SANTO DOMINGO,R.D.- En esa fecha histórica donde un grupo de patriotas dominicanos vino a derrocar por la vía de las armas la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, los pensionados y jubilados de R.D. van a celebrar el 59 aniversario de esa expedición, en una marcha-concentración porque el rostro de este sector lo han convertido en el aumento de la desigualdad, de la inestabilidad social, el aumento de la longevidad, de la pobreza, de la discriminación por parte del CNSS y el MINISTERIO DE HACIENDA. Es por esos que las ONGs de pensionados y jubilados se nuclean en federación, para reclamar sus derechos.
La función fundamental de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda es recibir, depurar y archivar las solicitudes de pensiones y jubilaciones hechas por los solicitantes en los casos que la ley lo contempla prevé, las autorizadas mediante decreto por el Poder Ejecutivo y las otorgadas por el Congreso Nacional; así como llevar un efectivo control de la nómina de pensionados y realizar de forma eficiente y transparente el pago de los cheques a los pensionados y jubilados con cuenta al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles.
Dicho Fondo figura en el Capítulo correspondiente al Ministerio de Hacienda que antes era Finanzas, de la Ley de Gastos Públicos, que se nutre con el aporte mensual de 4% de los sueldos de los empleados activos del Estado, con los aportes adicionales de 2% sobre las pensiones y jubilaciones realizados por los beneficiarios para asegurar el traspaso del derecho de pensión a sus herederos, y con el aporte anual que, para estos fines, fije el Gobierno en la Ley de Gastos Públicos.
Hasta el año 2000, el Departamento de Pensiones tenía a su cargo una Nómina de Pensionadosy Jubilados Civiles, la cual procesaba mensualmente para realizar los pagos correspondientes.
Durante el primer cuatrimestre de dicho año, se dispuso por vía de Decreto la pensión y jubilación de los empleados y funcionarios de las empresas capitalizadas del Estado, y se crearon nóminas adicionales para los pensionados y jubilados de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y de cada una de sus empresas capitalizadas: Molinos Dominicanos, C. por A., Minas de Sal y Yeso, C. por A., Industria Nacional del Vidrio, C. por A., Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A., Compañía Dominicana de Aviación, C. por A., Tejidos Antillanos, C. por A. y Pinturas Dominicanas, C. por A.
La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de hacienda, se apresta a declarar inconstitucional el ART.6 en su párrafo de la ley 379-81 que hereda el conyuge o hijo menor de edad al morir el titular, como también eliminar el 2% a los pensionados/ jubilados de la Ley 1896-48, con fines de economizarle al ESTADO un dinero que se le descuenta a ese sector pues el articulado dice así:” un despojo de esa naturaleza a los titulares de esa pensión es a la pobreza una cantidad de persona a la pobreza y contradecir el estribillo de que “sacaron 1.2 personas de la pobreza” pero también es un acto de injusticia y sentido humanitario, es un acto de soberbia y de discriminación en contra del sector de PENSIONADOS Y JUBILADOS que cobran por dicho ministerio(177mil y pico) que nunca le han indexado su pensión como manda la Ley 87-01 en sus articulados 43 y 44..
La Dirección de pensiones y jubilaciones de este Ministerio insiste en confundir a la población al tratar de economizarle al Estado algo que es un derecho adquirido, sin tener en cuenta que esa anulación le daña la imagen al actual gobierno que lucha por disminuir la pobreza.
Es como dice German Marte:”que un verdadero cristiano jamás discrimina, cómo puede llamarse cristiano alguien que discrimina a otro solo por su procedencia o por ser un chin más pobre”. Es un absurdo o una discriminación violar esto de la Ley 379-81: Art. 6.‐ En caso de muerte de un Jubilado o Pensionado, se pagará al cónyuge superviviente, o a falta de este a sus hijos menores de edad Legítimos, Naturales y Reconocidos o Simplemente Naturales que reciban del fenecido Pensión Alimenticia dispuesta por sentencia, en las personas de sus representantes legales, y a sus Padres cuando dependieren del Jubilado o Pensionado, el valor de Doce (12) mensualidades completas de Pensión que se le hubiese asignado al Decujus.
PARRAFO I: Sin embargo, el Jubilado y Pensionado Civil del Estado podrán autorizar el descuento del dos por ciento (2%) del monto de su Pensión, para que a la hora de su muerte, los beneficiarios indicados en la parte capital de este Artículo.
La negación de aplicación a lo establecido en el apartado c) del artículo 67 de la Ley 1896 y al ART.69 del reglamento de aplicación, conlleva una penalidad contemplada en el ART.83 literal(d):” Cualquier violación a la presente Ley o a sus reglamentos no penada específicamente en los mismos, será castigada con multa de diez a cien pesos oro o con prisión correccional de diez días a tres meses”.
En el periodo-2001-2018, a los Jubilados/ Pensionados de R.D., no se le ha indexado su sueldo aplicándole “La Tuerca”, merengue contagioso con un estribillo que dice: “Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca”, que sintetiza el momento de alzas de la gasolina y productos de la canasta básica. En este periodo de 17 años, a este sector se le aprieta y aprieta.
Que impacto puede tener negociar el Salario Mínimo Mensual Vigente, en este proceso de lucha? Esta Federación Nacional, concentra su atención en la indexación que tendrá en los diferentes bloques de pensión/jubilación, que son los siguientes: De un total aproximado de 177,000 pensionados y jubilados que cobramos por el Ministerio de Hacienda, el 80%( que representa 141,600) ganan menos de RD$30,000 mensual. Sin embargo, de ese 80%, el 72% ganan menos de RD$ 25,000.00 y de la totalidad de 177,000, el 20% que representan la cantidad de 35,400 pensionados/jubilados,ganan de RD$ 30,000 EN ADELANTE. Siguiendo el desglose por bloques, el 33%(46,728) ganan sobre el rango de RD$ 5,117-RD$10,000, mientras que el 47%(66,552) no ganan deRD$10,000-RD$25,000. Mientras que el Banco Central habla con ironía de un crecimiento económico de un 7.1%. Que burla contra este sector.
De lo anterior detallado, creemos que la lucha de la FEDERACIÓN no debe ser por un aumento al salario mínimo porque las consecuencias de dicho aumento puede afectar a los diferentes de pensiones/jubilaciones. Lo más conveniente es la indexación de 17 años a todos los niveles porque con ella se aumenta automáticamente el nivel. Con la indexación, el incremento del Salario debe ser igual o superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, lo cual conduce a que el incremento de la pensión/jubilación sigue la misma suerte del Salario; Año tras año, esto genera aumentos en la pensión/jubilación superior o igual al IPC.
Las pensiones/jubilaciones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, para mantener su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor.
Ingenieros de una empresa canadiense han desarrollado una tecnología viable y rentable para capturar el dióxido de carbono liberado al aire, transformarlo en nuevos combustibles limpios y contribuir así a la reducción de emisiones contaminantes.
Su trabajo, publicado el jueves en la revista Joule, no destaca por la tecnología de captura directa de aire, ya experimentada, sino por la implementación exitosa de una planta piloto de trabajo a escala y rentable.
De hecho, las instalaciones de la empresa Carbon Engineering en la provincia canadiense Columbia Británica ya están capturando dióxido de carbono atmosférico y generando combustibles a partir de él que pueden usarse para descarbonizar el sector del transporte.
El fundador y jefe científico de la compañía, David Keith, y sus colegas han realizado un análisis completo del proceso y estiman que realizar una captura directa de aire a escala significativa puede costar de 94 a 232 dólares por tonelada de dióxido de carbono extraído.
Este cálculo contrasta con las estimaciones de hasta 1.000 dólares por tonelada obtenidas en análisis teóricos.
Además, estos expertos creen que es lo suficientemente bajo como para empezar a pensar en la captura directa de aire como método viable y rentable para lidiar con las emisiones de carbono resultantes del sector del transporte, que suponen aproximadamente un 20 % del total.
"Fabricar combustibles que son fáciles de almacenar y transportar alivia el desafío de integrar las energías renovables en el sistema energético", sostiene Keith, también profesor de física aplicada y políticas públicas en la Universidad de Harvard (EE.UU.)
La tecnología de captura directa funciona de la siguiente manera: ventiladores gigantes atraen el aire hacia una solución acuosa que detecta y atrapa el dióxido de carbono, el cual gracias al calor y otras reacciones químicas queda listo para ser transformado en combustible o almacenado.
Los combustibles resultantes, incluidos gasolina, diesel y el que usan los aviones, son compatibles con los sistemas de distribución existentes y la infraestructura de transporte.
El dióxido de carbono liberado a la atmósfera durante siglos de emisiones no controladas es una materia prima prácticamente ilimitada con potencial para ser transformada en nuevos combustibles, como asegura Steve Oldham, director ejecutivo de Carbon Engineering.
"No nos vamos a quedar sin aire pronto", subraya Oldham.
Una vez probado que los costos son razonables usando equipos industriales estándar, el siguiente paso para la compañía es avanzar hacia la instalación de plantas capaces de producir 2.000 barriles de combustibles por día.
De acuerdo con Keith, "aunque la captura de aire no es una solución mágica ni barata", sí es una tecnología viable "para producir combustibles neutros en carbono en el futuro inmediato y eliminar carbono a largo plazo".
SANTO DOMINGO,R.D.- Por más de 40 años le dedicaron sus fuerzas de trabajo al Estado y cumplieron con sus deberes impositivos y hoy día los pensionados y jubilados son casi indigentes, a los que solo les falta colocarse en las puertas de las iglesia parta pedir limosna para poder comer.
Son los 175 mil pensionados y jubilados , y entre ellos, unos 35 mil que reciben pensiones que oscilan entre RD$1,000 y RD$3,000 al mes, que no les alcanza ni para comer, ni para medicar sus cuerpos atrofiados y enfermos.
Pero aún en esas condiciones se han unido y juntos planean marchar este jueves 14 por lo que han denominado el derecho a la vida que, incluye comida, medicamentos, recreación, transporte, entretenimiento y otros.
Raúl Fernández, quien fungió como vocero de los pensionados, dijo que la marcha partirá del parque Braulio Alvarez, a las 10:00 de la mañana, hacia el Ministerio de Hacienda, donde esperan que les reciban un documento con una serie de denuncias y demandas, entre las que citaron que los pensionados y jubilados que entraron en vigencia al producirse la Ley 87-01 sean enviados a cobrar vía ese Ministerio, excepto los que están bajo otro tipo de ley.
Dijo que todas las pensiones que estén por debajo de lo salario mínimo deberán ser llevadas a un nuevo nivel y que no debería de ser inferior a los RD$10,000 mensuales.
“Vamos a tomar las calles, a pesar de nuestra edad, a pesar de nuestra dificultad de locomoción, a pesar de nuestra dificultad médica”, dijo Fernández.
Los pensionados y jubilados pertenecen a la Federación de Asociaciones de Pensiones y Jubilados de la República Dominicano, quienes también tienen en planes marchar hacia el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y al Congreso.
Ese sector está tan discriminado que cuando se aumentó de RD$3,000 a RD$8,000 los medicamentos del Plan Básico de Salud, de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), a ellos no los incluyeron.
“Esas son medidas no discriminatorias, sino criminales, porque quienes debieran recibir ese incremento son los pensionados y jubilados que no tienen más opción de tener recursos que las pensiones que recibimos”, comentó Fernández.
En esta lucha la federación cuenta con el apoyo del Colegio Médico Dominicano (CMD) que, a decir de su presidente, Wilson Mejía, muchos médicos, enfermeras y otros servidores del sector salud están en iguales condiciones que los pensionados y jubilados.
SANTO DOMINGO,R.D.- El ingeniero Antonio Almonte descartó que una de las plantas de Punta Cantalina entre en operación a partir de diciembre próximo, como afirmó recientemente el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.
Almonte aseguró que la Planta I de Punta Catalina no estará en condiciones técnicas para iniciar operaciones de manera definitiva en diciembre, sino que como parte del protocolo en ese tipo de proyecto eléctrico, se prendería para fines de pruebas y luego ponerla en línea seis meses después.
En su opinión, con esas declaraciones el Gobierno y Jiménez Bichara desinforman y mienten al país.
Almonte reiteró sus críticas al proyecto energético de Punta Catalina, por considerar que está sobrevaluado y por los altos costos económicos que se incurriría por largo tiempo que se ha llevado su conclusión, que aseguró será de seis años.
Cuestionó que mientras Punta Catalina tiene un costo estimado de mil 945 millones de dólares y su terminación en seis años, dos empresas de capital privado, entre éstas Ege Haina, construyeron en dos años dos plantas de 215 megavatios cada una en San Pedro de Macorís, a un costo final de 690 millones de dólares.
Dijo que Punta Catalina ha sufrido retrasos que han disparado su costo, por la falta de financiamiento de parte del Banco de Desarrollo del Sur (Bandes) y luego del Eximbank, que retiraron sus ofertas de capital por los escándalos de corrupción y sobornos en que incurrió la constructora brasileña Odebrecht.
Esa empresa lidera el consorcio ganador de la licitación para construir las dos plantas en Baní que generarán 750 megavatios.
Tildó de escándaloso lo que ocurrre con las plantas de Punta Catalina e insistió en que el costo por kilovatio/hora sería de algo más de 3.5 dólares, además de ser un proyecto de energía producida a base de carbón mineral del tipo subcrítico, prohibido a partir del 2017 en Estados Unidos por los niveles de contaminación que genera.
Antonio Almonte acusó al Gobierno de no ser transparente con el país, porque no ha revelado el verdadero costo del proyecto energético, por lo cual exhortó a los diversos sectores del país a ejercer presiones para que las autoridades suministren las informaciones al respecto.
SANTO DOMINGO,R.D.- Sobre el papel que debe desempeñar la jurisdicción constitucional en la protección de los derechos fundamentales, para concretizar la fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales, César Landa ubica dicha labor en dos ámbitos: el estatal, vale decir la protección contra el poder político del Estado; y el privado, es decir, la protección contra el poder particular (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile: 2010. ISSN: 1688-826X. Pág. 65).
En el trabajo de César Landa subyace como planteamiento que una forma de proteger los derechos fundamentales frente al poder político del Estado es preservar el Estado democrático constitucional, ya que la aparición de la fuerza normativa de los derechos fundamentales solo es concebible en el Estado democrático constitucional. En ese contexto cabe señalar que la jurisdicción constitucional debe y tiene que desempeñar el papel de resguardar los principios democráticos, vigilando que se desarrolle un adecuado funcionamiento de la representación política, sobre la base del pluralismo; cuidando que se mantengan abiertos y expeditos los canales de participación ciudadana, como vías de transformación social pacífica y democrática; vigilando que se facilite la representación efectiva de las minorías, respetando el derecho al disenso; preservando celosamente el respeto del principio de la separación de funciones o la distribución horizontal y territorial del ejercicio del poder político; protegiendo efectivamente los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas. En síntesis, debe resguardar los principios democráticos para garantizar un gobierno limitado, que respete y proteja los derechos fundamentales.
Un tema importante que se plantea en el trabajo comentado, para que la jurisdicción constitucional tome en cuenta al desarrollar la labor de protección de los derechos fundamentales, es que estos tienen un doble carácter jurídico: como derecho subjetivo de la persona y como derecho objetivo o fundamento valorativo del orden constitucional. Por lo tanto, César Landa sostiene que los derechos fundamentales, en tanto gozan de un carácter objetivo, sin perjuicio de su carácter subjetivo, requieren de la fuerza constitucional positiva y no negativa del Estado para la protección y el desarrollo de la libertad y la igualdad; se configura así una nueva relación entre los derechos fundamentales y la legislación.
Partiendo de las premisas planteadas en el trabajo comentado, podemos concluir afirmando que la jurisdicción constitucional debe tomar en cuenta que la protección de los derechos fundamentales no debe reducirse a exigir del Estado el cumplimiento de las obligaciones negativas, sino también, y fundamentalmente, a disponer el cumplimiento de las obligaciones positivas, para garantizar el goce pleno y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Ello implica que la jurisdicción constitucional deberá expedir mandatos precisos e imperativos para que el Estado adopte medidas legislativas y administrativas para, de un lado, desarrollar las normas constitucionales, y de otro, crear las condiciones necesarias y básicas para posibilitar que las personas puedan gozar plenamente y ejercer efectivamente sus derechos fundamentales.
SANTO DOMINGO,R.D.- La concepción de derechos humanos comprende un conjunto de principios de carácter universal, que han sido reconocidos jurídicamente e integrados en los textos constitucionales de la mayoría de los estados democráticos. Tales principios se encuentran garantizados además por los convenios y tratados internacionales. En ese sentido, se puede afirmar que se ha logrado, no solo el reconocimiento de los mismos por parte de los estados, sino que ha sido posible garantizar su guarda y efectividad.
El derecho a la salud y la atención solidaria son uno de estos principios y consisten en asumir el compromiso de brindar atención médica gratuita a todas las personas que no poseen recursos para acceder a este servicio, lo cual pone en juego la vida de las personas.
Existe un amplio conjunto de normas internacionales que recogen disposiciones relativas a la seguridad social. Tal es el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales se refieren a la atención solidaria de la salud como un “derecho social exigible”, partiendo de la idea de que todas las personas tienen derecho a un sistema de salud al que puedan acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación. Se le conoce además como un derecho de segunda generación, como resultado de una clasificación histórica de los derechos fundamentales.
El derecho a la salud, la seguridad social y el principio de solidaridad han sido consagrados en la mayoría de las constituciones como un derecho fundamental, con amplias garantías para su ejecutoriedad. En España, por ejemplo, la Constitución de 1978, en su artículo 43 hace reconocimiento por primera vez al derecho a la salud como un derecho fundamental. Posteriormente, en 1986, el Congreso español aprobó la Ley General de Sanidad, que dio lugar a la creación del Sistema Nacional de Salud, lo que permitió que todas las personas tuvieran acceso a la salud, independientemente de su situación económica.
La Constitución de Bolivia en su artículo 45, prescribe el derecho de todos sus ciudadanos al acceso a la seguridad social, con cobertura de enfermedades catastróficas, epidemias, maternidad, riesgos profesionales, orfandad, pérdida de empleo, entre otros.
Por su parte, la Constitución de Ecuador consagra la seguridad social en su artículo 34 como un derecho “irrenunciable” de todas las personas, y “primordial” del Estado. Establece además que es un servicio público, universal, e imposibilita su privatización. Prescribe en el artículo 50 que el Estado se encuentra en la obligación de suministrar servicios de salud “de manera oportuna y preferente” a “toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad”.
En la República Dominicana, se han evidenciado grandes avances respecto del reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y por vía de consecuencia, en todo lo relativo al acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.
En el año 2001, a través de la Ley General de Salud No. 42-01, promulgada el 8 de marzo del año 2001, y la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01, promulgada el 9 de mayo del mismo año, se inició un proceso en la dirección de garantizar a los ciudadanos el derecho a la salud y a la seguridad social en un marco de igualdad y dignidad.
La Constitución dominicana, promulgada en el 2010 y modificada en 2015, estableció en su artículo 61 el derecho de toda persona a la salud, otorgando al Estado el deber de “procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades” y garantizar la “protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerablesÖ”. En ese mismo orden, la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece en su Línea de Acción 2.2.1.2, que el Estrado deberá fortalecer los servicios de salud, y trabajar en procura de la “prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata)”, entre otras.
Aunque hemos avanzado, en la República Dominicana existe un gran número de personas que desarrollan enfermedades de alto costo y complejidad, como VIH, insuficiencias renales, pacientes oncológicos sometidos a procesos de quimioterapia y radioterapia; enfermedades reumáticas y metabólicas graves; diabetes e hipertensión arterial; entre otras, que no son cubiertas por los seguros médicos. Por lo que quienes las padecen, en ausencia de una atención médica adecuada, tienden a agravarse y en la mayoría de los casos, pierden la vida. Como respuesta a esta necesidad, he sometido un Proyecto de Ley que Crea el Fondo Nacional para la Atención Solidaria en Salud (FONASS), cuyo objeto es gestionar, administrar y otorgar recursos financieros para pacientes que padezcan enfermedades de alto costo y complejidad y proveerles asistencia médica altamente especializada que complementen los servicios ya otorgados a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social. El FONASS tendrá dentro de sus funciones: gestionar, administrar y proporcionar los recursos necesarios para la atención médica a los pacientes que padecen enfermedades de alto costo y complejidad; financiar los exámenes que tengan que realizarse fuera del país por cuestiones de desarrollo tecnológico, entre otras. Este fondo tendrá como fuentes de financiamiento los aportes del Estado a través del Ministerio de Salud Pública; 15% de lo recaudado por el Fondo Técnico en Salud del SDSS; 25% del pago de Impuestos Internos (DGII) por exención fiscal de aportes de personas físicas e instituciones que lo hayan solicitado; 3% del valor de las multas provenientes de las infracciones de tráfico; 1% del impuesto a las bebidas alcohólicas extranjeras; 0.5% del impuesto a los artículos de lujo, joyas, perfumes, electrónica, los aportes y donaciones de instituciones y personas físicas, entre otros.
Con la aprobación de este proyecto se beneficiarán todos los dominicanos que padezcan enfermedades crónicas.
SANTO DOMINGO,R.D.- El suministro eléctrico sigue mostrando sus debilidades para satisfacer la demanda de la población. Usuarios de distintos sectores han reportado a LISTÍN DIARIO, un incremento de las interrupciones del servicio de energía y de las horas de apagones en momentos en que se siente una fuerte ola de calor.
Moradores de barrios con circuitos 24 horas como La Agustina, Manoguayabo, Reparto Rosa, Las Caobas reportan interrupciones de hasta cuatro y cinco horas.
Las empresas de Distribución del Sur y del Este confirmaron que tienen déficit de generación causado por la salida de algunas plantas de generación.
Edesur informó a LISTÍN DIARIO que tienen un déficit de energía de 440 megavatios fruto de la salida de operación de las plantas generadoras San Felipe, Itabo II y Macorix.
Asimismo, Edeeste informó mediante un comunicado que el suministro de energía eléctrica que ofrece ha sido afectado en los últimos días por un déficit de generación de hasta de 584 megavatios, causado por la salida de servicio de las plantas: Sultana del Este, Haina TG y San Felipe.
Ambas distribuidoras ofrecieron excusas a sus clientes por los inconvenientes que esta situación les está causando e indicaron que esperan que este inconveniente sea solucionado a la mayor brevedad posible.
El aumento de la demanda de electricidad fruto de las altas temperaturas y el racionamiento de energía que mantienen las empresas de distribución se ubican también entre las causas por las que la población sufre la ausencia de la energía eléctrica.
Problemas en el Este Según el Organismo Coordinador del Sistema Nacional Eléctrico Interconectado (OC-SENI) reporta en las subestaciones de La Romana, Higüey y el Seibo, una falta de compensación reactiva en las zonas asociadas a las mismas.
(+) ADIE DICE SARGAZO AFECTÓ UNA PLANTA La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica informó que la reducción de energía sentida en el día de ayer fue causada por algas marinas o sargazo que afectaron en la madrugada a la planta Itabo I, pero que el inconveniente ya fue corregido. “Gracias a la rápida respuesta de las plantas generadoras, que estuvieron listas para entrar cuando fueron llamadas, la generación de electricidad se encuentra estable en el día de hoy” informó Manuel Cabral, vicepresidente de la ADIE en una nota enviada a los medios. recordó que la isla está siendo impactada por una invasión del sargazo y que eventualmente podría volver a afectar la operación habitual de las generadoras cercanas a la costa.
SANTO DOMINGO, R. D.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantiene desde 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, una empresa que fundó el actual director de la dependencia estatal, arquitecto Alejandro Montás Rondón, junto al español residente en Colombia Francisco Javier Vilaplana y al dominicano Ángel Rondón Rijo, reconocido lobista cuyo nombre sale a relucir en fraudes como los del Plan Renovey el Baninter, en los que se le atribuye encarnar alrededor de los congresistas la nefasta figura de “el hombre del maletín”.
Desde 2002 hasta abril de este año la empresa recaudadora se benefició con más de 2,549.8 millones de pesos en su relación comercial con la CAASD. En 2013, la compañía tenía 300 empleados, según un informe de Canal Isabela II de Gestión, una firma española con la que tiene vínculos, a través de Inassa (Sociedad Interamericana de Agua y Servicios) que aparece como accionista de AAA Dominicana bajo la representación de Edmundo Rodríguez Sobrino.
Rondón Rijo figura como accionista mayoritario de AAA Dominicana, registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo con el número 4745SD (RNC 1-01-84162-1), como persona física y a través de las empresas Roymar S.A. y ClimateState S.A., dos firmas que preside.
La compañía contratista cobró para la CAASD desde 2002 hasta abril de este año un monto de RD$7,258,865,486, de los que retuvo el 34% (RD$2,549,855,503), según cifras oficiales suministradas por el organismo a través de su oficina de acceso a la información.
La CAASD asegura que la compañía ha facturado a sus clientes un monto de RD$9,853,365,763, de los que logró recaudar el 74%.
En 2006 la AAA recaudó RD$618.408,439 de los que debía retener RD$193,974,461. Unas de las actas de la asamblea de accionistas de la compañía realizada el 21 de marzo de 2007 relata que al 31 de enero de ese año la CAASD adeudada a la empresa RD$163,836,330 de capital y RD$48,278,384 de intereses.
En la citada reunión los dueños de la empresa autorizaron a su gerencia a negociar esa deuda por un límite de entre RD$130 a RD$140 millones, 33.8 millones de pesos menos, algo que podría interpretarse como una postura generosa y condescendiente frente a la administración de la CAASD.
Además de la CAASD, la compañía ofrece u ofreció su gestión de cobro de servicios a las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y Santo Domingo Este, así como al Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega).
La actual gestión de la CAASD muestra lentitud y escaso interés en facilitar copia de todos los contratos que mantiene con AAA Dominicana, constituida el 28 de marzo de 2000. Los registros de la compañía en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo evidencian que el arquitecto Montás Rondón y su firma Del Castillo & Montás vendieron sus acciones a Ramón Núñez Ramírez el 2 de septiembre del citado año. Después se produjeron otros cambios en la composición accionaria de la firma hasta que la empresa –constituida al principio con un capital de 10 millones de pesos– quedó bajo el control de Ángel Rondón Rijo.
Además de la CAASD, la compañía ofrece u ofreció su gestión de cobro de servicios a las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y Santo Domingo Este, así como al Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega). En diciembre de 2010, la CAASD solicitó a la AAA Dominicana –que no es un banco– un préstamo de diez millones de pesos, una especie de adelanto para pagarlo en marzo de 2011, según consta en documentos de la compañía.
Aunque la gestión de Roberto Salcedo ni siguiera se molestó en responder a las preguntas sobre AAA Dominicana, el acta de la asamblea de accionistas de la firma fechada el 3 de julio de 2012 explica que la compañía había establecido un récord al cobrar para el cabildo RD$39 millones en un mes.
La empresa firmó el 13 de noviembre de 2003 con la Corporación Dominicana del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) el “Contrato para la gestión comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado y el desarrollo del programa de instalación de medidores en la provincia La Romana”.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
Fruto de ese contrato, la COAAROM demandó a la compañía y logró que un tribunal civil de San Pedro de Macorís la condenara al pago de una indemnización de 76 millones de pesos, pero la litis terminó en un acuerdo entre “directores” cuyos términos la población desconoce.
El contrato data de 2003 y para 2009 la COAAROM alegaba que perdía más de 1.3 millones de pesos mensuales por deficiencias en los cobros de AAA Dominicana que, según argumentaba, debía reportar 59 pesos al mes por cada cliente registrado y, aunque tenía 25,000, sólo cobraba el servicio de agua potable a 8,000.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
“Tanto el Gerente General como el Gerente de Operaciones de la empresa, han sostenido reuniones conjunta o separadamente con el Director de COAAROM y el representante de Central Romana (Casa de Campo), persona de gran influencia en la directiva de COAAROM, elevando propuestas verbales a los mismos. El día 30 de julio, se llevó a cabo una reunión de Consejo de Directores de COAAROM, donde se creó una comisión integrada por 4 miembros para la búsqueda de una salida negociada al conflicto”, explica un acta de reunión de accionistas de AAA del 17 de agosto de 2007.
El 14 de septiembre de 2011 los accionistas determinaron: “Se autoriza a la señora Odette Hasbún Rosanía a gestionar el cierre definitivo del caso, previa consulta a los consejeros. La negociación con COAAROM finalizará en una suma no mayor de Trescientos Mil Dólares de Los Estados unidos de Norte América (US$300,000,000)”.
Ese día la tasa del dólar, según registros del Banco Central, era de RD$38.20, con lo cual los dueños de AAA se referían a un monto de alrededor de 11.5 millones de pesos disponibles para un arreglo, aunque el acta de asamblea omite explicar la forma en que se llevaría a cabo esa “negociación” en la que estaban envueltos funcionarios públicos de La Romana y personas de influencia de Casa de Campo.
“Respecto de ese (caso) sólo puedo decirle que los dos directores (de AAA Dominicana y la COAAROM) llegaron a un acuerdo del cual no conozco los detalles”, se excusa el abogado Genaro Silvestre, quien representó a la COAAROM en el proceso. 7días.com.do requirió, sin éxito, información al respecto a la entidad a través de su vocero, Marcos Mañaná.
Apeló al “poder” para librarse de cobro de impuestos
AAA Dominicana apeló a la intervención del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para evitar el pago de más de 103 millones de pesos que le cobraba la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al finalizar 2012.
Su acta de asamblea de accionistas correspondiente al 17 de diciembre de 2012 establece que la DGII le notificó a la compañía de Rondón Rijo que declaró y pagó sólo “parcialmente” el ITBIS (impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios) correspondiente al período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre.
La DGII estableció que “AAA Dominicana es responsable del pago de los impuestos generados como resultado de la partida ingresos gravados declarados exentos, por tanto, se ha generado un ITBIS a pagar por valor de RD$32,160,407.64 más RD$71,729,072.84 de recargos por mora e intereses indemnizatorio, asciende a un total a pagar de RD$103,889,480.48”, dice el acta de asamblea.
Más adelante confiesa que “luego de recibir la notificación AAA Dominicana y la CAASD redactaron comunicaciones dirigidas a la DGII y al Ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José Ramón Peralta, en interés de aclarar que esta última institución está exenta de impuestos en virtud de la Ley No. 498, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)”.
El acta de la asamblea de accionistas recoge a favor de la compañía el artículo 22 de la Ley 498 que establece que el organismo oficial “estará exonerado del pago de todo impuesto, gravamen, tasa o arbitrio” que recarga o pudiera recaer sobre sus operaciones o negocios.
Para diciembre de 2012 ya estaba al frente de la CAASD el arquitecto Montás Rondón (apellido Rondón de la región Este del país al igual que Ángel Rondón Rijo), uno de los fundadores de AAA Dominicana, designado en la dependencia oficial por el presidente Danilo Medina mediante el decreto número 465-12, del 17 de agosto de ese año.
Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país
“Destacamos que la dirección de la CAASD está realizando gestiones significativas para enmendar la situación antes citada”, dice textualmente el acta de accionistas de diciembre de 2012 en referencia al pago de los más de 103 millones de pesos que le exigía la DGII.
En la reunión del 21 de septiembre de 2012 Odette Hasbún Rosanía, gerente de AAA Dominicana, explicó a los miembros del consejo que: “con la elección y posesión del nuevo presidente de la República, doctor Danilo Medina, hubo cambios en la dirección de la CAASD, asignando como nuevo Director General al Arquitecto Alejandro Montás Rondón. En tal sentido, se han realizado dos reuniones de trabajo en la que ha participado el Presidente del Grupo Empresarial Inassa y el Presidente del Consejo de Administración de AAA Dominicana, tratando temas inherentes al contrato y la posibilidad de la renovación con la instalación de cien mil medidores”.
Hasbún Rosanía insiste en el interés de la administración de Montás Rondón y expresa (siempre según el acta): “La CAASD es consciente de la necesidad de ampliar el horizonte del contrato que en la actualidad vence en febrero del año 2015, para poder amortizar la inversión que realizaría la empresa en la adquisición, suministro, instalación y mantenimiento de estos medidores”.
(Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país).
Personaje de leyenda
En torno a Rondón Rijo circulan historias que incluso ya están impresas al menos en un libro. En la obra “Todas las posibilidades” que escribió el periodista Freddy Aguasvivas se menciona al comerciante e incluso se incluyen detalles de su supuesta intervención en una modificación a la Ley Monetaria y Financiera auspiciada –según el texto– por Ramón Báez Figueroa, a sugerencia del asesor financiero Luis Álvarez Rentay la ejecutiva Vivian Lubrano de Castillo.
La modificación estaría orientada a flexibilizar la ley para permitir que el Baninter pudiera comprar la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) para acceder a RD$14 000 millones sobre los que sus ahorrantes realizaban pocos movimientos.
De acuerdo al texto de Aguasvivas, el asesor Álvarez Renta vendió a Báez Figueroa las ventajas de la operación que permitiría al Baninter superar el tamaño del Banco Popular y a la vez acceder a un capital en efectivo, por lo cual recomendó la contratación de Rondón Rijo para gestionar con los congresistas la modificación de la ley.
“Ángel Rondón tenía la habilidad de convencer a los senadores y diputados de la necesidad de emitir las leyes que beneficiaban a ciertos sectores empresariales, y de los beneficios de sus modificaciones”, escribe el periodista Aguasvivas en Todas las posibilidades. “Armado solo con un maletín en las manos, no había caso que se pusiera a su cuidado que no fuera resuelto. Era caro, pero eficaz”, concluye.
La sentencia número 350-2007, dictada el 21 de octubre de 2007 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece entre Baninter y la APAP “se realizaron negociaciones dirigidas a asegurar una eventual fusión de ambas entidades una vez entrara en vigencia la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera”. Con ese fin, prosigue, fueron abiertos en Baninter catorce certificados financieros: seis por un total de para un total de 205 millones 875 000 pesos a favor de Ángel Miguel Rondón (a nombre de Lancaster Int. Services, Bayside Capital Holding, VenmorelyInvestments, Librec Investment y Roymar Corporation); cuatro por 91 millones de pesos a favor de Ricardo Pellerano Paradas(a nombre de Oakville Portfolio Int., Trek Global Investment, Seandel Financial y Astrion Property Group) y tres por 205,875,000 pesos afavor de Miguel Pimentel Kareh(a nombre r de Farden Business Corp., Galano Media Int., Jay Overseas Corp.) y uno de 10 millones de dólares a nombre de Bay Hurst Investment.
“En fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores Ángel Miguel Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron a rembolsar al Banco Central de la República Dominicana y al Banco Intercontinental, la suma de setenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y seis pesos con noventa y cinco centavos (RD$75,414,686.95) y doscientos trece mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos (US$213,684.41), valores que recibieran en ocasión de esta negociación”, dice la sentencia en referencia a la adquisición irregular de la APAP por parte del Baninter.
El nombre de Rondón Rijo también salió a relucir en el fraude de más de 1,800 millones de pesos del Plan Renove.
Sam Goodson, quien suscribió con la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) un contrato de venta de vehículos marcas Hundai por 40.8 millones de dólares, firmó –el 21 de mayo de 2001– un acuerdo notariado con Rondón Rijo en el que se comprometió a pagar al comerciante la suma de 995 000 dólares (para la fecha a una tasa de 16.66 sumaban unos RD$16,576,700) con el compromiso de que convenciera a los congresistas de la aprobación del citado contrato con el Estado.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El “Acto de declaración y reconocimiento de honorarios” obligaba a Goodson, un estadounidense de origen israelí que se fugó del país, a pagar a Rondón Rijo 58 000 dólares cuando el contrato de financiamiento se aprobara en el Senado; 600 000 cuando pasara por la Cámara de Diputados y último 337 000, “en un plazo no mayor de 15 días, luego de ser sancionado por ambas cámaras”, tal y como lo documentaron las autoridades.
En hechos más recientes, tanto el movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunciaron ante las autoridades supuestas irregularidades en contratos millonarios que favorecen a Rondón Rijo firmados por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Frank Rodríguez.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El periodista Leo Hernández incluyó en su columna Top Secret, de la edición de El Caribe del 26 de julio del año pasado, un comentario bajo el título “¡Wwwaaaooo!” que retrata la influencia del dueño de AAA Dominicana: “Para los que fueron por primera ocasión, aquello parecía de película, aunque para los que repetían su presencia en el festejo, el aparataje era confirmación de que una vez más, el conocido cumpleañero demostraba su extraordinario poder de convocatoria e influencia, reafirmando que está bien ranqueado en el lobbismo de todo tipo en el país. Siete helicópteros transportaron conocidos personajes de diversos ámbitos y de todos los colores y procedencias políticas, sociales y empresariales, luciendo imponentes en uno de los espacios laterales de la finca de Ramón Santana donde no faltó nada y abundaron las risas, anécdotas y las reiteraciones de afectos entre muchos que llevaban algún tiempo sin compartir. De ñapa, la música contagiosa de los Hermanos Rosario puso a una buena parte a contonearse. Era el cumpleaños de Ángel Rondón. Congratulaciones…”
SANTO DOMINGO,R.D.- Hoy cinco de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente, ocasión perfecta para reflexionar sobre la relación de los seres humanos con nuestro planeta, nuestros recursos naturales y el impacto de esta dinámica.
Harsh Vardhan, ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India, país anfitrión de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2018 y líder en materia de reciclaje, manifestó: “Si cada uno de nosotros hacemos al menos una buena acción cada día como parte de nuestra ‘responsabilidad social verde’, habrá millones de buenas obras verdes cada día en el planeta”.
Sin duda, la protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. Las instituciones educativas, en particular, juegan un rol muy importante en la formación de la conciencia ecológica de niños/as y jóvenes, y tienen el deber de sensibilizar y promover acciones en pro de la conservación y la solución de los problemas ambientales.
“Hace mucho leí una frase que tiene mucha validez en relación con la actitud no solo de los jóvenes sino de los humanos: ‘Cuidamos lo que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñaron’, por eso la Educación Ambiental es fundamental”, asegura Milagros Rodríguez, coordinadora del Comité de Sostenibilidad de la Universidad Iberoamericana (Unibe). El compromiso con la protección del medio ambiente en esta universidad nace con su fundación, es parte de su ADN y un eje transversal. Así lo promovió su fundador, Jorge Hazoury Bahlés, quien lo estableció como uno de los lineamientos filosóficos de la institución.
“Los profesionales de hoy deben estar conscientes de que, desde su profesión, cualquiera que esta sea, tienen el deber de trabajar por la sostenibilidad ambiental, por la administración eficiente y racional de los bienes naturales, de manera que sea posible aprovecharlos sin agotarlos, permitiendo que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos”, manifiesta Rodríguez, y explica que es deber de la academia sensibilizar a los jóvenes a través del currículo, de cursos, conferencias, talleres, pero sobre todo, sirviendo de modelo de sostenibilidad ambiental en su accionar. “No solo es decir que hacer, sino hacer lo que se dice”, dice. “Tan pronto los jóvenes conocen la importancia de valorar nuestros recursos naturales e identifican la raíz de la mayoría de nuestros problemas ambientales, generalmente se motivan a trabajar a favor del planeta”.
Educando para la sostenibilidad
Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible en el accionar de todos los miembros de la comunidad académica, Unibe creó un Comité de Sostenibilidad, el cual gestiona acciones que dan respuestas científicas a situaciones ambientales que se dan dentro del campus en particular y del país en general, trabajando para hacer del campus de Unibe un modelo de campus sostenible.
Dentro de las acciones de realiza la universidad para garantizar el cumplimiento de compromiso, se encuentran el impartir asignaturas sobre ciencia y/o sostenibilidad Ambiental, realizar actividades dentro y fuera del aula que contribuyan a la valoración de los recursos naturales y la identificación de los problemas que los amenazan, aplicación de las 3R en la gestión de los residuos (reducir, reusar y reciclar), utilización de bombillas LED en todo el campus para el ahorro de energía, sus aulas están climatizadas, cuentan con aulas verdes y cafetería con techo verde.
Asimismo, se fomenta la conservación de la biodiversidad del campus, priorizando la siembra de plantas endémicas y nativas e identificando la flora mediante rótulos con su nombre científico y común; se utilizan sensores mecánicos en baños para garantizar un uso eficiente del agua; se realizan campañas de sensibilización de la comunidad para promover el reciclaje, ahorro del agua y energía, evitar el ruido y contaminación, entre otras.
