sábado, 4 de enero de 2020

Evaluación del 2019 del sector envejecientes: pensionados y jubilados en RD (1de 2)



Por: Héctor González Vargas
SANTO DOMINGO,R.D.- La débil protección social en pensiones que se evidencia en Rep. Dominicana, con la existencia de un sistema fragmentado y de insuficiente e inequitativa cobertura de la población envejeciente.
Y eso lo refleja el monto de la pensión respecto al último salario devengado por la persona, lo que se denomina “tasa de reemplazo”, es muy baja, lo cual significa una reducción drástica de los ingresos para la persona jubilada.
La proporción de la población con 60 años de edad y más se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de las últimas décadas. Según los últimos censos nacionales de población y vivienda, para el año 1981 el 3.7% de la población había cumplido 65 años, lo cual aumentó al 4.5% en 1993, al 5.6% para el 2002 y al 6.3% para el año 2010.
Se estima que para el año 2014, la población envejeciente (mayor de 60 años o más) alcanza 919,416 personas, o 9.3% del total de habitantes en el país1 . A 2015 este grupo etario representaría el 9.5% de la población, lo que aumentaría en 2020 al 26.5% en el electorado.
Este panorama refleja que cada año que se va y cada año nuevo este sector de envejecientes pensionados/jubilados representa malas huellas y experiencias, en la República Dominicana, en términos de garantizar a la persona envejeciente el ejercicio real de sus derechos sociales y la oportunidad de vivir una vida prolongada, saludable y digna.
Respecto a la protección social de la persona envejeciente, existe en el país un marco legal que le confiere formalmente derechos de protección social a los/las adultos/as mayores en el país.
La limitación de este marco es que las autoridades del sector, violan su aplicación, porque tratan a este sector como mendigos y no como un ente de la sociedad que reclama el cumplimiento de la LEY.
La ley 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente y su reglamento 1372-04 definen como persona envejeciente a “toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad, o de menos, que debido al proceso de envejecimiento experimente cambios desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material”.
En adición, la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, describe como finalidad del Sistema de Pensiones “reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia”.
Asimismo, más recientemente, el artículo 8 de la Constitución dominicana promulgada en 2010 llama a “la protección efectiva de los derechos de la persona” y en su artículo 60, habla sobre el derecho a la igualdad social y al “acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”. Pero LOS ORGANISMOS DEL ESTADO son los primeros que violan esas leyes.
La mayoría de personas envejecientes que reciben una pensión fueron las afiliadas bajo el anterior Sistema de Reparto (leyes 379-81 y 1896-48) y el 77.4% de éstas recibe pensiones equivalentes a la mínima, las cuales son financiadas por el Estado a través del Ministerio de Hacienda.
Según la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del referido Ministerio, amparados bajo la Ley 379-81, a Diciembre 2014, recibieron pensión un total de 112,818 personas, de las cuales el 91.3% son adultos mayores, es decir, que hay 102,972 personas envejecientes pensionadas en el país bajo el Sistema de Reparto o un 11.2% del total estimado de envejecientes para ese año.
Pero según HEPEJCODEEE,  un estudio realizado por HEPEJCODEEE con datos suministrados en la última memoria del 2017 que aparece en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda,aparece que el 84.6% del universo de pensionados/jubilados(147,611) viven por debajo de la línea de la pobreza, que podría llamarse dentro del rango de la miseria.
Donde el 47% equivalente a 69090 pensionados/jubilados ganan al mes alrededor de RD$ 5117.50, el 8.8% equivalente a 12,990 p/j ganan RD$10,000/mes; el 18.1% representan la cantidad de26,717.5(10.7)% ganan RD$20,000-30000/MES.
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viernes, 3 de enero de 2020

El sector eléctrico dominicano carece de transparencia en su servicio y en su gestión


SANTO DOMINGO,R.D.- El cinco de diciembre pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) emitió un comunicado de prensa en el que informó que las empresas de distribución de energía, Edenorte, Edesur y Edeeste formalizaron la cesión sus derechos sobre la Central Punta Catalina, para facilitar su constitución como empresa generadora estatal

Desde la entrada en vigor de esa “formalización”, las acciones de la Central Punta Catalina pertenecen en un 99.2% a la CDEEE, que desde que entró en vigor plenamente la Ley No.100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, pasó a convertirse en “la administradora de todas las empresas del sector energético donde el estado dominicano es propietario o socio mayoritario”.
Un Largo retraso institucional
Sin embargo, aunque podría ser un error por falta de la actualización de la página web, a la fecha de hoy la CDEEE se presenta, funcionalmente, “como órgano regulador de la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en la República Dominicana”.
Un rol que, si bien desempeñó hasta el pasado no muy lejano, en el presente parece estar en conflicto con los mismos términos con los que la Superintendencia de Electricidad define su misión institucional. En su página dice que es: “Ente regulador del subsector eléctrico dominicano, que tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad”.
Pero en su declaración del cinco de diciembre, la CDEEE se presenta como lo que en desde hace unos meses se transformó: “La administradora de todas las empresas del sector energético donde el Estado Dominicano es propietario o socio mayoritario”.
Otra institución que ocupa la cima del organigrama institucional del sector energía y minería, es el Ministerio de Energía y Minas. En su misma ley fundacional, la 100-13, se le atribuye que en “su calidad de órgano rector del sistema”, le corresponde la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minera.
Así, la definiciones de múltiples roles aparentemente similares del sistema de energía eléctrica pasa a ser una gran galimatía, expresión que es posible considerar acorde con la que es una historia de décadas de apagones, pérdidas, deudas, inversiones fallidas, montos inimaginables de subsidios, y muchas denuncias de corrupción y contradicciones.
En ese contexto, el sector está en ciernes de dar un paso fundamental en un proyecto de generación, considerado trascendental, aunque muy polémico, en la capacidad de generación y sostenibilidad financiera del sector eléctrico.
El miércoles 4 de diciembre, las tres empresas estatales de distribución de energía realizaron asambleas extraordinarias para ceder sus acciones, en la Central Punta Catalina, a la CDEEE y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fomper).
Una operación que genera rechazos
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que la cesión se produce para facilitar la constitución de la sociedad comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTCP). Y revela que, para las adquisiciones de acciones, para lo cual se realizó un aporte capital de US$622 millones, los adquirentes deberán asumir una deuda de US$1,750.9 millones, con lo que se completaría los US$2,372.9 millones invertidos en esa central a carbón.
En reacción a ese anuncio de Hacienda, el analista Juan Llado, calificó la operación como “otro gran desatino”, y que enmascarando y escondiendo costos, promete un impacto positivo en las finanzas públicas “aun cuando se crea una importante deuda”.
Destacó en un artículo fechado el 9 de diciembre pasado, que los adquirientes (que son estatales) asumirán una deuda de US$1,750.9 millones, como parte de la operación de traspaso de las acciones, y que entonces tanto la CDEEE como el Fomper “asumirían ese balance como una deuda con el Estado”.
Mientras que este 26 de diciembre, el ingeniero Antonio Almonte, experto en temas de energía y director ejecutivo de la Comisión de Energía del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno, estima que la verdadera inversión realizada por el Estado en la construcción de la Central Punta Catalina es de más de US$3,000 millones, y “no US$2,500 millones, como ha dicho el Ministerio de Hacienda”.
Afirmó que, de acuerdo a la propuesta de venta anunciado, una vez compradas, la CDEEE venderá el 50% de sus acciones, por un precio de US$308,5 millones, a un inversionista privado que “se quedaría con la administración y control” de la central, que ya le ha constado al país más de los 3,000 millones de dólares que estima.
Se recuerda que según declaraciones de Jaime Aristy Escuder, administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ofrecidas el jueves 19 de septiembre de este año, se estima que los beneficios de la Central Punta Catalina sean de 240 millones de dólares al año.
Y agrega que el actual gobierno ha decidido que la diferencia entre los 622 millones y los 2,500 millones, ascendente a 1,878 millones de dólares sea registrado como una deuda de la nueva sociedad privada con el Estado dominicano, para ser pagada en 30 años.
El sector eléctrico, galimatías de hechos y palabras que nacen de ambiciones e intereses políticos, y que generan dudas y oscuridad en la iluminación eléctrica de todo un país.
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jueves, 2 de enero de 2020

Hacienda en Catalina

SANTO DOMINGO,R.D.- La causa efectiva de que se difundan y repitan tantas cifras diferentes sobre la inversión total hecha por el Gobierno en Punta Catalina es la ausencia de un informe único y oficial sobre esa cuenta.
En cualquier Estado mínimamente institucionalizado los ciudadanos tendrían a su disposición un informe oficial preliminar de inversiones, con detalles y frecuente actualización. Pero, lamentablemente, los responsables de la obra y ejecutores de su presupuesto, la CDEEE, la administración de Punta Catalina y el Ministerio de Hacienda no lo han hecho.
Por esa razón, cuando el Presidente Medina afirma – como lo hizo en su discurso improvisado el pasado  martes 17 – que la venta de las acciones de Punta Catalina se hará para “recuperar la inversión”, la primera pregunta que surge es: ¿cuál inversión señor Presidente? ¡explíquela!
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decretado, sin ninguna demostración ni detalles, que lo invertido en la central asciende a 2,500 millones de dólares (anteriormente había informado que hasta mediado de octubre la inversión sumaba 2,373 millones). Los 2, 500 millones solo incluye los 1,945 millones del contrato de Odebrecht, más cerca de 555 millones adicionales por inversiones extras derivadas de la extensión por más de dos años del periodo de construcción. La finalización estaba contratada para octubre 2017.
El grave error de Hacienda es que deja fuera un importantísimo renglón de costos que sin embargo ha pagado también la CDEEE en Catalina: los costos del dueño.
Si en Hacienda se revisara el Informe Investigación Especial sobre Punta Catalina hasta diciembre del 2017, aprobado por la Cámara de Cuentas mediante la  Resolución No. AUD-2019- 09, encontraría que del total de inversiones realizadas por el Gobierno hasta la fecha indicada, el 77% correspondía a pagos al contrato de Odebrecht y el restante 23% a gastos de la CDEEE en Punta Catalina pero fuera del contrato. A eso es que universalmente se le denomina en ingeniería costos del dueño.
En el informe de la Cámara de Cuentas los costos del dueño a 2017 sumaban aproximadamente 400 millones de dólares. Si se agregan los intereses pagados de 2017 a a diciembre 2019, así como otros gastos de la CDEEE fuera del contrato durante el retraso, tendríamos un gran total de más de tres mil millones de dólares…, aunque resulte duro asimilarlo.
https://acento.com.do/2019/opinion/8763469-hacienda-en-catalina/
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miércoles, 1 de enero de 2020

Pensiones en República Dominicana: ahorrar toda la vida plagado de desigualdad social


Cuando el año cero de las pensiones llegue a la República Dominicana, en 2033, alrededor de un 15 % de la población tendrá edad para retirarse, pero no muchos podrán. Las tres décadas de ahorro para más de 1.7 millones de ciudadanos se convertirán en menos de la cuarta parte del último ingreso que recibieron, y eso si lograron los aportes suficientes durante su vida laboral para alimentar sus cuentas de capitalización individual.
Esa tasa de reemplazo de 22 % que recibirían los cotizantes por sus fondos de pensiones es un cálculo de analistas, no hay una estimación oficial que precise cuánto recibirá en promedio cada trabajador. La respuesta desde la Superintendencia de Pensiones (Sipen) es que todo depende del caso. “No existe una única tasa de reemplazo para los pensionados por vejez del sistema dominicano de pensiones”, indicaron desde esa institución a través de Acceso a la Información. Hace siete años la entidad dejó de publicar la tasa de reemplazo de los afiliados a los fondos de pensiones. Para entonces, era de 36 % en promedio.
Pero Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01, que dio origen al sistema de seguridad social dominicano, tiene clarísimo el panorama: una persona que gana un salario de 20,000 pesos al mes se retirará con una pensión por vejez de apenas 6,000 pesos por sus 30 años cotizados en su cuenta de capitalización individual, y no es seguro que ese ahorro alcance hasta el día de su muerte. “Todos los sistemas de pensiones están en crisis”, zanjó.
La crisis de la seguridad social ya ha sido alertada. El propio superintendente de Pensiones, Ramón Contreras, señaló que hay que buscar una solución, pero que la salida debe ser legislativa. “Este es un sistema de capitalización individual que se alimenta de nuestros aportes y de los del empleador, de modo que, si aportamos poco y ahorramos poco en nuestra vida laboral, ya sea por bajas cotizaciones o por la intermitencia laboral, por la informalidad, la elusión y la evasión, al final los montos de retiro serán escasos”, dijo Contreras.
Agregó que es la Ley 87-01 la que establece la edad de retiro, así como los aportes de los trabajadores y la parte que corresponde al empleador, de manera que, si se quiere jugar con esos elementos para incrementar las pensiones del futuro, hay que concretar un cambio legal.
La normativa vigente indica que para pensionarse por vejez el afiliado debe haber cumplido 60 años de edad y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses.
“Los aportes están determinados por la ley 87-01, y para variarlos hay que variar la ley”. Dijo que por ello desde el año pasado operan mesas de trabajo que intentan resolver el entuerto de un sistema de pensiones que está en crisis y ni siquiera ha comenzado a operar en su totalidad. Se trata de una instancia gubernamental y de otra privada y laboral para discutir sobre la seguridad social, “porque este es un tema tripartito y entre los tres debemos tomar las previsiones necesarias para que las pensiones puedan ser suficientes, dignas y garanticen la felicidad de los dominicanos cuando lleguen al fin de su vida laboral”, zanjó.
Pero esa solución de aumentar la edad de jubilación y la cotización no alcanza para todos. La única forma de lograr esa pensión de RD$6,000 pesos a la que se refiere Díaz Santana es si el afiliado cotiza ininterrumpidamente durante 30 años al sistema. No puede quedar desempleado por mucho tiempo ni trabajar en un pequeño emprendimiento informal o por su cuenta.
Rafael Ortiz, un hombre de 68 años de edad que ha laborado de forma independiente toda su vida, no tiene más opción que trabajar hasta que ya no pueda más. Para él no hay pensiones. “Me he pasado la vida trabajando, pero ya llegó un momento en que no puedo hacerlo como antes. Los independientes no tenemos pensiones, no tenemos nada. Cuando a mi se me acabe el dinero que tengo ¿qué es lo que me queda? Morir”, dice.
Y su drama va más allá del tema de las pensiones. Ortiz, quien hace cuatro años sufrió un derrame cerebral, tiene una póliza de seguro que le cubre lo justo. Por su edad, una aseguradora se lo pensaría dos y tres veces para aprobarle un plan de salud, así que debe mantenerse con el que tiene, que no le cubre las consultas médicas y le reconoce una pequeña porción de los 30,000 a 40,000 pesos que gasta cada mes solo en medicinas.
Aunque el caso de Ortiz revela la realidad del trabajador informal —que es más del 50 % del mercado laboral— en el mundo de las pensiones, la vulnerabilidad también abarca a los cotizantes del sistema de seguridad social. Díaz Santana explicó que el seguro de vida, para el que se aporta 1 % del salario cotizable del trabajador, perime cuando éste cumple 65 años de edad. No lo dice la norma 87-01, sino que esta y otras limitaciones se añadieron luego a los reglamentos que, señalan varios expertos, desdibujaron el sentido de la normativa marco de la seguridad social.
“Esos reglamentos no responden a las neccesidades de los trabajadores, porque fueron hechos para beneficiar a las empresas”, dijo Díaz Santana.
La paradoja salarial
De acuerdo a los datos que publicó la Sipen en su boletín enero-marzo de este año, los salarios de los trabajadores se van incrementando a medida que se acercan sus años de retiro, con lo que los aportes más altos a los fondos de pensión ocurren justo cuando la vida laboral está a punto de terminar.
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En la actualidad el salario cotizable de los más jóvenes del mercado laboral es, en promedio, de apenas RD$13,157 y el aporte que llega a la cuenta de capitalización individual por esa remuneración es de RD$1,052 al mes. El nivel salarial va avanzando poco a poco, pero no de forma contundente, de manera que cuando los trabajadores alcanzan su edad de jubilación es que registran sus salarios más altos. En la actualidad los mayores de 60 años de edad tienen un salario cotizable de RD$47,931, que se traducen en poco más de RD$3,800 mensual en aporte al fondo de pensión.
El problema no es solo que los salarios son bajos —y por ende, los aportes a las cuentas de capitalización individual—, y que la esperanza de vida aumenta cada vez más, con lo que se necesitan cotizar más años para cubrir esos años adicionales de vida. El estudio “Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?” presentado en conjunto por la fundación chilena Sol, la dominicana Fundación Juan Bosch y la organización no gubernamental internacional Médicos del Mundo, señala que la rentabilidad que genera el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —que manejan los ahorros de los cotizantes de pensiones— supera con creces la rentabilidad que se obtiene para los fondos que éstas administran.
“En particular, entre 2004 y 2015, el negocio de las AFP registró una rentabilidad anual promedio sobre su patrimonio de 35,8%, mientras la rentabilidad real anualizada de los fondos ha sido de 4,98%”, señala el reporte.
Y, en todo caso, ese dinero que recibirán los pensionados en realidad comprará muy poco.
En el caso hipotético de una persona que se retira del mundo laboral a los 60 años para vivir de su fondo de pensiones, ¿cuánto podría cubrir de sus gastos? Según el Banco Central de la República Dominicana, el costo de la canasta familiar era de RD$30,832.30 en julio pasado, de manera que una persona que se retira en la actualidad apenas si podría cubrir un tercio del costo de vida. La última vez que el ente emisor presentó una encuesta sobre el gasto en los hogares, en el año 2007, la porción de los egresos familiares que se iba en alimentos era de 21.4 %, en transporte se gastaba 17.3 % del gasto mensual, 10 % en vivienda, 6 % en salud, un 5 % en prendas de vestir y calzado, un 3 % en comunicaciones, y el porcentaje restante en educación, recreación, restaurantes y servicios diversos.
Las pensiones no alcanzarán para cubrir ni un tercio de los gastos básicos de un ciudadano
https://www.diariolibre.com/economia/pensiones-en-republica-dominicana-ahorrar-toda-la-vida-para-seguir-trabajando-FG14037893
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lunes, 30 de diciembre de 2019

Las AFP logran rentabilidad de más RD$5,000 millones en el tercer trimestre



SANTO DOMINGO,R.D.- No otorgan 60% de pensiones por sobrevivencias y el 30% por discapacidad
Al mes de septiembre del moribundo año que ya llega a su final, dos cosas se repiten en el sistema de pensiones dominicano de capitalización individual, que ya son bien sabidas, e igual, bien olvidadas. La desigual y escandalosa rentabilidad, entre lo mucho que reciben las administradoras de fondos de pensiones, en comparación con lo recibido por los llamados y supuestamente protegidos del sistema, los afiliados, que tienen por futuro un destino de precarias pensiones a partir de sus retiros.

La otra cosa: la negación persistente de derechos a muchos familiares consistente en recibir las pensiones de sobrevivencias y discapacidad por la muerte o incapacidad para trabajar relacionadas con sus parientes afiliados.
En el boletín de tercer trimestre del 2019, divulgado por la Superintendencia de Pensiones, se observa las siete administradoras de fondos de pensiones que son habilitadas para operar en el sistema. Son estas la Atlántico, JMMB-BDI, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra.
Las dos primeras (Atlántico y JMMB-BDI) son de más reciente inicio en sus operaciones en el mercado dominicano, por lo que sus rentabilidades corporativas son muy bajas o negativas. La primera registró una utilidad neta, con relación a sus ingresos totales de 6.1%, y la segunda una pérdida 71.0%, también con relación a sus ingresos.
En tanto, sobre las de mayor longevidad en el mercado, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra, en conjunto sus ingresos sumaron cerca de RD$9,559,1 millones, y su rentabilidad neta alcanzó un poco más de RD$5,193.1 millones, lo que significa que el monto conjunto de sus utilidades netas representó el 54.3% del total de lo ingresado. O sea, es como si usted invierte un monto determinado para un negocio, y en siete meses ha recuperado más de la mitad del capital.
La Superintendencia de Pensiones incluye recientemente dos tipos de rentabilidades en su boletín, el económico y el financiero. El primero, el ROA, consiste en la rentabilidad sobre los activos; y el segundo, el ROE, mide la rentabilidad sobre el capital invertido.
Exceptuando a la AFP JMMB-BDI, que reciente ingresó al mercado y por tanto aún registra pérdidas, todas las restantes tienen rentabilidades positivas para ambos indicadores. En el caso de la ROE, la más baja es la de la AFP Atlántico (10% en ROE, y 6% en ROA). El resto varía entre 38% a 65% en la de la ROE; y 33% a 60% en la de la ROA.
En contraste, la rentabilidad promedio ponderada de los fondos de capitalización individual (CCI), a septiembre, fue de 10.75%.
Esto significa que las administradoras de fondos de pensiones pudieron alcanzar rentabilidades sobre los activos y sobre el capital invertido superior en hasta seis veces lo que les abonan a las cuentas de sus afiliados.
La otra cara
Como otra cara de la moneda, también es otro negocio muy lucrativo para las AFP y las compañías de seguros.
Al 30 de septiembre de 2019, los afiliados discapacitados, que antes de serlo, contribuyeron con aportes obligatorios de sus salarios a sus cuentas individuales, realizaron 17,570 pensiones por discapacidad. Solo las recibieron 12,212 discapacitados, equivalente al 69.5%.
Mientras que, sobre el caso de los afiliados fallecidos, sus familiares realizaron 22,570 solicitudes de pensiones de sobrevivencias. Solo fueron otorgadas 9,206, lo que equivale al 40.4%.
Sobre el casi 60% restante, es como un mundo de “almas muertas” al estilo novelesco de Nikolái Gógol, sobre la vida rusa rural y profunda de mediados del siglo XIX. Era un negocio comprar almas muertas, en la novela de Gógol, pues valían porque aun muertas sus nombres estaban inscritos en los registros de la propiedad, y eran un medio para inflar la posición social.
Pero en contraste, en el mundo moderno de los fondos de pensiones, la negación de las pensiones de sobrevivencias resulta un medio para inflar la posición financiera de las gestoras de esos fondos, y por demás, eso también infla la posición social.
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domingo, 29 de diciembre de 2019

Afiliados de la ARS Salud Segura pasarán al SeNaSa a partir del primero de enero


SANTO DOMINGO,R.D.-.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó este jueves el traspaso de la cartera total de afiliados y pensionados de la ARS Salud Segura a favor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), correspondiente al Régimen Contributivo, con efectividad a partir del primero de enero.
En un comunicado firmado por Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos  Laborales,la institución indica que la medida obedece al cumplimiento de lo establecido por el Articulo 36 de la Ley No. 397-19, de fecha 30 de septiembre del presente año.
«En cumplimiento de la referida disposición legal, se ejecutará el traspaso de la cartera total de pensionados, afiliados a ARS Salud Segura, a favor del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), beneficiarios del Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda, creado mediante el Decreto No,. 342-09, de fecha 28 de abril de 2009 y el Decreto No. 2013-10, de fecha 15 de abril de 2010, con efectividad a partir del día primero de enero de 2020», establece el comunicado.
Señala que en consecuencia, el Seguro Nacional de Salud garantizará la continuidad de cobertura de las carteras de afiliados transferidas y será la ARS responsable de las autorizaciones y pago de los servicios que se generen a partir del día primero del mes de enero.
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sábado, 28 de diciembre de 2019

Director de Jubilaciones y Pensiones cita logros institucionales durante celebración de aniversario


SANTO DOMINGO,R.D.-La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) celebró este viernes su 13 aniversario en medio, afirmó, de diversos logros institucionales a favor de las personas beneficiadas con el derecho a una pensión.

Al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, el director general de la institución, German Nova Heredia, hizo un breve recuento de todas las iniciativas logradas durante el 2019 a favor de los más de 150 mil jubilados y pensionados civiles y de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, indicó que entre las conquistas obtenidas en el 2019 están la implementación del Plan Transitorio de Servicio de Salud para Jubilados y Pensionados, creado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, a principio del año en curso.
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viernes, 27 de diciembre de 2019

Un estudio alerta de que el aumento de la tasa de obesidad incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero


MADRID.- Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda han alertado de que el aumento de las tasas de obesidad entre la población está incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos los organismos que necesitan oxígeno para vivir producen dióxido de carbono como resultado de los procesos metabólicos. La producción total de dióxido de carbono de cualquier especie está relacionada con la tasa metabólica promedio, el tamaño corporal promedio y el número total de individuos de la especie.
En este sentido, las personas con obesidad producen más dióxido de carbono a partir del metabolismo oxidativo que las que tienen un peso normal. Además, el mantenimiento de pesos corporales mayores requiere la producción y el transporte de más alimentos y bebidas a los consumidores. Del mismo modo, el transporte de personas más pesadas se asocia con un mayor consumo de combustibles fósiles.
Esto da como resultado emisiones adicionales de dióxido de carbono relacionadas con los procesos de producción y transporte de alimentos. "Este estudio deja en claro que pagamos un alto precio por dificultar el acceso a la atención para la obesidad. La obesidad no solo afecta a la salud de las personas que la padecen, sino que cuando no se trata también puede contribuir a problemas ambientales", han dicho los expertos.
Para evaluar el impacto de la obesidad en el medio ambiente, utilizaron las definiciones estándar de obesidad (índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado) y peso normal (índice de masa corporal menor de 25). Hicieron cálculos de la emisión adicional de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) del aumento del metabolismo oxidativo, el incremento de la producción y el consumo de alimentos, así como el aumento del combustible utilizado para transportar el mayor peso corporal de las personas con obesidad.
En comparación con una persona con peso normal, los investigadores descubrieron que un obeso produce 81 kilogramos adicionales de emisiones de dióxido de carbono por tener un metabolismo más alto y 593 kilogramos adicionales por un mayor consumo de alimentos y bebidas. En general, la obesidad se asoció con aproximadamente un 20 por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a las personas con peso normal.
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miércoles, 25 de diciembre de 2019

Un Panorama de las Pensiones en America Latina y el Caribe

“Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe” presenta por primera vez un amplio rango de indicadores para la comparación de los diseños de los sistemas pensiona - les en 26 países de América Latina y el Caribe. Los indicadores son comparables con los de los países de la OCDE y miembros seleccionados del G-20, publicados por la OCDE. Este reporte fue preparado de manera conjunta por los equipos especializados en pen - siones de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la División de Política Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, y el De - partamento de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial (BM). El equipo principal es - tuvo conformado por Ángel Melguizo (OCDE, previamente BID), David Kaplan (BID), Robert Palacios (BM), Andrew Reilly (OCDE), Carolina Romero (BM) y Edward Whitehouse (OCDE). Múltiples funcionarios de los Ministerios de Trabajo, Ministerios de Protección Social, Ministerios de Hacienda y autoridades pensionales de los 26 países de América Latina y el Caribe realizaron aportes activos e invaluables para el estudio, confirmando y validando los perfiles de los países en la gran mayoría de los casos. Queremos hacer un reconocimiento especial a los aportes de Camila Mejía (BID) y Brooks Evans (consultor, Banco Mundial), el efectivo diálogo liderado por Nathyeli Acuna y Ana Paula Sánchez (BID), y el apoyo a lo largo de todo el proceso del Sector de Conocimiento y Aprendizaje del BID, en particular de María Nelly Pavisich. El informe se ha beneficiado de los comentarios de muchos otros funcionarios nacio - nales y colegas, en especial Mariano Bosch, Santiago Levy, Carmen Pagés-Serra y Norbert R. Schady del BID; John P. Martin, Monika Queisser, Stephano Scarpetta y Anne Sonnet de la OCDE; y Fiona Stewart, Rafael Rofman, Gonzalo Reyes y Phillip O’Keefe del Banco Mundial. Los modelos pensionales de la OCDE, que forman la base de los indicadores de los de - rechos a pensión, utilizan los modelos APEX ( Analysis of Pension Entitlements across Countries ) desarrollados por Axia Economics


 Resumen ejecutivo E l mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad la mayo - ría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es la baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión. Por lo tanto, los esfuerzos por cerrar la brecha en términos de cobertura, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas, están en el centro del debate sobre la política de pensiones en la región. Sin embargo, estas políticas podrían plantear desafíos fiscales significativos en las próximas décadas debido a que la población envejece. La segunda parte del libro presenta tres indicadores principales que describen las condiciones demográficas relevantes para la política de pensiones: las tasas de fecundidad, la esperanza de vida y las tasas de dependen - cia en la vejez. Posteriormente, la tercera parte del libro ofrece una comparación sistemática de los diseños de sistemas a lo largo de los países que utilizan el estándar de la tipología del Panorama de Pensiones de la OCDE y la presentación de una serie de indicadores clave de adecuación,  incluyendo  las  tasas  de  reemplazo  bruta  y  neta  en  función  del  género  y  de  la riqueza de la pensión en los diferentes niveles de ingresos. Finalmente, la última parte pre - senta los perfiles de cada sistema de pensiones en América Latina y el Caribe en términos de estructura, reglas y parámetros 

Pensiones sociales 
La  expansión  de  las  pensiones  no  contributivas  (también  conocidas  como  “pensiones sociales”) o transferencias monetarias orientadas a las personas de la tercera edad es un fe - nómeno global 11 , presente sobre todo en América Latina. Rofman et al, (2013) documentaron este reciente fenómeno para 10 países de la región, que en conjunto representan más del 90% de la población de ALC. La tabla 1.4, que se basa en dicho estudio, ilustra los cambios de políti - ca más importantes de las dos últimas décadas y muestra claramente el patrón de expansión reciente de estos programas no contributivos. Todos los programas, en sus diversas formas, buscan aumentar la proporción de perso - nas de la tercera edad que reciben transferencias del gobierno. En Bolivia, existe una pensión universal cuyo monto se reduce para aquellas personas que reciben pensiones contributivas. En Venezuela y en México, la elegibilidad es contingente al hecho de recibir o no una pensión. 
República Dominicana
 Banco Central de Republica Dominicana, http://www.bancentral.gov.do Ley 87-01 artículos 15, 83 y 95. Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto, DIGEPRES, 2010, informe de Ejecución. Presupuestaria del Gobierno Central 2010. Oficina Nacional de Estadística (2011), República Dominicana en Cifras 2011. Secretaría de Estado de Trabajo, Consejo Nacional de Seguridad Social, Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Socia 


Escrito por OECD, Inter-American Development Bank, The World Bank 
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martes, 24 de diciembre de 2019

Frustración del presidente por el sector eléctrico y su desempeño


SANTO DOMINGO,R.D.- El Presidente de la Republica improvisó un discurso en la inauguración del gasoducto Caucedo San Pedro de Macorís, en el que expresa su enojo y frustración con los resultados y desempeño en el sector eléctrico en sus siete años y medio de gestión gubernamental.
Dice el Presidente, y con sobrada razón, que la situación hoy día está peor, ya que a pasar del esfuerzo y sacrificio fiscal para el Gobierno que ha representado transferir al sector eléctrico mas de trece mil millones de dólares.
La culpa del descalabro financiero del sector eléctrico de que hoy día la situación esté peor, no es culpa de las personas que formulan criticas constructivas a las ejecutorias del Gobierno en el sector eléctrico, sino que se deben al exceso de gastos corrientes y empleados en las distribuidoras y la CDEEE, a las altas perdidas de energía de las distribuidoras y a la muy deficiente gestión de los funcionarios correspondientes, quienes a pesar de manejar tan cuantiosos recursos económicos, la situación hoy este peor, según las propias palabras pronunciadas por el Presidente.
Según esos mismos funcionarios, con mil millones de dólares se resuelve el problema de las pérdidas en el sistema de distribución, y a pesar de que esos funcionarios han manejado transferencias del Gobierno por unos trece mil millones de dólares, según las palabras del Presidente, el problema de las pérdidas en la distribución y el déficit financiero del sector eléctrico sigue igual o peor.
El discurso refleja la frustración del Presidente, pero esa frustración en vez de volcarla hacia los críticos de la forma en como se ha ejecutado la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la misma debe ser dirigida y enfocada hacia los funcionarios con responsabilidades en el sector eléctrico.
Posiblemente, esos mismos funcionarios, fueron los que le vendieron la idea al Presidente, de que era mejor cancelar, sin ninguna explicación ni justificación, la licitación en marcha que había iniciado Celso Marranzini en el 2011 y que se encontraba en su fase final, para contratar hasta 1,500 Mw de nueva generación, sin que el Estado tuviera que erogar un solo centavo. Esa licitación se canceló sin llegar a evaluar las ofertas y dicha cancelación se hizo sin dar tampoco ninguna explicación al respecto.
Al producirse la cancelación abrupta y unilateral de la licitación promovida por la administración de Celso Marranzini, es cuando el Estado toma la decisión de desarrollar con recursos propios a Punta Catalina. La decisión del Estado de involucrarse en la construcción de Punta Catalina es la consecuencia directa de la cancelación unilateral, abrupta y sin explicación, de la licitación de potencia y energía que dejó Celso Marranzini.
Esos mismos funcionarios fueron los que dijeron que Punta Catalina costaría 1,500 millones de dólares, sin tomar en cuenta los gastos que tenía que realizar el Estado fuera del contrato EPC (supervisión, personal CDEEE, asesores -legales, financieros, ambientales, técnicos-, estudios, intereses y comisiones financieras durante construcción, pago prima seguro riesgo país. etc.).  Lo gastado a la fecha, proyectando los resultados de la auditoria de la Cámara de Cuentas, supera los tres mil millones de dólares y contando.
El rol regulador del Estado es a través del regulador del mercado eléctrico y ese regulador se llama Superintendencia de Electricidad.
El Estado no regula los precios de generación ni el sector eléctrico construyendo activos de generación.
La planta AES Andrés de 300 Mw a gas natural, se instaló en el país fruto de un proceso de licitación convocado por las distribuidoras en el 2001, donde AES Andrés resultó ser la empresa que ofertó el precio de energía más barata.
La licitación del 2001, trajo como consecuencia la introducción del gas natural en la República Dominicana, con la instalación de los 300 Mw de AES Andrés, la conversión a gas natural de los 230 Mw de Los Minas V y VI y la instalación de la terminal regasificadora de gas natural en Andrés, inversiones que totalizaron más de 600 millones de dólares y que fueron realizadas en su totalidad por el sector privado, sin que el Estado Dominicano tuviera que erogar un solo centavo y sin que tuviera que otorgar garantía soberana.
Después del 2001, prácticamente no se realizaron licitaciones de energía, en consecuencia, el sector privado no podía arriesgarse a instalar nueva generación si previamente no se producían las licitaciones de energía por parte de las distribuidoras, que produjeran contratos de compra de energía a un plazo de diez (10) o quince (15) años.
Sin contratos de venta de energía, resulta muy difícil, por no decir prácticamente imposible para el sector privado, obtener financiamientos a tasas de interés razonable y competitivas.
Las empresas privadas que han instalado plantas de energía renovables, eólica y solar, lo han hecho por que han conseguido contratos de venta de energía con la CDEEE o con usuarios no regulados (UNR).
El sector privado invierte cuando de por medio existen licitaciones de energía que producen contratos de venta de energía. Sin licitaciones ni contratos de venta de energía, es prácticamente imposible que el sector privado invierta en nueva generación.
La conversión del parque de generación de San Pedro de Macorís, que incluye las centrales de Cogentrix, Quisqueya I y II, Sultana del Este y Los Orígenes, se ha podido realizar, por que la CDEEE, violando la Ley General de Electricidad, ha otorgado contratos grado a grado, sin licitación, a las empresas generadores que han decidido convertir sus plantas de generación para utilizar gas natural como combustible en lugar de derivados del petróleo.
Si la CDEEE no firma esos contratos que son violatorios de la Ley General de Electricidad, no se hubiera producido la conversión a gas natural del parque de generación de San Pedro de Macorís.
Para el Estado Dominicano poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina, como pretende el Gobierno, previamente la empresa creada, Central Termoeléctrica Punta Catalina, deberá haber firmado un contrato de venta de potencia y energía con las distribuidoras. Si ese contrato previo de venta de potencia y energía con las distribuidoras no se firma, prácticamente será imposible poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina.
Se afirma que no había gas natural para Republica Dominicana, pero desde el 2002 en Republica Dominicana se está utilizando gas natural para producir electricidad y se importa desde Trinidad Tobago.
No hay gas natural para República Dominicana, pero apareció para Panamá en el 2015 cuando AES gano una licitación para instalar una central de 380 Mw a gas natural, la cual entro en operación comercial desde mediados del 2018 y desde entonces opera con gas natural importado desde los Estados Unidos de Norteamérica (EUA).
¿Es EUA el único productor de gas natural en el mundo? Claro que no. ¿Y Trinidad y Tobago, Catar, Rusia, Países Árabes, Algeria, etc., no son países productores y exportadores de gas natural? Claro que sí y eso se puede comprobar fácilmente con el auxilio de Wikipedia en el siguiente enlace que muestra el listado de terminales exportadoras y receptoras de gas natural en el mundo. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_LNG_terminals
El enojo y frustración del Presidente es entendible y atendible y tiene todo el derecho y razón en expresarlo públicamente, pues con ese dinero desperdiciado transferido al sector eléctrico, son muchas las obras que pudo haber realizado.
Pero el Presidente erró en el blanco de su enojo y frustración. Debió apuntar hacia sus propios funcionarios del sector eléctrico. Ellos son los responsables.
https://acento.com.do/2019/opinion/editorial/8761955-frustracion-del-presidente-por-el-sector-electrico-y-su-desempeno/
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