Fundamentos económicos escasos en gestión de las distribuidoras de electricidad

La inversión en la comercialización y mejora de redes es baja.

POR JAIRON SEVERINO

6 enero, 2016

En estos momentos no se vislumbran fundamentos económicos ni reformas en el sistema de distribución de electricidad que impliquen ahorros adicionales de 28% como se previó en el presupuesto y es lamentable que el Estado destine alrededor de US$3,000 millones en las plantas a carbón, en vez de enfrentar las pérdidas técnicas y fraudes en el sistema con una inversión de US$900 millones.

Así lo afirma el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, en un análisis que hace a la situación financiera del sector eléctrico colgado en la página de esta institución, titulado “Impacto de la reducción de precios del petróleo y el oro en las cuentas externas y fiscales de República Dominicana”.

El economista estima que los subsidios finalizarán en aproximadamente US$925 millones en 2015, tomando en consideración un incremento de la oferta de energía a fines de año por las festividades de Navidad.

Destaca que en el presupuesto del Estado para el año próximo sólo se incluyó una partida de US$650 millones para transferencias corrientes o subsidios al sector eléctrico, monto que es US$240 millones menor al 2015.

“A pesar de que proyectamos una reducción del precio del petróleo y derivados para 2016, que se podrán traducir en menores subsidios, no vemos fundamentos económicos ni reformas en el sistema de distribución que implique ahorros”, indica Selman en el análisis.

A su entender, con la reducción del precio del barril de petróleo a US$38 promedio para 2016, los subsidios podrían reducirse en aproximadamente US$175 millones, alcanzando los US$750 millones el año próximo.

En adición, indica, se asume que el gobierno tendrá que pagar US$72 millones para cubrir intereses de las transacciones que se hicieron a través del BanReservas para cubrir las transferencias del gobierno a las EDE.

Selman alerta sobre una subestimación en el subsidio al sector eléctrico en 2016, partiendo de que habrá que pagar US$72 millones por los intereses generados por la negociación con la banca, lo que implica que el monto destinado sería de US$172 millones mayor que lo presupuestado, lo que se traduce a unos US$822 millones.

“Obviamente, esto dependerá de cuánto se traspasen las reducciones a las EDE y si éstas reflejan la reducción a las tarifas de consumidores”, apunta.

El vicepresidente ejecutivo del CREES señala que a pesar de la reducción que han recibido en el costo de la energía, las EDE mantienen importantes pérdidas financieras al desviarse cerca de una tercera parte de la energía que compran en fraudes, ineficiencias operativas y una red arcaica de distribución.

“Mientras las EDE sigan perdiendo una buena parte de la energía que compran, se mantendrán los subsidios al sector eléctrico”, sostiene Selman en su análisis de la situación financiera del sector eléctrico.

Cuestiona que las pérdidas se mantengan sobre el 30% cuando las empresas de distribución medianamente eficientes en la región pierden entre 10-12%. Destaca el caso del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), que ha mantenido las pérdidas en torno al 6%, con el objetivo de bajar a 5%.

Sobre las plantas a carbón, Selman entiende que el gobierno invierte recursos aceleradamente a ese proyecto, por encima de lo presupuestado para 2015, lo cual ha hecho que utilicen parte de los recursos que debieron destinarse al subsidio eléctrico, obligando a las autoridades a acudir al “esquema creativo con BanReservas para cubrir los saldos pendientes de las EDE a los generadores”.

Estima que sólo con la reducción de los precios del petróleo y sus derivados, el costo de la energía eléctrica ha bajado a los mismos niveles que se esperaban con la entrada en operación de las plantas a carbón de Punta Catalina (US$0.115 por kwh).

El vicepresidente ejecutivo del CREES destaca que las empresas generadoras han reducido el precio por kilovatio hora a sus clientes (las EDE) en 29.9% desde enero de 2014 a la fecha.

Las EDE no han bajado las tarifas a los usuarios en pesos dominicanos, pero las tarifas denominadas en dólares se han reducido en 4.8% por la depreciación de la moneda.

http://www.eldinero.com.do/19195/fundamentos-economicos-escasos-en-gestion-de-distribuidoras-de-electricidad/

Indotel procesa 13 mil 397 casos durante el 2015

SANTO DOMINGO,R.D.- De enero a octubre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha recibido 13 mil 397 casos contra prestadoras de servicios, de los que ha completado 11 mil 399, y admitidos para trabajarlos 1,998, a través del Centro de Asistencia al Usuario (CAU) del órgano regulador.

El desglose por mes arroja que en enero los casos recibidos fueron 968, de esas 852 resueltas, 116 figuran como admitidas y cero en proceso.

En febrero, el balance fue de 1,068 casos, 951 ya están solucionadas, 117 admitidas y 0 en curso. En tanto, para marzo establece que 1,430 irregularidades fueron reportadas, 1,216 están listas, 214 admitidas y en proceso 0.

Las estadísticas del Indotel consignan que en abril hubo 1,246 casos, 1, 068 soluciones, 178 admisiones y 0 en proceso. En mayo, el organismo recibió 1,438, dio solución a 1,270, admitió 168 y tiene 0 en proceso.

En cuanto a junio, las cifras muestran que los inconvenientes reportados fueron 1,686, de esos resolvió 1,401, tiene 285 como admitidos y 0 en curso.

Julio concluyó con 1,497 denunciados, de los que Indotel resolvió 1,236, con admisión de 261 y 0 en proceso. Agosto tiene 1,202 casos ingresados, 979 completos, 223 admitidos y 0 en curso.

El reporte de septiembre indica que 1,431 anomalías fueron asentadas, 1,219 completadas, 212 admitidas y 0 en proceso. En octubre 1,431 quejas llegaron al CAU, 1,207 fueron resueltas, 224 admitidos y 0 en proceso.

Sobre el desglose de tipos de casos, explica que en enero 452 solicitudes de información, todas atendidas, 351 referidos a prestadoras, 26 denuncias, 4 quejas, 86 recursos de quejas y 49 casos de preformalización, 0 casos de inspección y de celulares robados.

En febrero las solicitudes de información fueron 429, de esas 427 completadas y 2 admitidas, referidos a prestadoras 458, 12 denuncias, 8 quejas y 95 recursos de quejas recibidos y admitidos, 66 casos de preformalización recibidos y resueltos y 0 casos de inspección y reporte de robo de celular.

Marzo tiene un balance de 585 casos de información recibidos, 582 completados y 3 admitidos, 588 referidos a prestadoras, 29 denuncias recibidas y admitidas, 7 quejas, 175 recursos de quejas recibidos y admitidos, 46 casos de preformalización completados, 0 casos de inspección y celulares robados.

De abril establece 526 casos de información recibidos, 525 completados y 1 admitido, 432 referidos a prestadoras, 18 denuncias recibidas y admitidas, seis quejas recibidas y completadas, 153 recursos de quejas, 111 preformalizaciones completadas, 0 casos de inspección o robo de móvil.

La lista de mayo muestra 665 casos de información recibidos, 663 completados y 2 admitidos, 523 referidos a prestadoras, 36 denuncias, tres quejas y 127 recursos de quejas admitidos, 84 preformalizaciones listas, 0 reporte de inspección y robo de celulares.

En junio el comportamiento fue de 638 casos de información, 634 completos y 4 admitidos, 698 referimientos a prestadoras, 42 denuncias, 11 quejas y 228 recursos de quejas admitidas, 69 preformalizaciones, 0 casos de inspección y robo de teléfono.

Los casos de julio fueron 568 casos de información, 565 completados y 3 admitidos, 597 referimientos a prestadoras, 27 denuncias, seis casos de quejas, 225 recursos de quejas admitidos, 74 preformalizaciones, 0 casos de inspección y robos de celulares.

Agosto tiene 461 casos de información, 457 completados y 4 admitidos, 489 referidos a prestadoras, 15 denuncias, ocho quejas y 196 recursos de quejas admitidos, 33 preformalizaciones, 0 inspección y celulares robados. Para septiembre 526 casos de información, 523 completados y 3 admitidos, 650 referimientos a prestadoras, 25 denuncias, 12 casos de quejas, 172 recursos de quejas, 46 preformalizaciones, o inspecciones y sustracción de móviles.

Octubre tiene 545 casos de información recibidos y completados, 619 referidos a prestadoras, 21 casos de denuncias, cinco casos de quejas, 198 recursos de quejas aprobados, 43 formalizaciones, 0 inspección y robo de móviles.

http://diariodigital.com.do/2015/12/30/252330/

Enseñar a reclamar

SANTO DOMINGO,R.D.- Enseñar a reclamar,  debe ser la  principal meta y el mayor logro del Defensor del Pueblo de la República Dominicana.

“Regálale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida…”

Aunque en términos pedagógico se pretende eliminar la palabra enseñar, no encuentro un sinónimo adecuado que comunique más que esa, para que el Defensor del Pueblo Dominicano lo asuma.

Muchos se preguntan: ¿para que existe un Defensor del Pueblo, qué es lo que va a hacer que ya no lo hagan otros organismos?

Por ejemplo tenemos a PROCONSUMIDOR, para la protección de  los derechos del consumidor.

Tenemos a PROTECOM y la Superintendencia de Electricidad para la protección de los abusos  excesos o mal servicios que puedan cometer las distribuidoras de electricidad contra sus clientes o usuarios.

Tenemos el  Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo para los abusos de la administración o afines.

Existe la Defensoría Pública para los derechos de los internos y la garantía de asistencia gratuita y de calidad para quien no se pueda pagar una defensa o por cualquier causa no tenga una.

Tenemos el INDOTEL, para los reclamos de las telefónicas y el espectro radial

Tenemos la DIDA  LA SISALRIL, para el reclamo de los abusos de las prestadoras de servicios de salud y los riesgos laborales

Tenemos las altas cortes; el Tribunal Superior Electoral para los asuntos relacionados con la protección de los derechos de esa rama y tenemos el Tribunal Constitucional para la protección general y  la violación de los Derechos Constitucionales.

Pero  a todo eso, el Estado en sí, existe conforme a la propia Constitución  para la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Viendo todo esto, cabe preguntarse y… ¿para qué el Defensor del Pueblo entonces?  Esa respuesta la encontramos en la propia Constitución cuando en su artículo 191 establece que La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

Al analizar la frase  contribuir a salvaguardar colegimos que la Constitución no pone al Defensor del Pueblo como único guardián de los Derechos  o Garantías Fundamentales, sino que le manda a ayudar, a contribuir, pues salvaguardar esos derechos es tarea de todos.

Piense: teniendo de todo los organismos anteriormente mencionados, más las ONG destinada a los derechos humano. ¿Existen violaciones a esos derechos en la República Dominicana o estamos libre de ese mal?. Si su respuesta es: ¡claro que existen! , entonces a partir de hoy deje de criticar la existencia del Defensor del Pueblo y propugne por una definición de prioridades para el mismo.

A los logros sociales no se renuncia, como pretenden algunos legisladores, muy por el contrario, se apoyan para que desempeñen los roles para los que fueron creados.

En estos momentos la mejor tarea que puede hacer el Defensor del Pueblo para contribuir en Salvar y guardar esos derechos ha de ser iniciando una campaña a gran escala de educación en Derechos Fundamentales a la población.

No me refiero a una campaña de publicidad, en radio o televisión en cual se le irían en un dos por tres los recursos asignados, sino, una campaña cara a cara con la población con talleres seminario con  juegos de roles, en donde se recreen situaciones del día a día y así como su intervención directa en las escenas de las violaciones.

El Defensor del Pueblo debe preparar  equipos de facilitadores o instructores que vayan a las prestadoras masivas de servicios tanto del Estado como de particulares  a recibir quejas y brindar apoyo con orientación oportuna y pertinente:

No para que se tenga información sino para que se tenga conocimiento que va mucho más allá de la información. El conocimiento  da poder,  la información solo contribuye a eso a señalar que existe pero no insta a la acción.

El Defensor del Pueblo debe ser un “incendiador” de la conciencia nacional, que empodere a la gente para que cumplas sus deberes y exijan sus derechos. Que sepan cuando y donde acudir a reclamar, que reclame y no desistan.

El Defensor del Pueblo debe empeñarse en despertar la solidaridad social en procura de los mejores intereses de la Nación.

Debe arrebatar a los  intereses políticos partidarios, las causas sociales y echar el pleito hombro a hombro con el pueblo por intereses sanos y correctos, por mejoras constante en sectores como la educación, la salud, en los servicios tanto de los prestadores del Estado como por los particulares .

Es esa la intención del legislador cuando lo concibe con autonomía presupuestaria y administrativa, dependiente sólo de la Constitución y las leyes. El Defensor es un ente Constitucional sacado del vaivén de la política cotidiana para evitar subordinaciones, malos e inmorales arreglos o contubernios. Lo  que  si podría  suceder con otros entes que sí dependen de algún poder del Estado.

Dado lo anterior  el mayor logro que debe aspirar en estos momentos el Defensor del Pueblo de la República Dominicana es una educación en derecho humanos  y fundamentales, en reclamos de servicios de buena calidad que el ciudadano conozca y exija , que sepa cuándo debe actuar y a que instancias acudir. Esto es mucho más que recibir quejas que luego han de re direccionarse  y cuya acción va a depender de un radio limitado que por naturaleza tiene el Defensor del Pueblo. Si se hace como se ha sugerido el defensor del Pueblo ha desempeñado su rol y ha cumplido la milenaria sentencia de:

“Regálale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida…”

Hasta la próxima.

Darío Nin

http://www.teleradioamerica.com/2015/12/ensenar-a-reclamar/

Los cárteles de la contraurbanización:Z/UASD

SANTO DOMINGO.-El concepto de cártel ha estado asociado primordialmente a las acciones ilegales de organizaciones que se dedican al tráfico de armas y de drogas. También, en economía se originan cárteles entre empresas de un mismo sector, los cuales establecen monopolios, de manera informar, con el propósito de reducir o eliminar competencias. Pues, a nivel de gobiernos locales y administración central se han creados, y existen, cárteles de la contraurbanización, los cuales han operados por décadas. La contraurbanización es vista como cambio en el sentido de crecimiento de las ciudades de República Dominicana.

Los cárteles de la contraurbanización, que operan dentro de los ayuntamientos y las sectoriales de la administración central, monopolizan, de modo ilegal, las relaciones con las empresas de construcción que intervienen en la ciudad. En las ciudades grandes e intermedias el fenómeno es mayor que en las ciudades pequeñas, porque la dinámica urbanística es de menor calado. Ingenieros, arquitectos, abogados, técnicos que fungen como inspectores y una porción del cuerpo legislativo o regidores, algunos alcaldes y ministros, fiscales y jueces forman una red que recibe pagos mediante soborno proveniente del campo privado. Los ”constructores” saben dónde acudir para saltarse las normas urbanísticas y ambientales. Estos violan los diseños arquitectónicos y estructurales aprobados, y ejecutan las obras físicas en función del interés particular.

Las conexiones entre burócratas de oficinas de Planeamiento Urbano y de Consultorías Jurídicas de los ayuntamientos, fiscales y jueces se producen de modo soterradas. Hay una cultura entronizada para facilitar el soborno, por parte de los constructores, los cuales se convierten en destructores del desarrollo urbano. Los tribunales municipales se convierten en hervideros de ciudadanos que reclaman respeto a la densidad o altura de las edificaciones, a las dimensiones de los linderos y de las aceras, a la invasión de áreas verdes, ausencia de áreas recreativas y deportivas, por la protección de patrimonios naturales y culturales, etc. Estos cárteles se podrían tipificar como criminales, porque producen y están produciendo un urbanicidio.

La operación diaria de los cárteles de la contraurbanización transforma en quimera, sueño o ilusión el objetivo del ordenamiento territorial o de poner en marcha los instrumentos de  planificación urbana; con el cual se busca organizar los suelos según vocación residencial, comercial, institucional, cultural o recreativo. Se podría disponer de una legislación que regule la distribución de los espacios de la ciudad, lo cual técnicamente se muestra como viable; pero la acción de los cárteles existentes en el interior de los ayuntamientos y sectoriales de medio ambiente y obras públicas de la administración pública central lo hace inviable. La cultura del cártel se impone a la cultura urbanística.

La cultura del cártel de la contraurbanización cuenta con la alianza del poder económico-privado, y de una porción del poder político. En este escenario, el poder de la tecnocracia municipal, con funciones de gestionar y cuidar la ciudad, queda relegado e invisibilizado; y en muchos casos el desenlace podría tomar tres caminos: 1-renunciar, 2-enfrentar el cártel, y, 3-acomodarse, tolerando conscientemente las malas prácticas de dehuesamiento del ordenamiento de la ciudad.

La urbanística pierde sentido como disciplina científica de la ciencia y como arte para la planificación urbana.   Las reglas urbanísticas son sustituidas por una anomia que produce una ruptura de la organización racional del espacio físico. La planificación urbana pierde sentido, deja de ser útil;  porque la invasión violenta del espacio comunitario sin control produce impacto y sensación de que todo está perdido.

Estas ilegalidades, con que operan los cárteles, producen una revalorización del suelo para fines privado, y pierde sentido social para los fines públicos y sociales.  Un efecto es que el gobierno local pierde ingresos y la ciudadanía pierde espacios públicos para el disfrute y la convivencia pacífica. La sociedad municipal pierde en calidad ambiental;  en efecto desfavorable en el cambio climático por incremento de las emisiones de carbono, por efecto de una mayor densidad vehicular en pequeños territorios; aumento de la temperatura; presión en la oferta servicios públicos.

Los cárteles de la contraurbanización agreden la agenda de reforma municipal para la obtención de más recursos para los gobiernos locales. La sensación que dejan en los ciudadanos es de más recursos para financiar cárteles de profesionales que se apropian de salarios con fondos públicos y obtienen dinero y bienestar de manera ilegal de las “corporaciones” de constructores privados, no tiene sentido. La legitimidad de la demanda se pierde. Con los cárteles hay una devertebración de la ciudad y de la vida en comunidad.

Los cárteles actúan bajo la sombra. ¿Quién enciende las luces?.

http://acento.com.do/2016/opinion/8313114-los-carteles-de-la-contraurbanizacion-2/

Cese de la pensión;JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO,R.D.- La exclusión de un joven de la nómina de pensiones del Estado  motivó una acción de amparo.   

El padre del joven autorizó a que le fuera descontado un 2% del monto de su pensión, a fin de que le fuera otorgada a sus beneficiarios en caso de que se produjera su muerte, en virtud de la Ley número 379-81 (párrafo I del artículo 6).

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, una dependencia del Ministerio de Hacienda, le quitó la pensión de supervivencia que recibía Roger Ramírez luego de la muerte de su padre, porque había alcanzado la mayoría de edad.  

Inconforme con la exclusión, el joven y su madre interpusieron una acción de amparo, la cual fue acogida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA). La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado recurrió esa decisión ante el TC, el cual acogió el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y revocó la sentencia del TSA.

Para anular la decisión del TSA, el TC observó que en su sentencia el juez no respondió los alegatos de la parte accionada (Hacienda) en torno a la distinción de los regímenes de seguridad social que coexisten en el marco de la legislación vigente, la ley 87-01, y, por tanto, de la aplicación para ese caso, de una norma o de otra.  

En vez de devolver el expediente para que el TSA lo conozca de nuevo, lo falló aplicando el principio de economía procesal. El TC rechazó la acción de amparo sometida por el joven y su madre que reclamaban la pensión de supervivencia.

Estableció que tanto la ley 87-01 sobre Seguridad Social como la ley número 379-81, que establece un régimen de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios y empleados públicos, prevén el cese del beneficio de la pensión de supervivencia cuando se obtiene la mayoría de edad. En su fallo, el TC reconoció la existencia en el país de varios regímenes de pensiones. (Sentencia TC/620/15). 

http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/01/06/402844/cese-de-la-pension

Déficit financiero y las distribuidoras de electricidad

SANTO DOMINGO,R.D.- En las circunstancias en que se desenvuelve el sector energético internacional (precios del petróleo) y su impacto directo en las finanzas públicas, por más que me lo expliquen, no logro entender el pobre y hasta vergonzoso desempeño de las empresas distribuidoras de electricidad.

Entre junio de 2014 y diciembre de 2015 la cotización del crudo perdió más de US$69 el barril, equivalentes a un 66%.

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) revela que sus miembros venden la energía a las distribuidoras hasta un 25% más barata y, por otro lado, vemos en los medios la integración de más circuitos al servicio 24 horas, lo que por ende debería traducirse en una mejora en el flujo de efectivo.

No existen razones financieras para que las distribuidoras de electricidad permanezcan como la peor carga económica para el Estado, que es lo mismo que decir para los dominicanos.

El origen, por más vueltas que se dé, está en una pésima gestión que, además, no recibe ninguna supervisión. Ahí no se sabe qué se hace en términos estratégicos para mejorar las cobranzas y servir electricidad de calidad a aquellos que realmente la pagan.

En el último informe de desempeño, que sólo está a septiembre de 2015, se establecieron pérdidas de sólo 31% en las distribuidoras.

Sin embargo, resulta un tanto cuesta arriba creer en las estadísticas cuando el monto por el subsidio supera los US$800 millones y fue necesario llegar a un “acuerdo de reconocimiento de deuda”, que fue lo mismo que “tomar un préstamo” en la banca y comprometer, aún más, el flujo diezmado de las empresas de distribución. No cuadran las estadísticas con la pésima calidad en el servicio eléctrico.

A pesar de las altas pérdidas financieras de las distribuidoras, que no son más que el resultado de una gestión desenfocada, veremos la “inauguración” de más circuitos 24 horas en este 2016, a propósito (o no) de que es un año electoral y hay que darle luz “por un tubo” a la gente, jugando así a la memoria corta.

http://www.eldinero.com.do/19148/deficit-financiero-y-las-distribuidoras-de-electricidad/

Critica falta de transparencia en el sistema eléctrico dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- El asesor de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CEEE), Edwin Croes, criticó este domingo la falta de transparencia que tiene el sistema eléctrico dominicano y puso de ejemplo la sustracción de  600 millones de dólares de las cuentas de las empresas eléctricas que fueron invertidos en Punta Catalina, un proyecto “que no se sabe si va a funcionar algún día”.

En su participación en el programa “Los Sabios en la Z”, que conduce Ramón Alburquerque, Croes dijo que este tipo de inversiones se hace sin analizar ni consultar como se debe, “se hace como si fuera un robo de un dinero que sale y nadie sabe donde está”.

Expresó su preocupación por los problemas de transparencia que enfrenta el sistema eléctrico dominicano y dijo que se maneja por vínculos políticos, porque no es una empresa, es una extensión de partido donde los jefes son los mismos que se ven dirigiendo el partido.

Recordó en el programa que se transmite por la Z101, que el sector empresarial se hizo eco de falta de iniciativas que tiene el Estado para cerrar y establecer los acuerdos del pacto eléctrico, un plan que tenía como fecha límite el 30 de diciembre, pero pasó sin que se haya definido nada.

“Nosotros hemos reclamado siempre a las CEEE que nos entreguen los estados de cuenta para evaluar el pacto, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna documentación que nos permita seguir en las conversaciones con el pacto eléctrico, pero este 12 de enero debe continuar el diálogo, esperando los documentos que sirvan de aval para el proyecto”, declaró.

En el sector privado estamos negados a negociar un pacto eléctrico si no sabemos las condiciones que tienen las empresas de eléctridad”, reiteró.

http://www.z101digital.com/app/article.aspx?id=175039

La reducción de los caudales de los ríos y arroyos bajará hasta en 60% la electricidad generada por presas

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VIENA. El impacto del cambio climático sobre el caudal de los ríos y los arroyos podría reducir en hasta un 60 % la capacidad de producción de electricidad en el mundo entre 2040 y 2069, según un estudio publicado ayer en la revista científica Nature Climate Change.

El estudio, en el que participa el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (Iiasa) de Viena pide “mayores esfuerzos de adaptación para mantener la seguridad energética futura”, según informó esa organización en un comunicado.

“El cambio climático está afectando a los recursos hídricos, ya que está cambiando las precipitaciones y afectando a las temperaturas del agua”, explicó hoy a Efe por correo electrónico Keywan Riahi, coautor de la investigación y director del programa de energía del Iiasa.

Las centrales nucleares y las termoeléctricas necesitan el agua como refrigerante, por lo que su escasez o su calentamiento supone una “importante restricción” para su funcionamiento, indicó el científico.

En conjunto, la centrales hidroeléctricas y termoeléctricas (que incluyen las alimentadas por combustibles fósiles, biomasa y las nucleares) aportan el 98 por ciento de la producción eléctrica mundial, según el Iiasa.

Las plantas termoeléctricas toman agua directamente de los ríos, lagos o del mar para enfriar los condensadores de la turbina, antes de devolver el agua a su punto de origen, provocando así un efecto de “contaminación térmica”, pues regresa a mayor temperatura.

“Las plantas de energía no sólo están causando el cambio climático, sino que también podrían verse afectadas por su impacto”, advirtió Riahi.

El estudio publicado hoy propone medidas para adaptarse a los impactos del cambio climático, tales como aumentar la eficiencia motriz, sustituir el carbón por centrales de gas más eficientes o cambiar el sistema de refrigeración de agua dulce por otro que utilice el aire o el agua del mar.

Con ello, se podría mejorar la gestión del agua durante los períodos de sequía y mantener la seguridad energética en las próximas décadas, aseguró la investigadora del Iiasa que lidera el proyecto, Michelle Van Vliet.

“Será necesario abordar la producción de electricidad desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, además de la mitigación”, opinó Van Vliet.

Todas las alternativas técnicas planteadas por el informe del Iiasa están asociadas, según Riahi, “con costes y aumentarán el precio de la electricidad”, aunque el estudio no se ha centrado en analizar esa dimensión del problema.

Estados Unidos, el sur de Sudamérica, África del Sur, América Central, el sur de Europa, el sudeste de Asia y el sur de Australia son las regiones más vulnerables.

En estas regiones se prevé “la disminución del caudal principal anual, combinado con fuertes aumentos en la temperatura del agua bajo el cambio climático” algo que, según el informe, reducirá la capacidad de la producción hidro y termoeléctrica. EFE

http://www.diariolibre.com/medioambiente/advierten-que-la-reduccion-de-los-caudales-de-los-rios-y-arroyos-bajara-hasta-en-60-la-electricidad-generada-por-presas-MG2338086

intereses y “falta de transparencia” han retrasado el Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO, R. D.- A pocos días de que se reinicie la cuarta y última fase de debates para la demorada firma del Pacto Eléctrico, según se ha programado, salen a flote opiniones críticas de sectores y técnicos que han venido participando del proceso, pero se manifiestan escépticos sobre sus eventuales resultados.

“Somos muy escépticos”, responde Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), al referirse a sus expectativas sobre la iniciativa, que debió haberse suscrito a más tardar el 19 de julio pasado como lo estipula el decreto presidencial 389-14 emitido seis meses antes, en enero.

Selman es una de 55 personalidades que fueron invitadas por el Poder Ejecutivo -en su calidad de expertos- para el “acompañamiento técnico, en las fases de consulta y discusión”, del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, proceso del que optó por retirarse recientemente.

“Será un documento que se dejará ahí, para consulta; yo entiendo que ahí no van a haber unos resultados, y que las reformas se van a presentar cuando sean requeridas”, dijo aAcento el directivo del CREES.

Pero ¿por qué no se han podido consensuar los acuerdos y soluciones que tanto necesita el sector eléctrico? Selman lo atribuye a “intereses económicos y políticos, principalmente desde las decisiones de políticas públicas”, y también a la “poca transparencia” gubernamental.

Sostiene que la resistencia y el retraso en la entrega al Consejo Económico y Social (CES) de los estados financieros de las distribuidoras, que fueron requeridos a instancias del empresariado y de las organizaciones sociales, “quiere decir que no hay ningún tipo de transparencia”.

“¿Cómo se puede confiar en un acuerdo, en un pacto, cuando ni siquiera se pueden saber los datos” oficiales?, se pregunta el consultor y reputado economista.

Intereses particulares

Unas expectativas menos optimistas que en un principio manifiesta también el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, quien además es miembro del Consejo Directivo del CES.

“Fuimos al Pacto Eléctrico con muchas ilusiones, pero yo no estoy tan ilusionado en este momento; nuestra Asociación no está tan ilusionada en el sentido de que lo que salga de ahí va a resolver todos los problemas, como se pensaba” en un principio.

Considera que podrá arribarse a acuerdos en algunos puntos, como la necesidad que hay de diversificar la matriz de producción energética a base de combustibles como el gas natural.

“Todo el mundo está de acuerdo con la matriz que se debe operar, a parte de las plantas a carbón, claro, aunque desgraciadamente se ha estado hablando de quitarle incentivos a las energías alternativas” o renovables, comenta Taveras.

Señala que la promoción de las fuentes de energía limpias era uno de los objetivos centrales del Pacto, “pero hay sectores que están tratando de echar esto para atrás, y básicamente por intereses muy particulares de algunas empresas”.

Algo que también contribuyó a retrasar el avance del Pacto Eléctrico es la inusitada cantidad de propuestas que formularon los sectores, especialistas, entidades y comunidades que fueron consultados, y en muchos casos incorporados al proceso.

“Se hicieron como ocho mil propuestas, que había que conciliarlas, pero básicamente son las contradicciones internas, el no ponernos de acuerdo. Hay mucha gente pensando en sus intereses” expresó el empresario.

De acuerdo con Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), otro factor que ha demorado la suscripción del Pacto fue el retraso que hubo para la emisión del decreto 389-14.

“Primero el retraso que hubo entre la emisión del decreto, el anuncio para el inicio y la fecha en que realmente se iniciaron las discusiones; además de la cantidad de propuestas, que sobrepasó la capacidad de discusión de las seis mesas (temáticas), así como el tiempo destinado para las mismas”, sostuvo.

http://acento.com.do/2016/economia/8312431-8312431/

Fondo Eléctrico “suaviza” clientes con RD$75,787 MM -

SANTO DOMINGO,R.D.- En los últimos cinco años, para “suavizar” y compensar las fluctuaciones en la tarifa eléctrica, por las variaciones que ocurrían en los precios de los hidrocarburos, el índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de cambio, se destinaron RD$75,787 millones.Esos recursos han sido aportados por el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE). Cuando se echa una mirada más amplia, a doce años, el dinero asciende a RD$114,980 millones.

Lo que hace el fondo, creado el 31 de marzo de 2003, mediante el decreto 302-03, es evitar cargar con un mayor costo a los usuarios de la electricidad a través de sus facturas. Más específicamente el FETE se encarga de cubrir el espacio que queda cuando al usuario se le ofrece una tarifa que no está basada en los costos reales que debe tener, sino que una parte de ese costo va subsidiado por el Gobierno. En un lenguaje más sencillo, es algo así como que si un producto cuesta cuatro pesos, sin avisarte te lo vendo a dos pesos con 40 centavos para que no salgas muy cargado, y yo me sacrifico con la otra parte (subsidio). La tarifa eléctrica lleva unos 54 meses fija (cuatro años y seis meses) porque no ha sido incrementada desde el mes de junio del año 2011.

¿Cómo funciona concretamente ese capítulo? La Superintendencia de Electricidad (SIE) tiene un equipo de personas que mensualmente se encarga de recopilar la data y hacer los cálculos concernientes al FETE.

Esa institución asegura a elCaribe que mensualmente el Gobierno aporta el dinero necesario para que la tarifa no varíe en perjuicio de los usuarios. Ese dinero proviene de recursos consignados cada año en el presupuesto del Gobierno, es decir, que no se trata de un depósito de dinero que ha sido colocado por adelantado en una cuenta.

Desde hace años diversos sectores de la sociedad, entre ellos, partidos políticos, han opinado sobre el tema, que como el petróleo ha estado a la baja en el mercado internacional, la tarifa eléctrica en el país pudiera reducirse hasta en un 30%. Uno de esos sectores es el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que a través de su candidato presidencial, Luis Abinader, aseguró que entre enero y septiembre de 2015 las distribuidoras de electricidad se habían ahorrado más de RD$10,000 millones por el descenso de precios de los derivados del crudo y que al cierre del año (2015) el excedente llegaría a los RD$20,000l millones.

La Superintendencia de Electricidad, plantea que -como es su responsabilidad- está cumpliendo con el decreto 302-03, que establece que “una vez se inicie la reducción de la tarifa por efecto de la variación de los precios de los hidrocarburos o la variación de la tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicará la totalidad del ajuste hacia la disminución de la tarifa, creando así un fondo cada mes, hasta compensar la totalidad aportada con anterioridad por el FETE”.

En respuesta a preguntas formuladas por este diario, la institución estatal indica que “el saldo actual del fondo es de RD$114,980 millones, lo que significa que a los precios actuales de los combustibles se necesitarían varios años para compensar el FETE y poder, de acuerdo al decreto 302-03, realizar una rebaja a la tarifa aplicada”. El artículo 8 del decreto que crea el FETE establece que la aplicación del mismo culmina cuando éste sea compensado en su totalidad.

La visión

El superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces Batista, ha dicho que en el suministro de electricidad hay dos aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta, que son la generación de la electricidad que es producida por las empresas generadores y que constituye el mercado mayorista; y por otro lado, el mercado minorista que se refiere al componente que aportan las distribuidoras en el segmento de distribución y la parte importante de la tarifa y los costos de ésta para el usuario.

En cuanto a la generación en el país, sugirió plantearse cómo conseguir mejores precios, porque esos precios son traspasados luego en las tarifas a los usuarios. En una entrevista hace meses para este diario, Quincoces dijo que a diferencia de lo que ocurre en todos los países de Centroamérica y muchos de Sudamérica, en República Dominicana el mecanismo de precios ha estado bloqueado y distorsionado.

Pacto incluiría aplicar la tarifa técnica en el país

En la propuesta gubernamental para el Pacto Eléctrico que se discute hace meses, está previsto que se pase a aplicar la tarifa técnica, es decir, una que esté basada en los costos reales de la prestación del servicio. “Es una tarea que como país tenemos pendiente. Eso de que las tarifas sean reales y que reflejen los costos reales”, expuso Quincoces.

Sin embargo, también ha sostenido que “con el nivel que tienen los combustibles en los mercados internacionales en estos momentos, lo que podría darse es que las tarifas pudiesen bajar a favor de los usuarios”.

La ley General de Electricidad 125-01, en su artículo 110, define la Tarifa Técnica como aquella que cubre el costo de abastecimiento de las distribuidoras, sustentado en un régimen de competencia, más las pérdidas técnicas que se producen desde que inicia la generación de la energía hasta que se factura el servicio al consumidor.

Como se ha estado aportando del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica a lo largo de los años, ahora que los precios de los combustibles han estado a la baja, hay la posibilidad de ir recuperando parte de ese dinero que se ha llevado el subsidio. El barril de petróleo Texas se cotiza a US37.04.

www.elcaribe.com.do/2016/01/04/fondo-electrico-clientes-con-75787

Incendios Forestales durante el 2015

- 2-8 de enero de 2015.- Los incendios en el estado de Australia del Sur destruyen 12.500 hectáreas de terreno y 27 viviendas. El más importante tiene lugar en las proximidades de Adelaida, sobre un perímetros de 240 kilómetros cuadrados.
- 16-17 de enero de 2015.- Un incendio próximo al centro turístico argentino de Playas Doradas, provincia de Río Negro, obliga a evacuar a 10.000 personas. Ardieron 60.000 hectáreas.
3-14 de abril de 2015.- Un incendio en la localidad colombiana de Necoclí, en el departamento de Antioquía, quema más de 4.000 hectáreas de humedales y bosque protegido.
- 12-15 de abril de 2015.- Al menos 29 personas fallecen en los incendios forestales que se producen en la región siberiana de la República de Jakasia.
- 28 abril-mayo de 2015.- Casi medio centenar de incendios en República Dominicana, la mayoría intencionados, calcinan alrededor de 20.000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Valle Nuevo y el Parque Nacional de los Haitises.
- 17 junio-17 julio de 2015.- El incendio “Lake Fire” calcina 12.690 hectáreas en el condado de San Bernardino, en el estado de California.
Estados Unidos sufre una sucesión de importantes incendios, como los de “Rocky Fire” (California, 28.100 htas.), “River complex” (California, 31.193 htas.), “Okanogan Complex” (Washington, 54.000 htas.), “Bear Creek” (Montana, 29.600 htas.) o “Rough fire” (California, 61.359 htas.).
- Agosto de 2015.- En Siberia son calcinadas al menos 150.000 hectáreas de bosque y pastizales por los incendios forestales. De ese total, algo más de 80.000 corresponden sólo a la república de Buriatia.
- 12 septiembre-6 octubre de 2015.- El incendio “Valley fire”, en California, devasta 30.783 hectáreas, arrasa casi 1.300 viviendas y provoca la muerte de una persona.
15-25 noviembre.- Fallecen 4 personas y al menos 130.000 hectáreas resultan calcinadas en las zonas de Grass Patch y Salmon Gums, en el suroeste de Australia.

Fuente: EFE

SEGURIDAD VIAL Y DESARROLLO EN R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- La cantidad de accidentes viales en cada país tiene una relación especial con su desarrollo económico. Así como afirmamos que la inseguridad vial considerada sistémica y multifactorial, frena el desarrollo y el progreso económico; así mismo reiteramos, que la seguridad viaria tenemos que verla como un fenómeno multisectorial, integrador del Estado con la sociedad y los gobiernos municipales, que deja dinero y da votos.

En el ámbito global, se ha determinado que las naciones de bajos y medianos ingresos son más afectadas por las tragedias en las vías que los países de altos ingresos.

Por ejemplo, un estudio del 2005 de la CEPAL comprobó que los llamados países desarrollados o altamente motorizados, teniendo cerca del 60% del campo vehicular en el mundo, registraban un 14% de las víctimas fatales en la circulación a nivel global.

Ocho años más tarde, la OMS revela que la situación varió cuando las muertes por violencia en las vías en los países de altos ingresos era de un 8% con un 47% del parque motorizado en el mundo.

Mas, los países de ingresos medios con un 52% del campo vehicular a nivel global, genera en la actualidad el 80%de las víctimas mortales al año, según la OMS.

En esa misma investigación se dieron a conocer las tasas de mortalidad en sucesos de tráfico por cada 100,000 habitantes según nivel de ingreso:

Países con ingresos bajos————-18.3
Países con ingresos medios———- 20.1
Países con ingresos altos————– 8.7 muertes por cada cien mil habitantes.

Mientras se reducen las muertes por siniestros viales en los denominados países desarrollados se experimenta un crecimiento de esta variable en el resto del mundo.

Esa es la realidad. Si bien influye particularmente en territorio dominicano el crecimiento de los usuarios de a pie y de las motocicletas, este último medio de transporte constituye más del 50% del campo vehicular, y entre las víctimas fatales a nivel nacional, los usuarios de motocicletas y los peatones representan un 84%.

En definitiva, los resultados funestos son a causa de que las naciones de economía emergente, en gran porcentaje, no contemplan una serie de temas sobre políticas de seguridad vial sostenibles y sustentables.

Nuestro país no escapa a este señalamiento que venimos planteando desde hace más de ocho años, referido también a los costos económicos del problema vial sin la respuesta apropiada.

Empero, nuestras observaciones esta vez se limitan al trienio 2011-2013, ya que en una investigación que realizáramos en el 2010 hicimos algunas estimaciones de costos conservadoras que, posteriormente en otro estudio realizado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (septiembre de 2013), se nos diera algún crédito.

Nosotros hicimos nuestros cálculos de costos de las fatalidades y los siniestros viales basados en la media de 1.75% del PIB en aquella ocasión.

El CNSS alcanzó estimaciones de 2.21% del PIB para ese mismo período, manteniendo el criterio de que todavía faltaban componentes importantes a analizarse que podrían alterar esta consideración hasta llegar a un 3%.

Las experiencias de otros países latinoamericanos arrojan resultados más deslumbrantes al alcanzar hasta un 4% del Producto Interior Bruto.

La siguiente reflexión, en base a los 12,797siniestros con traumatismos diversos en la red viaria nacional registrados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET),partiendo de las estimaciones oficiales del CNSS y del PIB acumulado en ese mismo período (2011-2013), el costo de los siniestros viales para el Estado dominicano ascendería entre 14 y 20 millones de pesos per cápita. Esto quiere decir, que al día de hoy el país deja de producir riquezas valoradas en 17 millones de pesos promedio por cada accidente de tránsito con víctimas.

Ello significa en otras palabras, que ha tenido que disponer por ese concepto en los últimos tres años de un promedio de $4,822 millones de dólares, siendo todavía conservador.

Esta cifra, que parece inverosímil, contempla factores y componentes que ni la población ni las autoridades perciben de inmediato, siendo difíciles de asimilar.

En Europa, por ejemplo, el costo de los accidentes de tránsito con víctimas es de 1.3 millones de Euros c/u, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica es de un millón de dólares. Ahora bien, en estos países avanzados saben que por cada dólar invertido en seguridad vial dejan de gastar 25 en accidentes de tránsito.

Entre los componentes para un estudio económico acabado habría que considerar: los costos de los servicios operativos durante y después del siniestro; daños materiales; daños al medio ambiente; pérdida de tiempo; consumo de combustibles; las víctimas jóvenes, que representan vidas productivas en horas-hombre, que también han ido en aumento; las perturbaciones laborales a las empresas; los costos de las atenciones post-hospitalarias y judiciales tanto a las víctimas como a sus familiares.

Por estas razones nos aferramos a la idea de que los costos de los accidentes y su secuela, pudieran rondar a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto de la Nación, especialmente cuando las investigaciones se acerquen más a la realidad.

Basado en estos análisis, podemos concluir que para cuando termine la década actual (2020), el país habría de gastar por concepto de “accidentes de tránsito con víctimas” un promedio de 804 mil millones de pesos dominicanos, equivalente al costo de hoy de 5 Plantas Termoeléctricas a carbón mineral de 384.9 MW.

No quiero terminar sin antes mencionar dos aspectos sumamente importantes. El Primero es de orden económico. Ningún proyecto debe considerarse concluyente si no contempla el análisis Costos –Beneficios de la seguridad vial, que en este país es una materia pendiente.

El segundo es de orden ético, que voy a describirlo con el siguiente ejercicio: Si persiste la indiferencia de no ocuparnos seriamente del tema, con una población en aumento y un campo vehicular también en franco crecimiento y deterioro, contaremos en los próximos 7 años unas 35 mil víctimas fatales incluyendo las defunciones hasta los 30 días después del evento.

Por lo anterior, en conclusión, en seguridad vial tendríamos una década perdida.

Si por lo contrario, trabajamos por implantar la seguridad vial sostenible, se salvarían alrededor de 18 mil vidas. Que es a lo que deberíamos aspirar.

http://vanguardiadelpueblo.do/2014/03/17/costos-economicos-y-sociales-de-los-accidentes-de-transito/