La aprobación por las Naciones Unidas de las directrices sobre los Derechos del Consumidor, ha significado un paso de avance y ha contribuido a salvaguardar los intereses de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, sirviendo de punta de lanza, para que los Estados implementen políticas públicas orientadas a educar e informar a los mismos sobre todos los derechos que les asisten como consumidores.
Estas directrices están orientadas en dos (2) direcciones, primero: teniendo como objeto principal coadyuvar con los Estados en la implementación de mecanismos que garanticen la defensa y protección de los consumidores y segundo: estableciendo una serie de principios que han de observarse y tomarse en consideración para la implementación de Normas de Protección de los Consumidores y en la aplicabilidad de las mismas.
El objeto de estas directrices está orientado en la siguiente dirección:
a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores.
b) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas, a nacionales y extranjeras, que perjudiquen a los consumidores.
c) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor.
d) Promover un consumo sostenible.
Los principios establecidos desde estas directrices de la ONU sirven de guías y parámetros de orientación para que los Estados al momento de establecer políticas públicas, tomen en consideración los mismos, atendiendo a las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales de cada país.
En síntesis, colegimos que en la actualidad se puede hablar de una internacionalización de los derechos de los consumidores y usuarios, partiendo del amplio proceso de globalización, regionalización, apertura comercial y masificación del uso de las tecnologías en las actividades personales y comerciales. Esto, definitivamente viene a potencializar la defensa y protección de estos derechos, tomando como referencia que podemos incorporar en nuestra legislación los ejemplos de buenas prácticas en esta materia que ha dado muy buenos resultados en otros países, con normativas más avanzadas y garantistas. -
www.elcaribe.com.do/2015/12/23/derechos-los-consumidores
SANTO DOMINGO,R.D.. A pesar de que desde que el presidente Danilo Medina arribó a la Presidencia en el 2012 hubo un equipo de su gobierno que se encargó de organizar reuniones con las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, para lograr la firma de un pacto eléctrico que permita la solución definitiva del problema energético en República Dominicana, ya van más de tres años, y todavía no ha sido posible el esperado convenio.
Pero, ¿qué es el problema eléctrico en República Dominicana, qué es lo que se busca solucionar?
A simple vista y, de manera llana, se puede decir que el problema está compuesto, principalmente, por pérdidas en el sistema eléctrico, que se clasifican entre técnicas y no técnicas, y a raíz de las mismas y para que no suba tanto el subsidio que debe pagar el gobierno, se generan largas tandas de apagones que hacen que una gran cantidad de usuarios tengan que buscar soluciones de energía particulares, lo cual permite que el costo por la energía sea cada vez más caro.
De acuerdo con la página web creada para el pacto eléctrico, este convenio está llamado a ser la base para construir un sistema energético confiable y sostenible, que asegure la competitividad y una mejor calidad de vida para todas las personas que habitan en el país. “Este pacto aspira a ser la plataforma para solucionar la crisis energética que por varios años ha acompañado a República Dominicana. Con este acuerdo se aspira a encontrar la solución que permita superar los obstáculos identificados y alcanzar un sistema eléctrico confiable, competitivo y sostenible para todos”, indica el portal.
“Se consigna la necesidad de que, en un plazo no mayor de un año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”, así dice el artículo 35 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la cual fue promulgada el 25 de enero de 2012.
En ese sentido, se han realizado varios trabajos, se han hecho distintas consultas, se han elaborado cientos de propuestas que, aunque en algunos casos hay puntos comunes, en gran parte difieren mucho una de otra, y se han organizado también secciones para el consenso, pero todavía no hay una fecha segura para la firma del pacto eléctrico.
El mes que viene se cumple un año de que formalmente el gobierno lanzara la propuesta oficial para la firma del pacto eléctrico, la cual se debía consensuar con las demás iniciativas en un plazo de seis meses pero esa meta no fue posible cumplir y todavía la rúbrica no tiene fecha.
También el mes que viene se cumplen tres años de vencido el plazo otorgado por la END para que se lograra el pacto.
