No se trata de que el gobierno ni ningún otro sector se cuelgue el medallón mediático por la firma de un pacto cualquiera. De poco serviría.
Lo importante es que la sociedad encuentre solución permanente a los problemas de insuficiencia y baja calidad del servicio eléctrico, apagones, alto costo, robo, pérdidas y escape incontrolado de recursos públicos.
Hay actuaciones de sentido común y gran poder persuasorio, para cuya adopción no se necesitaría del acompañamiento de fanfarria. Y que harían las veces de pelo del bigote ofrecido como garantía de seriedad para allanar el camino de la firma de un pacto que transforme radicalmente al sector eléctrico.
Uno de esos pelos del bigote podría ser, por ejemplo, recortar los gastos innecesarios que abultan las nóminas de las empresas distribuidoras y consolidar su consejo directivo en uno solo. Otro, pagar, sin dilación, la factura de generación. Otro más, informar sin omisiones sobre las asignaciones de recursos.
O, exponer con transparencia las decisiones ya adoptadas y en proceso en materia de generación de electricidad futura.
Un pacto se basa en la confianza mutua. Solo la habrá cuando cese la discrecionalidad. Y cuando haya reflexión de fondo.
Dado el camino tortuoso transitado, lo pertinente sería que una pequeña comisión integrada por representantes del sector político, empresarial y social, reelaborara el texto en los aspectos sustanciales y eliminara lo redundante.
El documento podría limitarse a pocos párrafos, enfocados en lo esencial. Sin eso, no tendría sentido firmar.
Y, ¿qué es lo esencial?
Desde mi modesta óptica de ciudadano a quien le duele su país, lo esencial es crear un sistema eléctrico de calidad, eficiente, confiable y competitivo, que garantice la satisfacción de las necesidades de la población y del aparato productivo, al menor costo posible, sin privilegio para sector alguno.
Aunque en el mundo existen diferentes modelos de organización del sector eléctrico, en el caso dominicano, dada la fragilidad institucional y el auge clientelar, está comprobada la necesidad de que haya una separación de funciones.
Al Estado debería corresponderle tanto la regulación y supervisión (con una superintendencia de electricidad dotada de independencia), como la propiedad y gestión de la transmisión y generación hidroeléctrica, por su carácter estratégico.
Lo anterior implicaría sacar la mano del Estado del resto del negocio eléctrico, fuente inagotable de déficit y pérdidas. Y utilizar esos recursos dispendiados con tanta generosidad, en inversión productiva.
De ahí se deriva que al sector privado le correspondería adquirir y gestionar la propiedad del parque de generación, distribución y comercialización, de acuerdo a normas y planes de expansión a ser desarrollados a través de procesos de licitación previsibles y competitivos.
Las mayores vulnerabilidades se sitúan en la distribución y comercialización de energía. Hacia allí deberían dirigirse inversiones masivas que lleven las pérdidas a parámetros de la región en un plazo no mayor de tres años, puesto que para el despilfarro no pueden concederse prórrogas inmerecidas.
La generación se alimentaría por sí misma si se impusieran reglas claras y procesos de licitación previsibles, confiables.
El sector público no está en capacidad de realizar las grandes inversiones que se requieren. Pero sí inducir a que se realicen mediante la vigencia de un marco regulatorio confiable, alejado de la politiquería y de los consecuentes negocios que medran como hidras, incontenibles, a costa del deterioro del sistema.
La tarifa tendría que cubrir los costos y dejar espacio a la rentabilidad. Nadie invierte para perder ni para pasarse meses sin poder cobrar sus facturas. La política social puede incluirla en su foco, a costa del presupuesto, no del sector eléctrico.
Al ciudadano y a las empresas les interesa disponer de un servicio de electricidad continuo, confiable y competitivo. No que el sector sea un reparto de prebendas y distribución de ingresos por méritos políticos y afán clientelar.
Tendría que haber una transición tan corta como fuese posible, que permitiera traspasar los activos públicos, incluyendo Punta Catalina, unificar el sistema de transmisión, configurar el holding público responsable de la transmisión e hidroeléctricas, e integrar las distribuidoras en un solo conglomerado.
Y que se pusiera en práctica a la brevedad una tarifa plana y técnica que permitiera la recuperación de los costos e hiciera viable la inversión en la modernización de la distribución y comercialización.
De nada serviría un papel emborronado por más que se le llamara pacto y se firmara en salón de oropel, si no respondiera a las necesidades de la sociedad.
https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/el-pelo-del-bigote-electrico-BE12344702
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