Recientemente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE) anunció el proyecto de instalación de paneles
fotovoltaicos en las entidades públicas, con el propósito de atenuar la
factura eléctrica global de estas al menos en un 30%, ó 245 Gwh por
año.
Al asumir este proyecto tan oportuno como coherente, la CDEEE ha
aprovechado el abaratamiento de los costos de esta tecnología, la cual
ha sufrido reducciones importantes que han coincidido con un aumento de
su eficiencia, impactando ambas cosas favorablemente en los costos de
inversión, induciendo así un crecimiento del uso de la misma
exponencialmente en diferentes aplicaciones.
Esta tecnología es particularmente beneficiosa en las regiones
geográficas como la nuestra que reciben radiación solar durante el año
del orden de 5 Kwh/m≤/día; a fin de incorporarla gradualmente al sector
público bajo un nuevo paradigma de sostenibilidad energética.
Con esta medida, se propone sustituir parcialmente energía costosa
generada con una cesta de combustibles en la que todavía predominan los
derivados del petróleo en un 43% y que producen además un lesivo pasivo
ambiental; por energía más barata, limpia y abundante; contribuyendo
además a fomentar la independencia energética de un país como el nuestro
dependiente del uso de combustibles importados y su secuela negativa en
la economía nacional.
No hay dudas respecto a la pertinencia de esta iniciativa que además
es coherente, en su visión macro, con las políticas relativas al cambio
de la matriz energética promovida por el emporio estatal;
correspondiendo a los lineamientos que sobre política energética ha
trazado el Gobierno central.
Por el lado del consumo, entendemos debían retomarse con el debido
énfasis los programas de ahorro y eficiencia energética en estas
instituciones públicas en virtud del impacto favorable de los mismos en
el proceso de recuperación de las inversiones. La Comisión Nacional de
Energía CNE tiene un rol importante en esta fase, en el sentido de que,
con los resultados de las auditorias energéticas realizadas, continúe
incorporando las medidas y prácticas que permitan mejorar los niveles de
racionalidad en el consumo de energía eléctrica. Resulta oportuno
reseñar que la CNE coordina y da seguimiento al tema con un interlocutor
en cada entidad pública que tiene la función de gestor energético.
En la medida en que cada institución gestione eficientemente el uso
de la energía eléctrica, el impacto beneficioso en la matriz energética
se amplía, permitiendo la liberación de recursos (que ahora se usan para
el pago del “consumo de la luz”) para el repago de las inversiones en
el ramo o como capital para otros proyectos.
Entendemos que en el ámbito de las consideraciones técnicas macro,
deberán recibir atención especial los asuntos relativos a la corrección
del factor de potencia de los sistemas eléctricos de las instituciones,
con la instalación de los bancos de capacitores que se requieran en cada
caso, la rehabilitación de las redes eléctricas y los accesorios
asociados a éstas, como los dispositivos de seguridad y protección. El
estado general de los equipos de mayor consumo, tales como unidades de
aire acondicionado, bombas y calentadores de agua deben revisarse a los
fines de mantenerlos en buenas condiciones.
Los procesos de conservación energética como los citados a
continuación: el ajuste de la temperatura en las unidades de aire
acondicionado, la limitación de la presión de agua de los sistemas de
distribución interna del fluido, en unión a la corrección de fugas,
constituyen medidas operacionales de fácil adopción con impacto
favorable en el balance del consumo, que en adición a la inducción de
una cultura de racionalización en el uso de los equipos eléctricos por
los funcionarios, empleados y usuarios marcará la diferencia.
Por otra parte, resulta pertinente enfatizar una política relativa a
los procesos de selección de los equipos eléctricos que requieran
sustitución con criterios asociados a sus perfiles de consumo: en el
caso de las unidades de aire acondicionado, la tecnología Inverter tiene
características de menor consumo, en el caso de las luminarias, las
opciones de bajo consumo, incluyendo tecnología LED, resultan las más
convenientes y con respecto a los equipos electrónicos de las redes
informáticas y de servicio sería recomendable seleccionarlos acorde con
el consumo especificado en su placa, confirmado por instituciones
especializadas como la UL de los EE.UU. entre otras. La adquisición de
equipos que no cumplan con las características de consumo eficiente
debería evitarse.
Los beneficios de esta iniciativa que también persigue la
conservación de la energía, el uso eficiente de la misma y la
incorporación de las energías renovables, no se limitarán solamente a
las consideraciones de tipo económicas para las instituciones, si no que
tendrán un balance positivo en la generación de un menor pasivo
ambiental local; contribuyendo además al desarrollo de una economía con
menor huella de carbono más eficiente y menos dependiente del uso de
combustibles fósiles; que facilitarán el cumplimiento de los compromisos
asumidos por la República Dominicana en el marco de las metas de
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero causantes del
calentamiento global.
De lograrse las proyecciones de la CDEE, en el sentido de sustituir
245 GWH por año, estamos hablando de una reducción de 85,750 T.M. de CO2
equivalente (gases de efecto invernadero) que se dejarían de emitir;
permitiendo que la República Dominicana continúe entre los países de
menor emisión de gases que contribuyen al cambio climático.
http://www.listindiario.com/economia/2015/08/10/383640/paneles-fotovoltaicos-en-las-instituciones
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