SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Justo cuando el proceso de discusiones del Pacto Eléctrico se encuentra en su etapa más decisiva, el tema de las energías renovables ha subido de temperatura el debate y revuelto los vientos de la aparente armonía entre Gobierno y sector privado.
Mientras el Gobierno mantiene su objeción al restablecimiento pleno de los incentivos de fomento al sector, que redujo en la reforma fiscal del 2012, organizaciones empresariales truenan contra la propuesta de modificación del “Reglamento de Medición Neta” emitido ese mismo año, que ha formulado la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Asimismo, emergen nuevamente las quejas y denuncias sobre las “trabas” burocráticas en la concesión de los permisos requeridos para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, que estarían presentándose en la Comisión Nacional de Energía (CNE) y otras instancias oficiales.
Al debate público suscitado en torno a este “caliente” tema se ha sumado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entidad que externó su preocupación por la negativa oficial a restituir los incentivos fiscales, que se habría planteado en las sesiones del Pacto Eléctrico.
En un comunicado, el Conep solicitó desestimar esta decisión, que desde su óptica “limita el desarrollo sostenible del país y el fomento del potencial de los recursos renovables, además de afectar la expansión” del sistema energético.
En su artículo 12, la Ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía confiere a los “autoproductores” de estas fuentes energéticas “hasta un 75% del costo de la inversión en equipos, como crédito único al Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, incentivo fiscal que fue limitado a un 40% en el 2012.
Carlos Jarnáris, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable.
Ese cambio, según la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable (ASEEFEER), ha frenado el desarrollo del sector y “estancado”, de paso, el inicio de once proyectos de inversión que en conjunto incorporarían al parque de generación nacional unos 1,300 megavatios de “energía limpia”.
Carlos Janáriz, presidente de esta entidad, añade que la medida contraviene el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés), “una de cuyas cláusulas dispone que no se puede disminuir la protección ambiental para favorecer un comercio X, en este caso al carbón y los demás combustibles fósiles”.
“Tenemos un marco legal que nos lo troncharon, tal vez por desconocimiento de alguien (…) producto de que había una reforma fiscal. Pero ¿cómo tú le bajas los incentivos a una ley (57-07) que todavía no ha comenzado” a implementarse?, dijo Jarnáriz al periódico Acento.
El empresario asegura que el restablecimiento del incentivo fiscal era precisamente el único punto de consenso a que habían arribado los diversos sectores participantes en el Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, con miras promover las energías renovables.
Un impuesto “al sol y al viento”
Pero si algo ha contribuido a encender las alarmas en los predios empresariales, es la posible modificación del Reglamento de Medición Neta vigente desde el 2012, a instancias de la CNE, y que según diversas fuentes empresariales no tiene el respaldo de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas.
Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), afirma que esta iniciativa equivale a colocarle una especie de “impuesto al sol y al viento”, que son las dos fuentes primarias de energía fotovoltaica y eólica.
El reglamento faculta a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para que puedan generar electricidad de fuentes renovables en sus propiedades, y vender los excedentes de esa producción a las distribuidoras, al mismo precio que les venden las EDEs.
Con su modificación se procura que los autoproductores vendan la energía que generan “a un precio más bajo que la energía que le compra de las distribuidoras, y no como estipula el artículo 20 de la ley 57-07, a los precios regulados” por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
“De producirse esta modificación al reglamento y la Ley estaríamos presenciando la estocada mortal para desincentivar el desarrollo de las energías renovables en el país” Milton Morrison, directivo de la ADIE.
Gracias a esta normativa –apunta Morrison- pudo atenuarse el impacto negativo del recorte de incentivos del 2012, y se han instalado en el país más de 18 MW de potencia en los últimos tres años, esencialmente a base de energía solar, señala el directivo de la ADIE.
Advierte que de implementarse esta modificación al reglamento y a la Ley 57-07 “estaríamos presenciando la estocada mortal para desincentivar el desarrollo de las energías renovables” en la RD.
Además de reducir el crédito fiscal concedido mediante el ISR a los autorproductores, la reforma tributaria de julio de 2012 suprimió las exenciones impositivas estipuladas en los artículos 10, 12 y 23 de la legislación, que incluían “impuestos sobre la renta, tasas, contribuciones, arbitrios, aranceles, recargos cambiarios y cualquier otro gravamen establecidos” hasta el año 2020.
Esto incluyó a las energías renovables, así como la producción de bioetanol, de biodiesel y “de cualquier combustible sintético de origen renovable”. Según el directivo de la ADIE, esas modificaciones minaron “la dinámica de inversión y las expectativas de retorno” que alumbraron cinco años antes, con la promulgación de la ley 57-07.
La propuesta de la CNE también es rechazada por la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer), que ha acusado públicamente a este organismo de plantear cambios “devastadores” en la normativa sectorial y pretender “sabotear” el desarrollo de las denominadsa energías limpias.
La entidad empresarial sostiene la modificación al Reglamento de Medición Neta se ha pretendido imponer al margen del escenario del Pacto Eléctrico, y que la misma vulneraría, de aprobarse, los derechos adquiridos de los actuales usuarios de sistemas renovables, con un determinado período de gracia.
Hasta octubre de este año, en la CNE había registrados 901 clientes en el Programa de Medición Neta, con una capacidad instalada de 19,715 kilovatios.
Para el industrial Celso Marranzini, ex titular de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (2009-2012), la propuesta constituye un “tremendo error” de la CNE, que evidencia además la “falta de continuidad” de las políticas públicas en materia energética, y puede por tanto alejar potenciales inversiones.
“Eso es parte de los graves problemas que ha tenido el sector eléctrico en nuestro país… usted llama a un inversionista a invertir en el sector, y de repente o le dificultan los problemas, las aprobaciones de los proyectos, y después le cambian las reglas de juego”, expresa.
Isa Conde: “Estamos rompiendo barreras”
Señala que las trabas que imposibilitan una mayor expansión del sector empiezan desde el momento en que se solicita toda la “permisología” requerida a nivel estatal para el desarrollo de nuevos proyectos de generación, algo incluso que admiten las propias autoridades.
“Hemos tenido problemas con la permisología, pero yo le aseguro que estamos trabajando en eso; estamos rompiendo barreras”. Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, asegura que el Gobierno tiene entre manos un “ambicioso plan” para fomentar las energías renovables, que incluye la adopción de medidas concretas en esa dirección.
Sostiene que el principal problema “no son los incentivos, son las trabas de la permisología, que los proyectos no avanzaban, y eso se está trabajando para que fluyan con más eficacia, que la gente reciba respuesta más rápido”.
Isa Conde niega que el Gobierno haya “vetado” con su oposición que se restituyan los incentivos, como ha reclamado el Conep.
“No ha habido veto ni nada parecido, lo que pasó es que se llevó al Pacto (Eléctrico) una resolución y la resolución contenía otra cosa, además de esa, que tenía que estudiarse; entonces la tradición es que cuando hay un tema que amerita más discusión, se manda a disenso, pero el Gobierno no va a quitar mas incentivos”.
Con relación al Reglamento de Medición Neta, el funcionario subraya que éste ha sido aprobado todavía y que su conocimiento ha sido pospuesto para el próximo año, después que se concrete la firma del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico.
El desarrollo en el país de las energías renovables forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y es promovido activamente por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), sobre todo por su impacto en el medioambiente y el cambio climático.
Este objetivo se enmarca también dentro de la política que se ha planteado la administración de Danilo Medina, con miras a diversificar la matriz de generación a partir de fuentes menos costosas y no derivadas del petróleo.
En la actualidad el 85% de la electricidad se produce a base de combustibles importados –petróleo, gas natural y carbón-, al tiempo que solo alrededor del 2% del suministro al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) proviene de fuentes consideradas renovables o limpias, básicamente éolica.
http://acento.com.do/2015/economia/8309550-energias-renovables-encienden-el-debate-electrico/
