SANTO DOMINGO,R.D.- A pesar del anuncio hecho por monseñor Agripino Núñez Collado de que se reanudarían las discusiones de cara a concertar, por fin, el tan cacareado Pacto Eléctrico, el secretismo, ocultamiento y falta de transparencia de parte de las instituciones gubernamentales de este sector, se ha convertido en el principal obstáculo para la consecución del mismo.
Esto así, porque hasta el momento, que se sepa, en el marco de las discusiones, no se ha informado de las pretensiones de ejecución y desarrollo de dos proyectos de generación en “ciclo combinado de gas natural. Uno, en la provincia Montecristi y el otro en Puerto Plata.
Al menos, es lo que consta en sendas solicitudes hechas al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Juan Rodríguez Nina. La primera, de fecha 14 de junio de 2016, hecha por George Anthony Simón, gerente de la empresa Clean Energy Montecristi, SRL, para ser implementada en Montecristi; y la segunda, de fecha 20 de junio de este mismo año, presentada por el ingeniero Francisco A. Viña, en representación del Consorcio CPS/ TARSIER.
En el caso de la empresa Clean Energy Montecristi, la solicitud de concesión provisional detalla sobre la instalación de una planta en “ciclo combinado” de gas natural de 700 megavatios, compuesta por dos unidades de 350 MW cada una. Asimismo, explica que el esquema financiero realizado para ese proyecto “contempla vender toda la energía producida al mercado spot (mercado libre), por lo que no será un contrato de venta de energía o PPA”.
Dicha planta se instalaría en terrenos privados localizados en el municipio de Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, próximo al puerto de Manzanillo. “El proyecto consiste en la instalación de dos turbinas Mitsubishi de ciclo simple y alta eficiencia funcionando a gas natural, cuyos gases de escape calientes serán captados y conducidos a una caldera para producir vapor y mover una turbina de vapor que completará el ciclo combinado para producir el kilovatio/hora más eficiente en su relación BTU/kwh del Sistema Eléctrico Dominicano”, plantea.
En las especificaciones, la empresa asegura que el gas natural que alimentará la central termoeléctrica provendrá de una planta de regasificación y un tanque de almacenamiento con capacidad para 160 mil metros cúbicos. “En cuanto a la interconexión de la central al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), se prevé, en coordinación con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), de la conexión del tramo de red a 345Kv desde El Naranjo, en Santiago, hasta la subestación de la central de Pepillo Salcedo”.
En el caso de la segunda solicitud hecha por el Consorcio CPS/TARSIER, LTD, se trata del mismo proyecto que involucraba a la empresa estatal china, Sichuan Machinery & Equipmen Import & Export Ltd., por lo que, en fecha 5 de julio de este 2016, se envía una comunicación al vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, en la que se solicita su mediación para retomar el Acuerdo de Transformación de Energía (ATE), que se había formalizado con la entidad el 22 de marzo de 2006, luego de una licitación en octubre de 2005, en la que se le adjudicó al Consorcio Pepillo Salcedo la responsabilidad de instalación de dos centrales térmicas a carbón mineral en Manzanillo.
El proyecto, con sus dos enmiendas, no se llevó a cabo en la ocasión debido a que estaba sujeto a la emisión, de parte del Banco de Reservas, de una Carta de Crédito Stand-by, y a pesar de que fue obtenida en el momento, no fue confirmada por un banco internacional, según declaraciones de ejecutivos de la empresa internacional.
De acuerdo con explicaciones ofrecidas a Jiménez Bichara por la referida empresa, “actualmente hemos sido comunicados por los ejecutivos de nuestras empresas asociadas, Shanghai Electric Power Construction, propiedad de la República China, e Innovation Tarsier, de Estados Unidos, de su disposición de retomar el proyecto con algunas variantes, contempladas en una tercera enmienda al ATE”.
En ese sentido, explican que no se requerirá confirmación de la banca internacional de la Carta de Crédito Stand-by para garantizar el pago de energía servida, y dicha carta se renovaría cada tres meses, sin carácter automático, “tal como lo expuso en reunión con el Banco de Reservas, el subadministrador general de asuntos gubernamentales, José Manuel Guzmán Ibarra”.
Aseguran que se renegociará con la empresa estatal otros aspectos del ATE, como es el hecho de no limitar el precio de venta de la energía.
Aunque aclaran que el Gobierno no invertirá un peso en el proyecto, “de igual forma, tal y como está establecido en el ATE, la CDEEE y/o EDENORTE, obtendrá el 75 por ciento de la energía producida para su distribución, ya que el restante 25 por ciento estará comprometido con otros clientes que nos han manifestado su interés de adquirirlo mediante contrato a largo plazo, así como en el mercado spot”.
Lo dicho en el párrafo anterior crea confusión en el sentido de que, no deja claro si las plantas entrarían como mercantes, y qué tipo de compromiso y garantías implicaría para la CDEEE y el Estado la obtención del 75 por ciento de la energía producida.
Argumentan que en la propuesta actual se ha hecho un cambio de combustible de los equipos, de carbón mineral a gas natural, “alimentando dos unidades de 400MW cada una a ciclo combinado ya fabricadas y reservadas por nuestros socios, iniciando la construcción de las obras civiles e instalación de la primera unidad, conjuntamente con la construcción de la línea de transmisión de 138 Kv o 345 Kv, con aproximadamente 45 kilómetros de longitud entre la ubicación seleccionada de la Central Eléctrica y la subestación de El Naranjo en Santiago”.
En caso de ser requerida, la de 345 Kv, será financiada por ETED mediante contrato BOT, tal y como establece nuestro contrato ATE con CDEEE”.
Según se explica, ambas obras estarían terminadas en el mismo tiempo, con un período de construcción aproximado de 14 a 18 meses, luego de la firma de la tercera enmienda.
Además, “se incluye a Innovation Tarsier como nueva empresa líder del consorcio y de Shanghai Electric Power Construction, como entidad constructora y responsable del EPC, del complejo energético, parque de almacenamiento y terminal de combustible”. Es decir, esa empresa pública sustituirá como integrante del Consorcio a la también estatal Sichuan Machinery & Equipmen Import & Export, Ltd.
Vale recordar que el contrato ATE firmado inicialmente en la administración del ingeniero Radhamés Segura establecía que la CDEEE era responsable del suministro del combustible -en aquel momento carbón-, que requerirían las plantas para generar electricidad.
En la ocasión, llama la atención el hecho de que en la comunicación enviada a Jiménez Bichara por el Consorcio Shanghai Electric Power Construction - Innovation Tarsier no hace referencia a que el Consorcio se hará responsable del suministro del combustible, distinto a lo estipulado en la propuesta y/o solicitud de concesión formulada a la Comisión Nacional de Energía por el Consorcio Clean Energy Montecristi, SRL. En este caso, el Consorcio se hace responsable de manera explícita de la instalación de una planta de regasificación y un tanque de almacenamiento con capacidad para 160 mil metros cúbicos para alimentar la central que proponen.
En ese sentido, habría que suponer que la CDEEE será la responsable del suministro del combustible para generación, ya que el contrato seria exclusivamente de transformación de energía, donde el Consorcio Shanghai Electric Power Construction - Innovation Tarsier pone la planta de generación -transforma el combustible en electricidad- y la CDEEE el combustible.
A juzgar por lo expresado en la comunicación, en el caso de la central del Consorcio Shanghai Electric Power Construction - Innovation Tarsier, se mantienen los mismos vicios y debilidades del acuerdo ATE firmado por el ingeniero Segura entre el 2006 y 2007, en el que el Estado dominicano, a través de la CDEEE, asumía todos los riesgos y consecuencias del suministro del combustible para generación, otorgando garantías financieras a través de carta de crédito. De igual modo, concedería garantía soberana, tal y como lo establecía el contrato ATE original firmado con la Sichuan, en la que además, se asigna un contrato de compra de energía grado a grado a una empresa privada, violando la Ley General de Electricidad.
Como puede verse, la propuesta para ejecución y desarrollo de dos proyectos de generación en “ciclo combinado” de gas natural, igual que la iniciativa del presidente Danilo Medina de aprobar, grado a grado, de manera oculta, a través de un poder otorgado a Rubén Bichara y, al margen de un pacto que convoca a diferentes sectores, constituiría, nueva vez, una especie de burla a los sectores involucrados.
Mientras en el Pacto Eléctrico se habla de respeto a la Ley General de Electricidad, trasparencia, licitación de contratos de energía según lo establecido por la ley, por el otro, se viola la ley con acuerdos secreto que comprometen las deterioradas finanzas públicas en adición a la pesada carga financiera que significa la inversión en alrededor de US$3,000 millones, en las centrales a carbón de Punta Catalina.
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