán contar con un médico familiar, un internista, un ginecoobstetra y un pediatra. “Lo que no se resuelva ahí, iría a un segundo nivel, eso no quita el tema de la libre elección, porque si tu quieres ir a tu médico, vas y simplemente pagas la diferencia”, dice.
El funcionario revela que según estudios, el 25% de los afiliados del régimen contributivo están yendo a los hospitales públicos porque no pueden hacer el copago. “Entonces, ese proyecto está pensado en esa parte de la población que es la inmensa mayoría de los afiliados”. La ley también dispone la creación del Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que prevé incrementar las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aumenta la capacidad recaudatoria y de supervisión de la Tesorería de la Seguridad Social e integra a la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) al CNSS con derecho a voz.
Sin salarios buenos no habrá pensiones buenas
Mateo Rosa dice que es muy difícil mejorar las pensiones bajo un Sistema de Capitalización Individual como el que impera en el país, pues para hacerlo deberían mejorarse los salarios y la base de cotización, razón por la cual el Gobierno plantea la reducción de las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Afirma que se trata de un sector oligopólico que ha ganado RD$20 mil millones durante la vigencia de la ley, mientras los cotizantes tendrán que retirarse con apenas el 22% de su salario. Dijo que personalmente se inscribe en el sistema mixto que contempla el reparto y la capitalización individual, mediante el cual toda la población tendría acceso a una pensión básica y aquellos que así lo deseen, opten por una pensión complementaria bajo la gestión de las AFP.
Recordó que de siete países que tienen el régimen de capitalización, Argentina y Bolivia lo han derogado y Chile y El Salvador están en ese proceso.
Recordó que de siete países que tienen el régimen de capitalización, Argentina y Bolivia lo han derogado y Chile y El Salvador están en ese proceso.
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