SANTO DOMINGO,R.D.-La energía eléctrica es la fuerza vital que mueve el desarrollo.
Hace algunos años, cuando presidía la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el Embajador de una nación asiática amiga me pidió una explicación de la crisis del Sector Eléctrico, que de tan crónica resultaba un caso muy famoso en el mundo.
Se sorprendió cuando le dije: “Embajador, no existe crisis eléctrica, eso es sólo un reflejo, una ilusión engañosa. Lo que se percibe como crisis eléctrica no es más que la expresión de las distorsiones y disfunciones que provoca la interacción del modelo político, -que es medularmente clientelar y populista- con el modelo de negocios rentista, con marcadas tendencias monopólicas y oligopólicas”.
Y cuando me preguntó por qué se había prolongado tanto, le dije: “se mantiene sobre todo por la fuerte tendencia cultural entre los dominicanos de procurar soluciones individuales, aún sean ineficientes y costosas, a problemas que por su complejidad demandan respuestas colectivas, generales. Por eso tenemos un enorme parque de plantas auxiliares, y todos los que pueden convertirse en usuarios no regulados lo hacen”.
Le aclaré, además, que ese fenómeno no es exclusivo del Sector Eléctrico, sino que se proyecta a muchas otras áreas estratégicas de la nación.
En efecto, esa articulación de política y negocio determina muchas cosas en la realidad dominicana: Un Estado con instituciones debilitadas por la dinámica del sistema político-partidario- que reparte o dispensa como favores lo que tiene que garantizar como derechos o exigir como deberes tiene una débil capacidad para regular a grupos de interés poderosos, que como en todas partes del mundo- más en zonas de capitalismo salvaje- tienden a la concentración de la riqueza y el poder, y se tornan resistentes a toda regulación, fiscalización o exigencia de transparencia. Por “efecto demostración”, esa realidad primaria se reproduce en muchos otros niveles sociales, reforzando las tendencias anómicas que nos aquejan.
Sin embargo, este proceso que es mucho más notorio, sin dudas, en el Sector Eléctrico, está llegando a sus límites: genera grandes déficits públicos cada vez más difíciles de subsidiar; lastra la competitividad de sectores y empresas; succiona o disipa, incluso, recursos concesionales como los de Petrocaribe; facilita corrupción pública y privada bajo el eufemismo “de las pérdidas no técnicas” o en un opaco mercado de combustibles. También, al refrenar la oferta de energía, y crearsobrecostos y costos ocultos, provoca un balance de exclusión social y marginalidad, a la vez que carga a las capas medias con obligaciones onerosas. Una familía de clase media paga entre US$400.00 a US$700.00dólares mensuales por servicio eléctrico.
Podríamos decir que ese balance tan negativo resulta insostenible, y reclama de acciones decididas y responsables, preferentemente acordadas dentro del más amplio consenso, con ánimo mas de rectificar que de acusar o descalificar.
De cara al Pacto Eléctrico dispuesto por al Estrategia Nacional de Desarrollo, es importante asumir un compromiso de reforma transcendente, histórico, en la línea de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que refuerce la acertada decisión tomada por el Presidente Danilo Medina de ampliar y diversificar la base de generación a bajo costo.
En primer término, es preciso asumir a plenitud el carácter estratégico del sector eléctrico, que gestiona un servicio público de carácter esencial.
Algunos solo aspiran que sea o siga siendo un área de inversión muy rentable, a través de fórmulas de indexación cuestionables, protegidas por contratos desequilibrados, olvidándose que del buen funcionamiento del mismo depende el éxito de todas las demás empresas y de la Naciónmisma. Por tanto, esto supone que dicho sector se encuentre sometido a reglas y controles mucho más exigentes que cualquier otro, tanto por los órganos públicos como por los actores sociales.
En otro orden, resulta crucial que la reforma del Sector Eléctrico se concrete en estrecha relación con una agenda más amplia de Seguridad Energética, que precisa con urgencia una Nación insular como la nuestra, que acusa serias vulnerabilidades y dependencias en más de un sentido.
Para que se tenga una medida de cuan grave es ésta situación, basta considerar que República Dominicana sólo cuenta con una reserva de combustible líquido de una semana; que carece de una política nacional de compra de combustibles que maximice su poder de Compra País; queconcentra la gran mayoría de sus infraestructuras energéticas críticas en una línea de costa de 150 Kms en el sur de la República; que no tiene reglamentación con estándares internacionales de uso de terminales, gasoductos, oleoductos y redes; que ha postergado por largo tiempo el desarrollo de un polo energético en el Norte, alrededor del Puerto de Manzanillo.
Pero quizás la cuestión más crítica de todas las que deberán abordarse en el Pacto Eléctrico es la del modelo de gestión de las empresas eléctricas.
Éste dependerá de las fórmulas que se conciban para responder a diversosdesafíos.
Personalmente, creo que procede recuperar la integración vertical de la empresa eléctrica. En un sistema eléctrico con dimensiones muy modestas, nunca debió producirse su fragmentación alrededor de la generación, transmisión y distribución. Propiamente, este fue un fallo de origen del proceso de reforma del 1998. Si se hace una evaluación objetiva al respecto, se verá que los pros superan a los contras, a favor de volver a la integración vertical.
Desde luego, esto plantearía la interrogante de saber si las empresas eléctricas deben reconstituirse como una gran corporación nacional, o en cambio, en base a varias empresas operando en áreas geográficas diferentes.
En el presente, también se sigue discutiendo si el Estado debe limitarse a ser un regulador efectivo, permitiendo que sean los grupos privados los que gestionen el sector, frente al enfoque que propugna porque éste juegue un papel empresarial dominante en todos los ámbitos.
Por muchas consideraciones, entiendo que es pertinente reformular la opción de la alianza público-privada sobre unos fundamentos distintos a las que tiene en la actualidad, donde el Estado mantiene en el sector de generación una relación anómala de sociedad con apenas tres socios privados que además tienen la administración de las empresas.
Con motivo del Pacto Eléctrico surge la posibilidad de superar ese esquema que fracasó, como lo demuestra la experiencia, para dar paso de un proceso de recapitalización abierto, social, inclusivo de nuevos potenciales agentes, dentro de un esquema de capitalismo de amplia base o popular.
Ya el asidero jurídico de esa opción se fijó en el párrafo del Artículo 219 de la Constitución de la República del 2010, que dispone que cuando “el Estado enajene su participación en una empresa podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”.
Desde luego, el surgimiento de una empresa eléctrica con este nuevo diseño exige de nuevas reglas de gobernanza corporativa:
¿Cómo prevenir su captura?
¿Cuál es el porcentaje máximo de participación accionaria?
¿Cómo proteger los derechos de los socios minoritarios?
¿De qué forma se seleccionarán sus administradores y técnicos, y qué estatuto deben tener estos para garantizar que sean profesionales y estables, con una gestión orientada a la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia?
¿Cómo auspiciar la incursión de los fondos de pensiones en las empresas eléctricas, con altos niveles de seguridad y adecuada rentabilidad?
¿De qué modo blindamos las empresas eléctricas frente a los vaivenes y embates del partidarismo?
¿Qué prerrogativas se reserva el Estado, como garante último de los servicios públicos y en qué circunstancias?
Una experiencia exitosa en ese sector podría eventualmente replicarse en otras áreas estratégicas. Se implantaría sin dudas un cambio cultural que facilitará el tránsito de las empresas estatales y familiares a las empresas públicas de mercado. En un ámbito más amplio, el Pacto Eléctrico deberá responder, además, a otras interrogantes relevantes: ¿Procede trazar políticas especiales y diferenciadas para las comunidades de frontera y montaña? ¿Debe levantarse una sub- red fronteriza?
¿Qué papel cabe asignarle a las cooperativas de consumidores?
¿Qué debemos hacer para usar las renovables como herramienta de inclusión social?
¿Podríamos concebir la ampliación del mercado eléctrico como eventuales exportadores de electricidad a Puerto Rico y Haití?
Además, el Pacto Eléctrico debe encarar puntualmente otros aspectos cruciales: superar los graves rezagos de la telemedicion, que por mandato legal debió estar vigente en todo el país en el 2012; fortalecer los órganos de coordinación y fiscalización del SENI; y avanzar en la creación de las condiciones institucionales, técnicas y legales que permitan eventualmente, la generación de fuentes nucleares.
Puede apreciarse con facilidad el Pacto Eléctrico constituye una gran prueba nacional, que exigirá apertura, desprendimiento, disposición de sacrificio de todos, en especial, de los que más pueden y deben. Si en el mismo logramos plasmar acuerdos acertados de hondo calado, audaces, con actitud sincera de cumplirlos a cabalidad, el Proyecto Nacional dominicano se fortalecerá, y se incrementará su capacidad de integrar a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva a millones de compatriotas que padecen diferentes formas de exclusión.
Siempre se ha dicho que la energía eléctrica es la fuerza vital que mueve eldesarrollo de las naciones, pero debemos estar conscientes que en el caso dominicano esta vendrá de la mano de otra forma de energía superior, intangible, indispensable: la energía de la voluntad política e institucional de los dirigentes de una Nación que lucha con esperanza por alcanzar un futuro mejor para todos sus integrantes.
http://hoy.com.do/reflexiones-sobre-sector-electrico-de-la-republica-dominicana/
