Una nueva tarifa eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) reclamó a la Superintendencia de Electricidad (SIE) dictar la resolución fijando una nueva tarifa eléctrica para los usuarios no regulados, en la que se refleje la reducción en el precio internacional del petróleo y sus derivados.
Además a esta tarifa se debe agregar el cambio de matriz de generación, que ha ido pasando al uso de gas natural, el viento y la solar, cuyo costo de compra es inferior al del petróleo y sus derivados.
Fundecom recordó que el art. 114 de la Ley 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, general de electricidad, establece que la tarifa eléctrica se fijará en base a análisis de costos, los cuales se han reducido en forma significativa en los últimos años sin que el usuario del servicio de energía eléctrica sea beneficiado, ya que en vez de reducir la tarifa eléctrica lo que se ha hecho es aumentar las horas de apagones.
Fundecom cree que por una vez la SIE debe hacer cumplir el mandato de la Ley 125-01 en provecho del usuario del servicio eléctrico.


http://hoy.com.do/piden-fijar-una-nueva-tarifa-electrica/

Empresas pierden 30,000 millones de pesos anuales por apagones

SANTO DOMINGO,R.D.- Se calcula en aproximadamente 2,500 millones de pesos que las Mipymes pierden mensual producto de los apagones, lo cual representa una cifra muy significativa y exorbitante para el sector”así lo a seguró el ingeniero eléctrico Milton Morrison.

Morrison ofreció estas declaraciones a empresarios y comerciantes de 17 provincias del país que se dieron cita al 2do Foro Comercial y Empresarial organizado por el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD), donde dictó una conferencia bajo el tema: “El costo de los apagones para las Mipymes en todo el País”

“Estas pérdidas se ven reflejadas en los productos que se dañan por la falta de energía, el gasto en medios alternativos como inversores, plantas eléctricas y combustibles, las horas en las que muchas veces deben cerrar los negocios por no disponer de medios para enfrentar el apagón y el descontento de los clientes”, explicó Morrison.

Estos datos fueron presentados como resultado de una encuesta realizada por CONACERD. La encuesta tomó en cuenta una muestra de 1,200 negocios que respondieron un cuestionario orientado a levantar la realidad eléctrica de las MIPYMES.

“Por esta razón hemos abogado por resolver el problema eléctrico ya que eso ayudaría a la competitividad y a la generación de mayores beneficios para el sector empresarial dominicano y la pequeña, mediana y micro empresa que tanto lo necesitan. Estamos comprometidos con impulsar esa solución que por tantos años ha sido pospuesta por los Gobiernos dominicanos y que han llevado a los empresarios y comerciantes a buscar soluciones alternativas que solo vienen a aumentar sus costos de producción y por consiguiente afecta el resto del pueblo dominicano” enfatizó Milton Morrison.

http://hoy.com.do/aseguran-empresas-pierden-30000-millones-de-pesos-anuales-por-apagones/

VICEPRESIDENTE DE LA CDEEE: Afirma Punta Catalina bajará costos electricidad

SANTIAGO,R.D.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEE), Rubén Jiménez Bichara, informó ayer en Santiago, que Punta Catalina está avanzada en un 97% de su terminación y que a pesar de que partió de una zona donde no hay absolutamente nada, es mucho lo que se ha hecho en cinco años y meses.

Jiménez Bichara refirió que tienen programado que para diciembre de este año comience la sincronización de la unidad 01 y que para enero se espera que la planta esté entrando gradualmente al sistema y que para febrero ya debe estar aportando poco más de 200 megavatios.

Explicó que, para marzo entrará la unidad 02 y que en junio y agosto del próximo años las dos estarán en líneas y que la población comprobará que habrá 684 megavatios adicionados al sistema eléctrico.

Asimismo, aclaró que Punta Catalina no está actualizada totalmente y que dispone de dos unidades de 366 megavatios cada una, una subestación de 45 líneas, planta de tratamiento de agua y un puerto enorme que, en el futuro, será muy importante para el país.

El funcionario agregó que una empresa norteamericana es la responsable del diseño de esa planta eléctrica y que fue la que calificó la oferta ganadora de la licitación y que son quienes supervisan.

Manifestó que es una empresa que acompaña el proyecto desde su origen hasta el día de hoy con un papel fundamental, como diseño, evaluación y supervisión de lo que se está haciendo.

Reveló que facturas que llegan a la CDEE, se evalúan y autorizan sus pagos.

Jiménez Bichara fue el conferencista invitado en el almuerzo empresarial organizado por el capítulo de Santiago de la Cámara Americana de Comercio, donde abordó el tema “Punta Catalina, Impacto de su entrada al sistema energético nacional”.

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del director provincial de la Cámara Americana de Comercio, Ricardo de la Rocha, e intervinieron además, Víctor Escarramán y Carlos Iglesia, miembros directivos de esa entidad. Anotó que el sector productivo espera un sistema eléctrico que disponga de energía suficiente, estable y a precios competitivos.

“Eso es lo que recoge la aspiración del sector en términos de servicio eléctrico”, insistió.

Abastecimiento:
Rubén Jiménez Bichara estimó que hay elementos que atentan contra esa aspiración legítima, necesaria e impostergable, como la alta demanda que hay y solo se está abasteciendo en un  86%, el déficit financiero, la alta dependencia del derivado del petróleo.

Bichara manifestó que esos y otros problemas se convierten en debilidades para el sector eléctrico nacional. Sostuvo que la demanda sigue creciendo, que el sistema eléctrico aporta más de 4,000 megavatios y que Catalina no se ha detenido. Expresó que hay más aires acondicionados, más elevadores y otros consumos que se reflejan en un crecimiento que también se dispara en ciertos momentos.

Dijo que la demanda de generación crece a una media de más de tres puntos porcentuales por año.

https://listindiario.com/economia/2018/11/30/543878/afirma-punta-catalina-bajara-costos-electricidad

EDES dicen salida de varias plantas afecta servicio ELÉCTRICO

SANTO DOMINGO,R.D.- La salida de varias plantas generadoras de electricidad ha agudizado  la crisis eléctrica del país en las últimas horas.

De acuerdo a las empresas distribuidoras de electricidad del Este (EDE Este) y del Norte (Edenorte) la salida de las  generadoras AES Andrés, Los Minas, Haina Turbo Gas y San Pedro de Macorís III, Sultana del Este y San Felipe han afectado  el suministro de energía eléctrica que ofrecen.

En el caso de EDE Este, la empresa precisó que el servicio está afectado por el déficit de generación de 599 megavatios causado por la salida de servicio de las plantas AES Andrés, San Felipe, Haina Gas, Macorís III y Sultana del Este.

“EDE Este ofrece excusas a sus clientes por los inconvenientes que esta situación, ajena a su responsabilidad, les esté causando”, señaló la empresa en un breve comunicado.

Mientras que Edenorte informó que el déficit en la generación de electricidad ocasiona inestabilidad en el normal suministro de energía.

Ambas empresas pidieron la comprensión de los ciudadanos que reciben el servicio, subrayando que se trata de una situación ajena a su voluntad, al tiempo de garantizar que, inmediatamente se normalicen las labores en esas generadoras, volverán a brindar el acostumbrado servicio.

Anoche en la calle Santa Luisa de Marillac del sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este, residentes del lugar  quemaron gomas en protesta por la larga tanda de apagones registrados en la demarcación en las últimas horas.

http://eldia.com.do/se-agudiza-crisis-electrica-distribuidoras-dicen-salida-de-varias-plantas-afecta-servicio/

Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas 2018

La edición 2018 del El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (WWDR) busca informar a los responsables políticos y tomadores de decisiones, dentro y fuera de la comunidad del agua, sobre el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para afrontar los desafíos actuales de la gestión del agua en todos los sectores, particularmente los relacionados con el agua para la agricultura, para las ciudades sostenibles, para la reducción del riesgo de desastres naturales y los de la calidad del agua. Las soluciones basadas en la naturaleza (NBS) están inspiradas y respaldadas por la naturaleza, usan o imitan los procesos naturales para contribuir al manejo mejorado del agua.

La gestión del agua sigue estando fuertemente dominada por la infraestructura tradicional construida por el hombre (es decir, "gris") y el enorme potencial de NBS sigue desaprovechado. Las soluciones basadas en la naturaleza (NBS) incluyen infraestructura verde que puede sustituir, aumentar o trabajar en conjunto con la infraestructura gris de una manera rentable. El objetivo es encontrar la combinación más adecuada de inversiones verdes y grises para maximizar los beneficios y la eficiencia del sistema a la vez que se minimizan los costos y las compensaciones.

Las NBS para el agua son fundamentales para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible porque también generan beneficios colaterales sociales, económicos y ambientales, incluidos la salud humana y los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y energética, el crecimiento económico sostenible, empleos decentes, rehabilitación y mantenimiento de ecosistemas y biodiversidad.

Si bien las NBS no son una panacea, jugarán un papel esencial en la economía circular y en la construcción de un futuro más equitativo para todos.

Trabajar con la naturaleza mejora la gestión de los recursos hídricos, ayuda a lograr la seguridad del agua para todos y respalda los aspectos centrales del desarrollo sostenible.

El Informe Mundial sobre el Desarrollo del Agua se presentó en el 8º Foro Mundial del Agua, en Brasilia (Brasil), el 19 de marzo.

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2018-nature-based-solutions/#c1654856

Informe del Desarrollo del Agua : Aguas Residuales, el recurso desaprovechado

El Informe sobre el Desarrollo del Agua en el Mundo 2017, titulado “Aguas Residuales, El recurso desaprovechado”, fue presentado durante las celebraciones del el Día Internacional del Agua en la el Centro de Conferencias Internacional Inkosi Albert Luthuli en Durban, Sudáfrica.

"Más del 80% de las aguas residuales del mundo son liberados en el medio ambiente sin un tratamiento apropiado, con consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Al mismo tiempo, las aguas residuales deberían ser consideradas un recurso valioso en vez de una carga".

La sesión abrió con observaciones de apertura del Sr. Mchunu, Primer Ministro del Gobierno Provisional de KwaZulu-Natal así como unas palabras de bienvenida del Sr. Harlin, Vicepresidente de ONU-Agua, Sr. Engida, Coordinador General Adjunto de la UNESCO, el Profesor Verkooijen del Banco Mundial y el Sr. Lwenge, Ministro de Agua e Irrigación de la República Unida de Tanzania; Presidente del Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua.

El Sr. Jacob Zuma, Presidente de la República de Sudáfrica, entregó una nota clave en la que señaló la relevancia del nuevo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Agua en el Mundo: “Este informe clave llama la atención sobre el estado actual del agua y el saneamiento e invita a los líderes mundiales a que tomen medidas para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de los servicios esenciales de agua y saneamiento para todos ".

La Sra. Mashabane, Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica y HE Donnici, Embajador de Italia en Sudáfrica, reconocieron la asociación establecida e introdujeron la presentación del WWDR 2017 (Informe sobre el Desarrollo del Agua en el Mundo 2017).

La presentación técnica del Prof. Dr. Stefan Uhlenbrook, Coordinador del Programa Mundial de Evaluación del Agua, brindó el núcleo de la sesión mediante la divulgación de los principales hallazgos y recomendaciones del Informe sobre el Desarrollo del Agua en el Mundo 2017, titulado "Aguas residuales, Un Recurso sin Explotar".

Algunos de los puntos destacados del WWDR 2017 mencionados por el Sr. Uhlenbrook subrayan la relevancia del Informe y de los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos relacionados con el agua:

• "Más del 80% de las aguas residuales a nivel mundial se liberan al medio ambiente sin un tratamiento adecuado, al mismo tiempo que aumenta la cantidad de aguas residuales producidas"

• "Las aguas residuales son una fuente de agua confiable y sostenible, así como de energía, nutrientes y otros subproductos recuperables"

• "Los costos de la gestión mejorada de las aguas residuales se ven superados por los beneficios en términos de salud humana, desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental. Resulta crucial para lograr la Agenda 2030"

•  "En una economía circular, el uso de aguas residuales y la recuperación de subproductos pueden generar nuevas oportunidades de negocio y ayudar a financiar los servicios de saneamiento".

La sesión de la mañana concluyó con un panel moderado de debate y preguntas y respuestas con la audiencia. El panel fue formado por los siguientes expertos, cada uno representando diferentes perspectivas: el Sr. Slatyer, Asesor Especial sobre Agua del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (representando compromisos estatales y de alto nivel), el Sr. van Rooyen, Ministro de Gobernabilidad Cooperativa y Asuntos Tradicionales (perspectiva del gobierno local), la Sra. Ortigara, Oficial de Programas del Programa Mundial de Evaluación del Agua (perspectiva de la sociedad civil y las mujeres - reemplazando a la Sra. Abdulrahman, miembro del comité directivo de la Asociación de Mujeres por el Agua), el Sr. Chanda, del Banco del Desarrollo Africano (perspectiva del desarrollo), el Sr. Harlin, Vicepresidente de ONU-Agua (perspectiva de las Naciones Unidas), y el Sr. Ginster, Jefe de Agua, Desechos, Tierras y Biodiversidad en Sasol (perspectiva del sector privado).
Paralelamente al evento de lanzamiento principal, un gran número de eventos de presentación regionales tuvieron lugar el mismo día en todo el mundo.

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/launch-ceremony-wwdr-2016/#c1653619

Combustibles bajan hasta 14% en 2 meses

SANTO DOMINGO,R.D.- En poco más de dos meses y medio los precios de los combustibles de mayor demanda en el mercado doméstico dominicano han caído entre 9.7 y 14 por ciento, y en algunos casos su costo de venta al público está por debajo del que tenían en igual período el año pasado.

Según un informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme, entre el 8 de septiembre y el 24 de noviembre, la gasolina regular ha bajado RD$24.10 por galón al pasar de RD$232.70 a RD$208.6, o sea una baja de un 10.4% y se encuentra exactamente RD$4.90, un 2.4% por encima del precio que tenía el año anterior que era RD$203.70.

Los casos específicos

La gasolina premium ha bajado RD$23.60 por galón, en el mismo período, al pasar de RD$243.40 a RD$219.80, una baja de un 9.7 por ciento y se encuentra exactamente en el mismo precio de hace un año.

Entre el 15 de septiembre y el 24 de noviembre, el gas licuado de petróleo (GLP) ha bajado RD$19.00 por galón al pasar de RD$128.60 a RD$109.60, una baja de un 14.8 por ciento y se encuentra ahora RD$8.70, un 7.4 por ciento, por debajo del precio que tenía hace un año que era de RD$118.30 pesos.

El MICM dijo que si se promedian los precios de estos combustibles en lo que va del presente año frente a los que observaron hasta el 31 de diciembre 2017, se observa que la gasolina premium ha bajado RD$3.50 por galón, mientras la regular ha bajado RD$0.60 por galón y el GLP ha bajado RD$7.70 por galón.

El MICM dice que en lo que respecta al resto de los combustibles, entre el 21 de septiembre y el 24 de noviembre, las bajas acumuladas en el gasoil regular ha sido de RD$9.40 por galón, en el Gasoil Optimo de RD$9.90, en el Avtur de RD$10.30 y en el Kerosenne de RD$11.00 por galón.

Las bajas son por caída en el precio del crudo

Las bajas que durante ocho semanas consecutivas se han producido en los precios internos de los carburantes se corresponden con el desplome sufrido en igual período en las cotizaciones del petróleo en los mercados mundiales, dice el MICM y cita una nota de la agencia Reuters informando el viernes que los precios del petróleo se hundieron “casi un 8% a su menor nivel en más de un año.

https://www.elcaribe.com.do/2018/11/26/panorama/combustibles-bajan-hasta-14-en-2-meses/

Sobre los Derechos del Consumidor: constitucionalización de herramientas para exigir servicios de calidad

SANTO DOMINGO,R.D.- A propósito de las festividades o actividades que se llevan a cabo en estos días, ya sean locales o importadas, como el denominado “Black Friday”, en esta ocasión nos referimos a un aspecto sustancial que toda actividad publicitaria o comercial que se realice en el marco de las mismas debe tomar en cuenta: los derechos de los consumidores o usuarios.

Nuestra Carta Magna establece en su catálogo de derechos fundamentales los derechos del consumidor, específicamente en su artículo 53. Este postulado implica que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

En ese sentido, es la Ley No. 358-05 que regula y ofrece protección a los derechos del consumidor o usuario,  estableciendo que es función principal del Estado proteger  y garantizar efectiva y eficientemente el goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas, siendo su objeto principal establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros. Es oportuno señalar que las previsiones de esta ley tienen carácter de orden público, con miras a preservar el interés general de la sociedad, y por ende, no pueden ser derogadas por convenciones particulares.

La precitada norma define al consumidor o usuario como la persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos, para fines personales, familiares o de su grupo social.

El Estado dominicano, en cumplimiento con la disposición constitucional,  ha creado órganos reguladores sectoriales, por medio de los cuales ejerce su función tutelar sobre estos derechos, como canales de respuesta para los ciudadanos y ciudadanas que puedan verse  afectados por la actuación ilegal o abusiva de algún proveedor de bienes o servicios . Más  aún, es importante destacar la creación de instrumentos informativos para los usuarios, como el caso de las Guías Prácticas para el Consumidor,  desarrolladas por el Instituto de Protección de los Derechos del Consmidor (Pro Consumidor), con el objetivo de lograr su empoderamiento en el ejercicio de las garantías conferidas al tenor de nuestra Ley Suprema.  

Los derechos del consumidor enumerados en el texto constitucional tienen como fundamento la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios; la educación para el consumo y el uso de bienes y servicios; derecho a la libre elección de los productos y servicios que mejor le convengan y, de manera general, a vivir y trabajar en un medio ambiente digno y sano que no afecte su bienestar ni le sea peligroso, así como la potestad de asociarse con otros consumidores para velar por sus derechos, de acceder a los órganos jurisdiccionales que correspondan cuando entienda que sus intereses y derechos son vulnerados, mediante un procedimiento breve y gratuito.

Podemos deducir que los derechos del consumidor, recogidos en nuestra arta Magna y regulaciones adjetivas, constituyen un aporte significativo al ordenamiento jurídico a partir de las necesidades de la sociedad ante las problemáticas colectivas que existían previo a su creación,  vinculadas al estado de indefensión en que se encontraban los consumidores y usuarios. Los derechos del consumidor representan una garantía legal, innovadora y constitucional, siendo sus principios esenciales, la universalidad, gratuidad y celeridad. Todo esto significa, en consecuencia, que los dominicanos tenemos a nuestra disposición determinadas plataformas jurídicas que nos permiten empoderarnos de nuestros derechos, en la medida en que podemos ejercerlos con la garantía de que si su nucleo duro se ve afectado de alguna manera, existen órganos habilitados para reclamar dicha afectación, lo que se traduce en garantías de exigibilidad de los derechos, lo cual es uno de los fines de nuestra Constitución.

Fundación Pellerano & Herrera

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2018/11/25/543112/sobre-los-derechos-del-consumidor-constitucionalizacion-de-herramientas-para-exigir-servicios-de-calidad-asequibles-para-todos-los-dominicanos

EL AGUA Y LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Pobreza

• Cerca de 1.200 millones de personas viven en áreas donde el agua escasea físicamente (UN-Water y FAO, 2007). El acceso limitado al agua por parte de los pobres puede ser fruto no solo de presiones económicas, sino también de presiones sociopolíticas y ambientales, de gobernanza y capacidades humanas débiles, y de una falta de infraestructuras (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007).

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre ha sido la prioridad número uno en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se han hecho grandes avances en muchos países (como Brasil, China e India) para reducir la pobreza. Sin embargo, en 2012, 1.200 millones de personas vivían aún en la pobreza extrema (Lockhart y Vincent, 2013).
• Aunque los enfoques de gestión integrada de los recursos hídricos se guían por una preocupación equilibrada por la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la igualdad social, en la práctica, al objetivo de la igualdad social se le da menos prioridad a la hora de tomar decisiones relacionadas con la asignación de agua (WGF, 2012). Grupos comparativamente sin poder tienden a quedar excluidos del acceso al agua.
• El crecimiento no inclusivo, junto con la asignación inapropiada de recursos hídricos y servicios y una demanda
  creciente de agua corren el riesgo de hacer que las sociedades sean más inestables y propensas a tensiones y
  conflictos.

Desarrollo económico

• Las inversiones en infraestructuras hídricas son fundamentales para liberar todo el potencial de crecimiento económico en las etapas iniciales del desarrollo económico de un país. Una vez que los beneficios marginales del desarrollo posterior decrecen, el énfasis debe desplazarse paulatinamente hacia la construcción de capacidades humanas e institucionales para mejorar la eficiencia hídrica y la sostenibilidad y garantizar los beneficios del desarrollo económico y social.
• El suministro de agua (cantidad y calidad) allí donde el usuario lo necesite debe ser fiable y predecible para apoyar las inversiones sostenibles desde el punto de vista financiero en las actividades económicas. Ello requiere infraestructuras tanto materiales como inmateriales que se financien, exploten y mantengan de forma fiable.

• Las infraestructuras para reducir el riesgo de escasez de agua y gestionar los desastres relacionados con los recursos hídricos pueden hacer que los esfuerzos de un país para desarrollarse resulten más sostenibles reduciendo su vulnerabilidad y/o aumentando la resiliencia de las economías ante acontecimientos extremos.
• Para evitar resolver un problema empeorando otro, es esencial entender cómo están vinculadas entre sí a través del agua distintas áreas de la economía (WWAP, 2012).
• Las medidas de mejora de la gestión de los recursos hídricos han mostrado unas considerables ganancias económicas. Una inversión de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares estadounidenses en la mejora de la gestión de los recursos hídricos en los países en desarrollo puede dar unos beneficios anuales directos del orden de 60.000 millones de dólares estadounidenses. Cada dólar que se invierte en la protección de las cuencas hidrográficas puede ahorrar entre 7,5 y 200 dólares en costes para nuevas instalaciones de tratamiento y filtración de aguas (SIWI, 2005).
• Las políticas de apoyo a la generación de ingresos para los pequeños productores fomentan el crecimiento económico en las áreas rurales. Por ejemplo, se calculó la tasa interna de rendimiento de la inversión en el riego a gran escala en África Central en el 12%, mientras que la cifra correspondiente a la inversión en riego a pequeña escala en el Sahel se situó en el 33% (UN-Water, 2013).

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
Secretaría del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
División de Ciencias del Agua, UNESCO

Análisis De Los Conflictos Por El Agua En América Latina Y El Caribe

En los últimos años la región ha observado un creciente nivel de conflictividad en relación con el desarrollo y emplazamiento de emprendimientos productivos, en especial aquellos extractivos y de gran envergadura que —por implicar el uso intensivo de recursos naturales y de agua en particular— impactan en las condiciones de vida de la población y en el medio ambiente. Es común que esas disputas se caractericen por una alta polarización, ausencia de espacios de diálogo, asimetrías informativas, poca transparencia, insuficiencia o dificultad de manejo de evidencias científicas, intereses ocultos y conflictos de valores e ideologías subyacentes. Todo esto dificulta su abordaje y conduce en muchos casos a mecanismos no deliberativos de resolución caracterizados por altos costos de transacción.

Los conflictos por el agua (CpA) son el resultado de la multiplicidad de demandas o aspiraciones que confluyen sobre los limitados recursos hídricos y que no pueden satisfacerse simultáneamente; materializan relaciones antagónicas que surgen de la colisión de posiciones e intereses en torno a la cantidad, calidad y oportunidad de agua disponible para los diferentes actores.

Si bien el agua tiene un lugar preponderante en el núcleo de las disputas, se presentan en ellas connotaciones culturales, históricas, territoriales, sociales, políticas, económicas y distributivas que son claves para su comprensión y resolución, haciendo especialmente necesarios los abordajes interdisciplinarios.

Los CpA no constituyen hechos aislados, sino un aspecto estructural de la dinámica social que obedece a múltiples causas, derivadas en muchos casos de las debilidades en la gobernabilidad del agua y el aumento de la capacidad de movilización de la sociedad civil, pero también de una distribución social injusta y de diferencias ideológicas. Por otra parte, si bien los CpA están generalmente dotados de una connotación negativa, ellos pueden constituir una forma de expresión donde se confrontan discursos, emergen nuevos actores y aspiraciones políticas y sociales, y se generan propuestas y oportunidades.

Los CpA revisten usualmente el carácter de conflictos ambientales o socio ambientales, dado el lugar central y preeminente que el recurso hídrico posee en el ecosistema y en la sociedad. Ellos presentan también una escala espacial y territorial muy diversa que puede ir desde lo local, regional y nacional hasta la esfera internacional o transfronteriza cuando el recurso es compartido por dos o más Estados. Estas escalas varían la naturaleza del conflicto, así como el marco jurídico y los instrumentos disponibles para su resolución.

El primer desafío que se plantea en el análisis de los CpA es la falta de claridad en los desacuerdos.La opacidad sobre los actores e intereses involucrados y su diversidad y heterogeneidad, conducen a escenarios de confusión que impiden comenzar el diálogo, alargan e intensifican las disputas y controversias y, consecuentemente, demoran las soluciones.

Concepto y tipología de los conflictos por el agua
El agua, aun más que otros recursos naturales, presenta una serie de características que, en caso de un abordaje inadecuado, pueden promover la conflictividad. La tipología de conflictos atiende, inicialmente, a estos rasgos del recurso. La primera de ellas se vincula con la movilidad inherente al ciclo hidrológico, que no atiende a límites políticos, administrativos ni jurídicos, y con ello dificulta la determinación y aplicación de derechos sobre el agua, generando incertidumbre.

La segunda reside en la diversidad de usos del agua, que puede dar lugar a rivalidad en los aprovechamientos. Un tercer rasgo del agua que puede propiciar conflictos es su naturaleza unidireccional y la asimetría de las interrelaciones e interdependencias entre los usuarios ubicados aguas arriba y aguas abajo en un sistema hídrico integrado.

En términos generales, un conflicto es una clase de relación social cuyos participantes persiguen objetivos incompatibles entre sí. En el caso del agua, esas pretensiones discordantes se vinculan con su aprovechamiento real o potencial. Con base en estos aspectos, es posible ensayar la tipología que se presenta a continuación.

a) Conflictos entre usos

Estos conflictos ocurren cuando el recurso no satisface (cuantitativa, cualitativamente o en el tiempo) las demandas que generan los diferentes destinos del agua de una cuenca. Esta categoría incluye conflictos entre usos actuales entre sí (riego, abastecimiento de agua potable, generación hidroeléctrica, minería, etc.), entre éstos y nuevos usos (modalidades extractivas novedosas, aprovechamientos que implican un uso más intensivo, en el sentido de mayor uso consuntivo o mayor impacto ambiental) y la posibilidad de reservar una porción del recurso para aprovechamientos futuros (trasvases entre cuencas, mantenimiento de caudales ecológicos, etc.). Esta insuficiencia del recurso se agrava por el hecho de que los derechos o permisos de su uso suelen no estar debidamente delimitados —aun menos en todos sus atributos—, protegidos ni inscritos. Desde esta perspectiva, una muestra especialmente sensible para América Latina y el Caribe es la de las industrias extractivas, aunque también en forma cada vez más perceptible lo son la agricultura intensiva y la expansión urbana descontrolada. Los sectores de minería y petróleo resultan claves para las economías de muchos países y suponen para la región miles de millones de dólares en inversiones predominantemente extranjeras. Paralelamente, ese tipo de industrias demanda la utilización de grandes cantidades de agua para sus operaciones, lo que muchas veces se traduce en disputas con otras actividades. La situación de tensión entre los beneficios derivados de las inversiones y la preservación del recurso se ha visto agravada en los últimos años ante la proliferación de proyectos como resultado del aumento de los precios internacionales de esas materias primas. Muchos emprendimientos que eran técnicamente o económicamente inviables hasta hace pocos años se han vuelto atractivos para los inversores, incrementando la demanda de agua para estos nuevos usos.

Cabe agregar que es habitual que surjan CpA de este tipo en relación con los usos que dependen del almacenamiento en embalses para asignar el caudal anual en el tiempo: la generación de hidroelectricidad necesita manejar los caudales
para satisfacer la demanda energética que se concentra en los meses de invierno, estando desfasada en el tiempo de las necesidades estacionales para el uso agrícola (verano).

Un aspecto muchas veces soslayado al analizar los conflictos entre usos se relaciona también con los destinos no extractivos del agua, los cuales en ocasiones poseen una trascendencia económica, ambiental y social decisiva (valor paisajístico, turismo, comercio inmobiliario, etc.). Estos usos también ingresan en conflicto con otros —especialmente los extractivos— y merecen un tratamiento mucho más minucioso del que reciben actualmente.

La competencia entre los usos agrícola, industrial y doméstico está entre los principales factores de generación de CpA entre los medios urbano y rural. La demanda creciente de agua para uso doméstico e industrial como resultado de las tendencias de expansión urbana imperantes en el último siglo produce el agotamiento de las fuentes de agua cercanas a los grandes centros poblacionales y obliga a echar mano de aquellas cada vez más distantes y costosas, a menudo privando de este recurso a las zonas rurales próximas y causando graves efectos económicos, sociales, culturales y ambientales sobre las áreas desde las cuales el recurso se transfiere.

También el aumento de descargas de aguas servidas en los cuerpos de agua cercanos a las zonas urbanas constituye una fuente directa de CpA entre usos industriales, agrícolas, domésticos, turísticos y recreativos asociados a la calidad del recurso.

Otra causa de CpA en este ámbito es la obstaculización de las vías de drenaje urbano por obras como resultado de los desarreglos en la expansión urbana. La mayoría de las ciudades en la región, tanto las ubicadas en zonas de lluvias frecuentes como aquellas sujetas a altas variaciones en intensidad de lluvias o al efecto de crecidas de ríos, carecen de infraestructura de drenaje urbano adecuada y, en general, han sido desarrolladas sin planificación urbana, territorial ni de uso del suelo. La sistemática ocupación de los cauces y las planicies de inundación es entonces una creciente fuente de conflicto.

b) Conflictos entre usuarios

Este tipo de CpA se centra en las características de los diferentes actores que comparten el recurso hídrico y sus intereses en competencia, siendo especialmente sensibles hoy los vinculados con empresas y grupos vulnerables, usuarios consuetudinarios y los formales o entre usuarios actuales y potenciales.

Otro actor recurrente de los CpA entre usuarios es el sector minero. Estas firmas, sea en etapa de exploración o explotación, se vuelven protagonistas de las disputas por dos grandes razones: primero, por la obtención —generalmente vía la asignación por parte del Estado, pero también en algunos casos por mecanismos de mercado o simplemente por hacer uso de “aguas del minero”— de derechos de explotación sobre fuentes de agua que venían siendo controladas y utilizadas—de jure o de facto, y normalmente con menor intensidad (menor uso consuntivo)— por
la comunidad de la zona del proyecto, ocasionando con ello disputas relacionadas con la cantidad del recurso. Y en segundo lugar por la contaminación potencial, que aumenta exponencialmente la reacción de los afectados.

Los CpA que involucran a usuarios vinculados con la minería no siempre enfrentan, sin embargo, a grandes empresas con las poblacioneslocales afectadas. En ocasiones, la denominada minería informal configura un problema ambiental y social de mucha mayor complejidad y gravedad que el anterior, debido a la dispersión espacial y dificultad para el control e identificación de los responsables.

Los conflictos entre usuarios tradicionales —en especial, indígenas y campesinos— y actividades económicas, como minería y riego, suelen relacionarse con la debilidad de los sistemas de protección de los usos consuetudinarios. En general, las legislaciones priorizan la protección de los usos con derivación (extractivos) en desmedro de los que son sin derivación; es decir, aquellos usos in situ asociados al régimen natural de las aguas, tales como pesca, abrevadero o el uso de pastizales resultantes de la recurrencia de aguas.

Cabe agregar que en la mayoría de los países de la región es común que una parte importante de los aprovechamientos se realice sin derechos ni permisos de uso (o descarga) regularizados ni inscritos en registro público alguno y cuyas características resultan difícil de constatar, y también que los usuarios no respeten las condiciones de extracción o vertimiento. Los derechos o permisos debidamente registrados normalmente se limitan a los usuarios más nuevos. Esa falta de identificación dificulta la protección de los derechos y usos, y es una importante fuente de los CpA.

c) Conflictos con actores no usuarios

Los conflictos no sólo se producen entre quienes comparten el recurso, sino también frente a terceros. La primera fuente de este tipo de CpA son las intervenciones sobre una cuenca no vinculadas directamente con el uso del agua, como extracción de áridos, deforestación o construcciones que afectan su capacidad natural para captar, retener, depurar, infiltrar, recargar, evacuar, transportar y distribuir agua en cantidad, calidad y oportunidad.

En un plano más general, también se producen conflictos cuando se desplazan de la agenda pública las necesidades de conservación y gestión del recurso hídrico, por ejemplo con la priorización de otras erogaciones presupuestarias en desmedro de las necesarias para la gobernabilidad del agua.

d) Conflictos intergeneracionales

Los conflictos intergeneracionales involucran la tensión entre las necesidades y preferencias de las generaciones actuales y la preservación del recurso como derecho de las generaciones futuras. Cabe observar que todo uso de agua conlleva un impacto futuro, por lo que el tema es si estos efectos son transitorios o permanentes y, en este último caso, cómo son manejados, compensados y mitigados.

Los conflictos intergeneracionales vinculados con los grandes emprendimientos se ven agravados por un factor clave: la sujeción de esos proyectos a los regímenes internacionales de protección de las inversiones extranjeras.

e) Conflictos interjurisdiccionales

Este tipo de CpA refleja la tensión entre los objetivos y competencias de las diferentes divisiones político-administrativas, como resultado de su falta de correspondencia con los límites físicos o territoriales de las cuencas y los problemas de fragmentación y falta de coordinación que ello trae aparejado. Los CpA interjurisdiccionales se pueden dar tanto entre países como entre municipios, estados, regiones y provincias que comparten una misma cuenca y que, consecuentemente, compiten por un recurso escaso y por la transferencia de las externalidades o impactos negativos de la intervención humana sobre él. La posibilidad de surgimiento de un CpA de este tipo presenta una especial gravitación en el caso de recursos compartidos entre países, debido a las insuficiencias que en muchos casos presenta el derecho internacional.

f) Conflictos institucionales

Estos conflictos ponen de manifiesto las disputas entre los diferentes actores públicos y privados cuyos ámbitos de actuación impactan en la gestión y en el aprovechamiento del agua. A nivel gubernamental se plasman en la falta de coordinación entre las autoridades de agua y las áreas encargadas de obras de infraestructura, medio ambiente, ordenamiento territorial, planificación, generación de energía, servicios de agua potable, agricultura y otros sectores. En el plano privado, se relaciona con el surgimiento de intereses sectoriales y grupos de presión. La intervención de múltiples actores institucionales en el análisis, aprobación y supervisión de los proyectos que impactan en los recursos hídricos y en los ecosistemas relacionados, es una de las principales fuentes de inconsistencias gubernamentales, que son campo especialmente propicio para el surgimiento de CpA.

Paradigmas

Las posiciones de los sujetos que intervienen en los conflictos descritos están enmarcadas en paradigmas que expresan las diversas dimensiones del desarrollo sustentable o de los usos del agua que, en la mayoría de los casos, se presentan entrelazadas y no de manera pura.

1. Paradigma económico

Por paradigma económico se entiende la consideración preponderante de la faceta económica del agua por parte de la legislación, su concepción unidimensional como factor o insumo de los procesos de producción de bienes y servicios; es decir, como recurso productivo o económico. Esta visión hace hincapié en el aprovechamiento del recurso y, por ende, tiene como eje la obtención de derechos sobre el agua, esto es, títulos jurídicos para la utilización de un determinado caudal de agua de cierta calidad en cierto período de tiempo en un proceso de la producción.

El paradigma económico enmarcó el diseño de la legislación sobre aguas en muchos países de la región durante el siglo XIX y gran parte del XX. Ello dio lugar a un régimen regulatorio estructurado desde el enfoque dominial, que dividía entre las aguas públicas de propiedad del Estado, cuyo aprovechamiento mediante usos especiales era concedido administrativamente por este, y las privadas de propiedad de los particulares, que eran aquellas que no se consideraban claves para el bienestar general. Las leyes de agua tenían, en ese contexto, una función estratégica: brindar seguridad a los titulares de derechos de uso del agua y coordinar administrativamente sus diferentes aprovechamientos, pero privilegiando siempre el uso económico de los recursos naturales mediante derechos de propiedad, aun a expensas de sus funciones ambiental y social.

En esa visión mercantilizada de los recursos naturales subyacía la idea de que el otorgamiento de derechos de propiedad cumplía un rol civilizatorio que permitiría a la humanidad pasar de un estadio evolutivo primitivo—marcado por la propiedad colectiva de los pueblos indígenas— a uno superior centrado en el comercio de bienes.

En esa concepción, tanto el aspecto ambiental como el social se veían desplazados del análisis y por lo tanto la sustentabilidad en el uso no resultaba una pauta primordial del sistema, en especial porque la abundancia de los recursos invisibilizaba los problemas de agotamiento y existía poco conocimiento científico sobre los impactos de la actividad humana.

2. Paradigma ambiental

La consideración del agua como recurso natural y su consiguiente deber de preservación obligaron a superar la visión unidimensional que la concebía como un mero objeto del cual había que extraer el máximo beneficio económico, abriendo paso a la aplicación de un catálogo de principios encaminados a evitar la destrucción de los ecosistemas por la intervención antrópica. Entre ellos se destacan los de prevención, precaución, equidad intergeneracional, responsabilidad, sustentabilidad y cooperación.

El cambio es fundamental. Mientras el paradigma económico se caracteriza por presuponer la intervención en el recurso, el paradigma ambiental se centra en los límites y la sustentabilidad de esa intervención y por ello suele enmarcar las resistencias contra pretensiones de corte económico-productivo.

3. Paradigma social

Las necesidades básicas para el consumo humano son contempladas por la mayoría de las legislaciones desde antaño a través del instituto del uso común de las aguas y la prioridad conferida al uso especial de abastecimiento poblacional. Sin embargo, en la práctica, tales mecanismos han resultado insuficientes para garantizar a grandes sectores de la población el acceso a las cantidades mínimas de agua necesarias para el desarrollo de una vida digna. El paradigma social también tiene una dimensión económica, que se relaciona principalmente con la defensa por parte de las comunidades locales e indígenas de sus modelos productivos y propuestas de desarrollo económico.

La dimensión social de los CpA se encuentra representada en la actualidad por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS), que consagra —con la máxima jerarquía a nivel internacional— la prioridad absoluta de los usos de subsistencia para abastecimiento humano frente a todos los demás destinos. Dentro de este paradigma pueden incluirse las reivindicaciones del agua como factor de igualación social, algunos reclamos indígenas, la pequeña agricultura, etc.

El dato característico de la perspectiva social está dado, entre otros, por el impacto que producen en la gestión de los recursos hídricos las exigencias de disponibilidad, calidad y accesibilidad al agua, que conforman el contenido esencial del DHAS. Otra muestra clara de los desafíos asociados a esta mirada se observa en la iniciativa global de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

El paradigma social normalmente se enfrenta con las demandas del paradigma económico, pero también tensiona con el ambiental, en especial por el impacto que la ampliación de las coberturas de agua potable y saneamiento puede tener en las condiciones o en los caudales ecológicos de las fuentes de agua.

Análisis, prevención y solución de conflictos

Los CpA podrían ser prevenidos y resueltos de un modo más eficiente si los modelos de gobernabilidad comenzaran a reflejar los cambios de enfoque sobre los recursos hídricos, dando lugar a perspectivas integrales, cooperativas y participativas.

El análisis de los conflictos constituye una instancia crucial y previa a la adopción de las medidas para su prevención o solución, atento que medidas inapropiadas, por errores de análisis o de cálculo, no sólo corren el riesgo de fracasar sino que pueden conducir incluso a su recrudecimiento, intensificación o prolongación. El análisis o monitoreo de los conflictos debe mantenerse en el tiempo, habida cuenta de la tendencia indubitable de la mayoría de ellos a persistir e, incluso, resurgir. Aun cuando el conflicto haya alcanzado una aparente solución o equilibrio, el mismo se mantendrá en estado latente; a este respecto, resulta imprescindible un enfoque interdisciplinario y un particular conocimiento de la historia y las condiciones locales, pues el agua muchas veces no constituye más que el emergente de un conflicto anterior y de otra naturaleza.

Los conflictos deben prevenirse desde las instancias mismas de planificación –columna vertebral de la gestión integrada de los recursos hídricos– que debe incorporar elementos de planificación adaptativa y de manejo integrado de cuencas, que contribuirán a evitar con flictos a futuro en el incierto escenario que el cambio climático plantea para los recursos hídricos en cada país, cuenca o región.

Los planes deben necesariamente ser sometidos a un riguroso proceso de evaluación económica, social y ambiental donde se ventilen costos y beneficios, económicos y sociales, alternativas disponibles, impactos ambientales, medidas de mitigación y adaptación, etc. Debe garantizarse la disponibilidad y publicidad de la información y facilitar su acceso.

En este proceso resulta capital la adopción de mecanismos que permitan la participación auténtica de todos los actores involucrados, entendiendo por tal la informada, con posibilidades reales de incidir en las decisiones, tanto de usuarios de agua en sentido estricto como de ciudadanos en general.

Los CpA son de difícil solución, por la cantidad de actores, intereses y sectores involucrados.

Su tendencia a resurgir transforma toda solución en provisoria y precaria de donde se hace imprescindible la anticipación, para evitar y prevenir su producción. El diálogo, la negociación y la mediación son instrumentos claves que permiten a los interesados participar activamente y apropiarse de la decisión frente al paradigma de solución judicial que no deja de ser percibida como decisión impuesta. Pueden existir múltiples instancias para la solución de los CpA, a condición de que el tercero facultado para su resolución sea imparcial, independiente y cuente con los elementos para hacerlo adecuadamente.

La sola existencia de un tercero realmente imparcial e independiente capaz de resolver el conflicto constituye un incentivo a las partes para alcanzar un acuerdo y, como tal, para prevenir conflictos.

En definitiva, los desafíos que plantean los CpA pasan por el fortalecimiento de la gobernabilidad hídrica, por la superación de las miradas de corto plazo que conducen a la desatención de la temática y la consiguiente debilidad de las instituciones encargadas de llevarla adelante, la fragmentación en la gestión, tanto territorial como sectorial, y la deficiente cultura del agua.

Fuente: Revista Hydria

http://estrucplan.com.ar/articulos/analisis-de-los-conflictos-por-el-agua-en-america-latina-y-el-caribe/