SANTO DOMINGO,R.D.- Las justificaciones ante una acción que podría ser calificada de arbitraria, como es la pretendida extensión del contrato a la la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPEM), subsidiaria de la Cogentrix, esta vez a partir de gas natural, tiene sus bases, según el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en el ahorro que significará para el país en general, y el Estado en particular, en cuanto a la factura eléctrica, pues se trata de una reducción entre los 250 a 300 millones de dólares al año.
Es así cómo, ante la creciente necesidad de tener un sistema eléctrico funcional y eficiente, con base en combustibles, Rubén Bichara sintetiza las causas de la crisis eléctrica en el país en cuatro aspectos fundamentales. A saber: Costo de generación, pérdidas en el sistema, deficiencia administrativa y sistema de transmisión.
De esa manera, para el funcionario la crisis del sector se fundamenta, primero, en el costo de generación que obliga a un cambio en la matriz de producción, las pérdidas en el sistema, que mejorarán con el cambio del parque, la eficiencia administrativa y, por último, el sistema de transmisión.
Es evidente que para Bichara, al parecer, no es tan importante el tema de la distribución de energía, 100% en manos del Estado a través de las empresas distribuidoras, recuperadas luego del proceso de capitalización, tras la salida de Unión-Fenosa del país.
En la conversación con z101digital.com, en un esfuerzo por identificar las causas de la crisis, se arroja más sombra que luz al tratar las “pérdidas técnicas” y las mermas relacionadas con la facturación de la energía entregada al Sistema Nacional Interconectado por el conjunto de las empresas generadoras, tanto públicas como privadas.
Lo cierto es que, por primera vez, desde el Estado no se sitúa el llamado fraude de quienes consumen, y la “voracidad” de los generadores privados tal y como se publicita desde el Gobierno, como responsables fundamentales de la crisis del sistema.
El funcionario refiere el déficit del sector en la actualidad y la forma de cómo se acumula por año, por lo que asegura que el país está creciendo a 300 megavatios cada dos años y por tanto, hay que instalar una planta de 300 megas por lo menos en una frecuencia de cada dos años.
Es claro que al enfocar el problema, el funcionario no incorpora un probable fracaso macroeconómico y estructural, debido a la falta de inversión estratégica planificada ante la ausencia de un plan de desarrollo, sino que lo atribuye a que “tenemos un parque muy caro que produce el 60% con derivados de petróleo, o sea, no es que los precios son irreales, es que utilizas petróleo para producir energía”.
Y en efecto, al margen de las pérdidas técnicas, las distribuidoras solo facturan el 60 del cien por ciento que entrega el Sistema Nacional Interconectado, sin que se sepa a dónde va a parar el 40% restante. El funcionario admite que ese porcentaje de la energía producida no se cobra, y aún cuando lo asume como “esa verdad”, contradictoriamente plantea que el sistema ha estado abandonado por el Estado, pues nadie le ha puesto atención a un parque y a un sistema que dada su obsolescencia, no puede producir, transmitir, distribuir y cobrar la energía, haciendo una apuesta a generar tarifas bajas, desde una lógica empresarial de bajos costos y creciente eficiencia.
“Debo decir que de ese 60% tienes redes obsoletas, transformadores que no dan abasto, los que no puedes cambiar debido a que el dinero recaudado tienes que pagarlo a unos productores que tienen precios muy altos. Es decir, que mientras no se logre bajar esos precios de compra de energía, no habrá dinero para la inversión, sin la cual no hay reducción de pérdida, que se reducen cambiado todos los alambres y los transformadores”, puntualiza.
No hay más salida: A renegociar Cogentrix
Al parecer, una de las salidas más viables para solucionar en parte la crisis del sector eléctrico es la renegociación y extensión del contrato con CESPEM, subsidiaria de la Cogentrix. Es decir, el Estado no tiene más alternativa que negociar en las condiciones que impone la empresa extranjera.
En ese sentido, Bichara es categórico: “El Estado podría no negociar. No está obligado, pero a cambio estaríamos obligados a pagar cinco millones hasta el 2022 sin recibir nada. Les estaríamos dando a ellos 60 millones de dólares al año, como ocurre”.
Sin embargo, las razones que esgrime fueron las mismas que indujeron a la firma del no menos cuestionado Acuerdo de Madrid, aunque dice que “lo malo no es el contrato como tal, sino lo que diga ese contrato. Si te favorece, por qué no extenderlo, no a 20, a mil años si es posible”.
No hay que olvidar que la permanencia de la CDEEE está sujeta a la vigencia de esos contratos, según lo estipulado en la Ley General de Energía, por lo que pudiera pensarse que con la extensión del contrato se procura también la prolongación de la empresa estatal. Para ello, el funcionario tiene una explicación y dice que “por el rol que está jugando CDEEE, imagino que mucha gente quisiera que desapareciera, pero hay un patrimonio que cuidar y mientras, no está bien claro y protegido. CDEEE es un “holding”, representante legal de una inversión, en este caso estatal”.
Pero las prerrogativas que se le atribuyen a Cogentrix abarcan otras iniciativas, como es el caso de las plantas de ciclo combinado, anunciado por el presidente Danilo Medina en Los Mina, y que evidentemente produce a menor costo, pues genera energía a partir del calor de la planta instalada. A pesar de ello, recibirán los mismos beneficios que Cogentrix.
En ese sentido, Bichara explica que “no hay excepción con ningún contrato, porque eso es universal. Cuando se realiza un proyecto empresarial, todo lo gastado se le carga al precio, y eso no tiene variación en el mundo.
Lo cierto es que la renegociación contractual de Cogentrix es un hecho, no solo por lo dicho por el funcionario, sino también por las afirmaciones de uno de sus principales socios, Juan Vicini, quien refirió la posibilidad de llegar a acuerdos en la negociación.
Aunque Bichara asegura que los Vicini no son siquiera socios mayoritarios de Cogentrix -25% de sus acciones- ya que tiene una composición accionaria diversa, que involucra a organismos internacionales e instituciones como el City Bank, entre otras, cree que “si logramos adicionar al sistema 300 megavatios que tiene Cogentrix con un gas a buen precio, estamos dando una solución y un ahorro al país que al año debe rondar los 300 millones de dólares”.
Recuerda que la empresa generadora produce en la actualidad a 38 centavos de dólar, por lo que, en el peor de los casos, con la conversión, produciría a 13.50, razón por la que cree se está al frente de un muy buen negocio.
“Cogentrix, convertida con un gas en un rango de precio que se ha estado manejando, significaría que esa energía no pasará de 14 centavos el kilo, cuando la tenemos por encima de 35. O sea, que será un ahorro, repito, que rondará los 250 a 300 millones de dólares al año, en el déficit del sector eléctrico”. Puntualiza.
Por: Ivonne Ferreras
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