SANTO DOMINGO,R.D.- Uno de los grandes desafíos de nuestros países hoy día es asegurar un piso básico de protección social a los adultos mayores o personas en edad, de manera tal que puedan disfrutar de una calidad de vida digna sin ser pobres. Proteger a nuestros mayores es un imperativo moral en una sociedad con menos soportes familiares y más demandas por servicios de salud, sociales, entre otros. Los sistemas de pensiones constituyen el centro de la protección social de las personas de edad. En la declaración universal de derechos humanos del año 1948 ya se establecía la garantía del derecho a un seguro de vejez y nuestraConstitución del 2010 establece el derecho de protección de las personas de la tercera edad.
Hoy día, fruto del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, la proporción de adultos mayores es cada vez mayor. Hasta en países con una población joven como la República Dominicana, el segmento de la población de 60 años y más va en aumento. La esperanza de vida de nuestro país se estima en alrededor de 74 años, un año menos que la regional y 9 años menos que la de España. República Dominicana ha sumado 4 años en su esperanza de vida desde el año 2000. En nuestro país se estima que un poco más del 10% de la población tiene 60 años, esto es alrededor de 1 millón de personas, y más, proporción que se duplicará para el año 2050.
En el año 2001, República Dominicana transformó su sistema de pensiones a través de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Prácticamente cerró el sistema de pensiones anterior, y creó un nuevo sistema en la que las pensiones de las personas se basan en el ahorro individual que se va acumulando a lo largo de la vida laboral más el rendimiento. Para eso se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas de carácter social que reciben las cotizaciones obligatorias (el % del salario destinado para pensiones) con el objetivo de gestionar los fondos de los trabajadores. En el caso dominicano las cotizaciones corresponden al 9.97% del salario, el cual el 30% es asumido por el trabajador (2.87%) y el restante 70% por el empleador (7.10%). De este porcentaje, solo el 8% va a la cuenta personal de cada trabajador. Este nuevo modelo de pensiones se sustenta en los siguientes supuestos básicos: a) que las personas ocupadas en el país estén en posición de cotizar a las pensiones; b) el porcentaje del salario que se destina a las cotizaciones; c) el nivel de salario; d) la cantidad de cotizaciones, con un mínimo establecido en la Ley 87-01 de 30 años o 360 meses de cotizaciones; e) la rentabilidad real de los fondos de pensiones sea positiva.
A quince años del inicio de las cotizaciones al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia (SVDS), los resultados pronostican que las tasas de reemplazo (las pensiones como equivalente del último salario del afiliado) serán muy bajas. Las proyecciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones sitúan la tasa de reemplazo en un 33%. Un estudio publicado por la OCDE, BID y Banco Mundial en el año 2015 la estimaron en 22%, la más baja de toda la región. Es difícil imaginar un trabajador que por ejemplo haya cotizado con un salario de 30 mil pesos y se pensione con el equivalente de 9,900 pesos (el 33% de su salario como trabajador), lo que provocaría un cambio importante en su calidad de vida. Por otro lado, la cobertura del actual sistema de pensiones es muy baja, pues no incorpora a los trabajadores del sector informal. Se estima que la cobertura actual del sistema de pensiones en relación con la población ocupada es de tan solo alrededor un 40%. El 60% de la población ocupada está prácticamente desprotegida en términos del nuevo sistema de pensiones del país, a expensas de la capacidad del Gobierno para entregar las pensiones solidarias establecidas en RD$3,070 pesos mensuales.
El sistema de pensiones dominicano es todavía joven, con 15 años desde que los primeros cotizantes se afiliaron. Falta al menos 15 años adicionales para empezar a tener la primera ola de pensionados. Pero no hay que esperar para conocer que los resultados provocarán un problema de sostenibilidad social del sistema de pensiones. En Chile el movimiento NoAFP movilizó la población descontenta con su sistema de pensiones. Mientras, tenemos un sistema de pensiones que hoy tiene acumulado una cifra cercana al 16% del PIB (559 mil millones) en ahorro de los afiliados cotizantes, que ha generado rentabilidad excesiva de las AFP, las compañías de seguro y el sector financiero.
Uno de los temas que ha llamado la atención es la excesiva rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) las cuales en el contexto dominicano no recaudan y colocan los ahorros de los trabajadores en muy pocos instrumentos. El trabajo lo tienen muy fácil y solo tienen pocas oficinas en el país. En el año 2017 las ganancias de las AFP fueron de 4,639.7 millones de pesos, equivalente al 34.6% de su patrimonio total de ese año y al 239% de su capital pagado.
Por otro lado, es importante destacar que, a febrero 2018, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia ha entregado 6,354 pensiones por discapacidad, un 59% de las pensiones solicitadas. También se han entregado 7,495 pensiones por sobrevivencia correspondiente al 42% de las solicitadas, lo que llama la atención el bajo porcentaje reconocido. De la misma manera, se han devuelto los fondos a 105,663 afiliados de ingreso tardío. Indudablemente que esto no es una pensión y una vez se agotan los fondos, los afiliados no están protegidos por ninguna pensión.
Desde que se promulgó la ley 87-01 que creó el nuevo sistema de pensiones, otras entidades públicas han creado su sistema de pensiones, lo que evidencia la ausencia de garantías de que, bajo el nuevo sistema de pensiones, los dominicanos y dominicanas tendrán una pensión cercana a su último salario. Ejemplos los hay muchos, como el sistema de pensiones de los congresistas, docentes públicos, la Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, entre otros.
Dado el panorama anterior, la pregunta obligada es ¿qué hacer? No hay dudas de que hay que reformar la reforma para producir mejores resultados, hacerla más equitativa y que llegue a toda la población. Los aspectos que funcionan deben mantenerse, como el sistema de recaudo, los aportes obligatorios de los trabajadores y las mismas cuentas individuales, pero bajo otro esquema. Reconocer lo que funciona en el modelo actual es sano y permite avanzar hacia una reforma a la medida del país y no copias de otros países. Pero evidentemente, el sistema actual no llega ni a la mitad de los trabajadores dominicanos.
Se debería ir pensando en un sistema mixto que introduzca una pensión mínima financiada con impuestos y que gradualmente vaya llegando a la población de 65 años y más. Por ejemplo, en la actualidad, el 13.9% de la población de 60 años y más tenía una pensión según los datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central del año 2016. Porcentaje que tan solo llega a 9.9% en las mujeres o 6.7% en la población pobre. La situación es todavía más crítica porque de los que tienen pensiones, el 16% no tiene seguro de salud. El 24% de la población de 65 años de edad y más no tenían seguro de salud en ese año. Adicionalmente, se deben incluir reformas paramétricas dirigidas al pilar no solidario de pensiones, introducir incentivos para el ahorro voluntario y disminuir drásticamente la rentabilidad de las AFP y las compañías de seguro.
Tenemos como país que avanzar hacia un sistema más inclusivo, más equitativo, que privilegie a la población, en particular, la más vulnerable. El sistema de pensiones debe estar hecho para los beneficiarios, no para los intermediarios.
http://hoy.com.do/hacia-un-sistema-de-pensiones-mas-equitativo-en-la-republica-dominicana/
