¡No hay pacto eléctrico sin los consumidores/as!
¡No puede haber Pacto Eléctrico para aumentar la tarifa, sin
saneamiento de las EDEs, sin veeduría social independiente y asegurando la
violación de la ley!
SANTO DOMINGO,R.D.- Las organizaciones de consumidores eléctricos afirman que el
Pacto Eléctrico fracasó y que la esperanza del país ha sido burlada debido a la
que no es transparente la actitud del gobierno y de una parte de empresariado monopólico.
La conducta del funcionariado público “pospone la superación de la crisis
histórica del sector eléctrico, a un costo de miles de millones de dólares y la
condena de nuestro país a la prolongación del subdesarrollo y la pobreza”.
Desde antes de la pre-plenaria del 17 de agosto pasado, el
sector social unificado, en carta dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado y
los integrantes del Pacto Eléctrico, señaló que: “Por estas razones, el
grupo de organizaciones debajo firmantes, … le informamos que retira su apoyo a
todos los consensos temáticos alcanzados hasta el momento, por lo que, de
acuerdo a la metodología que nos dimos, todo el Pacto se encuentra en disenso.
En este tenor le solicitamos que informe de esta situación a los demás
participantes del Pacto antes de que se produzca la sesión plenaria del 17 de
agosto próximo.” Este mismo proceso fue notificado mediante acto de
alguacil y emplazamiento de recurrir en justicia el proceder irregular de las
autoridades.
El Pacto de que se habla ahora es una simple maniobra que
aparenta cambiar algo para que todo siga igual y empeore, profundizando la
crisis del sector, asegurando el aumento de la tarifa eléctrica a
consumidores/as y afectando más severamente las condiciones de la familia
dominicana y las angustias del sector productivo del país y los/as usuarios
empresariales medios y pequeños, que irán a la quiebra segura de sus negocios.
Nosotros, los consumidores y otros sectores sociales, después de
tres años y más de 24 mil horas de trabajo técnico empleadas en estudiar,
consultar y discutir el tema eléctrico, reiteramos que la imposición de los
intereses del funcionariado y una parte de la cúpula empresarial monopólica,
abortaron la posibilidad de un pacto que saneara el sector, terminara el
esquema de fraude instalado en la distribución de energía, hiciera transparente
el negocio de energía y los contratos de generación, promoviendo un servicio de
calidad y con tarifas.
Desde hace tres meses el Sector Social se retiró de las
discusiones y exigió el respeto a la metodología aprobada consensualmente y el
funcionamiento del el Comité Técnico de Apoyo (CTA), pero la Dirección
Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) y los representantes del
gobierno central “elaboraron” y presentaron un documento que llena de
ilegitimidad el proceso y que recoge esencialmente las posiciones del gobierno
y parte de la cúpula empresarial.
El falso consenso es un simple acuerdo entre funcionarios,
vendedores de electricidad y generadores eléctricos
El documento presentado como propuesta de Pacto Eléctrico es un
retroceso que deteriora mucho más los derechos del consumidor establecidos en
la legislación vigente desde el año 2001: más del 80% del mismo constituye una
reiteración de los contenidos de la legislación y las regulaciones vigentes y
continuamente violadas, mientras que el otro 20% propone contra-reformas sobre
los derechos del consumidor.
Lo que en verdad se pretende es:
●
Desconocer la deuda de miles de millones de pesos que el
gobierno adeuda a los consumidores/as de energía eléctrica, y suprimir de hecho
LA COMPENSACIÓN POR APAGONES, que como establece la ley obliga al pago del 150%
del costo de la energía a favor de los usuarios por cada hora de apagón;
●
Eliminar el pago del 10% que los Usuarios No-Regulados (UNRs),
deducible del ahorro que tienen por la compra de energía, para aplicarlo a la
baja de la tarifa eléctrica.
●
Violar la ley y las decisiones de justicia dejando en una
especie de limbo y postergando hasta un futuro indefinido la mejora del
alumbrado público municipal.
●
Negar la creación de un sistema de Veeduría Social Independiente
(que no sea nombrado por el gobierno) y la definición de un régimen de
consecuencias, que castigue a los funcionarios y empresas estatales y a
todos/as los/as que violen los acuerdos y lo establecido en las leyes y
reglamentos.
●
Mantener bajo control del Poder Ejecutivo a la Superintendencia
de Electricidad, negar su independencia y autonomía en la regulación del
mercado y la defensa del consumidor.
●
Utilizar el Pacto para legitimar y encubrir la estafa contra el
Estado dominicano que significa la construcción de las Plantas a Carbón de
Punta Catalina.
Nos sentimos profundamente frustrados ya que las propuestas fundamentales
de los consumidores y sectores sociales fueron declaradas en disensos, diluidas
o simplemente eliminadas.
El balance refleja un empeoramiento de las condiciones y
derechos de los consumidores con respecto a las provisiones originales de la
reforma del sector establecidas en la Ley General de Electricidad (125-01) y
sus modificaciones. El resultado parece más bien una contra-reforma eléctrica
en contra de los consumidores y a favor de las empresas e instituciones
estatales y los grandes monopolios de generación eléctrica.
Por tanto, NO HAY PACTO ELECTRICO SIN LOS CONSUMIDORES/AS Y LO
PROPUESTO POR EL GOBIERNO Y UNA PARTE DE LOS GRUPOS MONOPÓLICOS no ofrece
ninguna garantía en los siguientes temas:
●
Que el consumidor no será abusado con aumento de la tarifa
eléctrica en el larguísimo periodo (hasta 2022) de saneamiento del sistema
eléctrico, el cambio de matriz y la conversión en eficientes de las empresas
eléctricas del Estado.
●
Que se implantará un Sistema de Seguimiento del pacto y Veeduría
Social independiente y autónomo, con financiamiento garantizado, que no pueda
ser manipulado por funcionarios públicos o los poderes económicos.
●
Que se recompensará a los usuarios por los apagones
reembolsándoles el equivalente del 150% por cada hora de interrupción del
servicio eléctrico, como establece la ley 125-01.
●
Que se cobrará el 10% de beneficios extraordinarios de los
usuarios no regulados por comprar la energía más barata, con el fin de ser
aplicado a la baja de la tarifa de los usuarios regulados, como establece la
ley 125-01.
●
Que se dispondrá de un sistema de alumbrado público decente,
moderno y sustentable tal como es estipulado en la ley 125-01.
●
Que las Empresas de Distribución Eléctrica (EDEs) serán saneadas
hasta convertirlas en empresas eficientemente dimensionadas.
●
Que se produzca la reestructuración y articulación eficiente de
las instituciones del sector eléctrico para acabar con el clientelismo, tal
como se plantea en las leyes respectivas.
●
Que se saneará la Empresas de Generación Hidroeléctricas
(EGEHID) para elevar su producción, productividad e inversiones.
●
Que habrá compromisos concretos para la promoción de la energía
renovable y alternativa, orientada a la reducción de las emisiones de CO2 y al
cumplimiento de los convenios y tratados internacionales sobre el medio
ambiente, de los que somos signatarios y como lo pauta la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END 2017).
Finalmente, entendemos que es moral, ética, política y
espiritualmente inaceptable que los resultados principales del Pacto no
incluyan el compromiso de rescindir el contrato de construcción de las
centrales generadoras en Punta Catalina, la recuperación del dinero robado con
las sobrevaluaciones, la aplicación estricta de la ley sobre sobornos y la
expulsión de Odebrecht del país, de forma que permita abrir paso a un nuevo
modelo de negocios más transparente tal y como hemos sostenido.
Rueda de prensa celebrada en la mañana 2-11-2017
