Jurídicamente todo fue perfecto. Fue un acuerdo alianza publica/privada de autopista, un contrato de garantía, con un sector licitado que se arriesgaba a invertir y quería su tasa interna de retorno asegurada como cualquier banquero y el Dr. Esquea no puede impugnarlo hoy, pero puede reportar económicamente, mucho. ¡Ah,! dirá, «pingues beneficios para el privado a costa de peaje al pueblo por obra que costo cheles, y fue sobre dimensionada y se paga en millones de pesos hoy».
El contrato firmado por el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de garantizar al consorcio un ingreso mínimo durante la explotación del proyecto para mantener la tasa de retorno aplicable a los resultados financieros del proyecto.
Por lo tanto, se acordó que el Estado asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado o Peaje Sombra,
A este tipo de acuerdo le llaman Alianza Público-Privada. Un experimento que regularmente beneficia a los del sector privado y castiga a quienes pagan los impuestos. Esta situación comienza a verificarse durante el periodo 2012-2017.
Mire el caso.
Al registrarse el consorcio carretero Este, hemos tabulado sin auditar que han recibido 324.8 millones de dólares por el peaje sombra, equivalente al 146 por ciento de la inversión original. Gran negocio.
¿Por qué las asociaciones público privadas (APPS) no funcionan ?
Porque no hay seguimiento, ni transparencia y todas deben evaluarse anualmente.
Carretera Sombra:Son 106.6 kilómetros, de beneficio por asociación publica privada y se construyó con cuatro estaciones de peaje (Marbella, Naranjal, Guaraguao y El Catey) a un costo de 151.8 millones de dólares, a los precios de 1999.
Para establecer la participación del Estado Dominicano y el consorcio Autopista del Nordeste, en el proyecto vial, ambas partes aportarían 25 millones de dólares cada uno, cash, o en especies, y el resto fue agenciado por un financiamiento de 125.8 millones de dólares, colocados el 28 de febrero del 2007 en bonos corporativos a 20 años, a un interés anual de 9.39 por ciento.
Solo de intereses se han pagado 90 millones de dólares de esos bonos y desde 2008 RD$26,835 millones han sido pagado de sombra por Estado según libramientos y hoy le exigen RD$ siete mil millones por 2021, según sus cálculos.
La carretera Santo Domingo-Samaná fue inaugurada el 12 de diciembre de 2008. La expectativa económica y financiera de la obra se fundamentó en un estudio de demanda realizado por la firma norteamericana Louis Berger Group (LBG).
Ese estudio reveló que el Estado Dominicano tendría ingresos por impuestos y excedentes de peaje durante el período de concesión, esto es, 30 años de explotación, del 2008 al 2038, ascendente a 900 millones de dólares. Desafortunadamente, los resultados del referido estudio nunca fueron conciliados con la realidad, ya que la experiencia de los años posteriores muestran a un solo ganador, el consorcio Autopista del Nordeste, pues la tasa interna de retorno (TIR), le reportó un 25%.
Una exageración, estas obras dejan un 10% a lo sumo, o hubiéramos tomado todo en bonos al 9.3%
De acuerdo con el contrato firmado, el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de garantizar al consorcio un ingreso mínimo durante la explotación del proyecto para mantener la tasa de retorno aplicable a los resultados financieros del proyecto.
Por lo tanto, se acordó que el Estado asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo o Peaje Sombra. Esto hace suponer que el Estado Dominicano, recibió informaciones inexactas con respecto al tráfico vehicular.
Si el peaje de la carretera de Samaná, lo disminuyen en 50% llegarían más autos, pero LBG no dijo eso.
Eso rompe esquema y se es pasible de abuso contable y fraude, LBG será demandado, espérelo, y a los que aprobaron el adefesio. Esa concesión es “una subvención pública a financiamientos privados con garantías estatales.”
https://almomento.net/alianzas-publico-privadas-bajo-lupa/
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