La sustitución en su totalidad de administradores dominicanos de las empresas de distribución eléctrica (EDES) por extranjeros en dichas empresas, nos parece una acción que no necesariamente promete ningún beneficio práctico de acuerdo a experiencia de cambios realizados en el pasado, contrario al punto de vista de los organismos multilaterales los cuales proponen dichos cambios, para probar una vez más si se puede mejorar el desenvolvimiento de las operaciones técnicas, económicas y financieras de las empresas distribuidoras de electricidad.
Es bueno recordar, que los organismos multilaterales ya fallaron en el año 2006, cuando intentaron mejorar el servicio eléctrico con ese método, contrario como dice el representante del BID; en esa ocasión nombraron como administrador de EDESUR al chileno ALEJANDRO GOMEZ VIDAL conjuntamente con “otros expertos”, uno chileno en la dirección comercial y un peruano. EDENORTE También fue administrada por un “experto extranjero”. ¿Resultados? Fracaso total.
En el sistema eléctrico dominicano, observamos un patrón repetitivo en la forma de nombrar funcionarios en el sector eléctrico cuando son sugeridos por organismos multilaterales. Se cuestiona públicamente la gestión de los funcionarios dominicanos “para calentarlos”, luego, también públicamente, se anuncia con bombos y platillos la contratación de “expertos extranjeros”, como GOMEZ VIDAL, los cuales tras su fracaso se van silenciosamente, siendo sustituidos por técnicos dominicanos sin darse a conocer la evaluación de los extranjeros salientes. Si se le hace evaluación de gestión y de resultados de la empresa.
Luego se repite el circo, perdón el ciclo, en este caso con los tres nuevos expertos chilenos, con bombos y platillos otra vez. Paradoja de la vida, en sus currículos se evidencia que ya han fracasado, puesto que han estado trabajando para sacar de la crisis a estas empresas distribuidoras.
Es algo parecido a lo que sucedió con Unión Fenosa, la cual como asesora y consultora era la empresa que manejaba más información del sistema eléctrico dominicano; sin embargo, su gestión para el sistema y el Estado fue desastrosa.
Mientras el Banco Mundial, el BID y el FMI (por no decir los organismos multilaterales) hablan cada vez más interesados sobre el sector eléctrico, pero sus propias políticas en nuestro sector eléctrico está contribuyendo a profundizar la crisis.
Al FINAL DEL AÑO 2005, estos organismos propusieron una flotación de la tarifa eléctrica y al final del 2006 eligieron a los expertos extranjeros en EDESUR y EDENORTE, señalado anteriormente, los cuales se comprometieron a incrementar el número de sus respectivos clientes regulados en alrededor de un tercio, pero los resultados demostraron ser un fracaso para el sector, lo único que se implementó como plan de gestión comercial fue el cambio de medidores.
Pero hoy día podemos señalar que tanto los gobiernos que han administrado el Estado, después de la capitalización del sector eléctrico, como los organismos multilaterales no han sido coherentes ni consistentes en los nombramientos de los incumbentes de las entidades públicas del sector energía y, en particular, del subsector eléctrico, ya que según ha manifestado el representante del BID, Manuel Labrado, los organismos multilaterales entienden “que las empresas energéticas estén dirigidas por personas que tengan los conocimientos y experiencias apropiadas y designadas de manera profesional “.
Pero anteriormente el incumbente de la CDEEE, Celso Marranzini, había manifestado que el nombramiento de los tres expertos chilenos, “ha sido un paso de trascendencia para un esquema sostenido de negocio eficiente y rentable”.
Pero resulta, que ni la Comisión de Energía ni en la Superintendencia de Electricidad, ni la propia CDEEE se cumple con lo que dice el representante del BID, en cuanto a las personas que la dirigen.
Pero esto no es nuevo, ya que es bien sabido que los organismos multilaterales se han hecho de la vista gorda frente a las múltiples y constantes violación a la Ley General de Electricidad, con lo cual contribuyen al debilitamiento institucional del país.
No obstante, nos gustaría que haya al menos un administrador dominicano en una de las EDES con el mismo “plan estratégico que estableció el Banco Mundial Y el BID” a petición del presidente de la República. Así, se compararía la gestión de cada uno en igualdad de condición y se eliminaría en el proceso al de peor desempeño.
Los organismos multilaterales siguen haciendo e imponiendo recomendaciones erróneas, es bien sabido que el BM tiene una deuda pendiente con los países subdesarrollados en el atraso de los subsistemas eléctricos. Decimos esto porque un estudio del BM se señala que dicho organismo internacional financió la producción de los sistemas eléctricos pero descuidó el financiamiento de las redes de distribución, asignándole una inversión en distribución de un 9 % cuando lo necesario era alrededor de 37%.
¿Planificación? Esta asignación asimétrica de recursos contribuyó a la improductividad e ineficiencia de los sistemas eléctricos de esos países, incluyendo al nuestro, en el cual esa metida de pata del BM quisieron remediarla en el año 1992 con la remodelación al sistema de media tensión del sistema de distribución de las principales en el país.
En esta ocasión el FMI, BM y el BID, condicionan y recomiendan nuevos administradores en las EDES entre los cuales hay cuestionamientos éticos-financieros de nuestro país donde prestaron servicios similares.
Se repite lo que sucedió con el encargado de EDENORTE, el administrador peruano de EDENORTE (2005-2007), reseñado en el desaparecido semanario CLAVE en su edición de abril del 2010 en su página 2. Se comenta que al igual a aquella ocasión ni CDEEE ni el gobierno ni ninguna instancia judicial se han referido a ese aspecto de los contratados.
Y es que estos organismos multilaterales son inmisericorde en este país ya que permitieron y propiciaron que el Estado dominicano comprara las empresas distribuidoras capitalizadas, violando la Ley General de Electricidad en lo referente a lo que procedía, revocación o caducidad de concesión o contrato y luego una nueva licitación. Si se hubiese hecho de esta manera la Nación no tendría que soportar que” lo boten como a un perro” a sus hijos, de empresas públicas, para ser sustituidos por funcionarios extranjeros impuesto por estos mismos organismos como condición para poder conceder un préstamo que sería innecesario con un nuevo concesionario eficiente como prevé la Ley Eléctrica.
Con esto se puede ver la magnanimidad de los organismos internacionales para contribuir una vez más al endeudamiento y la ineficiencia del país, en lo institucional, y del sector eléctrico.
En nuestro análisis del sistema eléctrico dominicano, como hijos del sector, hemos observado que los organismos multilaterales con la intención de resolver los problemas del sector, lo hacen a prueba y error; se han cometido muchos errores, los cuales lo pagamos todos los dominicanos. Como ejemplo, recordemos que estos mismos organismos permitieron, no sabemos si lo propusieron, que el Estado comprara las EDES en dos etapas, violando la Ley General de Electricidad, con lo cual el Estado salió perdiendo; permitió que un mismo inversionista desarrollara actividad en el sector de distribución eléctrica capitalizada, en el sector generación eléctrica privado y en el sector de generación capitalizada: era socio del Estado en dos aéreas excluyentes según la Ley General de Electricidad; está pendiente el compromiso asumido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de “flexibilizar” la tarifa eléctrica, que es igual que subir la tarifa eléctrica, en vez de demandar que se facture y se cobre la energía comprada, ya que el problema no es que se roban o no pagan la energía sino que las EDES no la cobran.
También existe una gran decepción en la población, la cual percibe estos organismos internacionales como responsables del fracaso capitalizador ya que entienden que la forma del Estado manejar el sector obedece a una camisa de fuerza idéntica a los compromisos de una carta de intención aunque esa no se haga pública.
Ellos saben que las empresas eléctricas, especialmente las Distribuidoras, están sujetas a registrar pérdidas técnicas y no-técnicas en el desarrollo de su proceso. Pero también ellos saben que en EDENorte, EDESur y EDEEste, las pérdidas no-técnicas, son en parte resultado de las deficiencias administrativas por falta de control y seguimiento en las oficinas recaudadoras de la vigilancia de los cortes diarios que ejecutan las brigadas contratistas y, además, por dejar de registrar los usuarios que hacen uso indebido del servicio consumido a pesar de la penalización contemplada en la LEY modificada. Estas deficiencias permiten y propician el robo y el fraude de energía eléctrica.
Eso no es nada extraño porque pasaba en la CDE antes de la capitalización, pero se le buscaba soluciones adecuadas al problema existente con menos recursos y más efectividad. Lo que procede ante la situación actual es una aplicación sincera de la Ley General de Electricidad.
Y es necesario que los organismos multilaterales le recuerden al gobierno que es ilegal no pagar los apagones; no se debe penalizar a los usuarios que pagan obligándolos a subsidiar a los generadores mientras el Gobierno se ufana de subsidiar la tarifa.
¿Por qué las entidades multilaterales piden eliminar el subsidio del Gobierno, y no el de los usuarios a los generadores?
Esperamos que los nuevos administradores tengan planes concretos de reducción de pérdidas mediante el incremento de la facturación y la cobranza a todos los usuarios del sector; es decir, que se amplíe el universo de clientes registrados haciéndolo igual al universo de usuarios.
En ese sentido el gobierno debe estar consciente que el Estado y la CDEEE, paradójicamente, a través de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbanas (UERS) incrementan, institucionalmente, el número de usuarios, en una cuantía mayor que el número de clientes.
