jueves, 17 de julio de 2014

AA Dominicana se ha beneficiado con más RD$2,500 millones en cobro CAASD

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantiene desde 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, una empresa que fundó el actual director de la dependencia estatal, arquitecto Alejandro Montás Rondón, junto al español residente en Colombia Francisco Javier Vilaplana y al dominicano Ángel Rondón Rijo, reconocido lobista cuyo nombre sale a relucir en fraudes como los del Plan Renove y elBaninter, en los que se le atribuye encarnar alrededor de los congresistas la nefasta figura de “el hombre del maletín”.
Desde 2002 hasta abril de este año la empresa recaudadora se benefició con más de 2,549.8 millones de pesos en su relación comercial con la CAASD. En 2013, la compañía tenía 300 empleados, según un informe de Canal Isabela II de Gestión, una firma española con la que tiene vínculos, a través de Inassa(Sociedad Interamericana de Agua y Servicios) que aparece como accionista de AAA Dominicana bajo la representación deEdmundo Rodríguez Sobrino.
Rondón Rijo figura como accionista mayoritario de AAA Dominicana, registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo con el número 4745SD (RNC 1-01-84162-1), como persona física y a través de las empresas Roymar S.A. y ClimateState S.A., dos firmas que preside.
La compañía contratista cobró para la CAASD desde 2002 hasta abril de este año un monto de RD$7,258,865,486, de los que retuvo el 34% (RD$2,549,855,503), según cifras oficiales suministradas por el organismo a través de su oficina de acceso a la información.
La CAASD asegura que la compañía ha facturado a sus clientes un monto de RD$9,853,365,763, de los que logró recaudar el 74%.
En 2006 la AAA recaudó RD$618.408,439 de los que debía retener RD$193,974,461. Unas de las actas de la asamblea de accionistas de la compañía realizada el 21 de marzo de 2007 relata que al 31 de enero de ese año la CAASD adeudada a la empresa RD$163,836,330 de capital y RD$48,278,384 de intereses.
En la citada reunión los dueños de la empresa autorizaron a su gerencia a negociar esa deuda por un límite de entre RD$130 a RD$140 millones, 33.8 millones de pesos menos, algo que podría interpretarse como una postura generosa y condescendiente frente a la administración de la CAASD. 
La actual gestión de la CAASD muestra lentitud y escaso interés en facilitar copia de todos los contratos que mantiene con AAA Dominicana, constituida el 28 de marzo de 2000. Los registros de la compañía en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo evidencian que el arquitectoMontás Rondón y su firma Del Castillo & Montás vendieron sus acciones a Ramón Núñez Ramírez el 2 de septiembre del citado año. Después se produjeron otros cambios en la composición accionaria de la firma hasta que la empresa –constituida al principio con un capital de 10 millones de pesos– quedó bajo el control de Ángel Rondón Rijo.
Además de la CAASD, la compañía ofrece u ofreció su gestión de cobro de servicios a las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y Santo Domingo Este, así como al Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega). En diciembre de 2010, la CAASD solicitó a la AAA Dominicana –que no es un banco– un préstamo de diez millones de pesos, una especie de adelanto para pagarlo en marzo de 2011, según consta en documentos de la compañía.
Aunque la gestión de Roberto Salcedo ni siguiera se molestó en responder a las preguntas sobre AAA Dominicana, el acta de la asamblea de accionistas de la firma fechada el 3 de julio de 2012 explica que la compañía había establecido un récord al cobrar para el cabildo RD$39 millones en un mes.
La empresa firmó el 13 de noviembre de 2003 con la  Corporación Dominicana del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) el “Contrato para la gestión comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado y el desarrollo del programa de instalación de medidores en la provincia La Romana”.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
Fruto de ese contrato, la COAAROM demandó a la compañía y logró que un tribunal civil de San Pedro de Macorís la condenara al pago de una indemnización de 76 millones de pesos, pero la litis terminó enun acuerdo entre “directores” cuyos términos la población desconoce.
El contrato data de 2003 y  para 2009 la COAAROM alegaba que perdía más de 1.3 millones de pesos mensuales por deficiencias en los cobros de AAA Dominicana que, según argumentaba, debía reportar 59 pesos al mes por cada cliente registrado y, aunque tenía 25,000, sólo cobraba el servicio de agua potable a 8,000.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
“Tanto el Gerente General como el Gerente de Operaciones de la empresa, han sostenido reuniones conjunta o separadamente con el Director de COAAROM y el representante de Central Romana (Casa de Campo), persona de gran influencia en la directiva de COAAROM, elevando propuestas verbales a los mismos. El día 30 de julio, se llevó a cabo una reunión de Consejo de Directores de COAAROM, donde se creó una comisión integrada por 4 miembros para la búsqueda de una salida negociada al conflicto”, explica un acta de reunión de accionistas de AAA del 17 de agosto de 2007.
El 14 de septiembre de 2011 los accionistas determinaron: “Se autoriza a la señora Odette Hasbún Rosanía a gestionar el cierre definitivo del caso, previa consulta a los consejeros. La negociación con COAAROM finalizará en una suma no mayor de Trescientos Mil Dólares de Los Estados unidos de Norte América (US$300,000,000)”.
Ese día la tasa del dólar, según registros del Banco Central, era de RD$38.20, con lo cual los dueños de AAA se referían a un monto de alrededor de 11.5 millones de pesos disponibles para un arreglo, aunque el acta de asamblea omite explicar la forma en que se llevaría a cabo esa “negociación” en la que estaban envueltos funcionarios públicos de La Romana y personas de influencia de Casa de Campo.
“Respecto de ese (caso) sólo puedo decirle que los dos directores (de AAA Dominicana y la COAAROM) llegaron a un acuerdo del cual no conozco los detalles”, se excusa el abogado Genaro Silvestre, quien representó a la COAAROM en el proceso. 7días.com.do requirió, sin éxito, información al respecto a la entidad a través de su vocero, Marcos Mañaná.
Apeló al “poder” para librarse de cobro de impuestos
AAA Dominicana apeló a la intervención del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para evitar el pago de más de 103 millones de pesos que le cobraba la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al finalizar 2012.
Su acta de asamblea de accionistas correspondiente al 17 de diciembre de 2012 establece que la DGII le notificó a la compañía de Rondón Rijo que declaró y pagó sólo “parcialmente” el ITBIS (impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios) correspondiente al período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre.
La DGII estableció que “AAA Dominicana es responsable del pago de los impuestos generados como resultado de la partida ingresos gravados declarados exentos, por tanto, se ha generado un ITBIS a pagar por valor de RD$32,160,407.64 másRD$71,729,072.84 de recargos por mora e intereses indemnizatorio, asciende a un total a pagar deRD$103,889,480.48”, dice el acta de asamblea.
Más adelante confiesa que “luego de recibir la notificación AAA Dominicana y la CAASD redactaron comunicaciones dirigidas a la DGII y al Ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José Ramón Peralta, en interés de aclarar que esta última institución está exenta de impuestos en virtud de la Ley No. 498, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)”.
El acta de la asamblea de accionistas recoge a favor de la compañía el artículo 22 de la Ley 498 que establece que el organismo oficial “estará exonerado del pago de todo impuesto, gravamen, tasa o arbitrio” que recarga o pudiera recaer sobre sus operaciones o negocios.
Para diciembre de 2012 ya estaba al frente de la CAASD el arquitecto Montás Rondón (apellido Rondón de la región Este del país al igual que Ángel Rondón Rijo), uno de los fundadores de AAA Dominicana, designado en la dependencia oficial por el presidente Danilo Medina mediante el decreto número 465-12, del 17 de agosto de ese año.
Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país
“Destacamos que la dirección de la CAASD está realizando gestiones significativas para enmendar la situación antes citada”, dice textualmente el acta de accionistas de diciembre de 2012 en referencia al pago de los más de 103 millones de pesos que le exigía la DGII.
En la reunión del 21 de septiembre de 2012 Odette Hasbún Rosanía, gerente de AAA Dominicana, explicó a los miembros del consejo que: “con la elección y posesión del nuevo presidente de la República, doctor Danilo Medina, hubo cambios en la dirección de la CAASD, asignando como nuevo Director General al Arquitecto Alejandro Montás Rondón. En tal sentido, se han realizado dos reuniones de trabajo en la que ha participado el Presidente del Grupo Empresarial Inassa y el Presidente del Consejo de Administración de AAA Dominicana, tratando temas inherentes al contrato y la posibilidad de la renovación con la instalación de cien mil medidores”.
Hasbún Rosanía insiste en el interés de la administración de Montás Rondón y expresa (siempre según el acta): “La CAASD es consciente de la necesidad de ampliar el horizonte del contrato que en la actualidad vence en febrero del año 2015, para poder amortizar la inversión que realizaría la empresa en la adquisición, suministro, instalación y mantenimiento de estos medidores”.
(Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país).
Personaje de leyenda
En torno a Rondón Rijo circulan historias que incluso ya están impresas al menos en un libro. En la obra “Todas las posibilidades” que escribió el periodista Freddy Aguasvivas se menciona al comerciante e incluso se incluyen detalles de su supuesta intervención en una modificación a la Ley Monetaria y Financiera auspiciada –según el texto– por Ramón Báez Figueroa, a sugerencia del asesor financiero Luis Álvarez Rentay la ejecutiva Vivian Lubrano de Castillo.
La modificación estaría orientada a flexibilizar la ley para permitir que el Baninter pudiera comprar la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) para acceder a RD$14 000 millones sobre los que sus ahorrantes realizaban pocos movimientos.
De acuerdo al texto de Aguasvivas, el asesor Álvarez Renta vendió a Báez Figueroa las ventajas de la operación que permitiría al Baninter superar el tamaño del Banco Popular y a la vez acceder a un capital en efectivo, por lo cual recomendó la contratación de Rondón Rijo para gestionar con los congresistas la modificación de la ley.
“Ángel Rondón tenía la habilidad de convencer a los senadores y diputados de la necesidad de emitir las leyes que beneficiaban a ciertos sectores empresariales, y de los beneficios de sus modificaciones”, escribe el periodista Aguasvivas en Todas las posibilidades. “Armado solo con un maletín en las manos, no había caso que se pusiera a su cuidado que no fuera resuelto. Era caro, pero eficaz”, concluye.
La sentencia número 350-2007, dictada el 21 de octubre de 2007 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece entre Baninter y la APAP “se realizaron negociaciones dirigidas a asegurar una eventual fusión de ambas entidades una vez entrara en vigencia la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera”. Con ese fin, prosigue, fueron abiertos en Baninter catorce certificados financieros: seis por un total de para un total de 205 millones 875 000 pesos a favor de Ángel Miguel Rondón (a nombre deLancaster Int. Services, Bayside Capital Holding, VenmorelyInvestments, Librec Investment y RoymarCorporation); cuatro por 91 millones de pesos a favor deRicardo Pellerano Paradas (a nombre de Oakville Portfolio Int., Trek Global Investment, Seandel Financial y Astrion Property Group) y tres por 205,875,000 pesos afavor de Miguel Pimentel Kareh(a nombre r de Farden Business Corp., Galano Media Int., Jay Overseas Corp.) y uno  de 10 millones de dólares a nombre de Bay Hurst Investment.
“En fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores Ángel Miguel Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron a rembolsar al Banco Central de la República Dominicana y al Banco Intercontinental, la suma de setenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y seis pesos con noventa y cinco centavos (RD$75,414,686.95) y doscientos trece mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos (US$213,684.41), valores que recibieran en ocasión de esta negociación”, dice la sentencia en referencia a la adquisición irregular de la APAP por parte del Baninter.
El nombre de Rondón Rijo también salió a relucir en el fraude de más de 1,800 millones de pesos del Plan Renove.
Sam Goodson, quien suscribió con la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) un contrato de venta de vehículos marcas Hundai por 40.8 millones de dólares, firmó –el 21 de mayo de 2001– un acuerdo notariado con Rondón Rijo en el que se comprometió a pagar al comerciante la suma de 995 000 dólares (para la fecha a una tasa de 16.66 sumaban unos RD$16,576,700) con el compromiso de que convenciera a los congresistas de la aprobación del citado contrato con el Estado.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El “Acto de declaración y reconocimiento de honorarios”  obligaba a Goodson, un estadounidense de origen israelí que se fugó del país, a pagar a Rondón Rijo 58 000 dólares cuando el contrato de financiamiento se aprobara en el Senado; 600 000 cuando pasara por la Cámara de Diputados y último 337 000, “en un plazo no mayor de 15 días, luego de ser sancionado por ambas cámaras”, tal y como lo documentaron las autoridades.
En hechos más recientes, tanto el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunciaron antes las autoridades supuestas irregularidades en contratos millonarios que favorecen a Rondón Rijo firmados por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Frank Rodríguez.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El periodista Leo Hernández incluyó en su columna Top Secret, de la edición de El Caribe del 26 de julio del año pasado, un comentario bajo el título “¡Wwwaaaooo!” que retrata la influencia del dueño de AAA Dominicana: “Para los que fueron por primera ocasión, aquello parecía de película, aunque para los que repetían su presencia en el festejo, el aparataje era confirmación de que una vez más, el conocido cumpleañero demostraba su extraordinario poder de convocatoria e influencia, reafirmando que está bien ranqueado en el lobbismo de todo tipo en el país. Siete helicópteros transportaron conocidos personajes de diversos ámbitos y de todos los colores y procedencias políticas, sociales y empresariales, luciendo imponentes en uno de los espacios laterales de la finca de Ramón Santana donde no faltó nada y abundaron las risas, anécdotas y las reiteraciones de afectos entre muchos que llevaban algún tiempo sin compartir. De ñapa, la música contagiosa de los Hermanos Rosario puso a una buena parte a contonearse. Era el cumpleaños de Ángel Rondón. Congratulaciones…
http://www.7dias.com.do/destacada/2014/07/17/i168211_maletin-aaa-dominicana-beneficiado-con-mas-rd2-500-millones-cobro-agua-caasd.html#.U8fACpR_v7Y

EL SUBSIDIO SEGUN EL BANCO MUNDIAL

La permanencia - extendida en el tiempo - del Programa de Reducción de Apagones (PRA) no sólo ha generado importantes distorsiones desde el punto de vista del uso racional de la energía, sino también desde el punto de vista de la equidad del subsidio y del desincentivo a que las empresas distribuidoras gestionen eficientemente su negocio. Dadas las ineficiencias del esquema PRA, se propone un nuevo esquema de entrega del subsidio eléctrico (Programa BonoLuz), con el objetivo de focalizar el subsidio dirigiéndolo específicamente a la población de más bajos recursos y como una vía para inducir eficiencia en el consumo de energía y en la gestión de las empresas distribuidoras. Se busca que el nuevo esquema genere los incentivos correctos para que los hogares consuman la energía racionalmente, las empresas distribuidoras cumplan su función como gestores comerciales del sistema, y los “usuarios” del sistema regularicen su situación contractual con las empresas distribuidoras. 

Las principales características del BonoLuz son: 

- Ente de adscripción: El Gabinete de Coordinación de Política Social (GCPS). De esta forma, el tema del subsidio a la electricidad ya no será un tema manejado a nivel del ente sectorial eléctrico (CDEEE), sino que será un tema de política social manejado por la institución correspondiente (GCPS), quien tiene la capacidad, el mandato y la información necesaria para focalizar el subsidio de forma que beneficie a los más pobres. Cualquier otra transferencia para financiar el déficit del sector deberá ser canalizada a través del Ministerio de Hacienda y estará justificada en función de objetivos de política pública diferentes a los subsidios a la población de menores ingresos. De esta forma quedan separados claramente los recursos destinados a un fin de política social (subsidios a los pobres manejados por el GCPS) de los recursos destinados a financiar los déficit del sector. 

- Beneficiarios: El BonoLuz estará dirigido a los hogares más pobres del país (aquellos catalogados por el SIUBEN como indigentes, pobres y de clase media baja), que son los grupos socioeconómicos objetivo de las políticas sociales en el país. La población beneficiaria estimada alcanza a unos 829 mil hogares, que son los mismos hogares que actualmente reciben los beneficios del programa Bonogas-Hogares y de los programas de transferencias condicionadas de Solidaridad. 
Los beneficiarios potenciales del BonoLuz pueden ser actualmente clientes de las empresas o sólo “usuarios” (hogares que disfrutan de una conexión eléctrica, pero no tienen un contrato con alguna de las empresas de distribución). De esta manera, para que los “usuarios” puedan transformarse en beneficiarios efectivos del programa deberán formalizar su situación, a través de la obtención de un contrato de servicio con alguna de las empresas distribuidoras, inicialmente a través de contratos especiales o transitorios a renta fija y, posteriormente, éstas deberán regularizar totalmente al cliente, instalando equipos de conexión y medición adecuados. 

- Monto del subsidio: El BonoLuz entregará una transferencia que financiará (total o parcialmente) el consumo estimado de los hogares calificados como beneficiarios a precios de mercado. El consumo base a subsidiar sería de hasta 100 kWh mensuales, el cual es un nivel de consumo similar a los niveles subsidiados en la región centroamericana. 

- Entrega del subsidio: Para recibir el subsidio, los hogares deberán inscribirse en el Programa BonoLuz. En el caso de los hogares de bajos ingresos que son actualmente clientes de las empresas distribuidoras (alrededor de 244 mil hogares en todo el país con medidores o con servicio de renta fija), deberán pagar regularmente el servicio de energía. Estos hogares recibirán el subsidio por los primeros 100 kWh consumidos, y deberán pagar por sus propios medios por el consumo por encima de ese umbral. En el caso de los hogares de bajos ingresos que actualmente no son clientes de las distribuidoras (alrededor de 585 mil hogares en todo el país que sólo son “usuario¨), deberán obtener un contrato de servicios especial o transitorio con la empresa distribuidora que les corresponda. Para estos hogares, no será necesario la instalación de medidores en las primeras etapas del BonoLuz, dado que pagarían sobre la base del consumo estimado básico de 100 kWh o menos, el cual les será reflejado en la factura por el servicio eléctrico. 

- Desmontaje progresivo del PRA y expansión del BonoLuz: El proceso de desmontaje del PRA y de expansión del BonoLuz deberá pasar por un período de transición (el cual sugerimos no debería durar más de seis meses), en el cual se deberán definir los esquemas y establecer los cronogramas específicos para: (i) iniciar una campaña masiva para convertir a los “usuarios” en clientes de las empresas distribuidoras, tanto de zonas PRA como de otras zonas no PRA; (ii) establecer metas específicas y fases claramente establecidas para el desmontaje de los barrios PRA y su traslado al BonoLuz, con un cronograma acordado y manejado desde el GCPS y coordinado con la Secretaría de Hacienda, por el cual el subsidio entregado a las empresas distribuidoras deberá cesar una vez que el barrio respectivo sea desincorporado del PRA; (iii) expansión del BonoLuz para cubrir a los hogares pobres residenciados en zonas no PRA identificados por el SIUBEN; (iv) adecuación de los sistemas de gestión comercial de las empresas distribuidoras; (v)adecuación de los planes de monitoreo y supervisión de redes de las empresas distribuidoras (tanto en zonas PRA como en zonas no PRA); (vi) revisión del status del personal del PRA y de los contratos de las empresas gestoras. 


http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf

LA TARIFA ELECTRICA EN R.D. SEGÚN EL Banco Mundial.


Los consumidores en la República Dominicana vienen pagando un precio que ha permanecido
constante a lo largo del tiempo, ajeno totalmente a cualquier señal de escasez o de abundancia de los recursos, independiente además de las eficiencias o ineficiencias del sistema y de los costos del servicio. En consecuencia, al cumplirse casi tres años de congelamiento tarifario, con una inflación acumulada del 25% en ese periodo y con un sector eléctrico que está inmerso en una grave crisis por la insuficiencia de recursos para cubrir sus costos operativos, resulta imprescindible poner fin a este régimen y retornar a la flexibilidad tarifaria.
En el corto plazo resulta imprescindible tomar cuatro acciones en el tema de tarifas: (i) realizar un ajuste tarifario (de un 10%-15%) para acercar el nivel tarifario medio a los costos actuales de prestación del servicio; (ii) simplificar la estructura tarifaria reduciendo de 9 bloques tarifarios a no más de 3; (iii) reducir el umbral de consumo para el subsidio tarifario de 700 Kwh a un máximo de 300 kWh de manera que todo consumo mensual por encima de los 300 kWh pague la tarifa indexada correspondiente a su bloque y (iv) regresar a un sistema de flexibilidad tarifaria que refleje cambios en los costos de provisión del servicio.
En resumen, en el tema tarifario de corto plazo urge poner fin al congelamiento de tarifas procediendo a realizar un reajuste tarifario acompañado de una simplificación de la estructura tarifaria (bloques y reducción de subsidios) y el regreso a un sistema de flexibilidad tarifaria en el que la tarifa refleje las variaciones en los costos de producción (fundamentalmente precios de combustibles, inflación y tipo de cambio). Paulatinamente, además se debe ir
desmantelando el sistema de tarifas acumulativas para que la tarifa pagada sea determinada por el nivel de consumo total. 
A mediano plazo, se requiere un sistema tarifario eficiente que permita el desarrollo sostenible del sector eléctrico, caracterizado por: (i) ingresos anuales autorizados (IAA) de cada empresa distribuidora determinados de forma que permita prestar los servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en forma eficiente, cumpliendo las metas de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente, así como obtener una rentabilidad razonable sobre el capital invertido, acorde con el riesgo del negocio; (ii) un mecanismo para trasladar los precios pagados por las distribuidoras por la compra de  energía y servicios de transmisión asociados a las tarifas pagadas por los consumidores finales (pass-through) de precios de generación y trasmisión); (iii) un valor regulatorio de pérdidas totales por el servicio de distribución y comercialización que la EDE está autorizada a trasladar a las tarifas pagadas por sus clientes como compra adicional de energía, calculado considerando una gestión eficiente; (iv)una estructura tarifaria que permita asignar los ingresos totales (nivel tarifario medio) entre las diferentes categorías de usuarios. Las categorías de la estructura y los cargos dentro de cada una deben ser establecidos de modo de reflejar los costos reales de prestación eficiente del servicio causados por cada tipo de usuario y, al mismo tiempo, asegurar que la estructura tarifaria resulte lo más simple y transparente posible. Es urgente determinar con la mayor celeridad posible este “punto de llegada”(sistema tarifario eficiente) e implementar una trayectoria o período período de transición que permita evolucionar desde la situación actual hacia el punto de llegada en un plazo política y socialmente viable.

El desempeño del sector mejoraría substancialmente, si los procesos para la definición e implementación del sistema tarifario eficiente y sus ajustes automáticos y revisiones periódicas, así como de la trayectoria para la convergencia de la situación actual a ese sistema, se desarrollan en forma transparente, y que sea posible la estricta fiscalización de su cumplimiento por parte de los agentes sociales y económicos.  
Finalmente, se recomienda adoptar medidas para mitigar el riesgo a la alta volatilidad de los precios de los combustibles, pues ello tiene una incidencia directa sobre los costos de generación de electricidad en la República Dominicana, haciendo que -como muestran experiencias muy recientes- los shocks de precios del petróleo deriven invariablemente en crisis (financieras y de suministro) en el sector eléctrico. Consideramos que el uso adecuado de instrumentos de cobertura contra el riesgo de precios de los combustibles, no sólo va a ayudar al Gobierno de la República Dominicana a cumplir sus objetivos fiscales con mayor certidumbre, debido a una más previsible planificación de los montos de las transferencias al sector eléctrico, sino que también permitirá reducir las tensiones que permanentemente existen sobre los costos de generación, las cláusulas de indexación de los contratos y las presiones sobre tarifas.  

Existen múltiples alternativas e instrumentos financieros para reducir los riesgos derivados del precio de los combustibles. No proponemos aquí ninguna forma específica de cobertura o de seguro, sino sugerimos que las autoridades dominicanas (en particular, la Secretaría de Hacienda) evalúen las alternativas existentes y elijan aquella que le proporcione al país la combinación adecuada de riesgo-costo(prima). Una vez elegida la opción, es la Secretaría de Hacienda la entidad gubernamental llamada a adquirir la cobertura. Será fundamental que cualquier proceso de transferencias de la Secretaría de Hacienda a los generadores derivado de las coberturas que se contraten, se realice a través del mecanismo de fideicomiso con manejo independiente que se plantea en el presente Plan de Acción para dotar al mecanismo de la transparencia necesaria.

 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf

ADIE atribuye apagones a fallas distribución

SANTO DOMINGO,R.D.- La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) dio a conocer ayer un informe sobre la situación del sistema eléctrico dominicano durante el primer semestre de este año, en el que confirma que los apagones son producto de inconvenientes financieros de las  Empresas Distribuidoras (EDES), ya que asegura que en el período en cuestión ADIE generó alrededor de 600 gigawatts horas (gwh) por encima de la demanda.  
“Debe quedar claro que los apagones no son por falta de capacidad. El sistema de generación tuvo un superávit de 1,898 gwh, alrededor de 600 gwh más de lo que hubiera sido la demanda total para que las EDES trabajaran sin interrupciones. Sencillamente, las EDES no compraron toda la energía que necesitaban servir”, expresó Milton Morrison, vicepresidente de la ADIE. 
En cuanto a la energía servida y facturada, el informe revela que en el periodo de estudio, ADIE vendió 6,486.44 gigavatios hora a las EDES y a los usuarios no regulados y que 33% de la energía que las EDES compran para el suministro no se registra en una factura porque hay muchos consumidores que no tienen contador y que por medio de fraude logran que el contador no refleje el verdadero consumo, por lo que se produce un déficit. El informe indica que el precio promedio al que las distribuidoras adquirieron la energía que sirvieron fue de USCent$16.63 por kwh, mientras que lo facturaron a un precio promedio de USCent$18.51 (centavos de dólar), resultando del ejercicio un márgen de venta de USCent$1.87 por cada kwh. Dice que al 6 de este mes la deuda con los generadores es de casi US$760 millones.
Pacto Eléctrico
Sobre el pacto eléctrico, Marcos Cochón, quien fue presentado como el nuevo presidente de ADIE para el período 2014-2015, refirió que para que sea exitoso, el pacto debe garantizar que se logre suplir la demanda de electricidad en el menor tiempo posible, según establece la Ley General de Electricidad. 
Además, que las distribuidoras se concentren en crear clientes responsables, que consuman la electricidad requerida para suplir sus necesidades sin desperdicios y haciendo el pago correspondiente a su consumo y que los que requieran subsidio lo reciban de acuerdo a lo que se establezca.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2014/7/16/330056/ADIE-atribuye-apagones-a-fallas-distribucion

miércoles, 16 de julio de 2014

Es falso que la tarifa eléctrica en la R. D. sea la 2da. más cara del mundo"

En 2013, las EDES fueron subsidiadas con US$1,109 millones.
SANTO DOMINGO,R.D.-  La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) califica como "falso" que la tarifa eléctrica que paga la industria dominicana sea la segunda más cara del mundo, tal como difunde el Foro Económico Mundial en su informe "The Global Energy Architecture Performance Index Report 2014".
En reacción al reportaje publicado el lunes pasado por Diario Libre, titulado "República Dominicana es el segundo país con la energía más cara del mundo", Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la ADIE, cuestiona esa conclusión con el alegato de que en el estudio sobre el Índice global de rendimiento de la arquitectura energética 2014 sólo se dispone de información sobre la tarifa eléctrica correspondiente a 60 países, del ranking de 124 publicado.
En carta al director de este medio, Adriano Miguel Tejada, Morrison sugiere la forma en que se debe titular, "a los fines de seguir cumpliendo el rol de un periodismo vinculado a la verdad y objetividad". Opina que el título del reportaje "no responde a la verdad de los datos estadísticos que reposan en los informes de la CDEEE, las empresas distribuidoras, ni de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en materia energética".
También observa que "no se especifica que se está refiriendo a un segmento, en este caso el industrial".
"Si se quisiera ser específico, la noticia debió circunscribirse a 60 países, y no como dice el titular del periódico, referente al mundo o al planeta", cuestiona Morrison.
En la carta, de cuatro páginas y a una línea, la ADIE llega a sus propias conclusiones sobre la posición de República Dominicana en el mundo, en cuanto a la tarifa del servicio eléctrico para la Industria. "Si tomamos los precios promedios a los que compran los industriales UNRs (no regulados) y publicados por la CDEEE y la SIE, y los comparamos con los 6 países evaluados en el informe, encontraríamos que RD quedaría en el lugar 60, de 60 evaluados, en vez del segundo que señala el trabajo publicado en el Diario Libre", concluye Morrison.
Estima que la industria compra la energía a un precio entre 12 y 16 centavos de dólar el kilovatio hora. En comparación con los países centroamericanos, las tarifas para el sector industrial dominicano "son menores", concluye. Sustenta esta aseveración en un cuadro de precios promedios de energía que le endosa al Instituto Costarricense de Electricidad, tomado por ADIE de una publicación de la revista Summa.
¿Tarifas baratas?
Tras una comparación de esos datos con la franja de 12 a 16 centavos de dólar que sustenta, la ADIE sugiere que la industria dominicana es beneficiada con un precio del kilovatio hora mucho más bajo que el de todo los países centroamericanos, incluyendo a Costa Rica, la estrella del "top 10" del informe del Foro Económico Mundial, que junto a Colombia son los países con energía más barata, y ambientalmente más sustentable de la región y el mundo.
El informe del 2014 es el tercero que anualmente publica el Foro Económico Mundial sobre el índice de rendimiento de la arquitectura energética, y en cuanto al precio de la tarifa eléctrica para la industria, sus conclusiones las sustenta en una serie de datos de 2001 al 2009.
En sus notas metodológicas se explica que "no están disponibles" los datos sobre los subsidios a la tarifa, por lo que deberán ser asumidos como de libre mercado los precios de electricidad. Pero reconoce que por decisiones políticas regulatorias, en algunos países el precio de electricidad es subsidiado.
En el caso de República Dominicana, sin estos subsidios, la tarifa eléctrica sería mucho más cara que la publicada por la Superintendencia de Electricidad, y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Por ejemplo, en el Presupuesto público del 2014 se estima que las exenciones tributarias a las importaciones de hidrocarburos que realizan las generadoras de electricidad ascenderán a RD$18,878.6 millones. Por otro lado, durante 2013, las tres empresas de distribución de electricidad recibieron subsidios directos por parte del Gobierno ascendentes a US$1,109.4 millones, y entre enero y abril de 2014 estos aportes ya suman US$161.8 millones. La dependencia de combustibles fósiles es una de las razones del alto costo de la generación de electricidad del país, según el informe. En enero-abril de 2014, casi el 43% de la matriz de generación depende de los combustibles fueloil número 2 y 6, informa la CDEEE.
Generación a carbón
La reacción de la ADIE sucede en un contexto en que la opinión del Gobierno es que " el alto costo de generación" es debe a que más del 60% de la energía que se produce proviene de derivados del petróleo. (Discurso de Danilo Medina, el 27 de febrero pasado). Y que el Estado entra al negocio de la generación a base de carbón, para bajar esos "altos costos". Pero las ineficiencias de las EDES y su alto valor agregado de distribución también elevan los costos, según Bernardo Castellanos, experto sobre el sector eléctrico.

http://www.diariolibre.com/economia/2014/07/16/i702141_industrias-elctricas-falso-que-energa-repblica-dominicana-sea-segunda-cara-del-mundo.html

Plantas a carbón:Nuevos elementos en adjudicación contrato

SANTO DOMINGO,R.D.- A las innumerables y serias irregularidades atribuidas al Comité de Licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que según el Consorcio IMPE, C. por A, permearon el proceso de selección y adjudicación del proyecto de construcción de dos plantas termoeléctricas a carbón mineral de 337 mw cada una, en Punta Catalina, Baní, se agrega ahora el elemento de falsedad en escritura en este proceso de licitación.
Al menos, así lo establece el escrito ampliatorio sometido por el consorcio domínico-chino, IMPE, C. por A-Gezhouba Group Company Limited, conocido el 27 de junio del año en curso, en el que señala al abogado Luis Miguel Pereyra, representante legal de CDEEE en el proceso, como responsable de haber depositado en el expediente No. 2013-01475, un supuesto oficio de la empresa china, pero legalizado por el Consulado General de la República Dominicana en Tokio, Japón.
El documento es claro cuando señala que “en verdad, la acción que pretende demostrar desinterés de parte de nuestros representados en el caso, estaría muy bien, a no ser porque a quienes representamos, pertenecen a China continental, mientras que el documento en cuestión figura registrado y sellado en Tokio, Japón, incurriendo en una ilicitud”.
Ángel Moreta y Luis Bienvenido Duvergé, representantes legales del consorcio domínico-chino expresan, a través del escrito, que esa situación representa una maniobra intelectual del abogado Pereyra, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, por lo que han presentado las pruebas que demuestran la “gravedad” del caso.
En ese sentido, revelan que en fecha 9 de junio 2014, la viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Pérez Duvergé, mediante oficio 13644, remite a los abogados de Gezhouba Group Company Limited, el oficio de la señora lsmenia Leticia Cruz, encargada de la Sección de Correspondencia, que dice: “Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, a fin de notificarle que hemos hecho una búsqueda exhaustiva en nuestro sistema de correspondencia y no existe registro alguno de la comunicación en cuestión. En ese mismo orden, le informamos, que la comunicación de fecha 6 de enero de 2014, suscrita por el señor Zhang Wei, no está dirigida a este Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Ante lo dicho por los representantes del consorcio demandante, se ha procurado una reacción del Comité de Licitación de la CDEEE, sin que hasta el momento se tenga respuesta en torno al caso.
Mientras, se insiste en que Odebretch-Tecnimont, consorcio ganador de la licitación, no debió ser precalificada por el Comité de Licitación de CDEEE para la construcción de las dos termoeléctricas, pues tiene dos litigios pendientes en la República de Chile, Ecuador y la República Federativa de Brasil, razón por la que incumple los requisitos del concurso, tal y como lo denunció el empresario coreano Kook Young Jo, de Posco Engineering & Construction CO. LTD., en carta enviada a Yocasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda de República Dominicana, en fecha 29 de octubre de 2013, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta de parte de la funcionaria sobre este asunto.
La amplia relación de “irregularidades” destacadas en el escrito ampliatorio depositado por los abogados demandantes, conocido hace apenas 11 días, revela que la oferta económica más elevada -RD$2,040 millones de dólares- fue la presentada por la empresa ganadora, a pesar de que la propuesta de Gezhouba Group Company Limited -900 millones de dólares- representa menos de la mitad de lo ofertado por el consorcio beneficiado con el proyecto.
Frente a la situación, se expresa que no se puede alegar desconocimiento desde el Poder Ejecutivo, pues en fecha 6 de diciembre del año 2013, el Consorcio IMPE, C. X A., y Gezhouba Group Company Limited, dirigió una comunicación al presidente de la República, Danilo Medina, en la que planteaba las graves y serias denuncias sobre las irregularidades en el proceso.
En ese sentido, dicen que se pretende descalificar al oferente No.1307 con justificaciones antijurídicas, tal y como se estableció en fecha 15 de octubre de 2013, en el acto de apertura y evaluación de las ofertas económicas presentadas por los participantes; y como consecuencia de la revisión, “el Comité de Licitación dictó su vigésimoquinta resolución en la cual resuelve declarar a Gezhouba Group Company Limited, como Participante Oferente Descalificado, por defectos en su Oferta Técnica y en su Oferta de Financiamiento”.
Sin embargo, se explica que el Comité de Licitación en la resolución mencionada, habla de “incumplimientos sustanciales a las bases fase de ofertas y cierre, así como de las especificaciones técnicas, que no pueden ser subsanadas a través del mecanismo previsto en la sección 9.2 de las bases fase de oferta y cierre, en razón a que su corrección significaría una modificación esencial de la oferta presentada, en relación a sus aspectos técnicos y económicos, sin explicar las razones por las cuales no hay subsanación de tales defectos, únicamente afirma que no se ajusta la oferta a las bases del proceso, lo cual constituye una justificación antijurídica para eliminar al oferente No.1307”.
Esa misma resolución, explican los abogados recurrentes, a través del documento, invoca argumentos absolutamente falaces e interesados cuando dice: “El Comité de Licitación en su resolución vigésimoquinta, en el cuarto considerando, en la revisión y evaluación de la oferta de financiamiento del participante No.1307, dice que la oferta de esta compañía contiene incumplimientos sustanciales en relación a las Bases Fase de Oferta y Cierre que no pueden ser subsanados a través del mecanismo previsto, bajo el alegato de que su corrección significaría una modificación esencial de la oferta presentada, en relación a sus aspectos económicos, pues ello afectaría el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a las Bases del proceso, es decir, a los Términos de Referencia”.
Sin embargo, explican que declara ganancioso “al oferente No.1303, Odebretch, S.A. y Tecnimont S. P A., y en ningún momento establece en qué consisten los defectos esenciales no subsanables de la Oferta Técnica y la Oferta de Financiamiento, como tampoco explica las razones por las cuales considera no subsanables ambas ofertas; ni dice por qué, a juicio exclusivo del comité de licitación dichos defectos, son no subsanables; y sobre la base de tales juicios, exclusivos del Comité de Licitación, excluyen al participante No.1307, y lo colocan como Participante Oferente Descalificado en base a defectos -sustanciales no enumerados ni justificados-, lo que constituye un atropello a los derechos del participante”.
Además, argumentan que la empresa adjudicataria Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Tecnimont S. P A., han sido favorecidas con exenciones tributarias para la importación de equipos y materiales destinados a la construcción de la obra.
Más aún, denuncian que todas las ofertas debieron presentarse en sobres separados debidamente sellados; “obviamente, así se hizo, pero se buscó que los tres ofertantes precalificados no llegaran a la fase de oferta económica, ya que fueron descalificados en la fase de evaluación técnica, con la finalidad de que quedaran fuera de la licitación”. Expresan que en la oferta económica, el consorcio domínico-chino aventajaba con su oferta de novecientos millones de dólares, y estaba preparada para la aprobación de los recursos de manera inmediata de un banco chino.
“En cambio, las empresas Norberto Odebrecht, S.A. y Tecnimont S. P A., ofrecieron un presupuesto sobrevaluado de 2,040.00 millones de dólares para la financiación de la obra, sin disponer del crédito correspondiente para responder por esa cantidad.
Posteriormente, a principios del mes que transcurre, la Cámara de Diputados aprobó una inversión sobrevaluada de la obra de 2,040 millones de dólares, en vez de los 1,500 millones presupuestados originalmente. “Es por ello que siete meses después, la obra no ha podido comenzar a construirse ante la falta de financiamiento, lo cual indica la presencia de irregularidades sustanciales que ponen en peligro el resultado de la licitación internacional aludida”.


http://z101digital.com/app/article.aspx?id=131866

martes, 15 de julio de 2014

Auditoría CC “es punta del iceberg” en administración CDEEE

SANTO DOMINGO,R.D.- El ingeniero Fernando Santos Bucarelli, técnico del sector eléctrico, consideró que la auditoría realizada por una empresa independiente, con el seguimiento de la Cámara de Cuentas, a la gestión de Celso Marranzini frente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) sería la punta del iceberg en esa administración.
Al ser entrevistado en la Z101, Santos Bucarelli manifestó que la administración de Celso Marranzini en la CDEEE es, a su juicio, una de las que más daño le ha hecho al sector eléctrico en República Dominicana.
Dijo esperar que la auditoría “sea publicada y puesta en el portal de la Cámara de Cuentas para que el pueblo dominicano tenga el derecho de ver que pasa con su dinero”.
El ingeniero sostuvo que la Constitución da  el derecho de denunciar cualquier acto de un funcionario público.


“En la Empresa de Generación Hidráulica Dominicana, el señor Marranzini siendo vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, violando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y violando la Ley de Ética de los funcionarios públicos, se habría hecho firmar un contrato para su empresa Multiparques”, aseguró Santos Bucarelli en El Gobierno de la Mañana.

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=131867

Cómo alcanzar un sistema tarifario eficiente en R.D.:B.M. y BID

Los elementos descritos en la sección anterior definen un sistema tarifario eficiente. Determinar con la mayor celeridad posible este “punto de llegada” es una condición necesaria para alcanzarlo, aunque no resulta suficiente. Si la condición de partida se caracteriza por una situación de crisis, como es el caso del sector eléctrico de la República Dominicana, es imprescindible complementar la determinación del sistema tarifario eficiente con la definición e implementación de una trayectoria o período de transición (“glidepath”) que permita evolucionar desde la situación actual hacia el punto de llegada en plazos política y 
socialmente viables. La definición precisa de esa trayectoria y del cronograma para recorrerla en forma transparente se realiza a través de la determinación, antes del inicio del período de transición, de fórmulas a ser aplicadas periódicamente y en forma automática durante el mismo para el ajuste de algunos cargos tarifarios existentes, la eliminación de otros, la creación de nuevos cargos, entre otros. 

En el caso específico de la RD, se tienen dos fenómenos que evolucionan en forma opuesta y que, combinados, tienden a neutralizar sus efectos en el incremento de tarifas al consumidor. Se trata de la eliminación de subsidios a algunas categorías (que tiende a incrementar las tarifas pagadas por los usuarios en las mismas) y la progresiva reducción de las pérdidas totales admitidas en las tarifas (que implica un menor nivel tarifario medio a nivel de distribución). 

Es imprescindible que todos los procesos para la definición e implementación del sistema tarifario eficiente y sus ajustes automáticos y revisiones periódicas, así como de la trayectoria para la convergencia de la situación actual a ese sistema se desarrollen en forma transparente, y que sea posible la estricta fiscalización de su cumplimiento por parte de los agentes sociales y económicos. La forma efectiva de asegurar esa transparencia y fiscalización es la publicidad integral del proceso, comprendiendo las etapas de discusión, definición y aplicación de metodologías, e incluyendo todos los documentos referidos a las 
mismas.

Finalmente, se recomienda iniciar sin demoras los estudios necesarios para la determinación del sistema tarifario eficiente (punto de llegada), así como para la definición e implementación de una trayectoria o período de transición (“glide path”) que permita evolucionar desde la situación actual hacia el punto de llegada en plazos política y socialmente viables. Se trata de un proceso de la mayor importancia, que comprende varias etapas, identificadas por PA Consulting en su estudio preparado para la SIE7 

• Implantación de un nuevo Fondo de compensación tarifaria (nuevo FETE) 
• Desmonte de los subsidios cruzados 
• Perfeccionamiento de la estructura tarifaria actual (escalones de la tarifa BTS1) 
• Unificación de las tarifas MTD1 y MTD2 
• Creación de una tarifa AT (alta tensión) 
• Diseño de una tarifa para medidores prepagos .


http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf