Santo Domingo,R.D.-El título de este artículo no es una exhibición de pesimismo, sino una alerta. Las estadísticas señalan que la reforma de salud en América Latina está estancada. Los resultados arrojados en la mayoría de los países no son para celebrar. Ella está como un avión que ya debió estar volando por encima de los 35 mil pies de altura, pero todavía el vuelo no permite que la tripulación inicie el brindis de bebidas y alimentos porque ni siquiera ha alcanzado los 8 ó 10 mil pies de altura esperados. El principal elemento para celebrar podría ser son los logros en cobertura de seguros de salud. No así en términos de equidad y barreras de acceso.
En el Congreso dominicano en este momento se discute en comisión una nueva reforma de salud y seguridad social. Pienso que es un error intentar hacer reformas de salud y seguridad social sin participación. Es necesario generar espacios de construcción colectivas de ideas y propuestas que trasciendan lo oficial y los pactos de grupos políticos y corporativos.
Si el eje de esta reforma no es la participación para la equidad, una vez más hemos perdido el tiempo. Esto supone profundizar en una reforma que amplíe el acceso de los servicios asegurando que “cada uno reciba atención según sus necesidades y contribuya al financiamiento del sistema según sus posibilidades” (Conferencia Dra. Mirta Roses Periago, OPS-2003, RD). Apostamos por un sistema donde se eliminen todas las barreras de acceso existentes por razones económicas, territoriales, de género, sociales, culturales, migratorias, entre otras. Si la equidad no es un propósito consciente y dirigido desde el Estado, de nada valen las reformas de salud. Por tanto, reducir y eliminar las desigualdades evitables es el principal desafío de una nueva reforma, porque la equidad es un tema de justicia social y redistribución económica.
Apostar por la equidad en la seguridad social implica romper con la segmentación o la categorización de ciudadanía en base a su capacidad de pago y sus ingresos para tener iguales derechos. El principio de ciudadanía queda roto cuando se segmentan los regímenes de afiliación, el acceso a las redes de servicios y las modalidades de pensiones en base a los grupos de edades y sus ingresos. Esta segmentación es la principal fuente generadora de inequidades, combinada con el peso determinante, a veces por encima del Estado, que tienen los grupos económicos y privados en la gestión de la salud y las pensiones.
Frente a las exclusiones de acceso de un sistema marcado por la lógica de mercado, es el Estado quien tiene el compromiso para proteger y garantizar acceso a quienes no pueden seguir cubriendo más del 44.7% de sus gastos de salud (OMS, 2018). Dar un giro a esta realidad contribuye a la disminución del círculo vicioso de la pobreza al contar con un sistema de salud más equitativo. Por consiguiente, la salud demanda de un abordaje muldimensional, siendo la pobreza una de las principales determinantes en las condiciones de salud de la población.
Conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, para un país implementar políticas sociales efectivas en materia de salud necesita mantener su economía estable, donde el PIB alcance un mínimo de 3% a 4% de crecimiento y pueda destinar de este PIB para el gasto público en salud entre el 4% y 5%. Nosotros nos movemos entre el 2% y el 2.7%. Según Madgdalena Rather, “el país se comprometió en una iniciativa regional, encabezada por la OPS y denominada Pacto de APS 30-30-30 por la salud universal, a destinar fondos públicos a la salud equivalentes, al menos, al 6% del PIB y, dentro de éstos, un 30% al primer nivel de atención (OPS, 2014). Estamos muy lejos de alcanzar esa meta” (Acento, 02-04-2021).
Para lograr un sistema de salud y seguridad social más equitativo el Estado tiene que aumentar el gasto o la inversión pública en salud que contribuya a una disminución de las cargas financieras al presupuesto de las familias pobres, una ampliación o universalización de la cobertura de aseguramiento y la atención, un aumento en la calidad de los servicios de salud. Esos deben ser los temas centrales en la discusión de la reforma que se lleva a cabo en el Congreso. Por ende, se requiere de una discusión a fondo de la viabilidad y efectividad del actual modelo para generar equidad
Estos cambios de paradigmas caminan de la mano con decisiones políticas y económicas dirigidas a garantizar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico. El escenario actual pandémico y postpandémico, indica que es prioritario que todas las acciones para la dinamización de la economía produzcan un escenario en el cual el PIB llegue a un crecimiento mínimo de un 4% para lograr avanzar en la equidad en salud. Por tanto, estamos obligados a redefinir prioridades dentro del sistema de salud. De lo contrario, el gasto del bolsillo de los hogares corre el riesgo de seguir aumentando.
Son reveladoras las cifras en las que se evidencia que aquellas sociedades cuyas poblaciones tienen niveles educativos, de salud y nutrición bajos reproducen los círculos viciosos inherentes al subdesarrollo. Por efecto contrario, cualquier país que quiera dar saltos cualitativos en materia de desarrollo tiene que establecer entre sus prioridades la educación, la salud y la nutrición, las cuales constituyen células vitales del capital social de una nación-
https://acento.com.do/opinion/si-la-equidad-no-es-el-proposito-para-que-la-reforma-de-seguridad-social-8930115.html
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