Radiografía al cemento dominicano

Santo Domingo,R.D.- El cemento, ese polvo parecido a una harina suave y caliente que endurece al contacto con el agua, no es más que una mezcla equilibrada y bien probada de caliza, sílice y yeso, entre otros componentes que lo hacen más resistente. Ha sido así desde que de manera fortuita los romanos lo descubrieron hace cientos de años. La tecnología aplicada en su elaboración es lo que ha cambiado a través de los años.
La industria del cemento ha demostrado capacidad de innovación, fortaleza y dinamismo en República Dominicana. Es también uno de los sectores que mayor inversión extranjera ha recibido con poco más de US$1,000 millones.
Las empresas establecidas en el mercado local son: Cementos Andino Dominicano, con capacidad de molienda de 475,000 toneladas métricas; Cemex, con 2.4 millones; Cementos Cibao, con 1.3 millón; Domicem, con 1.1 millón, Cementos Colón (Argos), con 500,000 toneladas y Cemento Santo Domingo, con 350,000 toneladas métricas. En proceso de apertura está una nueva planta, que sería la número siete, perteneciente al Grupo Estrella. La capacidad instalada total es de 6.1 millones de toneladas métricas al año.
Contrario a lo que muchos creen, el proceso de fabricación de cemento no necesita agua, aunque sí se utiliza en los lavadores de maquinarias, talleres de equipos móviles, riego de áreas verdes, sistema de enfriamiento de los hornos, vías de tránsito y el rodamiento de los hornos de cemento, pero jamás en la elaboración del producto en sí. Desde que el camión deposita la materia extraída de la mina o cantera, pasando todo el proceso de elaboración del clínker (materia base para hacer cemento), hasta el producto final, no se utiliza agua.
La capacidad de producción y exportación del país está demostrada de sobra, llegando a mercados exigentes de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. En 2012, República Dominicana exportó 1.37 millón de toneladas métricas de cemento, un 36% más que el año anterior. De hecho, la reducción de aproximadamente 6% que registró el mercado local fue cubierta en parte con el incremento de las exportaciones.
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), que agrupa a las principales empresas del sector, establece que el sector genera alrededor de 10,000 empleos directos.
La directora ejecutiva de la entidad, Julissa Báez, destaca que el 96% de los empleos que genera el sector cementero es dominicano y que el consumo local está en 2.6 millones de toneladas, tomando en cuenta el cierre de 2012. Los principales ejecutivos de la industria coinciden en que las medidas económicas tomadas por el gobierno ayudarán en el proceso de dinamización que se requiere, así como la implementación de la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso.
La capacidad de producción per cápita instalada de República Dominicana supera la de otros países de Latinoamérica y el Caribe, con 0.64 toneladas métricas, por encima, incluso, de México con 0.48 y Brasil con 0.33. 
De las seis plantas que están en producción en el país hay tres que producen clínker: Cemex, Cibao y Domicem. Las demás se suplen de importación y con la producción local de la materia prima.
Todos los procesos tienen común la obtención de materia prima, preparación, almacenamiento y cocción. Lo que puede variar es la tecnología utilizada en la fabricación del cemento. 
((Detalles
Cementos Cibao, llena de tradición
La segunda en capacidad de producción es Cementos Cibao. Es una empresa de inversión netamente dominicana, con un capital suscrito y pagado de RD$1,000 millones, fundada a inicios de la década de los 60 por un grupo de prominentes hombres de negocios, encabezados por Huáscar Rodríguez y Luis Iglesias.
Santo Domingo, una empresa nacional Otra de las apuestas importantes del sector es Cementos Santo Domingo. Fue fundada en 1999 y en 2004 se fusionó con la empresa española La Unión. La planta dispone de un almacenamiento para 4,000 toneladas de cemento y dos empacadoras estáticas con capacidad de llenado de 300 fundas por hora.
Confianza que se deja sentir en la inversiónCemex Dominicana es la de mayor capacidad de producción del país. Su presidente, Carlos González, afirma que la empresa está enfocada en impulsar el desarrollo mediante el logro de bienestar, o sea, que el negocio sea el resultado de proyectos que ayuden a impulsar la economía de la nación y la calidad de vida de los ciudadanos.
Cemex tiene dos hornos. El primero funciona desde 1977 cuando aún no había llegado la empresa al país. El segundo, el más grande del Caribe, fue instalado en 2005 con una inversión de US$135 millones. La empresa opera en más de 34 países, pero hace negocios con casi todo el mundo.
Manuel Valente, gerente de Operaciones de Cemex, afirma que como ente productivo está comprometido con asegurar un aporte importante a la economía a través de la generación de empleos y divisas.
El director general de Cementos Colón (Argos Dominicana) es Gabriel Ballestas, quien destaca que una de sus características es que es una compañía multidoméstica que tiene presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe, Haití, Panamá, Sudamérica, Surinam, Dominica, antigua, San Martin y San Thomas, así como operaciones compartidas en Curazao.
La empresa tiene una presencia regional muy fuerte en toda la cuenca del Caribe, siendo líder en cemento en Colombia, quinto en Latinoamérica. La compañía es productora de concreto. Opera una concretera en la avenida Jacobo Majluta.
Argos es el tercer productor de concreto en el sureste en Estados Unidos. Argos inició sus operaciones en República Dominicana como socio de Cementos de Colón desde 1996 y ya había tenido alguna vinculación con el país con la exportación clínker y carbón desde Colombia. Las operaciones de Argos en República Dominicana sólo exportan a Haití, ya que está enfocada hacia el mercado local. Admite que en el mercado dominicano hay suficiente oferta y más capacidad instalada que requerida, lo cual hace que el nivel de competencia sea mucho más fuerte y obliga a los productores a cada vez ser mejores en la propuesta de valor que hacen a los clientes y hasta en la forma en que interactúan con las comunidades.
“Nosotros tenemos un modelo de negocios sencillo, centrado en el cliente y sostenido, en el que buscamos equilibrio en la rentabilidad y un adecuado manejo del tema ambiental”, sostiene Ballestas. Argos tiene alrededor del 15% del mercado del cemento en el país. Cuenta con 22 camiones para concreto.
“En la cuenca del Caribe República Dominicana es quizá el mercado más atractivo para nosotros, y que puede ser un hub muy interesante a  nivel de operaciones. Aquí hemos encontrado un recurso humano de primer orden y desde aquí hemos apoyado nuestras sucursales en Haití y Surinam”, explicó el director general de Cementos Colón en el país.
Destaca que a nivel de calidad este país tiene un producto que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro mercado. 
Ballestas dice que la experiencia de Argos en el área de la vivienda social es una excelente oportunidad para contribuir con el país en solucionar parte del déficit. 

((Domicem
Una empresa con alta tecnología en el país
El director general de Domicem, Francesco Cardi, afirma que este mercado tiene una tendencia a ser estable y que el decrecimiento del último año lo ubica dentro de una coyuntura económica especial. Un elemento que le trae esperanza es la atención que pone el gobierno en el desarrollo de nuevas obras, como son las nuevas carreteras y viviendas económicas.
Muchas plantas no es una preocupación El país es el que posee el mayor número de plantas de cemento de la región y este dato no está en la agenda de preocupaciones de Cardi. Dice que la industria está en medio de expectativas positivas en estos momentos.
La competencia es buena para todos El ejecutivo dice que el objetivo de los competidores deberá ser la calidad y sobre la base de este concepto competir en el mercado, siempre respetando el medio ambiente. A su entender, las exportaciones representan una válvula de escape ante cualquier eventualidad.

 http://www.listindiario.com/economia-y-negocios/2013/6/19/281394/Radiografia-al-cemento-dominicano

Las pensiones y su reforma

España.- La reforma del sistema de pensiones es una de esas tareas difíciles de abordar. El número de gente que se ve implicada por las decisiones adoptadas es muy alto; las pensiones constituyen el único ingreso para un porcentaje muy alto de los jubilados y la prestación por jubilación forma parte de un contrato intergeneracional que a la mayoría nos parece algo natural, necesario y generador de confianza y bienestar en las sociedades avanzadas. En el presente, en medio de una crisis que obliga a algunos pensionistas a mantener también a sus hijos, cualquier cambio genera suspicacias y mucha preocupación, lo que no es precisamente algo conveniente en estos momentos.
En el caso de la economía española hay nueve millones de pensionistas y las previsiones indican que para 2052 el número total de los jubilados con pensión alcanzará los 15 millones. La cifra de los nueve millones de pensionistas impacta sobre todo si la comparamos con el total de personas trabajando, 17 millones de ocupados (EPA 2012), cantidad que puede estar algo subestimada. El envejecimiento de la población en España es un hecho y, para muchos, un proceso imparable. Está por ver si esta previsión se cumple.
Preocupado por el asunto y presionado por Europa el Gobierno encargó a un comité de expertos el desarrollo de un factor de sostenibilidad entendido como una “fórmula que garantice que el sistema se mantenga a sí mismo —los ingresos sean capaces de hacer frente a los gastos en pensiones sin necesidad de recurrir ni al fondo de reserva, ni a inyecciones de liquidez provenientes de otras fuentes de ingresos públicos— y que el sistema siga siendo un sistema de reparto con prestación definida”.


Ese fue el encargo y lo que el informe diseña está basado en el sistema de pensiones actualmente vigente que resulta ser sensible a la tasa de dependencia (el número de personas que cobran pensión por cada persona ocupada). La definición de sostenibilidad es, además, muy específica por lo que el espacio disponible para encuadrar las propuestas está limitado.
El informe no ahonda, por ejemplo, en políticas de natalidad, ni en políticas activas de empleo, aunque el nivel de ocupación y el envejecimiento poblacional son variables que dependen, en mayor o menor medida, de estas políticas.
El factor de sostenibilidad que se propone depende del factor de equidad intergeneracional (FEI) y del de revalorización anual (FRA). El primero sirve para que la esperanza de vida de la persona jubilada se incluya en el cálculo de la pensión inicial. El segundo se ocupa de la evolución de las pensiones y para ello se propone tener en cuenta, a la hora de revalorizarlas, variables como los ingresos disponibles o el número de pensiones entre otras. El índice de precios al consumo (IPC) deja así de tener el papel central que ha desempeñado en el pasado.
Los expertos abogan también por la transparencia que permitiría prever con conocimiento de causa el futuro de las pensiones algo imprescindible para las generaciones jóvenes. La transparencia, junto con la propuesta de incluir un “factor suelo” (las pensiones de los ya jubilados no pueden disminuir) pueden ayudar a aceptar algunas de las reformas. El suelo trata de evitar que los ya jubilados se vean perjudicados por no disponer de un margen de maniobra para reaccionar ante las nuevas medidas.
Conocidas las propuestas, nos queda por ver el necesario consenso que se alcance en torno a estas cuestiones tan delicadas. El sistema de pensiones es una de esas “construcciones sociales” que hay que mimar garantizando su mejor funcionamiento, su sostenibilidad y el logro de una equidad intergeneracional que hay que definir con precisión y finura. Sin olvidar que no solo el qué se decida, también el cuándo se ponga en marcha la reforma es importante.
Y aquí conecto con el principio de este artículo. No estoy segura de que el momento propicio para reformar el sistema de pensiones sea “ahora”. Nuestra demanda agregada está totalmente deprimida y uno de sus componentes, el consumo, tanto privado como público, se sitúa muy por debajo del necesario para estimular la recuperación de la actividad.
Crear otro foco de incertidumbre para una parte importante de los consumidores puede ser peligroso. La sostenibilidad del sistema puede ser ineludible, pero es más que dudoso que la reforma se tenga que implementar con mucha rapidez. Las reformas estructurales pueden servir para inyectar confianza en el sistema, pero para conseguirlo también hay que saber valorar cuál es el momento idóneo de poner dichas reformas en práctica.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/15/paisvasco/1371316265_113706.html

El subsidio al sector eléctrico

Santo Domingo,R.D.- Una de las debilidades que adolecemos como pueblo dominicano, es el amor al paternalismo y a todo lo que signifique proteccionismo o la política del dao, como popularmente se le denomina al cariño por lo fácil o regalado.
Todo empieza en la era de Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961). En esos 31 años, el país empezó a poner en  practica el clientelismo como herramienta electoral, acompañado de una política económica dirigida ha defender intereses particulares y de grupos sobre los de la Nación. Tras el ajusticiamiento de Trujillo, los residuos de aquel régimen tomaron medidas complacientes como la ex expropiación de los bienes y propiedades de su  familia y relacionados. Ahí, justo ahí, da inicio el gran problema que aun nos afecta.
Aquella medida, significó que el Estado dominicano pasaría del ser, según la teoría del Estado Moderno, moderador de su propio sector productivo, a ser el mayor empleador del mismo.
Cuando el Doctor Joaquín  Balaguer firmó el decreto declarando aquellos bienes  como parte del Tesoro Nacional, esas familias eran dueñas de 12 de los 16 Ingenios azucareros que tenia la industria nacional, para entonces la principal fuente de riqueza del país. Así nació el Consejo Estatal del Azúcar, mejor conocido como (El CEA) y (el Grupo CORDE) Corporación de Empresas Estatales las cuales traspasaron automáticamente a la nomina del Estado, más de doscientos mil (200,000) empleados privados.
Al parecer, el presente gobierno que encabeza el Lic. Medina está en la vía de corregir lo que está mal según las argumentaciones del propio Jefe del Estado, quien criticó a los generadores eléctricos por su política de chantaje al ejecutivo. En este sentido, los partidos políticos han fracasado en la búsqueda de una solución a un problema que lleva más de cuarenta años afectando la vida cotidiana del pueblo dominicano
Todos los dominicanos sabemos lo que significa un apagón financiero, pero también sabemos del mal uso que les damos a la energía eléctrica desde ciertos sectores de la población, justamente los que disfrutan del subsidio.
En el año 1996, la demanda eléctrica en el país era de 1.200 Megabyte y la oferta  del sistema para entonces era de solo 720 MB, es decir que había un déficit de 480 MB que por vía de consecuencia, significaban apagones sectoriales. Ahora es distinto.... Desde el entrada del sector privado a la Industria eléctrica a través de la Ley de Capitalización de la Empresa Pública (Ley 141-97. Gaceta oficial 9957-125.), la demanda sobrepasa la oferta por lo cual ahora los apagones son financieros porque el gobierno algunas veces, no tiene a tiempo los recursos que exigen los generadores como compensación por la energía ya entregada y muchas veces subvaluadas.

PROPUESTA
Somos de opinón que el Gobierno debe eliminar para siempre la práctica del subsidio eléctrico a los sectores populares y esos recursos que deposita en ese barril sin fondo, convertirlos en aumento salarial directo a la población e instar al pago de la factura eléctrica por consumo familiar.
El gobierno no puede ser Juez y parte de su misma causa. Sus funciones  deben ser netamente reguladoras de un sistema de producción/ redistribución/ venta y cobro.  Si no enseñamos a la población al ahorro la energía como lo estamos haciendo con el Plan de Alfabetización Nacional, entonces no tenemos esperanza alguna de resolver este gran problema.
Hay que regular el sistema para hacerlo más eficiente para todos y esa tarea es fundamentalmente del gobierno, pero para eso, el mismo debe dejar de ser causa y verdugo de su propia situación. 

 http://www.almomento.net/articulo/138686/El-subsidio-al-sector-electrico

Loma Miranda parque nacional

Santo Domingo,R.D.- El complejo montañoso de Loma Miranda sólo tiene un destino racional y popular, ser declarado PARQUE NACIONAL por sus atributos excepcionales como morada de importantes elementos de la biodiversidad nacional, que a su vez forma parte, de la indivisible unicidad del planeta justamente sometido a peligrosas agresiones antropogénicas.
Se ha conversado, analizado, discutido y hasta polemizado mucho sobre el aspecto ecológico y medio ambiental al hacer el aterrizaje al terreno, pero algo definitivo surge del ángulo económico, porque en realidad la explotación del complejo montañoso, solo traería daños y prácticamente ningún beneficio económico según las condiciones prevalecientes en los mercados del níquel  para los próximos años.
Hay explotaciones mineras que causan grandes daños medio ambientales al tiempo que producen significativos ingresos financieros. En estos casos las  sociedades colocan en la balanza de sus prioridades y su proyecto de nación, a fin de determinar qué decisiones tomar bajo la luz de sus paradigmas inmutables. Desde luego las sociedades democráticas terminan rechazando todo lo que dañe sus ecosistemas.
El presidente Danilo Medina debe tomar en cuenta los cambios ocurridos en  la función de gobernar, desde los tiempos del absolutismo monárquico -dueño de tierra y pueblo- hasta los estados democráticos actuales, done la sociedad dispone de las mismas fuentes informativas que las autoridades nacionales, y por tanto, comparten el conocimiento total del país en igualdad de proporciones. Los presidentes son ahora los voceros calificados de las decisiones de la mayoría nacional. Simplemente.
Ya no existe, ni tendría sentido, aquella persona poderosa, poseedora del privilegio de las  informaciones –porque siempre será cierto que la información es poder-  ante una sociedad ignorante, ¡NO! ahora todos somos sabios, todos disponemos de la misma información o acceso a las fuentes del conocimiento.
Para tomar la decisión correcta sobre Loma Miranda no hace falta mas datos. Se perdió mucho tiempo consultando incorrectamente a la ONU, tal vez esperando  una opinión favorable a su explotación, pero este recurso  falló. Y fuera de la verdad técnia no hay misterios ni aquí -tierra saturada de sorpresas- ni en el resto del mundo.  Solo queda emitir el DECRETO  LOMA MIRANDA, Parque Nacional.
Los mercados del níquel no son los mejores  ni a corto, mediano ni y largo plazo. Y menos aún,  para el níquel extraído en forma de ferro níquel,  el que sin dudas constituye un monumento a la agresión medioambiental irresponsable del planeta.
Siempre he sostenido que esta mina nunca debió autorizarse en 1972, porque su proceso de extracción pirometalúrgica es un verdadero ecocidio. El daño que causa a la naturaleza es inmenso y de difícil o ninguna recuperación posterior. Lamentablemente, se autorizó en nuestro país, bajo una dominación imperial que no le importa destruir los recursos de pueblos débiles.
En Cuba se produce mas níquel que aquí,  pero mediante un proceso distinto amigable al ambiente,  con una solución de acido sulfúrico a temperatura ambiente en circuito cerrado, con bajísimo consumo energético.
En cambio en Falcondo de Bonao la temperatura llega a extremos de 1800 grados centígrados, esto se debe a que nuestras minas contienen mucho hierro, sin embargo, en Cuba, el contenido es extremadamente.
Si esta mina estuviera en Puerto Rico o Estados Unidos la hubieran cerrado hace mucho tiempo por constituir una inmensa agresión a la atmósfera y la biodiversidad.
Para no alargarnos más en otra entrega, en otros artículos analizaremos los aspectos económico-impositivos, para que todos sepamos que Falcando no solo contamina, sino que contribuye muy poco al erario.

http://www.almomento.net/articulo/138765/Loma-Miranda-parque-nacional

La dependencia del petróleo (2)

Santo Domingo,R.D.- El alto grado de dependencia de muchos de los países como la República Dominicana de esas importaciones de petróleo y derivados, ensombrece sus perspectivas a corto y largo plazos. Además, existe la amenaza permanente de nuevos incrementos, no siempre determinados por necesidades reales del mercado o las economías de los países del cartel petrolero, sino por razones de índole mayormente políticas, como ha sucedido ya en el pasado. Aún cuando el alza del petróleo ha estado inspirada en la necesidad de modificar los términos de un intercambio desigual para las naciones productoras de materias primas, es evidente que han sido éstas naciones más pobres las que han cargado con el peso del nuevo desequilibrio que esto llevó al mercado internacional.

Y no podía ser de otra manera, puesto que países pequeños como la República Dominicana, por ejemplo, no poseen ni la flexibilidad de las naciones industrializadas para reajustar las pautas de su comercio e inversión, ni el margen para reducir su consumo.

Venezuela, principal suplidor de los países no productores del hemisferio, sostiene un programa de financimiento, PetroCaribe, que alivia el peso económico de los suministros pero incrementa la deuda, convirtiéndose de este modo en el mayor acreedor de la región y haciéndolos más dependientes de un solo suplidor.

Sin embargo, los aumentos del petróleo han servido también a los gobiernos del Tercer Mundo para justificar sus tropiezos y fracasos en materia de administración de los recursos de sus países. La realidad es que si bien el precio del petróleo ha profundizado nuestros males, las causas reales del atraso que nos agobia son resultado directo de la mala planificación y la insensibilidad de malos gobiernos y cúpulas políticas y empresariales que han hecho del poder un medio para preservar sus privilegios. –

 http://www.elcaribe.com.do/2013/06/19/dependencia-del-petroleo-2#sthash.NID4TQIW.dpuf

El alto grado de dependencia de muchos de los países como la República Dominicana de esas importaciones de petróleo y derivados, ensombrece sus perspectivas a corto y largo plazos. Además, existe la amenaza permanente de nuevos incrementos, no siempre determinados por necesidades reales del mercado o las economías de los países del cartel petrolero, sino por razones de índole mayormente políticas, como ha sucedido ya en el pasado. Aún cuando el alza del petróleo ha estado inspirada en la necesidad de modificar los términos de un intercambio desigual para las naciones productoras de materias primas, es evidente que han sido éstas naciones más pobres las que han cargado con el peso del nuevo desequilibrio que esto llevó al mercado internacional.

Y no podía ser de otra manera, puesto que países pequeños como la República Dominicana, por ejemplo, no poseen ni la flexibilidad de las naciones industrializadas para reajustar las pautas de su comercio e inversión, ni el margen para reducir su consumo.

Venezuela, principal suplidor de los países no productores del hemisferio, sostiene un programa de financimiento, PetroCaribe, que alivia el peso económico de los suministros pero incrementa la deuda, convirtiéndose de este modo en el mayor acreedor de la región y haciéndolos más dependientes de un solo suplidor.

Sin embargo, los aumentos del petróleo han servido también a los gobiernos del Tercer Mundo para justificar sus tropiezos y fracasos en materia de administración de los recursos de sus países. La realidad es que si bien el precio del petróleo ha profundizado nuestros males, las causas reales del atraso que nos agobia son resultado directo de la mala planificación y la insensibilidad de malos gobiernos y cúpulas políticas y empresariales que han hecho del poder un medio para preservar sus privilegios. - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/06/19/dependencia-del-petroleo-2#sthash.NID4TQIW.dpuf

El alto grado de dependencia de muchos de los países como la República Dominicana de esas importaciones de petróleo y derivados, ensombrece sus perspectivas a corto y largo plazos. Además, existe la amenaza permanente de nuevos incrementos, no siempre determinados por necesidades reales del mercado o las economías de los países del cartel petrolero, sino por razones de índole mayormente políticas, como ha sucedido ya en el pasado. Aún cuando el alza del petróleo ha estado inspirada en la necesidad de modificar los términos de un intercambio desigual para las naciones productoras de materias primas, es evidente que han sido éstas naciones más pobres las que han cargado con el peso del nuevo desequilibrio que esto llevó al mercado internacional.

Y no podía ser de otra manera, puesto que países pequeños como la República Dominicana, por ejemplo, no poseen ni la flexibilidad de las naciones industrializadas para reajustar las pautas de su comercio e inversión, ni el margen para reducir su consumo.

Venezuela, principal suplidor de los países no productores del hemisferio, sostiene un programa de financimiento, PetroCaribe, que alivia el peso económico de los suministros pero incrementa la deuda, convirtiéndose de este modo en el mayor acreedor de la región y haciéndolos más dependientes de un solo suplidor.

Sin embargo, los aumentos del petróleo han servido también a los gobiernos del Tercer Mundo para justificar sus tropiezos y fracasos en materia de administración de los recursos de sus países. La realidad es que si bien el precio del petróleo ha profundizado nuestros males, las causas reales del atraso que nos agobia son resultado directo de la mala planificación y la insensibilidad de malos gobiernos y cúpulas políticas y empresariales que han hecho del poder un medio para preservar sus privilegios. - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/06/19/dependencia-del-petroleo-2#sthash.NID4TQIW.dpuf

IMPORTANTE DECISION DE LA ONU: Derecho humano al agua

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en Nueva York la resolución que reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, con 122 votos a favor, 41 abstenciones y ningún voto en contra.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) celebra este gran logro y el fiel cumplimiento del artículo 47 de la Constitución nacional en el compromiso asumido desde las organizaciones sociales y representantes del gobierno en 2009, en el marco de un trabajo conjunto que lleva varios años.

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(Montevideo, 03/08/10) Cientos de movimientos sociales alrededor del mundo celebran la aprobación el 28 de julio, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la resolución que declara el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

La iniciativa aprobada en la ONU, que había sido presentada oficialmente por Bolivia con el auspicio de más de 30 países, entre ellos Uruguay, declara “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución que el agua es un derecho humano fundamental, mediante la reforma del Artículo 47 con el plebiscito de octubre de 2004. Con esa enmienda se dispuso además que los servicios de agua y saneamiento del país deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales y que se debe priorizar el uso humano del agua por encima de los intereses de las corporaciones. También se estipuló la participación de la ciudadanía en la gestión y control de las fuentes de agua.

El 15 de septiembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 47 constitucional y convirtió en políticas de Estado los principios contenidos en él. Hay que destacar el rol fundamental que las organizaciones sociales nacionales han tenido en todo este proceso.

Un mes más tarde, en el marco de la campaña mundial Octubre Azul 2009 y durante la Mesa Redonda “Política Nacional de agua, territorio y medio ambiente”, organizada por la CNDAV en la sede del PIT-CNT, el entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, fue informado de esta iniciativa en Naciones Unidas y se comprometió a apoyarla.

Los movimientos que han luchado por el derecho humano al agua a nivel internacional tienen claro que el trabajo y la movilización ahora debe seguir, para asegurar que se respete la resolución recién votada. Es que varios países industrializados presionaron hasta último momento para que no se aprobara la nueva iniciativa, aunque a la hora de la votación se hayan abstenido para cuidar su imagen internacional. Entre esos países se destacan el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.

La CNDAV se enorgullece de haber sido impulsora del plebiscito que garantizó el acceso al agua como un derecho humano fundamental en el país, mojón para los movimientos sociales que alrededor del mundo han luchado para el logro recién alcanzado en Naciones Unidas.

La CNDAV reitera su compromiso asumido con la ciudadanía que apoyó la Reforma Constitucional con el 64,7 por ciento de los votos, de seguir luchando por su total cumplimiento, para que los privados no lucren con el agua en Maldonado, para que se asuma el cuidado de los Recursos Hídricos y no se permita el lucro con las aguas superficiales y subterráneas.

Tal como sucedió en 2004, el pueblo movilizado es quien garantizará que el derecho humano al agua y al saneamiento se haga efectivo.

Fuente: Casa Bertolt Brecht

 http://www.aguayvida.org/noticia_12082010_onu_derecho_humano_al_agua.html

El Agua y el Derecho ¿Humano demasiado humano?

 

Luego del Foro Mundial del Agua en Marsella, en marzo de 2012, y de las propuestas que ya apuntaban al desastroso resultado que se expone en los parágrafos 119 a 124 de la declaración de Río + 20 -básicamente la propuesta de un mercado mundial integrado del agua- queremos recoger algunas de las posiciones esbozadas en debates de organizaciones, redes y movimientos en defensa del elemento vital. Esperamos que estas letras nos permitan generar un intercambio activo y una posibilidad de re-construcción conjunta de concepciones comunes y estrategias frente al avance trasnacional en los territorios del agua.

La perspectiva del agua como derecho humano y algunos debates centrales.

Empezamos entonces por reconstruir algunos argumentos del debate que ya se perfilaban en Marsella, y que lejos de basarse en una perspectiva puramente teórica, han sido esbozados por grupos y organizaciones que han luchado y ganado batallas frente a la privatización y mercantilización del agua. Éstas críticas se han presentado desde lo que se considera la inoperancia en la efectivización del derecho a pesar de los reconocimientos internacionales y los cambios estructurales en algunas naciones.

En primer lugar, en la concepción del agua como derecho humano surge el peligro del antropocentrismo. Esto porque el enunciado el agua es un derecho humano podría excluir de la necesidad de acceso a los otros seres de la naturaleza para los que el agua también es vital. Existe una clara diferencia entre las enunciaciones agua como derecho humano (o como más comúnmente se presenta: el agua es un derecho humano) y el derecho humano fundamental de acceder al agua. El segundo enunciado y lo que su concepción entraña no es reduccionista, mientras que el primero objetiviza el elemento natural y de esa manera podría reducirlo a una funcionalidad únicamente para los seres humanos. Las diferencias entre las dos enunciaciones no son menores, pues en la premisa el agua es un derecho humano fundamental existe una condición ontológica que se presume existe en el agua para satisfacer necesidades humanas, de ahí su carácter antropocéntrico.

En segundo lugar, más allá de la condición enunciativa, que, se dice, pudiese ser reduccionista, la concepción de derecho en términos del pensamiento de occidente, asociada a la aparición del estado liberal - moderno, no se aplica a cosmovisiones, por ejemplo, indígenas. Comunidades para las cuales el agua no es un derecho, sino un componente esencial de la naturaleza que entrega sentido a la existencia en su transitar entre la montaña y el mar. Diversas visiones sobre las aguas, las del llamado mundo occidental y visiones externas y en general opuestas a él, plantean un extenso abismo respecto a la pragmática del derecho entre sociedades 'homogéneas' como las europeas, y sociedades como las latinoamericanas donde la la plurinacionalidad y pluriculturalidad no permiten reduccionismos ni fórmulas de homogenización jurídica o cultural.

Tercero. En la mayoría de las sociedades contemporáneas y su forma de organización política, el estado nacional es el garante de los derechos. Sin embargo, y como lo consigna Vandana Shiva en Las guerras del agua, el control del Estado sobre las aguas y otros bienes comunes fue y es la punta de lanza hacia la privatización, lo que pone en entredicho su papel de garante en relación al derecho. Por otra parte, y en estrecha relación al papel del Estado hoy, en la etapa neoliberal del capitalismo, y luego de los procesos de globalización, los estados nacionales parecen haber desdibujado cada vez más su función, para dar paso a lo que se ha denominado la corporación – nación. El cumplimiento frente a la exigencia del derecho, en esa perspectiva, y en el status quo actual, podría ser asumido por el modelo corporativo, como de hecho pretende hacerse a través de un mercado mundial integrado, regulador de la relación en términos de acceso y para el que las asociaciones público – privadas son las adecuadas para efectivizar el derecho al agua. Los anteriores son dos de los puntos de mayor análisis hoy, pues en sí mismo el Estado como 'administrador' de los bienes comunes ha generado procesos de privatización y mercantilización, y, por otra parte, en su proceso de corporativización parece entregar al modelo corporativo la garantía del derecho. ¿Quién debiera entonces velar por el acceso de los pueblos a los bienes comunes? Cuando la retórica del derecho se hace presente en los discursos de los organismos multilaterales, e incluso de las instituciones financieras internacionales que lo 'aceptan' como demanda de los pueblos y la sociedad civil1, no existe claridad de quién debe ser el garante del derecho, y, de hecho, los estados se han convertido en simples facilitadores de los enclaves trasnacionales que lo remplazan en asuntos fundamentales como la prestación del servicio del agua.

La visión multilateral de la ONU y sus contradicciones.

Más allá de las críticas referidas a la filosofía política del lenguaje, en términos de enunciación del derecho, a la condición ontológica del agua, y a la concepción política del Estado, queremos pasar a otros de los temas que ocupan debates y albergan análisis con diferentes enfoques. Como se sabe, el 28 de julio de 2010 la Organización de Naciones Unidas -ONU- emitió desde su Asamblea General la Resolución No 64 - 292 reconociendo el derecho humano al agua e instando a los estados a su aplicación efectiva. El conjunto del movimiento en defensa del agua celebró este reconocimiento como una gran victoria de las articulaciones que desde de la guerra por el agua de Cochabamba transitaron por logros nacionales y constitucionales como los de Uruguay, Ecuador y Bolivia, y que hoy se elevaban a un organismo multilateral, la ONU. Sin embargo, en las primeras de cambio del documento cero elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, y que se convertiría en la base para la imposición de la Economía Verde y la Gobernanza2, la concepción de derechos fue atacada y, más puntualmente, se presentó el derecho humano al agua como un impedimento para el logro de los objetivos de los nuevos programas de control ambiental corporativo.

Así, lo que fue celebrado como una gran victoria, la resolución de la ONU, se ponía en entredicho con las posiciones esbozadas en los borradores de discusión hacia Río + 20, y se daba paso a las propuestas de corporaciones como Nestlé, que apuntaban a la creación de un mercado mundial integrado del agua, en continuidad con el modelo de asocio público - privado y con las corporaciones como garantes de la posibilidad de acceso al líquido.

¿Existe entonces una posición diferente respecto al derecho al agua en la Asamblea General de la ONU y en uno de sus programas más importantes, el PNUMA? Frente a estas diferencias manifiestas ¿cómo se debe entender el papel de la ONU en la defensa del agua y la garantía del acceso como derecho humano fundamental?

En la pasada Cumbre de los Pueblos celebrada en Río de Janeiro, simultáneamente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -más conocida como Río + 20-, la Federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional presentó los estudios de caso en los que se demuestra la cooptación de la ONU por parte de las corporaciones trasnacionales, y lanzó una campaña global bajo el lema liberemos a la ONU de la cooptación trasnacional3. Los casos presentados por la Federación ambientalista son una expresión de lo que puede estar pasando al interior del organismo multilateral y de la necesidad de liberarlo de la influencia corporativa antes que propuestas y reivindicaciones como las del derecho humano fundamental al acceso al agua caigan bajo ésta.

Por otro lado, también se han hecho manifiestas las críticas al papel cumplido por la ONU en la creación del Consejo Mundial del Agua -CMA-, principal impulsor de la privatización del agua en alianza con el Banco Mundial -BM. Estos dos organismos, CMA y BM, durante las últimas décadas hilaron finamente la privatización que legitimaron con la invitación a la sociedad civil a avalar las declaraciones preconfiguradas de los Foros Mundiales del Agua, firmadas muchas veces unánimemente por organizaciones de la sociedad civil y gobiernos afines a la corporativización.

Lejos de intentar en este escrito la descalificación de la ONU como organismo creado para cumplir un importante papel en el planeta, y como actor multilateral velar por la garantía del derecho de los pueblos, estas ideas pretenden poner en consideración la actualidad de garantía del derecho, principalmente el promulgado como derecho humano al agua, frente a las posibles contradicciones del organismo multilateral.

Queda en perspectiva de estudio aplicado y seguimiento cómo y dónde se ha efectivizado el contenido del derecho fundamental al acceso al agua posteriormente a las grandes resoluciones y declaraciones, y, en la cara contraria, pero en el mismo contexto, cuáles son los avances de las corporaciones y las empresas privadas para hacerce cargo de las funciones de los estados, desde la lógica de la oferta/demanda y la acumulación de capital producto de la necesidad de la población por acceder al agua y otros bienes comunes.

La cooptación trasnacional del lenguaje.

La estrategia formulada por las empresas trasnacionales y los organismos multilaterales denominada mercado global del agua, para la efectivización de lo que ahora ellos llaman el derecho humano al agua y la mitigación y compensación de la huella hídrica de la producción industrial, vino acompañada de un lenguaje ambiguo que permitió a las multinacionales poner en términos corporativistas, como efectividad y transparencia, las reclamaciones históricas de los pueblos. Justicia, soberanía y autonomía hídrica pretenden ser usados ahora para continuar con los procesos de privatización de la gestión del agua y obtener un mayor control estratégico sobre las fuentes, para la producción de alimentos u otros bienes.

Un ejemplo de esta estrategia es la iniciativa+Agua4 lanzada en el año 2012, impulsada por la Fundación AVINA en asocio con la multinacional Coca Cola, cuyos objetivos de "efectivizar el derecho humano al agua potable, mitigar los efectos del cambio climático y proteger las fuentes de agua en las cuencas",5 planteados en un lenguaje por los pueblos y organizaciones conocido, y tal vez construido, han logrado enmascarar los conflictos e impactos generados por el modelo de asociación público-privada sobre el que se cimienta la misma iniciativa y sus verdaderos intereses de ampliar la mercantilización del agua.

Con este lenguaje transfigurado, la iniciativa +Agua habla también de la "identificación de modelos de gestión democrática del agua", y de "fortalecer la capacidad de gestión del agua de comunidades organizadas a nivel local y de las cooperativas de agua potable"6, cooptando los significantes y construcciones históricas que comunidades organizadas han desarrollado en torno a la gestión y protección del agua y en el que se fundamentan las reivindicaciones por el derecho humano fundamental a su acceso. Al mismo tiempo, la Fundación AVINA, altamente cuestionada por su accionar en otros países de América Latina7, fue encargada por el gobierno colombiano para diseñar el componente de participación comunitaria para la construcción de la política rural de agua que desconoce la gestión popular y promueve la privatización y el endeudamiento de la nación.

En los últimos años la nombrada Fundación, entre otros despropósitos, ha jugado el papel de promotora de programas de agricultura industrial con uso de agro tóxicos o de reforestación de selvas para venta de bonos de carbono, generando consecuencias como el acaparamiento de nuevos territorios por las empresas y el mercado, y la maximización de las ganancias de las corporaciones trasnacionales que los financian. Asuntos que hacen manifiesto que estas alianzas corporativas y multinacionales simplemente abanderan la consolidación de un mercado global como forma de ampliar las oportunidades para que empresas como Coca Cola y Nestlé aumenten sus ganancias con complicidades, también gubernamentales, para la simulación de la participación en la construcción de políticas de gestión del agua y los territorios. La apropiación de los lenguajes populares y de reivindicación de la histórica lucha de los pueblos permite a estas empresas y corporaciones generar confianzas y vincular a sus proyectos a organizaciones comunitarias que desconocen su accionar, apoyadas también en el marketing publicitario que con su incitación al consumo raya en modernos laboratorios de infantilización regresiva8. La utilización de los significantes tergiversados contiene también una fuerte carga ideológica que instaura relaciones de poder de dominación, en este caso para el acaparamiento de las fuentes de agua y el control de su acceso.

Una lucha de sentidos.

Como hemos querido advertir, el sentido que se le pretende entregar al derecho humano al acceso al agua y los mecanismos y estrategias para darle cumplimiento desde los estados contemporáneos, los organismos multilaterales y las corporaciones trasnacionales tiene una amplía divergencia con los planteamientos de las comunidades que históricamente han reivindicado el derecho natural a acceder al agua para garantizar su supervivencia material y simbólica, como seres de la naturaleza. Asistimos a una tergiverzación del sentido que obedece al establecimiento de la asociación estratégica entre estos tres actores mencionados, de una u otra forma protagonistas del modelo neoliberal, para elevar al mercado como condición de posibilidad de acceso al derecho.

La puesta en marcha de planes gubernamentales y proyectos corporativos que pretenden hegemonizar el significado del derecho al agua ha tenido graves consecuencias para los territorios hídricos, en términos de apropiación, contaminación, desaparición de cuerpos de agua, y pérdida de autonomía y exclusión de las comunidades, lo que significa una contradicción fundacional. La hegemonía de sentido desconoce lo que la pragmática misma del derecho reconoce, por ejemplo en casos en los que las familias no pueden ser desconectadas del servicio de agua porque se viola por conexidad el derecho a la vida, consagrado en las cartas políticas como principio rector del estado social de derecho.

¿Se debe entonces rechazar el derecho humano al agua?

El rechazo tajante al derecho humano al agua implicaría un retroceso histórico para el movimiento en defensa del agua y para las comunidades organizadas en torno a esta reivindicación; el camino de lucha que ha costado la vida de hombres y mujeres, y también ha entregado victorias frente al modelo neoliberal, no debiera abandonarse como consecuencia de los intentos de cooptación de los lenguajes y los significantes por parte del aparato trasnacional. Sin embargo, reconocemos la necesidad de re-definir nuestras concepciones comunes, y re-significar tanto las enunciaciones de nuestras exigencias como los escenarios en los que éstas son planteadas y defendidas. La resignificación de lo público desde lo comunitario, la recuperación de la construcción colectiva para la efectivización del derecho humano al acceso al agua pudiese primar sobre el sentido individualista e individualizante que la propiedad privada reivindica como garante de derechos liberalizados. Puede que allí mismo podamos encontrar un espacio común para pensar en público y en conjunto si estas acciones pretenden también recuperar el Estado, la estructura que facilitó la apropiación privada de los bienes comunes, o si estas propuestas y alternativas de los pueblos se encaminan a una re-socialización de los bienes comunes en la que las aguas permitan fluir la reconfiguración de nuestra vida como sociedad – naturaleza.

Por Danilo Urrea / María Pinzón - CENSAT Agua Viva

Junio 2013 

 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_Agua_y_el_Derecho_Humano_demasiado_humano

La dependencia del petróleo (1)

Santo Domingo,R.D.- Nunca en la historia de la humanidad, el progreso había estado tan ligado como en estos tiempos a un producto como el de la sociedad moderna del petróleo. El suministro de energía eléctrica, por ejemplo, pudo aumentar en las postrimerías del siglo pasado gracias a fáciles disponibilidades del crudo en los mercados internacionales. La diversidad de su uso permitió la expansión de la industria y la economía mundial. La humanidad se acostumbró tanto a su empleo, tan útil y variado, hasta llegar a darse cuenta de cuán difícil será reemplazarlo rápidamente con energía proveniente de otras fuentes. Por eso han resultado tan traumáticos los efectos de las alzas del petróleo en toda la estructura económica del mundo occidental, a contar de octubre de 1973, cuando los países de la OPEP decretaron un boicot a los suministros a Estados Unidos y aquellos países europeos que habían ayudado a Israel durante la guerra del Iom Kippur.

No obstante, los aumentos que han tenido lugar en forma cíclica cada cierto número de años han afectado más fuertemente a las naciones en desarrollo importadoras netas de hidrocarburos que a las naciones altamente industrializadas.

Uno de sus peores efectos ha sido el incremento de los niveles de inflación, que ha paralizado los esfuerzos de muchas naciones en desarrollo para lograr tasas aceptables de crecimiento económico. Esto ha incidido negativamente en la formulación de programas de asistencia social y de desarrollo en la mayoría de los países del Tercer Mundo, que importan buena parte o el total de sus requerimientos energéticos derivados del petróleo.

Los expertos relacionan las consecuencias de estas alzas con la reducción en la demanda de exportación desde las áreas en desarrollo, lo que a su vez ha estimulado rígidas tendencias proteccionistas a lo largo de las últimas décadas en esas naciones .

 http://www.elcaribe.com.do/2013/06/18/dependencia-del-petroleo-1

Nunca en la historia de la humanidad, el progreso había estado tan ligado como en estos tiempos a un producto como el de la sociedad moderna del petróleo. El suministro de energía eléctrica, por ejemplo, pudo aumentar en las postrimerías del siglo pasado gracias a fáciles disponibilidades del crudo en los mercados internacionales. La diversidad de su uso permitió la expansión de la industria y la economía mundial. La humanidad se acostumbró tanto a su empleo, tan útil y variado, hasta llegar a darse cuenta de cuán difícil será reemplazarlo rápidamente con energía proveniente de otras fuentes. Por eso han resultado tan traumáticos los efectos de las alzas del petróleo en toda la estructura económica del mundo occidental, a contar de octubre de 1973, cuando los países de la OPEP decretaron un boicot a los suministros a Estados Unidos y aquellos países europeos que habían ayudado a Israel durante la guerra del Iom Kippur.

No obstante, los aumentos que han tenido lugar en forma cíclica cada cierto número de años han afectado más fuertemente a las naciones en desarrollo importadoras netas de hidrocarburos que a las naciones altamente industrializadas.

Uno de sus peores efectos ha sido el incremento de los niveles de inflación, que ha paralizado los esfuerzos de muchas naciones en desarrollo para lograr tasas aceptables de crecimiento económico. Esto ha incidido negativamente en la formulación de programas de asistencia social y de desarrollo en la mayoría de los países del Tercer Mundo, que importan buena parte o el total de sus requerimientos energéticos derivados del petróleo.

Los expertos relacionan las consecuencias de estas alzas con la reducción en la demanda de exportación desde las áreas en desarrollo, lo que a su vez ha estimulado rígidas tendencias proteccionistas a lo largo de las últimas décadas en esas naciones - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/06/18/dependencia-del-petroleo-1#sthash.BeYSEi2G.dpuf