27 de abril de 2015 - 12:08 am - 0 Comentarios
No puede ninguna disposición entregar en concesión el uso del agua, porque estamos ante un bien público inembargable y no puede ninguna “autoridad” o instancia decir sobre lo que es de todos y todas.
“El acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental”
SANTO DOMINGO,R.D.-La ciudadanía debe estar alerta y defender su derecho al acceso al agua, esperemos que el próximo golpe del Partido de la Liberación Dominicana contra la población, no sea la privatización del agua, en su práctica de la apropiación del patrimonio público vía la trasferencia al sector privado o multinacionales, como ya ocurrió con las empresas públicas, en el sector eléctrico, minería, las tierras de vocación agrícola y ahora el agua, un bien público camino a su privatización.
En los actuales momentos cursan en el Congreso Nacional dos iniciativas uno el Proyecto de Ley General de Aguas y el Proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento, ambas iniciativas impulsadas por organismos internacionales, con la colaboración de los legisladores Heinz Vieluf, Adriano Sánchez Roa, Carlos Castillo y Félix Nova.
Los referidos Proyectos de Ley presentan algunas inconsistencias, ligerezas y debilidades que de producirse su aprobación, violentaría la función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la protección y garantía del acceso al agua potable.
Las iniciativas legislativas para privatizar el agua en la República Dominicana, soslayan y obvia en su fin el artículo 15 de nuestra Constitución que indica claramente que los recursos hídricos, como el agua, “constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso y el artículo 61 numeral 1 también establece claramente que “el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas y el acceso al agua potable”.
Es precisamente por esas disposiciones constitucionales la ciudadanía debe prestar especial atención a las referidas iniciativas legislativas y a su intencionalidad, tomando en cuenta la naturaleza del agua, debido a que la propuesta en estudio en el Congreso Nacional revela que toda persona física o jurídica puedan comercializar con este bien público, convirtiéndose en una característica básica en el camino de la privatización del agua.
De la lectura del Proyecto de Ley se desprende que el Estado tendrá la opción de otorgar derechos a beneficiarios particulares para el uso del agua y para esos fines crea la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA) con las competencias y funciones para otorga permiso de concesión para el uso y aprovechamiento del agua.
Cuando en este proyecto se refiriere a las concesiones, esto es un alerta importante porque nos indica que serán contrato de derecho administrativo en virtud de los cuales se confiere a los beneficiarios, público o privado el derecho de utilizar el dominio público hídrico, existiendo el riesgo de concesionar uno de nuestros acuíferos, presas, canales, ríos, aguas subterráneas a empresas nacionales o internacionales.
El problema que conduce la aprobación de ese proyecto como está concebido, creado y presentado, conllevaría a privatización del agua, como sucedió en el pasado con otro servicios públicos y hoy sufrimos las consecuencias, nueva vez nos encontramos ante un Estado privatizador y que no garantiza los servicios básicos y los bienes públicos de la población.
No puede ninguna disposición entregar en concesión el uso del agua, porque estamos ante un bien público inembargable y no puede ninguna “autoridad” o instancia decir sobre lo que es de todos y todas.
Para las transnacionales y las instituciones financieras internacionales el agua es un bien económico-comercial, como el petróleo, y puede ser vendido o comprado, pero para la población el acceso al agua es una necesidad vital.
Aprovechamos para recordar a los legisladores proponente y defensores de los proyectos privatizadores del agua que, la Asamblea General de las Naciones Unidas pronunció una resolución que establece que “el acceso a fuentes de agua potable y segura, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos fundamentales”.
En ese sentido, también la Convención sobre el Derecho al Agua indica la obligación de los Estados de respetar y abstenerse de cualquier acción o política que interfiera con el disfrute del agua como un derecho humano. La República Dominicana debe proteger el agua y no transferir a las corporaciones nacionales o trasnacionales el disfrute de ese derecho natural e inherente al ser humano, como lo es el agua.
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene la obligación de ejecutar y adoptar medidas dirigidas a la protección del agua como bien público protegido y descartar su intensión con los Proyectos de Ley que se conocen en el Congreso Nacional, que conlleva a la privatización y transferencia al sector privado de uno de nuestros recursos naturales más preciado, llamamos la atención de los demás legisladores sobre este particular.
Los Ciudadanos/as dominicanos no podemos admitir, ni aceptar la aprobación de un Proyecto de Ley que bajo la influencia de organismos españoles, conduzca a la privatización del agua, bajo el diseño de la concesión de usos privativos de este bien público, veamos otros países, donde la administración pública continúa siendo la propietaria del agua.
Sobre esa base vamos a construir nuestro propio sistema y norma, para regular el dominio público hídrico, garantizando que siempre será un bien público, como lo estableció las Naciones Unidas que es un derecho humano indispensable, que debe ser considerado un bien social, cultural y no un producto básico de carácter económico.
Por este camino nos conducimos a lo que nunca se ha hecho…
http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8243661-el-agua-camino-a-la-privatizacion-2/
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