Si Hacienda no hace uso de Petrocaribe, ¿por qué no bajan los combustibles?

SANTO DOMINGO,R.D.- Esta semana el Ministerio de Hacienda anunció que República Dominicana no está haciendo uso del acuerdo de Petrocaribe, por la reducción que ha tenido el precio del barril de petróleo, aunque se continúa comprando a Venezuela al igual que a otros mercados internacionales. Surge entonces la siguiente pregunta, ¿por qué no se siente la disminución en los precios de los combustibles?

La respuesta a esta pregunta la ofrecen los economistas José Rijo Presbot y Ernesto Jiménez, asegurando que los precios no bajan por los impuestos que se cargan a los combustibles. 

Ernesto Jiménez entiende que en los precios de los combustibles no se ha sentido, como muchos esperaban, consecuencia de los altos impuestos que se pagan en el país; República Dominicana es uno de los países con las mayores tasas por concepto de combustible del mundo y “la tasa más alta en América Central”.

Y es que se trata de un asunto fiscal, la recaudación de impuestos y la necesidad que tiene el Estado de pagar y de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Gobierno.

Jiménez indicó que de la gasolina Premium, por ejemplo, cuesta RD$201.40 por galón, el precio por paridad de importación es equivalente al precio de los combustibles sin el margen de distribución ni los impuestos, por lo que en este caso ronda los 84 pesos el valor de las obligaciones fiscales por cada galón pagado por el consumidor final. 

Asimismo, de cada galón el consumidor paga por impuesto de valor al consumo un 16 %, de ahí que cuando baja el precio del barril del petróleo la economía se ve afectada, incidiendo directamente en la recaudación de ingresos por parte del Estado.

José Rijo explicó que la ley 112-00 sobre Hidrocarburos establece un impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos, el cual debería orientarse a la disminución de la deuda, el pago de los partidos políticos y la generación de un fondo de energía renovable, sin embargo, no se ha aplicado de esa manera.

“El precio de consumo de los combustibles bajaría si los impuestos no fueran tan altos, por lo que se requiere una reforma tributaria que disminuya los porcentajes de los impuestos. Por ejemplo, en lugar de pagar un 16 % de ‘ad valorem’ en cada galón de gasolina se redujera a un 6 %, impactaría en la canasta básica y disminuiría su precio”, argumenta.

Defiende la teoría de que esa es la razón por la que el Gobierno le huye al pacto fiscal, pues entiende se verá obligado a sincerar todo el sistema tributario dominicano.

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=189022

Las pensiones en el Estado dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- El país no puede seguir teniendo un régimen dual de pensiones estatales. No es justo ni razonable y, por supuesto, no es económicamente sostenible.

El Estado, por voluntad de los que tienen más poder para hacer presión, emite pensiones sin criterio alguno. A los pobres empleados del Estado los ponen a pasar hambre con pensiones que no alcanzan para una semana de comida y, de paso, al que pensionan le quitan el seguro médico, como si pensionarse fuese un castigo.

Ese mismo Estado, por otra parte, pensiona a médicos y otros funcionarios con salario completo o casi completo y en algunos casos, las pensiones son tan altas que esos cargos son apetecidos más por la pensión que por el honorable ejercicio de los mismos.

El sistema de pensiones de los maestros, según informaciones actuariales, sería insostenible en época tan temprana como la próxima década.

Es evidente que se impone la racionalidad y la creación de un sistema de pensiones que premie por igual a todo el que ha rendido un servicio al país por medio del Estado y que no constituya una carga imposible de sobrellevar.

http://www.diariolibre.com/opinion/editorial/las-pensiones-en-el-estado-IL5058486

Prestadoras “están obligadas” a compensar usuarios en caso averías

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sostuvo hoy que las empresas de telecomunicaciones “están obligadas a cumplir” con las compensaciones en casos de averías, advirtiendo a éstas que “deben tomar en cuenta que el cobro de un servicio no prestado constituye una falta grave” que será sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 que regula el espectro radioeléctrico del país.

 Sostuvo que el Departamento de Orientación al Usuario, respondiendo a las instrucciones dadas por el presidente del Indotel, José Del Castillo Saviñón, adoptará las medidas necesarias para defender a los usuarios de prácticas lesivas en los servicios de telecomunicaciones.

 Indicó que las medidas de salvaguarda de los usuarios están contenidas también en el artículo número 77 de la Ley  y hacen referencia a la necesidad de “defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones”.

 “En esta ocasión –señala el Departamento de Orientación al Usuario- nos proponemos como meta enterar a los usuarios sobre el derecho que le corresponde al momento de sufrir una avería y los procedimientos que se deben seguir para aplicar el crédito por parte de las prestadoras”.

 Establece además que, “de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Servicio Telefónico (Resolución 003-13) los créditos correspondientes a averías del servicio deben ser aplicados en los 30 días calendarios contados a partir del inconveniente, siempre y cuando ésta avería se produzca por causas que no sean imputables al usuario, salvo casos de fuerza mayor”.

 Explicó que el cálculo de los créditos dependerá de la modalidad del servicio que haya sido objeto del inconveniente y del tipo de avería registrado.

 Enseñó que por ejemplo en las averías tipo 1 que se describen como la interrupción temporal, general o parcial del servicio en la que se afecta a un Usuario Titular en particular, el período debe ser mayor a 24 horas para que corresponda el crédito o en su defecto una interrupción por períodos menores en reiteradas ocasiones durante el transcurso de treinta (30) días calendario.

 Sin embargo en las averías tipo 2 que corresponden a la falla de un elemento central de red o treinta mil (30,000) usuarios, el tiempo de interrupción debe ser mayor a cuatro (4) horas para que correspondan los créditos.

 En tal sentido, el Departamento de Orientación al Usuario precisó que las prestadoras “están obligadas a cumplir con estos lineamientos dispuestos por el Indotel”.

 Exhortó a la ciudadanía a conocer y enterarse más sobre derechos y deberes que le competen a todo usuario de las telecomunicaciones, a los fines de “empoderarse de las situaciones que cada día se presentan de manera inesperada” en los servicios de telecomunicaciones.

 Sugirió a los usuarios que para más detalles pueden acceder a las Resoluciones y Reglamentos disponibles en la página web www.indotel.gob.do o también pueden seguirnos en las redes sociales: Facebook: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones; Twiter e Instagram @INDOTEL.

http://elnacional.com.do/indotel-reitera-prestadoras-estan-obligadas-a-compensar-usuarios-en-caso-de-averias/

Gobierno de R.D. subsidia el pago del agua en un 76%

SANTO DOMINGO,R.D.- Producir un metro cúbico de agua le cuesta a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) cerca de 25 pesos, sin embargo, lo vende a RD$6 a la población.Ante este déficit en la recaudación, el Estado asume el subsidio de 19 pesos del valor (76%) de un metro cúbico, con el agravante de que solo el 13%de la población capitalina paga el servicio de agua. Los datos están contenidos en el informe “Garantizando Eficiencia en la Gestión del Agua”, emitido por la institución encargada de la producción, distribución y comercialización del imprescindible líquido.

“Nosotros tenemos que hacer magia para mantener el sistema en condiciones estables”, cuenta el subdirector de la CAASD, Luis Salcedo, a elCaribe.

A seguidas, Alejandro Montas, director de la entidad, dice “lo que tenemos que hacer es aumentar el catastro y concientizar a la gente que pague”.

Indica que las mayoría de personas que no pagan el servicio son los de menor poder adquisitivo.

75% de eficiencia de cobranza

De acuerdo con el documento, la CAASD cuenta con 364,082 usuarios catastrados (personas que reciben facturas).

Entonces, el monto de recaudación debería ser de 124,416,338 millones de pesos, pero tomando en cuenta que de esta cantidad solo pagan el servicio de agua el 75%, solo se recauda 93,272,578.22 millones. La diferencia es de 34 millones de pesos.

Sobre el particular, el subdirector de Operaciones precisa que hay una cantidad de usuarios parecida a la del catastro que no se le emite facturas. ¿Y por qué no le llegan facturas? “porque uno sabe que no van a pagar, y se va a gastar dinero haciéndolas”, apunta.

Ante la pregunta ¿de dónde proceden los recursos para cubrir los costos?, el director de la CAASD explica que los fondos se consiguen a través del presupuesto nacional. Precisa que el presupuesto promedio anual es de 2,500 millones de pesos. Aunque, el de este año fue de 3,500 millones de pesos.

El funcionario justifica el aumento con el argumento de que las demandas del servicio cada día son mayores, debido al aumento de la población de la zona de jurisdicción de la CAASD.

Según reveló recientemente el director de la CAASD, la institución invierte 75 millones de pesos mensualmente solo en energía eléctrica.

Ejecutivo es el que aprueba tarifas

De acuerdo con la Ley 498, específicamente en el artículo 20, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reglamentará las condiciones de prestación de sus servicios y fijará las tarifas y cargos que deban cobrarse por servicios o facilidades rendidas por la Corporación, sujetas a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el desperdicio de agua potable es una de los retos a enfrentar por las autoridades de la CAASD.

En palabra del Luis Salcedo, uno de los principales obstáculos para que las personas puedan recibir agua es el derroche del líquido. “Aquí la gente por una cultura que es como ancestral, piensa que el agua cae del cielo a la tuberías”, expresa.

Es en la dirección de regular este y otros problemas que afectan a la producción, distribución y comercialización del agua que plantea la urgente aprobación de una ley que regule el sector agua potable y saneamiento.

La meta es que el agua de cada usuario sea medida

De acuerdo con el subdirector de Operaciones, una de las funciones más importante en la gestión de un acueducto es la medición. En ese sentido, indicó que el índice de medición se encuentra en un 37%. Y resaltó que del total de las recaudaciones, el 80 % procede del servicio medido. El ingeniero Luis Salcedo dijo que en todos los países del mundo el servicio de agua potable está regulado. Aboga porque República Dominicana también lo logre. 

www.elcaribe.com.do/2016/09/26/solo-13-poblacion-capitalina-paga-servicio-agua

La base legal del subsidio a la tarifa eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- Como bien establece la Organización Latinoamericana de Energía, el subsidio a los servicios básicos en países en vías de desarrollo generalmente se otorga con la finalidad de permitir el acceso a las personas con escasos recursos (Organización Latinoamericana de Energía, 2013). En principio, esta definición debería ser perfectamente aplicable al caso de la República Dominicana por tratarse de un país en vías de desarrollo con millones de personas que requieren ayuda social para accesar al suministro eléctrico. No obstante, en la práctica, la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica no está dirigida a cumplir propiamente con esta finalidad.

En sus orígenes, el subsidio a la tarifa eléctrica dominicana fungió como un medio utilizado por el Estado para proteger las finanzas de los consumidores más necesitados ante los significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica, provocados por el aumento en el precio del petróleo (The Economist – Intelligent Unit, 2015).

En este sentido, el objetivo fue evitar que el consumidor final soportara completamente el precio real del suministro eléctrico, considerando los constantes y significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica. Esta problemática tiene origen en la alta dependencia de derivados de petróleo que, todavía a este año 2016, muestra la matriz del sistema eléctrico dominicano (40%), lo cual lo hace estar supeditado a los constantes cambios en los precios internacionales del petróleo (José Luis Actis, 2014).

Sin embargo, no queda claro porqué el subsidio a la tarifa eléctrica fue mantenido  luego de que los precios del petróleo empezaran a decaer, ni tampoco queda claro cuál fue la razón y base legal por la que el mismo fue extendido a todos los consumidores. Esta decisión evidencia un claro error de inclusión (Milton Morrison, 2015) y nos coloca en un estado de incertidumbre respecto al fundamento de la política de subsidios del sector eléctrico dominicano.

El Fondo de Estabilización a la Tarifa Eléctrica (en lo adelante FETE) constituye el subsidio a la tarifa eléctrica que se ha generalizado a toda la población. Este fondo fue creado por el Decreto núm. 302-03, del año 2003, que establece como función del FETE el atenuar los cambios en la tarifa eléctrica, exclusivamente para los clientes residenciales regulados que tuviesen un contrato con alguna de las EDES, representando una cobertura del 100% para los consumidores de menos de 300KWh y de un 50% si el consumo traspasaba los 300KWh.

No obstante esto, el FETE fue luego generalizado, sin base legal aparente, a todas las tarifas eléctricas en diferentes proporciones hasta alcanzar el tope de los 700KWh. En el análisis de este tema, hemos comprobado que incluso los expertos de las principales instituciones eléctricas entienden incierto el fundamento del cambio en la aplicación del FETE, todo lo cual ha conllevado la desnaturalización del subsidio.

Al respecto, deducimos que la razón detrás de esta generalización se relaciona con las consecuencias negativas que el alza de los precios de la energía eléctrica representaría para la campaña política del partido de turno (José Luis Actis, 2014).

El fundamentar esta decisión en aspectos políticos vicia la objetividad de la misma y consecuentemente dificulta el eficiente funcionamiento, seguridad y transparencia del sistema eléctrico dominicano. Lo anterior supone consecuencias directas para el interés general, afectando el desarrollo del país, la calidad de vida de los habitantes y las posibilidades de negocios de los diversos sectores de la sociedad dominicana (The Economist – Intelligent Unit, 2015).

Este tema supone gran interés para el Pacto Eléctrico, debido a su directa relación con la sostenibilidad económica del sector. Al respecto, los participantes del proceso han señalado la necesidad de enviar señales claras al consumidor por medio de precios transparentes, así como también la necesidad de focalizar los subsidios a los más necesitados (Adonis Santiago Díaz, 2016). De esta manera se estaría contribuyendo con el uso consciente y racional de la electricidad y con una mejor cultura de pago en la sociedad dominicana (Milton Morrison, 2015).

Deviene necesario entonces que las instituciones del sector tomen una decisión y la ejecuten con la mayor objetividad posible, puesto que, de lo contrario, el tema de la electricidad se transtornaría en una cuestión política, obstruyendo el trascendente rol que esta debe jugar en el camino hacia el desarrollo.

http://acento.com.do/2016/opinion/8381830-la-base-legal-del-subsidio-la-tarifa-electrica/

¿Tarifa técnica? Pregúntele a EDESUR

Carecería de toda legitimidad social la firma de un pacto eléctrico que no incluyera una reforma sustancial del actual sistema de tarifas del servicio. Todos los sectores sociales han cuestionado desde hace tiempo un aspecto u otro de la estructura de la tarifa eléctrica, así como la evidente manipulación en su aplicación práctica.

Voceros del propio Gobierno tienden a justificar el subsidio eléctrico alegando un “déficit tarifario”. Para cuantificar dicho déficit los funcionarios calculan la diferencia entre dos tarifas extrañas e ilegitimas – la llamada “tarifa aplicada” y una tal “tarifa indexada”-. En realidad, ninguna de las dos se fundamenta en una evaluación técnica de costos, y por consiguiente nadie sabe con certeza si el referido déficit se origina en la tarifa o en otros sumideros del sector. Por ejemplo, una observación breve de los dos cuadros comparativos que se incluyen en este artículo daría pistas claras de esos sumideros.

Ahora bien, lo que nadie duda es que el retraso en la actualización y reforma del régimen tarifario ha sido muy largo y ni el Pacto Eléctrico ni el Gobierno pueden ignorarlo.

Una de las promesas de las reformas de los mercados eléctricos fue la despolitización de la fijación de precios de la energía y, de paso, la reducción hasta la irrelevancia del subsidio estatal.

Como el sistema eléctrico es complejo, las tarifas tienden a determinarse a partir de estudios de costos eficientes de producción y servicios, realizados por firmas de especialistas en el ramo.

En la República Dominicana, la ley de electricidad – octubre 2001 – establece que la tarifa eléctrica que se debe aplicar a todos los clientes regulados del sector es la tarifa técnica. Disposición que ningún gobierno ha cumplido en los 15 años de vigencia de la ley.

Con lo que si han cumplido los superintendentes es con  la contratación cada cuatro (4) años de firmas internacionales para los estudios de costos del sector  y la elaboración de una tarifa técnica que nunca se aplica. Por ejemplo, en el 2003  la Superintendencia de Electricidad (SIE) presentó al país un detallado estudio tarifario realizado por la firma internacional PA Consulting; luego, en el 2007, dicho estudio fue actualizado por otra investigación a cargo de la misma firma.

En el 2011, la consultora chilena INECON, realizó otro estudio nacional de costos para la determinación de la tarifa técnica del sistema a la fecha y, finalmente, esa tarifa fue nuevamente actualizada por una segunda investigación de costos cuyo informe fue presentado por INECON a la Superintendencia en abril de este año, 2016.

En resumen, hemos tenido cuatro propuestas de tarifa técnica para el servicio eléctrico, tal y como lo indica el artículo 115 de la ley de electricidad. Cada estudio ha sido pagado y recibido por la Superintendencia, presentado a las empresas del sector y al público, pero ninguno ha sido aplicado; en su lugar, el Gobierno ha preferido mantener una tarifa eléctrica, calculada al “ojo por ciento”.

Según referencias de algunos testigos, esos estudios – que no solo eran sobre tarifa – le habrán costado al país más de un millón y medio de dólares ($US 1,500,000).

La nueva tarifa

La tarifa técnica que se propone hoy  incluye, entre otros, dos puntos destacados, a saber, la implementación de una tarifa plana que eliminaría la diferencia de precio por nivel de consumo y que, por consiguiente, acabaría también con el subsidio cruzado a favor de los hogares de bajo consumo y, por otro lado, el precio del kilovatio hora residencial de baja tensión seria de $RD 7.31.

Esa propuesta implicaría que un hogar que consume 300Kwh/mes y que paga a $RD 4.44 por Kwh, con la tarifa técnica la pagaria a $RD 7.31 el Kwh, lo que le representaría un aumento de 83% en su factura mensual, sin incluir el costo fijo. En esencia, la propuesta de INECON significaría una brusca subida de tarifa para los consumidores de menos recursos y una gran reducción para los clientes de elevados ingresos.

Conviene aclarar que la tarifa propuesta se basa en una determinación técnica de los costos operacionales de una empresa distribuidora eficiente, teórica o modelo, que operaria en cada región, lógicamente no es la empresa real. El uso de una empresa teórica modelo para simular las posibilidades de una real, es una vieja metodología de regulación de empresas de servicios públicos desarrollada en Chile a inicio de los 80s. Así las cosas, la tarifa técnica  seria financieramente sustentable solo si las distribuidoras reales funcionasen con, por ejemplo, mínima perdidas no técnicas, mínima nomina, optima contratación de proveedores y sostenidas inversiones en infraestructuras.

Para ilustración, los cuadros 1 y 2 indican las enormes diferencias de costos operacionales  entre las distribuidoras dominicanas reales (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) y las correspondientes distribuidoras eficientes propuestas por INECON para cada demarcación geográfica..

Los desmontes de gastos que habría que hacer en nuestras reales distribuidoras serian traumáticos para cualquier gerencia, y si no lo cree; ¡pregúntele a EDESUR!

EDESUR!

Empresas distribuidora reales	Gasto de personal empresa real (MM$US/año)	Gasto de personal de empresa eficiente (INECON) (MM$US/año)	Gasto de de personal de empresa real sobre gasto de la empresa eficiente (INECON)	Gastos operativos anual empresa real  (MM$US/año)	Gastos operativos anual empresa eficiente (MM$US/año)	Gasto operativo de empresa real sobre gasto de la empresa eficiente
EDEESTE	31,400,000	12,636,000	248.50%	83,555,000	38,234,430	219%
EDENORTE	28,500,000	14,421,000	198.00%	122,600,000	45,065,340	272%
EDESUR	33,300,000	12,228,000	272.00%	145,200,000	37,130,900	391%

Cuadro 2, elaborado con datos de Informe INECON 2016 y Informe de desempeño de la CDEEE, 2016.

http://acento.com.do/2016/especiales/8385471-tarifa-tecnica-preguntele-edesur/

Los teléfonos celulares CALIENTAN el oído sin la intervención del órgano regulador

Por:Ing. Héctor González Vargas

En mayo del 2011,  la Organización Mundial de la Salud (OMS)  hizo referencia a una Investigación sobre el uso de los teléfonos celulares y el cáncer ,donde señalaban  que los campos electromagnéticos que incluyen los celulares móviles son catalogados como posibles cancerígenos.

En estos días, vemos en COREA DEL SUR, que retiran del mercado de 2,5 millones de celulares Galaxy Note 7 de Samsung que se incendiaron y explotaron  motivado por sutiles problemas de fabricación, porque  se recalientan al usar baterías de ion de litio .Este tipo de baterías son muy populares porque son livianas, diminutas y tienen mucha más energía que otros aparatos.

Si los celulares no disponen en su diseño de paredes divisorias para separar la batería, es lo puede ocasionar mal funcionamiento y, producen reacciones químicas que generan hasta fuego aparte del calentamiento en el oído. Como afectado, soy testigo en celulares ALCATEL y LG. Y el Art.37 establece que el Consejo Directivo del Indotel puede intervenir de oficio en los casos de “prácticas perjudiciales a los usuarios. O sea que le da potestad al ente regular por la salud del consumidor,igualmente lo debe realizar PROCONSUMIDOR.

Ya que esas entidades constituyen una innovadora esperanza para que los consumidores de la R.D, no sean victimas de los atropellos de los poveedores engañosos. 

El mercado de las telecomunicaciones en R.D.  acumulan con frecuencia  numerosas quejas por facturación violación en el servicio,cuando el consumidor decide reclamar, pese a que existen leyes,  reglamentos y resoluciones regulatorias en defensa de los derechos del consumidor, esos  se violan constantemente.

 Ante esa embestida, el consumidor reclama en 1ra. instancia pero le ponen obstáculos con respuestas tontas queriendo justificar su fraude y para que desista de su reclamo. Pero ese freno que le ponen la atención al cliente de las empresas es para convertir el reclamo del consumidor en una pasividad que permite que las empresas de servicios públicos continúen con sus abusos, tanto en la prestación del servicio como en su facturación. Para asi evitar que el usuario final se olvide del derecho de reclamar.

Mientras lo anterior pasa en el mercado de la telecomunicación en R.D. INDOTEL informa como un éxito que la  telefonía fija, móvil y de Protocolo de Internet (IP) arroja un balance al cierre del mes de junio de 10 millones 183 mil 787 líneas, registrando un aumento de 260 mil 907 líneas netas en un año, según el análisis de los últimos 12 meses (junio 2015-junio 2016) sobre la situación de los servicios de telecomunicaciones en R.D..-

Esos datos del sector de las telecomunicaciones que elabora el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) , lo hacen sin señalar los controles de calidad adecuados de los equipos que utiliza el usuario final, ya que como ente regulador no deben esperar que los usuarios comiencen a quejarse de que el teléfono se calienta,se prende en fuego fuego o explota en el oido.

Como recomendación al usuario final para evitar o prevenir es bueno usar audífono,no recargara batería mas de un 70% y hacer una reclamación en 1ra. instancia al proveedor.

EDESUR y CDEEE inician trabajos del Programa Rehabilitación de Redes en Cristo Rey

SANTO DOMINGO.-La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), junto a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciaron los trabajos del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas en el circuito CUAR104, del sector Cristo Rey, que mejorará la calidad de vida a unas 60 mil personas en cinco comunidades, con una inversión de 5.6 millones de dólares.

El administrador general de EDESUR, Radhamés Del Carmen estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CDEEE, Marilyn Brito, y el especialista en energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jorge Mercado.

Al pronunciar las palabras centrales de este lanzamiento, Del Carmen explicó que este proyecto consiste en la rehabilitación de unos 1.5 kilómetros de redes de media y 11.8 kilómetros de redes de baja tensión, la instalación de 234 luminarias de alumbrado público y 137 transformadores, así como la normalización de 9,038 clientes; de los cuales 8,804 tendrán la tecnología prepago y 234 postpago.

Señaló que estos trabajos en Cristo Rey impactarán positivamente las comunidades Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Los Mártires, y Puerto Isabela (Hoyo de Chulín), haciendo posible que puedan contar con un servicio de energía de calidad, y un sector con calles iluminadas, aumentando sus niveles de seguridad.

Aseguró que la nueva EDESUR cumplirá con su compromiso de mejorar la calidad del servicio, enfatizando que la garantía de la sostenibilidad del proyecto es que los comunitarios también cumplan con la parte que les corresponde, pagando la energía. "Nosotros lo que le traemos es algo más que un proyecto de una distribuidora, es un compromiso, un pacto social”, refirió Radhamés Del Carmen.

Señaló que en la actualidad en la zona de intervención del proyecto las pérdidas respecto al cobro son del 85% igual a 24.48 gigavatios-hora, por año, equivalente a US$2.91MM. En ese sentido, resaltó su expectativa de que al concluir los trabajos haya una cobranza ascendente al 95%, para lograr la recuperación anual de 19.37 gigavatios-hora, equivalente a US$2.32MM, de manera que retorne la inversión en un tiempo promedio de 2 años.

El acto contó además, con la presencia del Alcalde del Distrito Nacional, David Collado, la Vice-Alcaldesa del Distrito Nacional, Digna Reynoso, los regidores Ramón Perelló y Francis Hernández; Angel Canó, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la R.D, el presidente de la Casa de la Cultura “Padre Rogelio Cruz”, y otros directivos del sector eléctrico y de la comunidad.

La rehabilitación de redes en el circuito CUAR104 es uno de los seis proyectos a ser ejecutados por EDESUR en coordinación con CDEEE y el financiamiento del BID, como parte del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas, una iniciativa que tiene la misión de modernizar la red de distribución eléctrica, reducir las pérdidas y mejorar el servicio para conseguir un sector financieramente sostenible y garantizar el desarrollo del país.

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=499149

Exenciones a combustibles: el 34% de lo que facturan las plantas generadoras

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-

Despojar a las empresas generadoras de la exención impositiva para la compra de combustibles es una movida que podría repercutir en incrementos significativos tanto de la tarifa como del cuantioso subsidio estatal al sector eléctrico.

De acuerdo con Bernardo Castellanos, especialista en temas del sector eléctrico, la adopción de una medida de este tipo conllevaría un aumento cercano al 20% de la tarifa a los usuarios, y de hasta US$500 millones adicionales del subsidio a las distribuidoras.

Al comentar un artículo publicado en este medio sobre el tema del gasto tributario, Castellanos refiere que para el 2016 la factura a pagarse a las plantas generadoras se proyecta en unos US$1,300 millones, según las estadísticas a junio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Señala que asumiendo que las exenciones relacionadas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los hidrocarburos ascenderían, según las estimaciones oficiales, a unos US$445 millones, tendríamos que las mismas “representan en números redondos el 34% de la facturación total” de esas empresas proyectada para este año.

Estima, en este sentido, que de eliminarse este incentivo, la facturación de los generadores privados a las distribuidoras aumentaría en más de lo que representa dicha exención, “pues el monto de US$445 millones es costo, y cuando ese costo se transforme en precio, el monto (de la factura) a las distribuidoras superará los US$500 millones” anuales.

Posibles escenarios

Además, “estadísticamente está demostrado que cada vez que se sube la tarifa, las pérdidas y evasión aumentan”, añade Castellanos. “Así que si el Gobierno decidiera eliminar las exenciones tributarias a los combustibles utilizados para generar electricidad, no sería temerario especular que las pérdidas –que actualmente rondan el 35%- se dispararían en un monto cercano al 40%”.

Considera, por tanto, que traspasar a la tarifa los US$500 millones adicionales que deberán pagar las EDE por la compra de electricidad, significa que la misma subirá en alrededor de un 20% para todos los clientes registrados de estas empresas.

Añade que el 40% de ese monto (US$500 millones) equivale a unos US$200 millones adicionales en pérdidas, que el Gobierno tendría que cubrir con un incremento del subsidio directo al sector.

En cambio, si decide no traspasar el aumento tarifario a los clientes, entonces el subsidio adicional como consecuencia del incremento del precio de compra de energía de las distribuidoras a los generadores, “se incrementaría en unos US$500 millones” al año.

Castellanos apunta que estas cifras están asociadas a u precio bajo del barril del petróleo inferior a los 50 dólares. Partiendo de esto, “en la medida que el precio aumente, mayor será el monto de la facturación adicional y mayores serán las pérdidas y el déficit financiero de las EDE, y mayor el subsidio que el Gobierno tendrá que otorgar, para mantener un precario servicio de energía, que tan solo abastece entre el 65% y 70%” de la demanda.

El experto razona que el de las exenciones “es un tema muy sensible, explosivo y con consecuencias muy fuertes sobre la sociedad en caso de que el Gobierno decida llevarse” de sus asesores.

“Es muy fácil para los economistas del Gobierno, sentados en lujosas oficinas y cómodas yipetas, teorizar sobre eliminación de exenciones”, sin analizar en detalle las consecuencias de esas medidas, ni referirse a reducir gastos corrientes excesivos, indica.

http://acento.com.do/2016/economia/8382164-exenciones-combustibles-34-lo-facturan-las-plantas-generadoras/

La subestimación del mercado eléctrico dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- En la República Dominicana, todavía tiene vigencia la falsa tesis de que la naturaleza pública o privada de la propiedad de las plantas, subestaciones y redes eléctricas es casi suficiente para lograr un sistema eléctrico eficiente y de mínimo costo.

La profunda crisis internacional de la deuda en los 80s, así como la evolución tecnológica en la industria eléctrica y los avances de la teoría de la regulación económica e institucional de servicios públicos, motivaron que influyentes organismos multilaterales (Banco Mundial y el BID, entre otros) propusieran que la incurable quiebra del servicio eléctrico en países como el nuestro llegaría a su fin con simplemente vender la empresa estatal – CDE – al sector privado (Ver, por ejemplo, el informe  ESMAP, 1991, del  Banco Mundial, sobre la CDE).

La experiencia ha demostrado que privatizar la CDE no era lo mismo que vender la Cementera, el CEA o Molinos Dominicanos, y que refugiarse en esquemas ideológicos – sean neoliberales o pro estatistas – para reformar un sistema eléctrico nacional ha sido un peligroso  y costoso simplismo que, inexplicablemente, todavía va y viene con renovado ímpetu en nuestro país.

Familia de ese simplismo es considerar – en estos días – que cuando la central de Punta Catalina inicie su producción dentro de un par de años, la tormentosa crisis eléctrica dominicana habrá llegado a su fin.

Porque si fuera así, cabria preguntar: ¿el problema es solo de costos elevados de generación? ¿Y las distribuidoras con sus inamovibles cotas de pérdidas y la demanda para la expansión de redes y cobertura? ¿Y el sistema inicuo de precios y tarifas? ¿Y la garantía de continuidad de la inversión privada en generación para sustituir las plantas que se vuelven obsoletas y darle respuesta al crecimiento indetenible de la demanda nacional de energía y potencia? ¿Y la regulación  independiente? Si el problema era construir dos plantas: ¿para que el Pacto Eléctrico?

Resolver nuestro problema eléctrico es más que erigir dos plantas de carbón, si pensamos en reducir sostenidamente pérdidas y déficits, lograr un sistema de mínimo costo (como insiste Daniel Bodden), alcanzar una cobertura eléctrica social y territorialmente optima, así como la continuidad en el tiempo de las inversiones (públicas y privadas) con capitales generados por un sector con mínimos subsidios. Son preguntas que si tratáramos de responderlas a profundidad apreciaríamos la envergadura real de la crisis. Punta Catalina no será un abracadabra, capaz de conjurar con su sola entrada todas las distorsiones, sobrecostos e ineficiencias acumulados.

Economía e ingeniería

Al diseñar nuevas reformas del sector eléctrico es preciso considerar los condicionamientos que impone la doble faz del sistema: ingeniería y economía. Por ejemplo, sabemos que en ocasiones maquinarias y accesorios de algunas industrias de zona franca han sido  desmontados y trasladados a otro país. Esa acción es casi imposible repetirla con redes, postes y transformadores instalados en barrios de las ciudades, cuando quiebra una empresa distribuidora. 

Igualmente costosas, y parcialmente irreversibles, son las inversiones en grandes plantas de generación.

A estas condiciones se le agrega que los préstamos para financiamiento de los proyectos son de grandes sumas y largo plazo, con un rango de 15 a 30 años. 

Por otro lado, el servicio eléctrico es domiciliario y electoralmente muy sensible debido a que aunque los activos (plantas y redes) sean privados, el servicio será siempre público y ningún gobierno podrá evadir la responsabilidad de garantizar su oferta y fácil acceso.

Desde el punto de vista de la ingeniería, la principal característica de la electricidad es que es un flujo fruto de la existencia simultánea de dos procesos: generación  y consumo. La corriente eléctrica (el flujo) articula a esos dos procesos en cualquier instante y en cualquier lugar.

En ese sentido, lo que caracteriza a ese sistema es la fuerte interdependencia temporal y espacial entre sus componentes. En otras palabras, el volumen de producción de electricidad depende de la demanda instantánea (la electricidad no se almacena), que a su vez cambia a cada minuto durante el día. La vía por la que la corriente eléctrica logra esa articulación espacio- temporal de la oferta y la demanda (generación y consumo) es el subsistema de transmisión y distribución. En resumen, desde el simple bombillo hasta la caldera de la planta generadora existe una impresionante interdependencia sistémica entre todos los componentes del servicio eléctrico.

Fue ese conjunto de peculiaridades tecnológicas lo que legitimó, en la segunda mitad del siglo pasado, el desarrollo de un modo de organización industrial estructurado por empresas integradas verticalmente y operando en régimen de monopolio.

Además, es esa interdependencia sistémica la que le permite a algunas empresas generadoras de gran peso en el mercado, manipularlo y extraer rentas excesivas.

Y son también esas mismas condiciones las que podría facilitar a un Estado abusar de inversionistas privados cuyos activos se encuentran “enterrados” en el sistema a expensas de una garantía de regulación que a veces no existe.

Esa inevitable interdependencia, junto a la gran variedad y variabilidad de los factores de costos, hacen del mercado eléctrico uno en el que la determinación  de precios promedios arrastren consigo grandes incertidumbres, y que las complicadas transacciones entre agentes mayoristas (generadores y empresas distribuidoras) y minoristas (distribuidoras y el publico) generen opacidades y faciliten engaños en cada bocacalle.

¿Puede un mercado con esas complejidades manejarse con prejuicios ideológicos o clientelismo político? Sí, se puede, pero a expensas de  “sangre, sudor y lágrimas”.

http://acento.com.do/2016/opinion/8383445-la-subestimacion-del-mercado-electrico/

Cuidado con la defensa si viene del lado contrario

SANTO DOMINGO,R.D.- Desde el año 2001 hasta la fecha, las empresas de distribución eléctrica (EDE) han estado comprando energía a la mayoría de los generadores privados a través de contratos amparados en lo que se conoció como “Acuerdo de Madrid”.

Esos contratos establecían condiciones que, en momentos de altos precios de los combustibles derivados del petróleo, implicaban elevadísimos precios que Edenorte, Edesur y EdeEste debían pagar, con el agravante de que la administración de esas tres empresas ha sido siempre deficiente y politizada, por lo que el Estado siempre tuvo que intervenir para subsidiarlas con aportes que en la última década promediaron alrededor de US$850 millones anuales.

Llegó el 2016 y se vencieron los contratos, con la ventaja para el Estado de que en el mercado internacional los precios del petróleo y sus derivados han bajado considerablemente y, además, el Gobierno está construyendo dos unidades de generación que han de aportar al sistema alrededor de 700 megavatios con base en carbón mineral.

Dado que los precios del petróleo están bajos, a las EDE les resulta más económico comprar la energía sin contratos a los generadores, a través del mercado libre, lo que se conoce como el “mercado spot”, con lo cual el Gobierno se está ahorrando prácticamente la totalidad de los US$850 millones anuales que había estado aportando cada año en subsidio para cubrir no solo la deficiente forma de administrar de las distribuidoras –un tema al que tendrá que meterle mano en algún momento–, sino también los costos que implicaba el sacrificio de mantener la tarifa eléctrica congelada para no aplicar los aumentos de los precios de la energía a los consumidores.

En ese ínterin, los representantes de las empresas de generación han decidido asumir una posición de “defensa” de la institucionalidad, de los intereses nacionales y de los consumidores, al señalar que es preciso cumplir con el mandato legal que establece que las EDE deben comprar la energía por medio de licitaciones para firmar contratos de mediano y largo plazos. Además, han estado reclamando que, dados los bajos costos de la energía, el Gobierno debería reducir la tarifa eléctrica a los consumidores.

Se pudiera pensar que la posición de los generadores de electricidad es totalmente correcta y beneficiosa; pero al analizar bien los planteamientos también se puede inferir que al convocar a licitación pública y retomar los contratos ahora y no dentro de unos cuantos meses más, el Gobierno tendría que establecer precios de compra a esos mismos generadores por encima de los que está pagando actualmente en el mercado spot, lo cual aumentaría el costo de la energía y le limitaría al Estado lo que se está ahorrando por la baja coyuntural en los precios del petróleo luego de más de una década pagando exorbitantes sumas de dinero a esos mismos productores de energía.

Pero además, en cuanto a la tarifa eléctrica, si bien es cierto que con el esquema de costos actuales debería estar por debajo de los niveles en que se encuentra, no se debe olvidar que en la última década, precisamente por pagarle la energía muy costosa a los generadores a través del Acuerdo de Madrid, el Gobierno debió cubrir con subsidio la decisión de no pasar esos costos a los bolsillos de los consumidores.

Dada esa situación, entonces, podría ser aceptable y justo, aunque no del todo legal, que el Estado recupere en parte lo invertido en la indexación de la tarifa y que no la baje, sino que la deje congelada, como en el pasado, cuando no la subió y la mantuvo congelada asumiendo el costo.

Otra crítica que ha surgido en contra del Gobierno es la de que, posiblemente, ha estado destinando el dinero que se ha ahorrado del subsidio y de la no reducción de la tarifa, para cubrir los costos de construcción de las plantas de Punta Catalina que han de aportar 700 megavatios al sistema energético.

Esa acción se plantea como si fuera algo negativo, cuando en realidad es algo que a la larga ha de beneficiar a los propios consumidores, que podrían recibir energía menos costosa en los años por venir, como parte del sacrificio actual de pagar una tarifa congelada.

Por eso es tan raro que la defensa a los consumidores venga del lado contrario…

http://www.eldinero.com.do/27474/cuidado-con-la-defensa-si-viene-del-lado-contrario/

Hay apagones a pesar de generación electrica

SANTO DOMINGO,R.D.- La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) destacó que las empresas generadoras de electricidad estuvieron dispuestas a entregar al sistema unos 363,892.6 MWh de energía durante la semana del lunes 29 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre.

Sin embargo solo abastecieron la demanda durante ese periodo por 331,192.6 MWh quedando un sobrante de energía que estuvo disponible y no fue adquirida de 32,700.0 MWh.

La cantidad de apagones que dispusieron las empresas distribuidoras en ese mismo periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre fue un total de 35,868.7 MWh, de acuerdo a estadísticas generadas por la ADIE a partir de los datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

Señalaron que esta energía no abastecida aunque si estuvo disponible se debe a los apagones o la gestión de demanda, que es la energía que no se sirve por corte de suministro y su criterio de determinación es establecido por cada empresa de distribución.

http://hoy.com.do/adie-destaca-hay-apagones-a-pesar-de-generacion/

Telefonía móvil: Baterías que se recalientan, un problema grave

SEUL, COREA DEL SUR. El retiro del mercado de 2,5 millones de teléfonos Galaxy Note 7 de Samsung que se incendiaron y explotaron fue motivado por sutiles problemas de fabricación, pero resalta el desafío que enfrentan los fabricantes de artículos electrónicos, que tratan de almacenar cada vez más potencia en aparatos cada vez más delgados, deseosos siempre de acelerar los lanzamientos.

Samsung confirmó que hubo decenas de casos en los que las baterías del Note 7 se prendieron fuego o explotaron, casi siempre mientras se estaban cargando. Anunció que actualizará el software que impedirá que las baterías se carguen más de un 60% para reducir el riesgo de que recalienten. Pero recomienda a la gente que apague los teléfonos hasta que sean reemplazados, a partir del 19 de septiembre.

El Note 7 recibió comentarios muy elogiosos al salir al mercado en agosto por su velocidad, su nuevo software y el hecho de que podía funcionar nueve horas sin ser cargado. Semejante potencia, no obstante, puede causar problemas: al poco tiempo de su salida al mercado los usuarios comenzaron a quejarse de que el teléfono se prendía fuego o explotaba. En un caso incendió un vehículo todo terreno en el que había sido dejado.

Las autoridades de aviación de Estados Unidos, Europa y Australia recomendaron a los pasajeros que no usen o carguen los Note 7 en vuelo ni los despachen con el equipaje.

El presidente de la división de teléfonos móviles de Samsung, Koh Dong-jin, dijo que se había comprobado un “pequeño error” en el proceso de fabricación de las baterías del Note 7 que era muy difícil de detectar. Un extremo de la batería tenía defectos que aumentaban las posibilidades de que recalentase, indicó.

Ese tipo de falla es inimaginable si el fabricante de baterías tiene controles de calidad adecuados, según Park Chul Wan, ex director de la división de baterías del centro de investigaciones del Instituto de Tecnología Electrónica de Corea.

Agregó que se deberían buscar otros factores ajenos a las baterías que pueden haber contribuido al recalentamiento.

“Si la tesis de Koh es correcta, Samsung es una compañía de tercera”, afirmó Park. “Pero no parece ser un simple problema de batería”.

El tiempo y consideraciones comerciales son otros factores que inciden en el lanzamiento de un teléfono y en su seguridad.

En el 2015, Samsung adelantó la salida al mercado de su nuevo Galaxy Note de septiembre a agosto porque Apple se proponía lanzar su nuevo iPhone en septiembre.

Antes de que se produjesen las primeras explosiones de baterías, la subasta no daba abasto para atender la demanda del Note 7.

Samsung no ha dicho quién es el proveedor de las baterías defectuosas. Según C.W. Chung, analista de Nomura Securities en Seoul, ejecutivos de Samsung han dicho que el 70% es suministrado por su propia división SDI y el 30% restante por Amperex Techology Ltd., firma china que también abastecería de baterías al iPhone.

Los problemas con las baterías de litio no son nada nuevo y afectan todo tipo de productos, desde automóviles Tesla hasta aviones Boeing 787, pero nunca se habían visto tantos incidentes juntos con baterías de ion de litio, de acuerdo con Park.

Las baterías son muy populares porque son livianas, diminutas y tienen mucha más energía que otros aparatos.

Pero almacenar tanta energía en un espacio tan reducido, con componentes combustibles separados por paredes extremadamente delgadas, las hace susceptibles al recalentamiento. Si esas paredes divisorias no funcionan bien, se producen reacciones químicas que generan fuego.

Eso fue lo que sucedió con el Note 7, según Koh.

“La falla en la fabricación hizo que entrasen en contacto electrodos negativos con electrodos positivos”, explicó a la prensa en Seúl.

http://www.diariolibre.com/economia/empresas/baterias-que-se-recalientan-un-problema-grave-para-los-celulares-HM4952955

Los incendios forestales constituyen un pendiente para R.D.

Patricia Pérez

Los incendios forestales representan la primera amenaza para los bosques, su flora y fauna, en República Dominicana. Cada año se producen en el mundo unos 100 mil incendios forestales y se queman cerca de 2 millones de hectáreas de terreno por año. Así como se calcinan hectáreas de tierra, se consumen lo que encuentran a su paso en minutos, ayudados por el viento, el clima y la maleza.

A la lista de constantes denuncias de delitos ecológicos en el país se suma esta semana el incendió que afectó el Morro de Montecristi, en el parque nacional del mismo nombre.

Las estadísticas nacionales no se alejan de los datos globales que rezan que cuatro de cada cinco incendios son provocados; según información del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la totalidad de los incendios forestales en el país son provocados, bien para “ampliar la frontera agropecuaria o por negligencia”.

Los esfuerzos parecen no ser suficientes, a pesar de que en el año 2012 se aumentó en casi 8% la cobertura forestal con respecto al año 2003, presentando un porcentaje de 39.7 % a nivel nacional, según estableció el Estudio Nacional de Cobertura Boscosa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, varios incendios han afectado sensiblemente los recursos naturales.

A la fecha se estimó que el incremento de la capa boscosa en República Dominicana se debió a la disminución de los incendios forestales, gracias a la implementación de una política de control de incendios en áreas vulnerables.

El 2013 fue un año duro para los bosques dominicanos, Recursos Forestales registró 187 incendios en 12 provincias, con una superficie afectada de 108,744 tareas. Los principales siniestros de ese año ocurrieron en el entorno del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias Barahona, Independencia y Pedernales, provincia en la que se registraron 12 incendios, con un total de 55,694 tareas afectadas.

En los primeros seis meses del año 2014 las autoridades dominicanas registraron 86 incendios forestales, con un total de 44 mil 462 tareas afectadas y el Ministerio de Medio Ambiente estimó que el 98% de los fuegos que afectan los bosques del país son originados por personas que buscan ampliar sus predios agrícolas o que actúan con negligencia.

En mayo de 2015, estimaciones del Viceministerio de Recursos Forestales de Medio Ambiente arrojaban que habían sido más de 20 mil las hectáreas de tierra afectadas por diferentes incendios forestales a nivel nacional, siendo los pinares de Restauración, en Dajabón, el bosque que tardaría más tiempo en regenerarse, por la baja pluviometría de la zona.

El balance de los daños manifestaba que entre 5 mil y 6 mil hectáreas en Restauración, varias tumbas en el Parque Nacional Los Haitises, casi 5 mil hectáreas en Loma Miranda, miles en Constanza, aproximadamente 5 mil en Gaspar Hernández, y pequeños fuegos en la Sierra de Bahoruco, fueron afectados con incendios.

El mayor número de fuegos forestales se han producido en Dajabón (45), aunque con daños en poco más de 12 hectáreas. Le sigue San Juan de la Maguana (38 y más de 13 tareas afectadas). En Monte Plata se registraron 24 incendios y 13,795 tareas afectadas y en La Vega 25, con 2,522 tareas.

Cronología de incendios

29 Abril 2015: Un incendio forestal afectó la zona La Yautía de la loma Nalga de Maco de la al sur de Constanza. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso de 45 bomberos forestales para sofocar el incendio.

02 de mayo del 2015: La provincia Dajabón ardió por varios días, el fuego tocó el Cerro de Chacuey, en el municipio de Loma de Cabrera; Cerro Las Mercedes, en el municipio de Partido; y también se produjeron incendios en el municipio Restauración. En esa ocasión, se informó que quienes provocaban los incendios eran buscadores de cuaba, de abejas y para talar árboles.

2 de Mayo 2015: Un incendio forestal afectó por varios días montañas de Constanza y amenazó con expandirse, decenas de personas se vieron afectados por la gran cantidad de humo inhalado.

4 de mayo del 2015: El parque nacional Los Haitises sufrió por varios días de intensas llamas, más de 500 hombres y bomberos forestales en zonas puntuales del Parque y el municipio de Gaspar Hernández hicieron un esfuerzo por controlar de manera definitiva los focos de incendios. Unas 17 personas fueron sometidas a la justicia acusados del siniestro.

7 de mayo del 2015: Desaprensivos provocaron incendio en Loma Miranda momento en que estaba vivo el reclamo porque sea declarado Parque Nacional. El incendio que afectó unos 700 metros cuadrados del área de Loma Miranda. 

Julio del 2014: Un fuego forestal devoró el 25% del área boscosa del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, mejor conocido por Valle Nuevo y se extendió a comunidades como Puerca Amarilla y Nizaíto. Duró unos 15 días y en esa ocasión se quemaron alrededor de 15 mil hectáreas de pinos y otras especies maderables; las lluvias apagaron el devastador incendio.

Abril 2010: La loma Culo de Maco fue azotada por un incendio forestal. Es un macizo situado al suroeste de la Cordillera Central, entre Padre Las Casas, en Azua, y el municipio de Constanza, a 2,189 metros sobre el nivel del mar. Al lugar se puede acceder en hora y media, en vehículo. Este espacio se destaca por su biodiversidad en cuanto a plantaciones de pinos.

Prevención y educación son la única solución

Aunque la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece sanciones u obligaciones penales, administrativas y económicas duras contra personas personales o jurídicas a las que se le compruebe vinculación alguna con este tipo de delitos, parece no ser suficiente.

En lo que a capacidad técnica se refiere, la falta de recursos pareciese impedir una gestión eficiente, a lo que se le suma la necesidad de contar con mayor disponibilidad de aviones cisterna para combatir las llamas forestales, un mandatorio ante ciclos climáticos difíciles de controlar y a la mala voluntad.

La prevención y la educación es fundamental para impedir este tipo de catástrofes, asumir conductas  preventivas y de seguridad en el manejo del fuego  en áreas boscosas y cumplir las reglamentaciones existentes al respecto.

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=188858