lunes, 2 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad contra Sistema de Pensiones de la Seguridad Social -

SANTO DOMINGO,R.D.- Una coalición de juristas y organizaciones de la sociedad civil interpondrán este martes un recurso de inconstitucionalidad contra el Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El grupo está encabezado por la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, el Consejo Dominicano de los Derechos Humanos y la Fundación Prensa y Derecho.
Asimismo, la acción directa de inconstitucionalidad la suscriben los juristas Domingo Porfirio Rojas Nina, Namphi Rodríguez y Julián Serulle.
Al hacer el anuncio, Namphi Rodríguez dijo que la reglamentación para la prestación del servicio de pensiones por discapacidad y sobrevivencia está plagada de cláusulas inconstitucionales que desconocen los derechos de los afiliados del Sistema Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
Afirmó que el CNSS y los órganos del sistema han adoptado disposiciones reglamentarias que contravienen la Ley 87-01, de la Seguridad Social, y la Constitución de la República.
Citó como ejemplo el denominado “Contrato Póliza” para la prestación de pensiones por discapacidad y sobrevivencia fue ratificado por el CNSS en julio del 2008 y que establece una disposición de renuncia al derecho a la pensión de los parientes de los afiliados muertos si la misma no se reclama en un plazo de dos años, así como una cláusula que deniega ese derecho a los familiares de los afiliados activos que se suiciden.
Definió como una injusticia que el cónyuge o el menor sobreviviente de una persona que se suicide estando activo en la seguridad social no puedan recibir la pensión que manda la ley porque así lo dispone un reglamento del CNSS como si el suicidio fuera una causa de exclusión de derechos.
“Esa es una injusticia, puesto que nadie se va a suicidar para resolver sus problemas o para quebrar la seguridad social; una disposición como esa no existe en ninguna parte del mundo”, censuró el abogado, quien fungió de vocero de los juristas y las organizaciones.
Puntualizó que la Ley 87-01 no establece plazos para reclamar la misma, por lo que el reglamento no debería prescribir ese derecho administrativamente, y menos si el plazo general de la ley para cualquier prescripción es de cinco años”, dijo.
“En todo caso, existe un plazo general de perención para los derechos que se consagran en la ley que es de cinco años, lo que pudo hacer ese reglamento fue establecer ese plazo para la renuncia de los derechos y no uno menor”, adujo el presidente de Prensa y Derecho..
Agregó  que en el sistema hay serias debilidades para informar a los afiliados y beneficiarios de cuáles son sus derechos, lo cual es causa frecuente de retrasos en los trámites.
Sostuvo que la mayor parte de los reglamentos han sido aprobados por el CNSS sin cumplir con el mandato del artículo 49 de la Constitución y de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, que manda a ofrecer información a los afiliados previo a la adopción de los reglamentos de aplicación general.
“Del mismo modo, el plazo límite de 60 años para el otorgamiento de la pensión por discapacidad transgrede los artículos 38, a la dignidad humana, 57, a la protección de las personas de la tercera edad, 58, a los derechos de las personas con discapacidad, 60, a la seguridad social y 61, a la salud”, concluyó.

www.elcaribe.com.do/2015/02/02/depositaran-recurso-inconstitucionalidad-contra-sistema-pensiones-seguridad-social

“Inversión en distribución es solución más económica a crisis eléctrica de RD”


<span class="entry-title-primary">“Inversión en distribución es solución más económica a crisis eléctrica de RD”</span> <span class="entry-subtitle">El problema no está en los costos de generación, sino la gestión de las distribuidoras</span>
Las pérdidas en la comercialización de la electricidad es el principal problema que tiene el sistema, según plantea el experto Bernardo Castellanos.


El problema no está en los costos de generación, sino la gestión de las distribuidoras


SANTO DOMINGO,R.D.- De acuerdo a la teoría de quienes afirman y sostienen de una manera categórica, enfática y tajante, que los costos de generación es la principal causa de las altas pérdidas y elevado déficit financiero y subsidio del sector eléctrico, y que en consecuencia, reducir esos costos debe constituirse en la primera prioridad nacional del Pacto Eléctrico, Edeeste debería ser la distribuidora que opere con el menor nivel de pérdidas, ya que es la que posee el menor costo promedio de abastecimiento o costo promedio de compra de energía a los generadores.
De acuerdo al Informe Mensual de Desempeño del Sector Eléctrico, publicado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para el período enero-agosto 2014, Edeeste fue la distribuidora con el menor costo promedio de compra de energía (energía + potencia) o costo de abastecimiento, situándose en unos US$0.134/Kwh para dicho período.
Para el mismo período de tiempo, Edenorte y Edesur tuvieron un costo promedio de abastecimiento mayor que el de Edeeste, siendo el de Edenorte unos US$0.187/Kwh y el de Edesur unos US$0.182/Kwh. Los precios promedio de compra de energía de Edenorte y Edesur son mayores que el precio promedio de abastecimiento de Edeeste en un rango entre 36% y 39%.
A pesar de que Edeeste para el período enero-agosto 2014, adquirió la energía de los generadores a un precio promedio que oscila entre un 27% y un 28% más barato que el precio promedio de abastecimiento de Edenorte y Edesur para el mismo período, las pérdidas de facturación de Edeeste relativas a la energía comprada a los generadores y facturada a los clientes y las pérdidas totales (diferencia entre energía cobrada a los clientes y comprada a los generadores), se sitúan en un 36% y 40% respectivamente, las cuales son superiores a las mismas pérdidas que muestran Edenorte y Edesur para los mismos indicadores y para el mismo período.
Para enero-agosto 2014, Edenorte muestra unas pérdidas en facturación de un 33%, un 10% menor que las pérdidas registradas por Edeeste para el mismo período. En lo relativo a las pérdidas totales, para el período enero-agosto 2014, Edenorte presenta un monto de un 36%, el cual es un 11% menor que las mismas pérdidas de Edeeste para igual período.
En el caso de Edesur para el período enero-agosto 2014 ocurre una situación similar, mostrando unas pérdidas en facturación de un 29%, un 19% menor que las pérdidas registradas por Edeeste para el mismo período.
En lo relativo a las pérdidas totales, para el período enero-agosto 2014, Edesur presenta un valor de un 31%, el cual es un 22% menor que las mismas pérdidas de Edeeste para igual período.
Las cifras anteriores, así como los costos de abastecimientos del sistema aislado localizado en las zonas turísticas de Bávaro, Punta Cana, Macao y Bayahíbe, concesionado al Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) y el nivel de pérdidas totales de dicho sistema aislado, demuestran, evidencian y confirman la falta de relación directa, conexión, vinculación y relación causa-efecto entre los altos costos de generación o abastecimiento y las altas pérdidas, altos déficits financieros y subsidio en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), donde operan las tres empresas distribuidoras.
Si bien es cierto que la reducción en el costo de abastecimiento o generación contribuye a una reducción en el subsidio directo y en el déficit financiero del sector eléctrico y es algo necesario pero no suficiente, no es menos cierto que por el impacto que la entrada en operación de las plantas a carbón de Las Catalinas tendrán en la disminución del precio de abastecimiento o generación (unos US$234 millones anuales frente a un déficit en flujo de caja de unos US$2,000 millones anuales) y por la realidad operacional y comercial de CEPM, queda evidenciado que el costo de abastecimiento no es el factor principal o determinante en las altas ppérdidas y el elevado déficit financiero y subsidio vigente en el SENI, sino que las causas principales relacionadas con las altas pérdidas totales y elevados déficits financieros y subsidios que ocurren en el SENI, se deben principalmente a;
1) Los altos niveles de pérdidas no técnicas de las tres empresas distribuidoras, los cuales son ocasionados por la gran cantidad de usuarios del SENI que consumen energía y su consumo no es facturado porque el mismo no es medido debido a que carecen de medidores o contadores. Según cifras y declaraciones de la CDEEE, se estima en cerca de un millón de hogares y/o establecimientos comerciales que consumen energía y su consumo no es medido por carecer de contadores:
2) Ineficiente gestión de las empresas distribuidoras:
3) Exceso de gastos corrientes y empleados tanto en las empresas distribuidoras como en la CDEEE.
Si el Gobierno no toma la firme decisión de invertir recursos importantes en la reducción de las excesivas pérdidas de las distribuidoras (no menos de US$800 millones en dos años) y de reducir drásticamente los excesivos gastos corrientes de esas empresas y la CDEEE, tal y como tomó la firme decisión de contratar la construcción de las centrales a carbón, cuyo costo total se situará en el orden de los US$3,000 millones cuando se computen los costos asociados a la línea de interconexión, escalamiento de costos e intereses durante la construcción, entre el 2014 y la fecha en que dichas centrales entren en operación (entre 4 y 5 años incluyendo el 2014), el Estado podría estar erogando una suma total que oscilaría entre los US$5,000 y US$6,000 millones sólo en subsidio directo al sector eléctrico, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que el país sufra apagones más intensos y frecuentes a los que se reciben en la actualidad.
Para 2014, con todo y la reducción del precio del petróleo, el déficit en flujo de caja del sector eléctrico (distribuidoras + CDEEE) se situara una vez más en el orden de los US$2,000 millones.
La inversión a realizar en la reducción de las pérdidas de las distribuidoras es menos del 30% de la inversión total a realizar en la construcción de las plantas a carbón de Las Catalinas y es una inversión que se puede realizar en un menor tiempo y con impactos positivos mayores en la reducción de las altas pérdidas, del elevado déficit financiero y subsidio al sector eléctrico, cuyos resultados podrán observarse más rápidamente que los efectos de la entrada en operación de las plantas a carbón.
Si el Gobierno ha podido comprometer las finanzas públicas para ejecutar un proyecto de inversión en las plantas a carbón de Las Catalinas que implica unos US$3,000 millones en por lo menos cinco años, a razón de unos US$600 millones en promedio por año, más fácil resultaría hacer un compromiso serio para una inversión en distribución de unos US$800 millones en dos años, a razón de unos US$400 millones por año, para atacar y resolver las altas pérdidas y elevado déficit financiero que experimenta el sector eléctrico, las cuales constituyen uno de los peores canceres que corroe y hace metástasis acelerada en las finanzas públicas.
La eliminación de las altas pérdidas, elevados gastos corrientes y exceso de empleomanía de las distribuidoras y la CDEEE, conjuntamente con el respeto a la Ley, marco institucional e independencia del ente regulador, son las correctas y claras señales que permitirían atraer nueva inversión privada al sector eléctrico, con lo cual se fomentaría la apertura del mercado eléctrico, propiciando una mayor competencia en el segmento de generación, sin necesidad de que el inversionista privado exija al Estado garantías soberanas ni financieras ni de ningún tipo, ni privilegios irritantes, para poder realizar sus inversiones.
Los enormes déficits financieros y subsidios asociados al sector eléctrico, los cuales ahogan las finanzas públicas, quedarían eliminados con la implementación de las medidas y acciones indicadas, lo que permitiría liberar cuantiosos recursos a favor de la salud y educación, recursos que hoy son tirados por la borda para mantener operando un sistema eléctrico caracterizado por las altas perdidas, la ineficiencia y exceso de gastos corrientes y empleomanía de las distribuidoras y la CDEEE.
http://www.eldinero.com.do/6996/inversion-en-distribucion-es-solucion-mas-economica-la-crisis-electrica-del-pais/


domingo, 1 de febrero de 2015

“Mejorar”, “ampliar”, “continuar”, “revisar”: palabras comunes en propuesta del Pacto Eléctrico

Santo Domingo,R.D.- La “Propuesta gubernamental para un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible”, elaborada para dar paso a los trabajos del Pacto Eléctrico, está enfocada en hacer cumplir disposiciones y objetivos que desde hace años están previamente establecidos y que no se cumplen, aunque están plasmados en la Ley 125-01 de Electricidad.
“Mejorar”, “ampliar”, “continuar”, “revisar”, son las palabras más comunes en el documento de 12 páginas que será presentado en la tarde de este lunes 19 de enero ante los participantes que han sido convocados para el Pacto Eléctrico que ha de diseñar las estrategias a seguir hacia el período 2015-2030.
El documento ratifica el carácter público del área de transmisión eléctrica y enumera todas las fallas en que ha incurrido el Estado en perjuicio de las fuentes de ingresos de la Empresa de Transmisión para poder hacer las inversiones que requiere.
También hace referencia a la posibilidad de que el sector privado siga participando en los planes de inversión en generación, así como en los pasos que se requieren para que el área de distribución funcione de forma efectiva, cobrando por el servicio, enfrentando el fraude eléctrico, aplicando subsidios tarifarios focalizados hacia los más pobres y realizando las inversiones que se requieren en las redes y sistemas de medición.
Para la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), el documento de propuesta gubernamental prácticamente se limita a que se cumplan sus funciones de manera efectiva tal como lo establece la Ley 125-01, con lo que se admite que sus funciones han sido violentadas constantemente por las autoridades de turno durante los últimos 14 años.
La propuesta se enfoca en las áreas donde se requieren mejorías e inversión (generación, trasmisión y distribución).
Se menciona la necesidad de revisar algunas concesiones de instalación de redes de transmisión que se han hecho a empresas privadas, lo cual es violatorio de la ley, además de que también se requiere una revisión de l forma en que se calculan los costos en el consumo de electricidad y uso de suelo entre las empresa distribuidoras y los ayuntamientos locales.
Pero hay poca referencia a la forma en que se reducirán los costos operativos de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, pues no hay planteamientos sobre sus excesivos gastos de nómina, la falta de transparencia en las operaciones de las empresas contratistas para ofrecer servicios, ni los controles que se requieren para evitar que los mayores fraudes provengan de complicidades entre los que cometen fraudes y personal interno o vinculado a las distribuidoras.
Pero el documento es solo para el punto de partida, por lo que se espera que en lo adelante, con la recepción de propuestas de los participantes, surjan nuevas ideas en procura de la mejora y solución definitiva al problema eléctrico que el año pasado le costó US$1,260 millones al Estado dominicano, según estimaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
http://www.eldinero.com.do/8098/mejorar-ampliar-continuar-revisar-palabras-comunes-en-propuesta-del-pacto-electrico/

Coordinación del Pacto Eléctrico está a cargo de los que privatizaron la CDEEE

Santo Domingo,R.D.- La coordinación para los preparativos de todo lo relacionado con el proceso del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico está a cargo de los mismos que encabezaron el proceso de privatización del sistema energético estatal entre 1997 y 1999, durante el primer gobierno de Leonel Fernández.
Decreto 389-14, que convoca al Consejo Económico y Social a preparar el espacio para la discusión y concreción del Pacto Eléctrico, establece en el Párrafo 1, Artículo 1, lo siguiente: “Se designa al ministro de la Presidencia, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y al ministro sin Cartera, licenciado Antonio Isa conde, para que coordinen, junto al presidente del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), todo lo relativo a la aprobación de la metodología y la conducción del proceso del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”.
El presidente del CESI es monseñor Agripino Núñez Collado, quien representa un ente de mediación y facilitador del consenso por excelencia para este tipo de actividades.
En tanto que los ministros participantes son Gustavo Montalvo, de la Presidencia, y Temístocles Montás, de Economía, Planificación y Desarrollo.
El ministro sin Cartera, Antonio Isa Conde, era el presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), entidad creada mediante la Ley 141-97 para dirigir el proceso de capitalización, privatización o arrendamiento de las empresas del Estado.
Además de Isa Conde, la CREP estaba integrada por cuatro miembros más, entre los que fungía como uno de los más activos el comisionado Gustavo Montalvo.
Mientras tanto, Temístocles Montás era el administrador de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDEEE), hasta principios de 1998, cuando en su lugar fue colocado Rhadamés Segura.
Montás pasó a ser secretario Técnico de la Presidencia (hoy Ministerio de Economía), desde donde tuvo serias diferencias con Segura, debido a que éste último estaba en contra de la forma en que se realizaría el proceso de capitalización del sector eléctrico, que ha ido de crisis en crisis hasta ahora, con costos para el Estado que superan los US$1,250 millones anuales en subsidios.
Aunque los tiempos han cambiado, y el decreto establece la creación de otras comisiones para la participación consensuada de representantes de diversos sectores, han surgido comentarios desde el Gobierno y sectores de la sociedad, sobre el hecho de que son aquellos “privatizadores” los que hoy coordinan los preparativos para el Pacto Eléctrico.
El acto de inicio a las discusiones para el Pacto Eléctrico se realizará este lunes 19 a las 6:00 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

http://www.eldinero.com.do/8101/coordinacion-del-pacto-electrico-esta-cargo-de-los-que-privatizaron-la-cdeee/

Pacto Eléctrico propone vender acciones de la CDEEE al sector privado

Santo Domingo,R.D.- La propuesta del Gobierno para el consenso en procura de la firma del Pacto Eléctrico incluye la eliminación de los consejos de administración de las empresas energéticas estatales, así como la apertura de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para que pueda vender sus acciones al sector privado en el mercado de valores.
Con una administración concentrada, la CDEEE será autorizada a vender acciones en el mercado de valores para captar capital, pero con la previsión de que no haya concentraciones de acciones de parte de los nuevos adquirientes.
La disolución de los consejos de administración se había hecho de manera provisional durante la vicepresidencia ejecutiva de la CDEEE, a cargo de Celso Marranzini, con resultados satisfactorios; pero a la llegada de una nueva gestión, volvieron a reponerse los consejos de administración en las seis empresas dependientes de la CDEEE.
Cada consejo de administración tiene cinco miembros y cada uno devenga un salario mensual de RD$150,000 más dietas y gastos de representación, combustible, celular abierto, vehículo asignado y chofer.
En este momento operan consejos de administración con todos esos privilegios en las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste, así como en la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Una séptima empresa sería creada en el Holding de la CDEEE, de acuerdo con la propuesta gubernamental. Se trata de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM).
Esa nueva dependencia tendría a su cargo la “coordinación de las unidades de generación térmica propiedad del Estado”, como una empresa pública diferente a la EGEHID, que actuará bajo la coordinación y lineamientos de la CDEEE.
Se propone la “reforma del modelo de gestión de la CDEEE, de modo que las empresas eléctricas estatales operen bajo una única unidad corporativa, con un solo Consejo de Administración”, indica el punto 13 de la propuesta gubernamental para el Pacto Eléctrico, que está disponible en el portal del Ministerio de la Presidencia minpre.gob.do.
Agrega que el Consejo único en la CDEEE establecerá las directrices estratégicas y ejercerá el debido seguimiento y control, asegurando que las empresas eléctricas públicas operen bajo estándares de buen gobierno corporativo, generen sinergias tecnológicas y de gestión, y contribuyan al logro de resultados y metas cónsonas con un sector eléctrico confiable, eficiente, transparente y financiera y ambientalmente sostenible.
Además de la eliminación de los consejos de administración de las empresas dependientes de la CDEEE, se propone la contratación de una firma independiente para auditar las gestiones de esas empresas, cuyo resultado “deberá ser de conocimiento público, con recomendaciones de adecuación a mejores prácticas de operación y funcionamiento de la entidad (CDEEE)”.
¿PRIVATIZACIÓN?
“Asimismo, se propone pactar que el conglomerado-CDEEE se adecúe para que pueda cotizar acciones en la bolsa de valores, con participación sustantiva del sector público y con mecanismos que prevengan la concentración accionaria”, destaca la propuesta oficial.
En esta parte, la propuesta del Gobierno no entra en detalles sobre los procedimientos a seguir para que la CDEEE cotice en la bolsa de valores y venda sus acciones, lo cual sería una especie de privatización de la empresa eléctrica.
El dato aparece oculto en el punto número 13 de la propuesta de 12 páginas que la comisión encargada de coordinar el Pacto Eléctrico propone.
http://www.eldinero.com.do/8150/pacto-electrico-propone-vender-acciones-de-la-cdeee-al-sector-privado/

“Esta es una oportunidad espectacular para negociar petróleo a futuro”

Santo Domingo,R.D.- El alivio del que disfruta el país desde hace pocos meses, a raíz de la drástica reducción de los precios del petróleo, eventualmente se esfumará. Y es que los expertos vaticinan una recuperación de los precios internaciones. Esto implicaría la necesidad de buscar mayores niveles de divisas para la compra de crudo y un aumento de la partida requerida para el subsidio eléctrico. Pero la historia puede ser diferente.
El país podría alargar la bonanza durante más tiempo, mediante la negociación a futuro de la compra de petróleo en los mercados internacionales. Se trata de una posibilidad que la destacada economista Jacqueline Mora describe como una oportunidad buena. “Creo que es una oportunidad espectacular porque ya la comunidad internacional está diciendo que esa bajada no va a durar mucho. Se están cayendo las inversiones internacionales del petróleo, va a bajar la oferta, la demanda a subir”, explicó.
Jackeline Mora
Solo advierte que el Estado debe asegurarse una buena asesoría y contemplar en sus presupuestos los gastos inherentes a este tipo de operación.
La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Biviana Riveiro, entiende que, aunque se trata de una buena oportunidad, el país debe ser cauteloso y tratar de que todas las medidas se enmarquen dentro de una política energética más amplia y planificada.
“Debe partir de una política energética general del país, la cual va a levantar cuáles son las necesidades, hacia dónde vamos a diversificar nuestra matriz y lograr así tener mejores precios energéticos”, precisó.
La líder empresarial entiende que es probable que el tema sea tratado en el marco del Pacto Eléctrico, así como la modificación de la matriz energética y otras medidas que garanticen el suministro eléctrico a precios competitivos.
A raíz de la reducción a la mitad del precio del petróleo en menos de cuatro meses, el Gobierno estima que el país podría reducir en US$400 millones las transferencias para cubrir el déficit eléctrico, además de que reduciría su demanda de divisas para importar petróleo en US$2,000 millones.
Las proyecciones del Gobierno para el Presupuesto de este año fueron elaboradas en base a un precio promedio del barril del petróleo en US$92, mientras que actualmente se encuentra en US$45.16, lo que permite calcular el subsidio eléctrico en US$500 millones, en lugar de los más de US$900 presupuestados para el 2015.
A pesar de estos beneficios, Estado dejará de percibir entre US$180 y US$200 millones por concepto de impuestos a los combustibles.

http://www.eldinero.com.do/8566/jacqueline-mora-esta-es-una-oportunidad-espectacular-para-negociar-petroleo-futuro/

Responsabilidades más allá del Pacto Eléctrico


SANTO DOMINGO,R.D.-E
l sector eléctrico está en uno de los momentos cruciales de su historia. Por un lado está el mega proyecto de construcción de las centrales termoeléctricas de Punta Catalina, en la provincia Peravia, que aportará más de 700 megavatios a buen precio al sistema, y por el otro lado está el reto que representa rehabilitar las redes por donde esa energía será transmitida hasta las subestaciones y de ahí hasta las líneas de bajas tensión que llegan a los clientes finales.
De lo que estamos seguros es de que la construcción de las dos plantas a carbón en Baní, específicamente en Punta Catalina, es una decisión de Estado que no tiene vuelta atrás. Las autoridades a cargo de este proyecto energético saben que han de tomar todas las medidas de lugar para proteger la vida y el medio ambiente.
Una inversión de poco más de US$2,000 millones no se puede poner a disposición de la ineficiencia.
Ahora bien, cuestionar a las autoridades sobre cómo y por dónde llegará esa energía a los consumidores finales es un acto de responsabilidad. Ahí está el gran reto una vez sean construidas estas dos plantas. La demanda de electricidad se ha ido incrementando con los años. El crecimiento vegetativo de la economía, por sí solo, demanda más energía. Habrá que preguntarse si los gobiernos, pero muy especialmente el que está ahora en la administración del Estado, ha tomado las medidas de lugar para saber que una vez se inauguren esas dos plantas habrá que utilizar unas redes que en nada contribuyen con la eficiencia que se busca.
De nada sirve generar a buen precio si en el camino se perderá más del 20% de esa energía. El compromiso no sólo debe ser parte de las autoridades al frente de las distribuidoras de cobrar más y mejorar sus niveles de efectivo en caja, sino de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), la cual tiene bajo su responsabilidad mejorar sus líneas para que no se pierdan el esfuerzo que tanto ha costado y le costará a país durante los próximos años.
Una inversión de poco más de US$2,000 millones no se puede poner a disposición de la ineficiencia. El Gobierno, como garante y guardián de los recursos públicos, debe exigir a quienes tengan la tarea de operar las plantas y las distribuidoras cuidar y mantener niveles aceptables de rentabilidad.
Por más esfuerzos que han hecho los gobiernos hemos visto que el problema eléctrico se ha tragado a los más sabios y decididos funcionarios públicos, algunos de ellos hombres de larga experiencia en el sector energético. Esta vez no estamos lejos de ver otro trayecto más de oscuridad y sin la esperanza de ver luz al final del túnel.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, ha dicho que se necesitan alrededor de US$800 millones para rehabilitar las redes de transmisión y que en una primera fase habría que buscar US$186 millones. ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Dónde están?
http://www.eldinero.com.do/5872/responsabilidades-mas-alla-del-pacto-electrico/

Propuesta estatal del Pacto Eléctrico revela violaciones

Santo Domingo,R.D.- El documento elaborado por el Gobierno para la propuesta del Pacto Eléctrico deja entrever las violaciones en que ha incurrido el sector privado, al lograr concesiones para instalar redes de transmisión y evadir pagos que deben hacer los beneficiados como Usuarios No Regulados (UNR).
Así se consigna en el punto 16 de la propuesta oficial, en donde se hace referencia a los puntos en que la normativa vigente (Ley 125-01 de Electricidad y sus reglamentos y modificaciones) ha sido violada por actores del sistema, especialmente del sector privado.
El punto más destacado se refiere al incumplimiento del Artículo 25 del Decreto 494-07 relativo a que las empresas que han recibido la concesión de UNR, deben pagarle al Estado el equivalente al 10% del monto de la factura energética que compran directamente a los generadores.
Los UNR tienen el beneficio de comprar energía directamente a los generadores, sin la intermediación de las distribuidoras. De esa forma negocian el precio de generación a niveles que en ocasiones está muy por debajo del valor a que esas mismas generadoras les venden a las distribuidoras.
Sin embargo, dado el gran ahorro que reciben por ser UNR, esas empresas deben aportar el equivalente al 10% de la facturación de compra de energía que hacen a las generadoras, lo cual no están cumpliendo.
Otro punto en el que el sector privado ha violado la Ley, posiblemente con la colaboración de representantes del Gobierno, es en lo referente a la adquisición de concesiones para instalar y operar redes de transmisión y proyectos de generación hidroeléctrica.
Por eso, la propuesta del Gobierno para el Pacto Eléctrico plantea en el acápite “c” del punto 16 lo siguiente: “Revisión de los permisos otorgados para la instalación de líneas de transmisión privadas, en violación del artículo 41 de su Párrafo IV (Ley 125-01) que reza como sigue: En ningún caso podrá concesionarse ni autorizarse empresas generadoras de origen hidráulica ni de transmisión de electricidad, las cuales permanecerán bajo propiedad y operación estatal”.
El hecho de haber incluido ese punto, es una admisión de que empresas privadas han sido beneficiadas con concesiones para operar redes de transmisión en violación de la ley vigente.
Otro punto que el Gobierno se propone corregir es el referente a la definición y regulación de las vinculaciones de empresas generadoras, “a fin de evitar prácticas anticompetitivas y/o abuso de poder dominante de mercado”, las cuales también están prohibidas por ley.
http://www.eldinero.com.do/8441/propuesta-estatal-del-pacto-electrico-revela-violaciones-en-que-incurre-el-sector-privado/

LA CDEEE NO FUE CONSULTADA PARA LA PROPUESTA ESTATAL DEL PACTO ELECTRICO


SANTO DOMINGO,R.D.-
El documento de propuesta gubernamental para abrir las discusiones del Pacto Eléctrico fue elaborado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo para tales fines, integrada por los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, y el ministro sin Cartera, Antonio Isa Conde.
La propuesta está disponible en el portal web del Ministerio de la Presidencia minpre.gob.do
A pesar de que la CDEEE encabeza el holding de empresas estatales de electricidad, su titular Rubén Bichara, no fue partícipe de su redacción, por lo que el contenido no ha sido consensuado con todos los entes del Gobierno, a pesar de que es la propuesta oficial gubernamental.
El Pacto Eléctrico debe ser el fruto del consenso entre todos los actores que serán convocados por el Consejo Económico y Social (CES), que actualmente preside monseñor Agripino Núñez Collado.

http://www.eldinero.com.do/8441/propuesta-estatal-del-pacto-electrico-revela-violaciones-en-que-incurre-el-sector-privado/

La tarifa eléctrica no subirá en febrero 2015

 






 

 
 
 
 
 

SANTO DOMINGO,R.D.- En los dos primeros del 2015, el Gobierno ha desembolsado RD$913.86 millones para subsidiar la tarifa eléctrica, correspondiendo de este total, RD$289.66 millones al subsidio del mes de febrero, mientras que los restantes RD$624.2 millones al mes de enero.
Según una resolución la tarifa eléctrica indexada para el mes de febrero experimentó una disminución de 6.77% con relación a la del mes de enero 2015.
Precisa, asimismo, que la tarifa aplicada continua siendo menor que la tarifa indexada en un 5.15%.
Debido al descenso significativo que se ha experimentado el precio del crudo y sus derivados en los últimos seis meses en los mercados internacionales, los consumidores han solicitado al Gobierno decretar una rebaja en el costo de la tarifa eléctrica, cosa que no ha obtemperado el Ejecutivo.
Una de las voces que pedido que la revisión de la tarifa eléctrica ha sido el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.
“Estamos de acuerdo con el diseño de un mecanismo que permita adaptar la tarifa eléctrica al costo actual de los combustibles, ya sea que suba o baje, sin perjudicar a los consumidores”, manifestó Jiménez Bichara.
Se recuerda que el pasado año 2014 el Gobierno destinó la suma de RD$14,327.8 millones para subsidiar la tarifa eléctrica, correspondiendo el mayor subsidio al mes de agosto con RD$1,327.2 millones, y el menor, al mes de diciembre, en el que desembolsó RD$865 millones.